Agencia Negociadora del Alquiler

Una de las consultas más frecuentes en los despachos de abogados o empresas especializadas en la gestión de los alquileres de viviendas es cuándo el propietario puede recuperar la posesión de la vivienda alquilada.

Las medidas que se han tomado en los últimos tiempos están enfocadas al alquiler y a atajar el problema de la vivienda desde el lado de la demanda, en un intento por ayudar los inquilinos. Sin embargo, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) defiende la necesidad de potenciar de nuevo la compra de viviendas, con el fin de lograr un equilibrio entre propietarios e inquilinos y aumentar la oferta de inmuebles disponibles para arrendar.

La Agencia Negociadora del Alquiler estima que los precios del alquiler subirán un 5% en 2022, como consecuencia de la Ley de Vivienda, cuya entrada en vigor está prevista para el segundo semestre del próximo año, y de la revisión anual de los contratos de acuerdo al IPC. La compañía cree que la nueva regulación provocará un estrangulamiento de la oferta, y recuerda que la inflación está impulsando las rentas.

Las medidas anunciadas que llegarán previsiblemente con la Ley de Vivienda van en contra de una ley económica irrefutable: los precios bajan si la oferta es mayor que la demanda. Esta es la postura que defiende José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler y abogado especializado en arrendamientos, quien recuerda que la solución al problema del alquiler está en la oferta, por lo que todas las políticas deben estar encaminadas a incentivar que lleguen más viviendas al mercado.

El mercado del alquiler en las grandes ciudades se prepara para recibir a los estudiantes universitarios del curso escolar 2021-2022, que será presencial, aunque con medidas extraordinarias. Ante su llegada, la Agencia Negociadora del Alquiler ha resumido los tipos de contratos de arrendamiento a los que pueden optar y qué pros y contras tiene cada alternativa. En líneas generales, el alquiler tradicional es el que presenta más ventajas, como poder quedarse en la misma casa durante toda la carrera o evitar riesgos de contagio de covid-19. Sin embargo, es la opción más cara, ya que la renta también se debe pagar en verano.

La bajada de las rentas del alquiler está provocando que los contratos se rompan antes de tiempo y que no se alcance la duración que contempla la ley. Y es que, según explica José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), los inquilinos están resolviendo los contratos de forma anticipada porque se quieren mudar a viviendas más baratas y más acordes con las nuevas necesidades habitacionales que han surgido tras la pandemia sanitaria.

La Agencia Negociadora del Alquiler resume en un estudio el impacto que podría tener la intervención de las rentas en España. Al igual que ha sucedido en otros países, alerta de una caída de la oferta, de la desaparición de inversores, de la creación de guetos, de un aumento de la economía sumergida y del deterioro de las viviendas. Para evitarlo, pide incentivos en el IRPF y el IBI para los propietarios, más seguridad jurídica y mayores exigencias a la hora de conceder nuevas licencias turísticas.

El Gobierno ha decidido ampliar la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 9 de agosto. Una medida que, según José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, es incomprensible, ya que se aplica a todos los inquilinos, no solo a los vulnerables. En su opinión, esta medida vulnera la Ley de Arrendamientos Urbanos, crea inseguridad jurídica y llegará a los tribunales

La última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), impulsada en 2019 trajo consigo varios cambios importantes en la duración de los contratos de arrendamiento con el objetivo de proteger a los inquilinos: quedó fijada en 5 años y 7 si el arrendador es una empresa. La Agencia Negociadora del Alquiler expone los 10 mecanismos más usados por los propietarios para acortar la duración. Entre estos mecanismos se encuentra la firma de falsos contratos de temporada o alegar una falsa causa de necesidad para recuperar la casa.

La Agencia Negociadora del Alquiler ha analizado casi una treintena de viviendas repartidas por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid para medir cuál sería el impacto que tendría el índice de precios que quiere utilizar el Gobierno como base para controlar las rentas. Y el resultado es que la mayoría registrarían una subida de entre 40 y 300 euros o, lo que es lo mismo, que el alquiler sería de media un 33% más caro.

La compañía tiene dudas con una de las medidas que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la accesibilidad a la vivienda de alquiler de la clase media. En concreto, la propuesta de que los propietarios cedan sus pisos vacíos a la EMVS para sacarlos al mercado por un mínimo de cuatro años. La firma asegura que, como entidad jurídica, la LAU establece siete años para la duración de los contratos, pero las bases del Programa REVIVA no dejan claro qué sucede con los tres restantes.

La compañía asegura que durante el año de la pandemia se duplicaron las resoluciones de contratos de alquiler respecto a 2019 en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la incertidumbre económica y las dificultades de muchos arrendatarios para pagar la renta. Además, destaca que si antes del covid los pisos podían encontrar inquilinos en pocos días e incluso horas, ahora de media necesitan entre cinco y seis semanas. También prevé más bajadas de precios en la región en la primera mitad del año.

La Agencia Negociadora del Alquiler cree que las medidas que ha tomado el Gobierno en los dos últimos años han roto el equilibrio en el mercado del arrendamiento, ya que han servido para proteger a los inquilinos y desproteger a los propietarios. Según la compañía, las intervenciones en el alquiler diluyen cualquier posibilidad de impulsar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de viviendas asequibles, y han colocado a los grandes tenedores en el ojo del huracán.

La Agencia Negociadora del Alquiler afirma que los propietarios particulares obtienen mayores beneficios al comprar vivienda para destinarla al alquiler que las empresas, a pesar de la creencia generalizada de que el conocimiento y la experiencia en la materia o la normativa les favorecen. En un estudio, la compañía destaca que las principales ventajas del pequeño propietario son la reducción fiscal, una menor duración de los arrendamientos y menores gastos, así como poder recuperar la vivienda por causa de necesidad o antes de tiempo en el caso de un desahucio.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) detecta un fuerte incremento de arrendadores y arrendatarios que, en plena crisis del covid, intentan buscar atajos para saltarse la LAU. Con el fin de evitar la picaresca, resume cuáles son los incumplimientos del contrato más comunes. En los inquilinos, por ejemplo, destaca el impago de la renta o intentar usar la fianza como una renta mensual, mientras que en los propietarios serían exigir más garantías de las necesarias o impedir la prórroga del contraro.

El mercado del arrendamiento se está ajustando a la baja influenciado por la pandemia y los precios están en niveles de hace tres años. Según la Agencia Negociadora del Alquiler, se avecinan más caídas, teniendo en cuenta cómo está evolucionando la inflación y la incertidumbre económica por el covid, aunque alerta de que Cataluña será la excepción y los precios podrían seguir subiendo por la nueva ley para controlar los precios.

La Agencia Negociadora del Alquiler asegura que hay diferentes mecanismos legales que permiten a los propietarios evitar las prórrogas obligatorias de los contratos o suscribir nuevos arrendamientos de hasta cinco años en caso de personas físicas o siete en el caso de las empresas. Estos supuestos son la tácita reconducción, las viviendas suntuarias y la causa de necesidad para recuperar la vivienda. Repasamos en qué consiste cada uno y en qué casos se podrían aplicar.

La llegada del coronavirus hace ya medio año ha alterado el mercado del arrendamiento. Antes de la pandemia había escasez de oferta de inmuebles en alquiler, los precios eran elevados y las viviendas se alquilaban en días e incluso horas, pero ahora la situación es muy distinta. Según la Agencia Negociadora del Alquiler, hay una alta rotación de inmuebles, con mucha más oferta, a precios más bajos, donde las viviendas que se buscan son más económicas y se tarda más tiempo en alquilar.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite a los inquilinos dar por terminado el contrato de alquiler a los seis meses, y siempre que comuniquen su decisión al propietario al menos 30 días antes. Según explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, solo hay penalización si así lo refleja el contrato y con un máximo de una mensualidad por cada año de contrato que reste por cumplir. En el caso de que haya pasado menos de medio año, serán los jueces quienes valoren cada caso.