Blackstone desinvierte en vivienda en España. El gigante de la inversión estadounidense ha traspasado cerca de 1.500 pisos en España en apenas año y medio, coincidiendo con las nuevas normativas que ha aprobado el Gobierno en materia de alquiler.
Según publica el diario El Economista, las cuentas de Albirana, una de sus sociedades de inversión inmobiliaria cotizada en el mercado BME Growth (antiguo MAB), reflejan que entre enero de 2021 y junio de 2022, este vehículo de inversión ha reducido su cartera de activos residenciales en arrendamiento un total de 1.501 unidades.
De esa cifra, 1.133 viviendas de alquiler fueron traspasadas durante 2021 y las 368 restantes, en el primer semestre del año pasado.
La venta de todos esos activos ha proporcionado a Blackstone unos ingresos cercanos a los 200 millones de euros en apenas año y medio, y entre los compradores de esos activos están principalmente las aseguradoras Allianz y AXA. En este último caso, como adelantó idealista/news, la compraventa incluyó un total de seis edificios residenciales ubicados en Madrid, con 737 viviendas.
Además, la socimi Albirana tiene previsto desprenderse de más activos en la primera mitad de 2023, con desinversiones que podrían rondar los 430 millones de euros.
Todas estas ventas se producen cumplido ya el requisito que establece el régimen de las socimis, y que obliga a retener en cartera los inmuebles durante al menos tres años. En algunos casos, los traspasos obedecen a razones financieras o de ubicación, aunque una de las razones por las que el gigante estadounidense está reduciendo su exposición al mercado residencial en España es la incertidumbre regulatoria.
Desde 2019, el Gobierno ha sacado adelante medidas como la ampliación de la duración de los contratos de alquiler (que alcanzan los siete años en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor de viviendas) tras la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la limitación de las rentas a un máximo del 2% en las renovaciones anuales de los contratos y los topes a los precios en zonas tensionadas que contempla la Ley de Vivienda, que podría entrar en vigor en las próximas semanas.
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