Paloma Martín, consejera de Vivienda: “En la medida en la que dependa de la Comunidad de Madrid, no aplicaremos la Ley de Vivienda”

El anuncio del Gobierno de poner en marcha la Ley de Vivienda con un control de precios al alquiler, gravar más la vivienda vacía o imponer tasas de VPO en la obra nueva ha levantado polémica en el sector y en las autonomías gobernadas por el PP. idealista/news entrevista a Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, en la que critica las medidas que se pretenden poner en marcha, sin contar con las autonomías. Además, adelanta que con lo que sabe, “el gobierno de la Región no aplicará la Ley de Vivienda por ser un modelo que interviene el mercado y atenta contra la propiedad privada”.

¿Qué opinión le merece el anuncio del Gobierno de llevar adelante la Ley de Vivienda?

La Ley Estatal de Vivienda supone un cambio de modelo, de un sistema libre a un sistema intervenido. A día de hoy, los precios vienen fijados por el mercado, cada propietario es dueño de su piso y lo pone libremente en alquiler, y el modelo que quiere instaurar el gobierno de la nación es un modelo que interviene el mercado, un modelo que atenta contra la propiedad privada y contra el establecimiento libre de los precios entre el inquilino y el arrendador. Por lo tanto, lo que va a suponer va a ser un atentado contra las huchas de las familias que dedican buena parte de su vida a guardar sus ahorros para comprar una vivienda y luego poder tener el día de mañana una renta asociada a esa vivienda.

El modelo que quiere instaurar el Gobierno es un modelo que interviene el mercado, un modelo que atenta contra la propiedad privada.

¿Qué es lo que sabe actualmente la Comunidad de Madrid sobre la Ley estatal?

Conocemos poco de la ley. No se ha compartido ni con las comunidades autónomas, ni con el propio sector inmobiliario. Es más, dudamos de que la ley, el texto, esté redactado. Por lo tanto, tendremos que estar al literal de la ley. Lo que sí conocemos es una proposición presentada por Podemos, donde las iniciativas que dibujan atentan directamente contra la propiedad privada.

¿Tiene la región conocimiento de cuántos grandes tenedores de viviendas hay en la Comunidad de Madrid, a cuántos afectaría la medida del límite de alquiler?

En la Comunidad de Madrid y en toda España, la mayoría de los pisos en alquiler son de pequeños propietarios. El 90% de las viviendas pertenecen a pequeños propietarios que dedican buena parte de sus esfuerzos para comprar esa vivienda y obtener una renta a través del alquiler.

Varios miembros del Gobierno han achacado al PP que vaya a llevar la Ley de Vivienda al TC sin conocer la normativa, o que ya se haya confirmado que no van a aplicar la normativa en los lugares donde gobiernan. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios? ¿La Comunidad de Madrid aplicará las medidas de la nueva Ley de Vivienda?

Que el Gobierno señale ahora que anunciamos un recurso al Tribunal Constitucional sin conocer el texto, pues permítame, pero es un insulto al sentido común. Es decir, nos privan a las comunidades autónomas de conocer ese texto, privan al sector inmobiliario de conocer ese texto. Y eso sí, nosotros lo único que tenemos acceso es a las declaraciones de los miembros de este gobierno de izquierda radical y a la proposición que presentó Podemos en las Cortes. Y, con esa información, es con la que nosotros decimos está en una clara orientación de intervención del mercado, que perjudica al ahorro de las familias y perjudica a los inversores.

En la medida en la que dependa de una acción de la Comunidad de Madrid, no aplicaremos la ley tal y como está recogida en esa propuesta.

Por lo tanto, nosotros, en la medida en la que dependa de una acción de la Comunidad de Madrid, no aplicaremos la ley tal y como está recogida en esa propuesta de Podemos.

Eso significa que, si hay algunos preceptos que sean normativa básica que deban aplicarse a la Comunidad Madrid, por supuesto, la Comunidad lo aplicará porque siempre somos absolutamente respetuosos y cumplimos la ley, como no puede ser de otra manera.

Pero si va a requerir una acción específica de la Comunidad Autónoma, en el sentido de declarar una zona tensionada y que tengamos nosotros que gestionar la solicitud declaración de zona tensionada, desde luego no lo haremos, porque nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad y el ahorro de las familias.

¿Cómo creen que la nueva Ley va a beneficiar o a perjudicar a los inquilinos?

La vivienda se sustenta en un equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, los precios crecen.

Si se está metiendo miedo a los ahorradores y no van a poner en alquiler sus viviendas porque les van a limitar el precio, va a haber menos oferta en el mercado y, por lo tanto, los precios se van a tensionar más y los inquilinos, si quieren acceder a un alquiler, tendrán que pagar más.

Y tenemos un claro, un caso clarísimo, en lo que ha ocurrido en Cataluña. Una vez que entra en vigor la nueva norma, los privados se retraen del mercado y, por lo tanto, se reducen las viviendas en alquiler y, por lo tanto, hay mayor dificultad para acceder a ellas.

¿Qué está haciendo la Comunidad de Madrid para mejorar el mercado del alquiler y de la vivienda en venta?

Desde la Comunidad de Madrid tenemos 12 claves para contribuir a sostener los precios de la vivienda. Sin ninguna duda, las más importantes son las que tienen que ver con deducciones en el IRPF. Y ahí están deducciones que ya se están aplicando, como, por ejemplo, a los arrendadores, donde se pueden descontar los gastos asociados al mantenimiento del alquiler.

Pero tenemos otras muy importantes, como son las bonificaciones de sucesiones y donaciones. De forma que, si heredamos un piso valorado en 200.000 euros, en la Comunidad de Madrid se pagarían solo 300 euros. Mientras que en otra comunidad autónoma que no tenga estas bonificaciones pagarían 30.000 euros.

Otra de las medidas clave es el impuesto de patrimonio, bonificado al 100%. De forma que un patrimonio de 800.000 euros en la Comunidad de Madrid no tributa nada, no paga nada. Si es en Aragón, sin embargo, tributaria 1.200 euros.

Por lo tanto, esas políticas son las que incentivan el ahorro de las familias y el poderlo dedicar a lo que ellos deseen. En unas ocasiones es la inversión en inmobiliario y en otras, a otro tipo de gastos.

¿Y qué otras medidas están aplicando para aumentar el parque de viviendas?

Si a ello le añadimos la importante apuesta que tenemos para liberalizar suelo, es decir, para poner suelo público en el mercado, pues con ello estamos favoreciendo que la oferta de vivienda se incremente.

Hace un año aprobamos un plan de reactivación en la Comunidad de Madrid, en el que incorporamos un millón de metros cuadrados de suelo público que se está poniendo a disposición de los empresarios y de los inversores.

De ese plan de venta de suelo público se ha puesto ya a la venta el 40%, y los resultados son extraordinarios, porque estamos viendo que hay apetito, apetito para construir más vivienda residencial, para que se instale la industria, para que venga la empresa. Estas medidas entendemos que son muy importantes.

También hemos reformado la Ley del Suelo. Lo hicimos en octubre de 2020 para suprimir determinadas licencias urbanísticas y sustituirlas por declaraciones responsables.

Sólo si hablamos de licencias de primera ocupación que tienen una incidencia directa en el precio, podemos decir que con este cambio de licencia a declaración responsable supone un ahorro de 13.000 euros por cada una de las viviendas.

Son, sin ninguna duda, medidas que ayudan a buscar ese equilibrio entre el precio de la vivienda en el mercado y los incentivos que establece el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que el pequeño ahorrador siga invirtiendo en pisos y para contribuir a través de incentivos y desgravaciones fiscales a que se genere actividad económica.

El Gobierno acaba de anunciar la puesta en marcha del bono de alquiler. Por su parte, ¿qué medidas ha implantado la Comunidad de Madrid para ayudar en el acceso a la vivienda a los jóvenes?

Nosotros directamente para los jóvenes tenemos lo que son deducciones en el IRPF para jóvenes que quieren alquilar su vivienda, que compran una vivienda por primera vez y aquellos que tienen un hijo o lo adoptan. Son deducciones que con carácter anual pueden establecerse en su declaración de la renta.

A ello le sumamos importantes planes que tiene la Comunidad de Madrid para favorecer el acceso a los jóvenes, como es el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que fundamentalmente ofrece viviendas, alquiler asequible a los jóvenes con un descuento aproximadamente del 40% sobre el precio del mercado.

Se han adjudicado ya las primeras viviendas del Plan Vive, 5.400 viviendas, y a partir del año que viene empezaremos a ver cómo empiezan a construirse.

Es una apuesta absolutamente innovadora, con un modelo diferencial respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora, porque se utiliza suelo patrimonio de la Comunidad de Madrid, y se saca a concurso para que los adjudicatarios construyan esos pisos. Las empresas ganadoras de los concursos pueden explotarlo durante un plazo de 50 años. Ellos construyen los pisos, se ofrecen en alquiler, fundamentalmente a jóvenes, y al cabo de 50 años revertirá el patrimonio de la Comunidad de Madrid.

¿Cuándo estarán disponibles esas viviendas en el mercado?

La adjudicación definitiva se va a producir antes de finalizar el año. Las empresas comenzarán entonces a solicitar las autorizaciones y licencias oportunas que tardarán entre dos y cuatro meses. Empezarán a construirse. Las primeras estarán listas a partir de un año porque se está utilizando un modelo de construcción a través de módulos industrializados que permite una ejecución en el plazo de 12 meses. Cuando las viviendas se construyen por el sistema tradicional, los plazos son un poco más largos, y estamos hablando entre 18 y 24 meses.

La futura Ley de Vivienda pretende destinar un 30% de toda la obra nueva que se levante a vivienda protegida, ¿qué opinión merece esta medida y cómo cree que va a afectar al mercado?

Por lo que conocemos de la ley, supone duplicar la carga para los promotores, porque ya en la Comunidad de Madrid hay un límite de ese 30% cuando se está hablando de la urbanización, y ahora se suma otro 30% para cuando se habla ya de una fase posterior de promoción. Por lo tanto, es una doble penalización que sufrirían los inversores, que lo que hace es ahuyentarlos y que dejen de invertir en España. Buscarán otros países donde las cargas no sean tan graves.

¿Qué previsiones tiene la Comunidad de Madrid sobre cuántas viviendas se van a poder rehabilitar en Madrid? ¿Qué le parece el decreto para gestionar las ayudas europeas y las subvenciones a la rehabilitación?

Nosotros llevamos meses esperando este texto porque sin este texto no podemos convocar las ayudas para la realización de vivienda y, por lo tanto, se resiente la ejecución de los propios fondos europeos. Desde el primer minuto hemos estado pidiendo al Gobierno de la nación transparencia y claridad y hemos pedido que se tuviera en cuenta las necesidades de las comunidades autónomas a la hora de diseñar el reparto de los fondos europeos.

¿Qué es lo que ha sucedido? Que el Gobierno nos oculta una parte sustancial de esos fondos. Es decir, recibe 70000 millones de euros de la Unión Europea y sólo 20.000 millones de euros los distribuye a las comunidades autónomas y encima nos dice para qué y en qué tenemos que gastar exactamente esos fondos.

¿Esto qué significa? Que las prioridades de una comunidad son las de otras. En cambio, aplicando tabla rasa, hacen que todas las comunidades tengamos que ir al mismo ritmo, y al mismo nivel, sin ver las necesidades y las prioridades de cada comunidad autónoma.

Nos hubiera gustado poder definir cómo queremos ejecutar esos fondos y en qué queremos invertirlo. Por lo tanto, en estos momentos lo que estamos haciendo es analizar a fondo ese real decreto. Detectamos ya, y así lo hicimos llegar al ministerio, que había una indefinición en algunos términos que se utilizaban para ver a qué se denomina agente rehabilitador, por ejemplo, que va a tener un papel sustancial a la hora de impulsar la rehabilitación de viviendas. Y lo que vemos es que el Gobierno ha vuelto a hacer de su capa un sayo y no ha atendido los requerimientos de la Comunidad de Madrid.

No obstante, nosotros, como no puede ser de otra manera, haremos el mayor esfuerzo posible para que los fondos se ejecuten en el mayor porcentaje. La Comunidad de Madrid es una comunidad líder en la rehabilitación de edificios.

En estos momentos tenemos 11.600 viviendas que se están rehabilitando, no con los presupuestos de los fondos europeos, sino con presupuestos que hasta ahora tenemos incorporados y seguiremos en esa apuesta de la rehabilitación.

La Comunidad Madrid es una comunidad muy sensible al tema de la vivienda. Pensemos que de cada seis viviendas protegidas que hay en España, una de ellas está en la Comunidad de Madrid. Y si vamos a los datos más recientes de2020, podemos decir que el 60% de las viviendas protegidas que se han iniciado en España lo han hecho en la Comunidad Madrid.

Intentamos desplegar una batería de medidas para incentivar la oferta y, por lo tanto, contribuir a reducir el precio de mercado. Y lo que hacemos es, como siempre, creer en la iniciativa personal, apoyar al ahorrador, apoyar la hucha de esas familias que dedican tanto tiempo y tanto esfuerzo a conseguir un dinero para comprar una casa y poder compensar el día de mañana sus rentas. Y seguiremos en esa línea de apostar por las familias y por los pequeños ahorradores.