Accesibilidad a vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de reforma de las normativas de Dependencia y Discapacidad que modificaría directamente la Ley de Propiedad Horizontal, por el cual se obligaría a las comunidades de vecinos a solicitar subvenciones públicas para hacer frente a la instalación de servicios que mejoren la accesibilidad de los residentes que cumplan los requisitos, mediante ascensores, rampas u otros dispositivos mecánicos y electrónicos. El nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios para llevar a cabo la reforma que se precise.

Hace más de 10 años, la española Gala Llano llegó a Perú con su familia y asegura que se encontró con espacios "inaccesibles" para algunas personas, sobre todo, para aquellas con movilidad reducida. Por ello, decidió fundar Safe City, una compañía especializada en accesibilidad y movilidad, con el objetivo de mejorar la vida de las personas más dependientes. idealista/news ha hablado con la fundadora para tratar todo lo relacionado con este sector, para conocer también cómo es la situación en Perú y, sobre todo, para saber de primera mano cómo se encuentra España y cuánto queda por mejorar.

El derecho a la vivienda puede vulnerarse si un edificio no es accesible. Si algún propietario tiene alguna discapacidad, debería poder acceder a su vivienda sin que eso sea un grave problema. En las comunidades de propietarios surge la siguiente duda al respecto: ¿quién paga las instalaciones de accesibilidad de un edificio, por ejemplo, rampas o salvaescaleras? Si hay algún vecino que necesite alguna instalación para hacer más accesible el edificio, entonces la comunidad está obligada a realizar y pagar las obras. En cuanto al mantenimiento, también será asumido por todos los vecinos.

Los precios de los alquileres se encuentran en máximos en ciudades como Londres, París o Berlín, pero también está alcanzando a toda Europa. A medida que la demanda de compra se ve 'obligada' a permanecer en sus viviendas alquiladas ante los elevados costes de financiación, la presión adicional sobre el mercado de arrendamiento ha aumentado los costes para los inquilinos de ingresos más bajos en las ciudades más demandadas, sobre todo entre los jóvenes. Las rentas con menos ingresos se quedan sin vivienda, así que tienen que buscar alternativa en compartir piso o regresar a la casa de sus padres, lo que aumenta la edad de emancipación.

El 87% de los edificios de viviendas en España necesitaría realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad, lo que supondría un coste medio por hogar de 1.361 euros, de acuerdo con un informe de la Fundación Mutua de Propietarios. El estudio amplía que la falta de acuerdo entre vecinos (47%) y los motivos económicos (55%) son las principales razones para considerar poco probable llevar a cabo las mejoras necesarias, entre ellas la instalación del ascensor o mejorar el acceso al ya instalado.

Encontrar una casa que se adapte a nuestras necesidades no es fácil de por sí. Pero si además, buscamos una vivienda accesible para personas con discapacidad, lo es todavía menos.

Las promotoras viven con expectación lo que pueda suceder hasta finales de 2022 y el próximo ejercicio en el segmento residencial. La subida de tipo, la escalada de los precios de los costes de construcción, la inflación y la incertidumbre económica a nivel macro han encendido las alarmas de un sector promotor que se encuentra mucho más saneado que la anterior crisis de 2008. Pero la realidad es que la Bolsa ha comenzado a castigar a las promotoras en el parqué. De hecho, las tres principales compañías de este negocio (Metrovacesa, Aedas Homes y Neinor) cotizan con descuentos sobre el valor de su cartera de activos neto próximos al 60%.

La Ley de Vivienda podría entrar en vigor a la vuelta del verano y su cercanía está impulsando las críticas del mundo inmobiliario y empresarial. Los promotores alertan de que la normativa provocará un parón casi total de la obra nueva, la pérdida patrimonial por parte de los propietarios que tienen viviendas alquiladas y una reducción de la oferta de inmuebles que traerá subida de precios. Desde el IEE afirman que el texto atenta contra la propiedad privada, da alas a la okupación y perjudica a los grandes propietarios, quienes son necesarios para aumentar el stock del mercado. Por ello, pide más seguridad jurídica e incentivos fiscales.

El precio de la vivienda de alquiler ha subido más que los salarios en Europa en los últimos cinco años, impulsado por la falta de stock y las dificultades para acceder a la compra. Según un estudio de DWS, las familias de Madrid y Barcelona se pueden permitir pagar actualmente alquileres máximos de entre 1.500 y 1.600 euros al mes, por debajo del nivel asumible de los hogares en Dublín, Múnich, Oslo, Manchester Lyon o Milán. En este escenario, los expertos reclaman el desarrollo de más viviendas asequibles de la mano de los grandes inversores y exigen a la Administración que apoye y no entorpezca legislativamente los planes privados.

Este organismo ha realizado un informe, al que se han sumado 100 entidades entre las que se encuentra el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, en el que afirma que cerca de 100.000 españoles no pueden salir a la calle porque sus casas están en edificios que no son accesibles. La fundación pretende aprovechar el 16% de los fondos europeos que irá destinados a la rehabilitación de viviendas para arreglar esta situación.

La capacidad de endeudamiento para comprar casa mejora ligeramente entre las familias en plena crisis del covid-19 debido, entre otros factores, a la caída de los precios de la vivienda, a los bajos tipos de interés y a la mayor capacidad de ahorro de los hogares durante el último año, según el Índice de Accesibilidad de ST-Sociedad de Tasación. Al cierre de 2020, este indicador se ha situado en 110 (base 100) a nivel nacional, con una mejora de cinco puntos con respecto al dato de hace un año.

Un 80% de los españoles considera que cada vez en más difícil comprarse una casa. De hecho, casi una cuarta parte aspira a hacerlo con más de 35 años. Solo en Luxemburgo (86%) lo ven más complicado, mientras que la media europea se queda en el 70%, según un estudio de ING. Mientras, las expectativas de que el mercado residencial vaya por buen camino empeoran en todos los países, salvo Australia.

En los últimos años, ha vuelto a crecer el esfuerzo de los hogares para poder comprar una vivienda. Según los datos de Sociedad de Tasación, para adquirir una casa hace falta de media 7,5 años de sueldo íntegro en el primer trimestre del año, ligeramente superior a 2016 y 2017.

"Nadie debería destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la hipoteca". Así lo afirmó en 2014 Beatriz Corredor, actual directora de relaciones institucionales del Colegio de Registradores y ministra de Vivienda entre 2008 y 2010. Tres años después de su entrevista en idealista/news, y de una mejora de las condiciones de accesibilidad, los hipotecados de Madrid, Cataluña y Baleares aún tienen un endeudamiento excesivo y destinan más del 30% de su salario a pagar la cuota mensual. La media nacional se encuentra en un esfuerzo salarial del 28,2% con una cuota media de 536 euros.

La firma Arcano asegura que los precios de las casas durante el primer trimestre del año han mostrado una aceleración de la subida y que ésta es generalizada.