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Cómo se calcula el IRPH, un nuevo frente para la banca

Autor: Redacción

Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, ha centrado su exposición en el marco de inmonext 2019, en el IRPH. A partir de la crisis, el euríbor bajaba y el IRPH, en lugar de seguir el camino de su compañero, el Euribor, o de estabilizarse, empezaba a subir, algo que no entendían los consumidores. Tras demandas contra los bancos y una sentencia desfavorable del Supremo a los consumidores, ahora el TJUE tiene que pronunciarse sobre el IRPH.

La cláusula suelo también vuelve a estar sobre la mesa del TJUE, y en concreto los convenios o acuerdos firmados con los consumidores, posteriormente a contratar el préstamo, en el sentido de moderar o integrar dicha cláusula, con ofrecimiento o renuncia de cantidades, y renuncia a reclamaciones judiciales. Y también están los gastos hipotecarios, su reparto y la comisión de apertura.

Mientras que el euríbor bajaba, el IRPH subía. ¿Por qué? La razón no es otra que la manera en que se calcula el IRPH, basado en la media simple de la TAE, o tasa anual equivalente, de los préstamos hipotecarios de referencia. ¿Y qué es la TAE?. Pues quizás sea el dato más importante a tener en cuenta a la hora de contratar un préstamo con garantía hipotecaria, por referirse al coste total del préstamo. La TAE es el resultado del tipo de interés, comisiones y gastos inherentes a dicho préstamo. Es decir, es un porcentaje muy superior a cualquier otro tipo de interés, como pueda ser el Euribor o el desaparecido Mibor. A ello hay que sumar que, a los préstamos referenciados a IRPH se les adiciona su propio diferencial, comisiones y gastos, por lo que los préstamos son más caros.

Los prestatarios con sus préstamos referenciados a IRPH iniciaron una serie de reclamaciones, porque mientras que sus préstamos se encarecían, los que estaban referenciados al Euribor descendían vertiginosamente. Algunos tribunales les dieron la razón, y otros no, llegando hasta el Tribunal Supremo quien, en diciembre de 2017 dice que el IRPH es un índice oficial y está publicado en el BOE, y que siendo una cláusula que afectaba al precio del contrato, no podía ser analizada desde el punto de vista de la transparencia.

En referencia a esto, hay que diferenciar entre la transparencia formal (que una cláusula esté escrita de una forma gramaticalmente entendible) y la transparencia material (que la información dada por el banco haya hecho comprender al consumidor las consecuencias económicas y jurídicas que se pueden derivar de dichas cláusulas durante la vida del contrato. Por ejemplo, si sube mucho el diferencial que se aplique al Euribor en los nuevos préstamos, o si las comisiones suben, si ello va a incidir en la cuota hipotecaria de una manera desfavorable para el consumidor. O si el consumidor se encuentra en una situación adversa, y no le alcanza para pagar la elevada cuota que se devengue como consecuencia del tipo de interés referenciado a IRPH, si corre el riesgo de una ejecución hipotecaria).

Pues bien, el Tribunal Supremo, en el año 2015, sentó doctrina en el sentido de que las cláusulas que afectaban al objeto principal del contrato, es decir, al precio, no podían ser examinadas desde el punto de vista de la abusividad (por una prohibición contenida en en la Directiva de protección a los consumidores), sino exclusivamente desde el punto de vista de la transparencia.

Sin embargo, esa prohibición contenida en la Directiva, no ha sido traspuesta o trasladada al ordenamiento jurídico español, por lo que el Abogado General entiende que se ha querido dar más protección a los consumidores, y en sus conclusiones da un vuelco a la doctrina del Tribunal Supremo, ya que lo que no está prohibido, se considera que está permitido.

Hasta ahora, tenemos dos grandes controles por lo que se pueden analizar las cláusulas que presuntamente son abusivas: el control de abusividad (viendo si se cumple el equilibrio entre las partes), y que se aplica a las cláusulas accesorias del contrato –vencimiento anticipado, gastos, intereses de demora….-; y el control de transparencia, que se aplica a las cláusulas que se refieren al objeto principal del contrato: el precio.

El planteamiento que hace el Abogado General, puede modificar esencialmente este escenario, si fuera acogido por el TJUE.

Ahora el Abogado General sólo ha opinado y propuesto y no hay nada que celebrar, por ninguna de las partes afectadas –entidades o consumidores- ha salido victoriosa, porque el TJUE aún no se ha pronunciado, aunque suele seguir las pautas del Abogado General, pero hay excepciones como la sentencia sobre el derecho al olvido, o la dictada en referencia a la retroactividad de la cláusula suelo

Y así, en esencia, ha opinado lo siguiente:

  • Que en el caso sobre el que se ha planteado la cuestión prejudicial, entiende que pasa el control de transparencia, en tanto que se ha informado al consumidor de cuanto se debería de informar de acuerdo a la Orden del 94, si bien ese es su criterio, y corresponde al Juzgado nacional (en este caso el Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Barcelona), analizar si supera ese control.
  • Para analizar la cláusula del tipo de interés que contiene el IRPH como índice de referencia, desde el punto de vista de la transparencia, da unas pautas orientadoras, como es la comprobación de que al consumidor se le haya informado de la evolución de este índice en los años anteriores, y/o el método de cálculo.
  • Y sigue diciendo, y esto es lo más importante, que aunque la cláusula pase el control de transparencia, los Jueces nacionales tienen la obligación (no dice que pueden, sino que tienen la obligación), de analizar la misma desde el punto de vista de la abusividad, o si se infringe el principio de equilibrio entre las partes, puesto que la prohibición contenida en la Directiva en el sentido de abstención de los jueces nacionales de los estados miembros de inhibirse de entrar a analizar por abusividad las cláusulas que se refieren al precio del contrato, no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español, por lo que lo que no está prohibido, está permitido.

Si esto último fuera acogido por el TJUE, el escenario cambiaría totalmente para todas las cláusulas presuntamente abusivas, y contenidas en  contratos de préstamo con garantía hipotecaria, celebrados con consumidores.

Por tanto, tendremos que esperar a finales de año, o primer trimestre de 2020 para saber que es lo que definitivamente determina el TJUE.