Okupas

El Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, ha dictado una sentencia unánime que pone en evidencia la importancia de aplicar correctamente la normativa en casos de desahucio. El tribunal ha estimado el recurso de amparo presentado por la nueva propietaria de una vivienda, cuya suspensión del lanzamiento había sido denegada por un juzgado, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley aprobada a raíz de la pandemia del covid-19 y que regula la suspensión de los desahucios por impago de la renta de hogares vulnerables.

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles una proposición de ley que modifica el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una "finca ocupada ilegalmente".Eso sí, la proposición de ley se aprobará en el Senad

La venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario español, y ya suponen el 3% de todas las viviendas que hay en venta en España, según el estudio de idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025. En este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en la plataforma que reconocían sufrir un proceso de ocupación, aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto. Girona (8,9%) es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, mientras en los grandes mercados supone un 3,7% en Barcelona o un 2,4% en Madrid.

Las demandas por okupación de viviendas en España han roto la tendencia por partida doble en el segundo trimestre del año. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el volumen de asuntos ingresados en los juzgados de toda España se desplomó casi un 24% interanual y un 18% respecto al arranque de 2025, con 487 casos. Se trata del segundo dato más bajo de los últimos años, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley que obliga a los propietarios a negociar con los okupas antes de interponer la demanda. Por otro lado, Cataluña ha cedido el puesto a Andalucía como la región con más casos, aunque Barcelona se mantiene como la provincia más afectada.

La Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo ha presentado un documento, elaborado por el eurodiputado del PP Borja Giménez, que plantea a los Veintisiete la puesta en marcha de medidas para paliar la crisis habitacional en la UE. Entre las recomendaciones se encuentra activar ayudas para que los jóvenes puedan comprar una vivienda, como bajar los impuestos, impulsar avales para obtener hipotecas al 100% del valor de los inmuebles o establecer unos tipos reducidos a los préstamos. También apuesta por crear un registro europeo de ocupación ilegal, reducir la burocracia en el ámbito urbanístico, invertir en industrialización o potenciar la reconversión de edificios públicos vacíos en vivienda social.

La problemática de la inquiokupación está en aumento en España y tiene nuevos rostros. Uno de ellos es el de María y Fulgencio, un matrimonio jubilado de Murcia que lleva un año viviendo en condiciones indignas en el garaje de su propia casa, después de que un hombre al que alquilaron una habitación de manera temporal acabara adueñándose de su propia vivienda

En un nuevo episodio del creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, una mujer ha sido detenida en Gandía (Valencia) tras fingir una estafa para no ser desalojada del piso que okupaba. La detenida presentó una denuncia falsa en la que alegaba haber sido víctima de un timo inmobiliario: afirmó ante los agentes de la Policía Nacional que había pagado 7.000 euros por el alquiler del inmueble y que contaba con un contrato en regla.

Se habla mucho de la okupación desde una óptica ideológica, pero muy poco o nada del propietario atrapado entre la deuda hipotecaria y la impotencia legal. Una injusticia ignorada por el discurso político dominante que en este momento solo favorece a todo aquel que “se busca la vida” para demostrar su vulnerabilidad, tal y como señala Patricia Aragón, experta en gestión de impagos hipotecarios. Pero señala que el hipotecado que sufre una okupación puede negociar con el banco la cancelación de la hipoteca que se encuentra en situación de impago. Porque, tal y como reconoce Aragón, los bancos son los primeros interesados en evitar la morosidad.

El grave problema de la okupación atraviesa fronteras en Europa. El último caso que ha conmocionado a Francia y reavivado el debate de la usurpación de viviendas es el de un anciano de 95 años, que, tras ver su casa okupada durante meses, cuenta con una deuda de 17.000 euros en facturas que no puede pagar. Sin recursos para afrontar tal deuda y con una pensión mínima, el anciano se ha visto obligado a acudir de nuevo a los tribunales para no pagar una factura que no ha provocado.

La okupación da un nuevo giro en Torrejón de Ardoz: una anciana de 90 años y su familia han sido desalojados de su propio piso tras la denuncia del okupa que lo usurpó. El joven, tras meses sin pagar el alquiler y aprovechando la ausencia de los otros inquilinos, se hizo con el control de la vivienda y llamó a la Policía cuando los dueños intentaron recuperarla, logrando que fueran expulsados por “allanamiento”. Ahora, la familia afronta una maraña judicial y se pregunta hasta dónde llegará este surrealista caso.

Tradicionalmente, los okupas se han centrado en casas vacías o apartamentos bien ubicados. Sin embargo, en los últimos meses parece que se ha detectado un cambio de tendencia, ya que han aumentado las ocupaciones ilegales de casas de campo, terrenos agrícolas, e incluso plazas de aparcamiento. La proliferación de estos casos se atribuye a dos factores principales: la existencia de vacíos jurídicos que complican la recuperación de espacios no destinados a vivienda habitual, y el incremento de seguridad por parte de los propietarios ante el miedo de ver su casa okupada.

La Policía Local del municipio de Almenara (Castellón) ha alertado por RRSS a la ciudadanía sobre un nuevo método de okupación ilegal detectado recientemente en la localidad. Los okupas están recurriendo a prácticas engañosas para acceder a viviendas deshabitadas sin ser detectados. El modus operandi consiste en colocar un candado adicional con cadena o incluso cambiar la cerradura de la propiedad deshabitada. Si pasdos varios días el acceso no está manipulado, asumen que la vivienda no es una morada habitual de alguien y proceden a ocuparla y, así, evitan incurrir en el delito de allanamiento de morada.

Con el auge de las ocupaciones ilegales durante las vacaciones, cada vez más propietarios recurren a tecnología avanzada para proteger sus viviendas. Desde cámaras inteligentes hasta sistemas que expulsan humo disuasorio, estos son los dispositivos antiokupas que están ganando terreno en los hogares españoles este verano.

Un grupo de agricultores franceses ha logrado desalojar a un campamento de okupas en Hautes-Vosges, una región al noroeste del país, arrojando estiércol y residuos sobre sus propios terrenos. La medida fue tomada tras la inacción policial y la negativa de los okupas a abandonar la zona, que era propiedad de los agricultores y estaba destinada a actividades agrícolas que se llevarían a cabo en los próximos días. Aunque hubo momentos de tensión durante la incursión, los okupas, finalmente, abandonaron el lugar debido al fuerte y desagradable olor de la zona.

Las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un repunte superior al 5% de las demandas por okupación de viviendas presentadas en los juzgados en el arranque de año. En concreto, el organismo cifra en 592 el volumen de asuntos ingresados entre enero y marzo, lo que arroja un incremento del 5,2% interaual y se convierte en el número más elevado desde primavera del año pasado (639). Cataluña ha acumulado uno de cada cinco nuevos procedimientos, seguida de Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72), con Barcelona como la provincia más afectada de todo el país.

El Senado de Italia ha dado luz verde al Decreto de Seguridad con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Se trata de una norma que endurece las penas contra la okupación de viviendas y, en general, contra los delitos vinculados a la seguridad y el orden público. El recién aprobado Decreto de Seguridad introduce en el código penal un nuevo delito con penas de hasta siete años para quien, mediante violencia, amenazas o engaño, okupe una vivienda privada.

La nueva ley antiokupas, incluida en la Ley Orgánica 1/2025, permite a los propietarios desalojar a los okupas en un plazo de 15 días mediante juicios rápidos para delitos como allanamiento de morada y usurpación. Sin embargo, expertos señalan que su efectividad es cuestionable debido a la posible dilatación de los procesos judiciales y casos de vulnerabilidad. La ley no aborda el problema de los "inquiokupas," inquilinos que permanecen sin pagar. La saturación judicial y la falta de recursos son los principales obstáculos para su implementación eficaz.

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modifica la legislación procesal, pero también otra, de interés, en el ámbito inmobiliario. Se cambian, de una manera radical, las reglas del juego para quien quiera o necesite litigar por la vía civil. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala cómo afecta, por ejemplo, a los desalojos de okupas, ya que cambiar el procedimiento judicial.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido prohibir “toda compra de vivienda en España que no sea para residir” porque considera que una casa es para que una familia trabajadora pueda vivir en ella, y si no es así, entonces es “para especular”. Y ha defendido que “si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco”. Así lo ha dicho durante una intervención en Málaga donde ha urgido a regular aún más el mercado de la vivienda.

Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han acordado unificar sus criterios de actuación en el caso de las usurpaciones o allanamientos de viviendas. Según lo acordado, cortar la luz o el agua en las viviendas okupadas no será considerado un delito de coacciones. Esto significa que si el propietario de una casa okupada decide dar de baja “el alta de los suministros o el abono de los mismos” no será considerado un delito de coacciones. Este acuerdo se produce en un momento en que las okupaciones siguieron creciendo en 2024: más de 16.400 casos de usurpación y allanamiento, la tercera cifra más alta de la serie del Ministerio del Interior. La provincia de Barcelona aglutinó 5.077 casos.

El desalojo de una vivienda puede darse en distintos escenarios, pero no todos siguen el mismo procedimiento legal. Una de las dudas más comunes entre propietarios es la diferencia entre el desalojo de okupas y el de inquilinos morosos.

Bafre Inmobiliaria da un paso más para aumentar su cartera de activos: comprar viviendas okupadas. Así lo ha anunciado la compañía, quien estudiará y analizará la situación de los inmuebles para ofrecer una propuesta económica a los propietarios. Si el vendedor acepta la cuantía y se completa la transacción, la compañía se hará cargo del proceso de desokupación, aunque recalcan que cumplirán con todas las normativas legales y sociales. Desde Bafre Inmobilairia catalogan esta nueva iniciativa como una “solución integral para propietarios en apuros”, y la asemejan con el programa Bafre Now, el cual consiste en comprar viviendas en el centro de Madrid en apenas siete días.

Las segundas residencias, generalmente, están deshabitadas durante largos periodos de tiempo.