Las casas terminadas y sin vender crecen un 15%, hasta 700.000, según el ministerio

Garzón, un ariete contra la democracia

Como cabía esperar, las marchas en defensa del derecho de Garzón a prevaricar concluyeron en ataques directos contra las instituciones democráticas y contra la esencia de la democracia misma. Las proclamas oscilaban desde pedir la ilegalización del PP hasta procesar a los miembros del Tribunal Supremo. Nada, por cierto, que no cupiese anticipar desde que quien fuera fiscal en tiempos de Franco, Jiménez Villarejo, acusó a los miembros del alto tribunal de ser cómplices de las torturas.

Al final, certificada la muerte de Franco, parece que la causa general contra el franquismo que inició garzón se está transformando en una causa general contra lo que la izquierda reputa "herederos del franquismo". A saber, la derecha, que siempre les ha sobrado en su camino hacia la revolución, y la democracia española en su conjunto, sucesora directa de la reforma, que no ruptura, del régimen anterior.

Suele decir Carrillo que la derecha actual es idéntica a la del 36. Pero si algo se está volviendo cada vez más calcado a esa época es la izquierda y su pose crecientemente guerracivilista. No sólo por las consignas del estilo "No pasarán", sino por ese sentimiento de que las instituciones deben emplearse para acorralar a los enemigos de clase y que, cuando éstas fracasan en tal empeño, deviene legítimo rebelarse contra ellas. Sucedió en el 34 y se repite ahora, a menor escala, ante el temor de que el PP regrese al poder o lo mantenga allí donde no lo ha perdido todavía –de ahí la desproporcionada inquina contra Esperanza Aguirre– y ante lo que consideran una afrenta del Supremo contra uno de los suyos. Por eso Blanco, ministro de Fomento del Reino de España, se congratulaba equiparando al PP con los falangistas, porque así permite que la izquierda exhiba su lado más totalitario sin que una derecha caricaturizada como extremista la pueda acusar de ir contra la democracia.

Y es que la izquierda no parece entender, o no quiere aceptar, que en democracia todo el mundo debe estar sometido a las mismas leyes y que los fueros o los privilegios personales son algo propio del Antiguo Régimen o de las dictaduras modernas. Pero lo que buscan es precisamente la impunidad para los suyos, de modo los equilibrios institucionales y los contrapesos que conforman de un sistema democrático son obstáculos en el camino.

Por ejemplo, aparte de la mentira descarada ("se persigue a Garzón por querer investigar los crímenes del franquismo"), recurren a todo tipo de argucias para justificar simple y llanamente que Garzón debe ser intocable por la justicia española: desde que la Ley de Amnistía sólo resulta de aplicación a los criminales del bando republicano a que el delito de genocidio justifica la retroactividad de las leyes penales salvo para ellos.

Lo cierto es que nada le impide a Garzón blandir semejantes argumentos en su defensa durante la fase del juicio oral. El problema de las marchas guerracivilistas no es que traten de defender la inocencia de Garzón, sino que buscan descalificar el mero hecho de que sea juzgado. Ante la duda más que razonable de que el juez ha delinquido por prevaricación, niegan cualquier legitimidad al Supremo para encausarle. Pero como carecen de razones que expliquen por qué un individuo debe situarse por encima de la ley, su táctica pasa directamente por destruir las instituciones.
No basta, pues, con que los demócratas defiendan la independencia judicial (y menos con la boca pequeña como suele hacer Zapatero). La izquierda guerracivilista va más allá de presionar al Supremo para que absuelva a Garzón. Su objetivo es socavar la legitimidad misma del Alto Tribunal para enjuiciar a un ciudadano español de izquierdas. La misma táctica, dicho de sea paso, que puede observarse en los nacionalistas con respecto al Tribunal Constitucional: no debe ser competente para enjuiciar una norma catalana.
Garzón, en el fondo, les importa bastante poco. Lo esencial es romper los pactos sobre los que se asentó la Transición para marginar y perseguir a los enemigos de la izquierda. Por eso la democracia y las instituciones les sobran; por eso no dudan en atacarlas abiertamente con la complicidad cada vez menos oculta del Gobierno. Al fin y al cabo, fue Zapatero y su legislación de "memoria histórica" la que dio el pistoletazo de salida para todo este aquelarre.

La polémica por el uso del velo islámico en los centros de enseñanza, como ha ocurrido recientemente en un instituto de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, es un ejemplo, otro más, de cómo la coacción institucional provoca más problemas que los que pretende resolver.

Vaya por delante nuestro respeto a las decisiones individuales de los ciudadanos respecto a su indumentaria o sus prácticas religiosas, si bien es cierto que en el caso del velo musulmán portado por niñas resulta difícil determinar hasta qué punto es una decisión de las jóvenes o una imposición parental para respetar determinados usos socioreligiosos. En todo caso, estas cuestiones no se resuelven con la redacción de nuevas leyes para imponer una regla uniforme según el particular criterio del partido en el poder, sino, como ha hecho acertadamente la Comunidad Autónoma de Madrid, dejando que los propios centros, de forma independiente, decidan sobre las normas internas que deben regular la convivencia de la comunidad escolar. En última instancia, esa decisión equivale a permitir que los padres decidan el modelo de contexto educacional que quieren para sus hijos, y nada hay más sano ni más apropiado que los propios ciudadanos decidan libremente cómo quieren ordenar su vida y la de los suyos.

Ahora bien, dicho esto, es también necesario constatar, una vez más, la profunda hipocresía de los socialistas a la hora de tratar asuntos que afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente en todo lo que se refiere a las creencias religiosas particulares y el respeto que el Estado debe observar hacia ellas.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está inmerso en una cruzada permanente contra los principios y valores que informan nuestra civilización, imposibles de desligar del legado cristiano sedimentado a través del paso de los siglos, mientras que se muestra extraordinariamente próvido con otras culturas, incluso si hacen gala de un profundo desprecio por los derechos y libertades de las personas, como ocurre con el islam. Si el laicismo radical de Zapatero exige la supresión de toda manifestación pública de la religión según las arcaicas tácticas del marxismo, debería explicar el por qué de su docilidad hacia una confesión teocrática como el islam que exige la sumisión de la vida civil a los preceptos de su fundador, lo que incluye el menosprecio hacia la mujer en todas las esferas. El perfectamente inútil ministerio de Igualdad también podría ilustrarnos sobre la curiosa forma en que sus grupos subvencionados de presión se felicitan de la existencia de nuestro país de unas prácticas que, sobre el papel, deberían ser los primeros interesados en erradicar.

Es necesario exigir al Gobierno que deje de meter las manos en asuntos que no le competen como el derecho de los ciudadanos a expresar sus convicciones religiosas, siempre que no dañen los derechos y libertades de terceros. Pero, sobre todo, urge demandarle a Zapatero un mínimo de decencia intelectual.