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Madrid rechazará controlar el precio de los alquileres de las viviendas de la capital

Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano
Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano
Autor: Redacción

El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, ha afirma que la capital no establecerá “en ningún caso” el control de precios de los alquileres una vez que la ley en materia de vivienda que prepara el Gobierno Central sea aprobada. Fuentes ha señalado que esta medida es “populista y basada en el mensaje fácil”, según recoge Cinco Días.

La futura Ley Estatal de Vivienda, en la que se incluirán los mecanismos que aparentemente permitirán a las comunidades autónomas y ayuntamientos limitar las rentas del alquiler en las zonas tensionadas, empezará a debatirse a mediados de mes con el objetivo de llevarse al Consejo de Ministros en tres meses y al Congreso en cuatro, ha explicado también este martes Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en un evento organizado por Registradores de la Propiedad y la CEOE.

Se espera que esta nueva ley sea aprobada a lo largo de los próximos cuatro meses, pero ya hay administraciones públicas que han anunciado su rechazo a la limitación de los precios en el mercado de alquiler. Entre ellas se encuentra el Ayuntamiento de Madrid que ya ha explicado que no aplicará esta norma “en ninguno de los casos”, a través de su delegado de Desarrollo Urbano.

"No encontramos ni un aspecto positivo a esta regulación, atenta contra el libre mercado, el comercio y contra principios fundamentales", ha explicado Fuentes en un coloquio del Executive Forum.

La futura Ley de Vivienda, que en estos momentos se encuentra en información pública previa a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se elaborará conjuntamente con la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias.

Según el acuerdo, la ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses. La norma establecerá los precios máximos que se pueden aplicar en las zonas de mercados declaradas como tensionadas.

Para determinar dichas zonas se usará el índice de referencia de precios de alquiler, que presentó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado junio.