Generalitat de Cataluña

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone en duda el tope máximo de viviendas turísticas en algunos municipios de Cataluña que incluye el decreto que aprobó la Generalitat el año pasado. Competencia critica que el Gobierno regional no haya efectuado "un especial esfuerzo de motivación en términos de necesidad y proporcionalidad" de algunas medidas adoptadas. En su lugar, propone establecer una tasa o un impuesto sobre la estancia en alojamientos turísticos, cuya recaudación podría destinarse a financiar medidas para facilitar el acceso a una vivienda permanente.

La Generalitat catalana ha comprado 137 viviendas a Sareb para destinarlas a alquiler social por 9,6 millones de euros, mientras que ha estimado que el coste de estos activos en el mercado sería de  23,2 millones, según ha informado la Conselleria de Territorio. La titular del departamento, Ester Capella, ha vuelto a reclamar a la empresa que ceda de manera gratuita sus inmuebles: "Los hemos pagado entre todos", ha dicho en la presentación de la compra de 98 viviendas en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) defiende el tirón económico de las viviendas turísticas ante la entrada en vigor en la región de un nuevo Decreto Ley que trae más restricciones y exigencias al negocio. Según un estudio que ha elaborado junto con la Universidad de Salamanca y la patronal nacional Fevitur, los viajeros nacionales que se hospedaron en pisos turísticos se gastaron 2.650 millones de euros en la región durante el año pasado. De dicha cifra, solo un 25% se correspondió con el alquiler, mientras que el resto fue a comercios, actividades turísticas y restauración, y más de la mitad de los huéspedes procedían de la propia Cataluña.

La Generalitat de Cataluña sube de marcha en el ámbito de la vivienda asequible. El gobierno catalán ha puesto en marcha en 2023 la construcción de más de 2.100 viviendas de alquiler social que se incorporarán al parque público de la Generalitat. Son promociones que construye directamente el Incasòl en diferentes municipios de Catalunya y que supondrán una inversión por parte de la Generalitat de 284 millones de euros.

El Gobierno catalán ha aprobado un Decreto Ley para regular las viviendas de uso turístico en 262 municipios de la región, donde existe un problema de acceso a la vivienda o bien, hay una elevada densidad de pisos turísticos. Entre las novedades destaca la necesidad de los ayuntamientos de modificar su planeamiento urbanístico para permitir el uso turístico con el de vivienda y la limitación de las licencias para esta actividad, así como la obligatoriedad de que los titulares de licencias en vigor obtengan un nuevo permiso. Las asociaciones del sector, los agentes de la propiedad y despachos de abogados critican las medidas intervencionistas y alertan de que son irresponsables y contrarias a derecho.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado los planes que tienen desde Cataluña para fomentar el acceso a la vivienda. El Gobierno de la Generalitat está "llevando a cabo una política para favorecer el acceso a la vivienda sin precedentes", con un primer paquete de 385 viviendas vacías, la mayoría adquiridas a grandes tenedores, para dedicarlas a alquiler social, y poder alcanzar el objetivo de hacer realidad “el compromiso de incorporar 10.000 nuevos pisos al parque público de alquiler en los próximos tres años”.

Cataluña se compromete con las ayudas al alquiler. Un total de 70.937 familias catalanas recibirán ayudas de la Generalitat para pagar los recibos del alquiler en 2023, un 25% más que el año anterior. El Gobierno catalán destinará 144 millones de euros a esta partida euros (un 26% más que en 2022) que, igual que en el caso de la cifra de beneficiarios, es la "más alta para este tipo" de prestaciones.

El Departamento de Territorio de la Generalitat se pone manos a la obra para dar un empujoncito a la Cataluña vaciada. El gobierno catalán ha firmado hoy con ocho pueblos de Les Garrigues Altes un convenio que permitirá impulsar la rehabilitación de edificios municipales para ofrecer vivienda pública, en el marco del programa Arraig. En total, se invertirán unos 400.800 euros en habilitar siete viviendas.

Cataluña da un golpe en la mesa contra una norma estatal. El Parlament de Cataluña ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal, a propuesta de ERC y JxCat y con el apoyo de la CUP, por invasión de competencias autonómicas. Cataluña se suma así a otras autonomías que han llevado esta normativa ante el Tribunal Constitucional (TC) por el mismo motivo, como Madrid, Andalucía y País Vasco. Mientras, Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral con el Estado.

El primer encuentro entre el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, concluye con el compromiso de ambas instituciones de colaborar, con la mirada puesta en la ampliación del parque público de vivienda como prioridad. El Consistorio de Barcelona cederá a la Generalitat de Cataluña 27 solares para que levante casi 1.800 viviendas de protección oficial en ellos.

El pleno del Parlament ha instado al Govern de la Generalitat a "ampliar la aplicación de expedientes de expropiación forzosa de viviendas de grandes tenedores" que estén vacías, con el objetivo de incorporarlas en el parque público de alquiler social y de generar incentivos a los grandes tenedores para que pongan en el mercado su parque de vivienda inmovilizado. Así lo expone un punto de una moción presentada por ERC y aprobado con los votos a favor de PSC-Units, ERC y Junts, los votos en contra de Vox y PP, y la abstención de CUP, Comuns y Cs.

La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha asegurado durante una comparecencia en el Parlament que el Gobierno regional impulsará una ley para regular los contratos de alquiler de temporada, para evitar que a través de esta fórmula los propietarios puedan burlar los topes a las rentas y "una nueva regulación del régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico". Según ha explicado,el objetivo es garantizar el uso social de la vivienda especialmente en municipios que sufren tensiones de precios.

La Generalitat de Cataluña ha iniciado la tramitación para declarar municipios como zonas tensionadas donde se deberá aplicar la limitación del alquiler que prevé la nueva Ley de Vivienda. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado la información del proceso que incluye la justificación de los criterios para escoger los municipios y que cumplen 140 localidades en las que viven 6,2 millones de personas, el 80,6% de la población total en la región. Ahora se abre un período de información pública de 20 días para que Administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones.

El Govern de Cataluña ha iniciado la actuación preparatoria para definir las zonas en las que se limitará el precio de los alquileres residenciales previsto en la Ley de Vivienda. Se trata de un trámite necesario para poder topar las rentas en aquellos ámbitos territoriales donde haya poca oferta de vivienda asequible. La Generalitat también ha reclamado por carta al Gobierno central la homologación del índice de referencia de los precios del alquiler catalán, ya vigente, y que será el indicador base para aplicar dicha regulación.

El Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), la Generalitat de Cataluña y el Consorci de l'Habitatge de Barcelona han firmado tres acuerdos para la rehabilitación de 1.933 viviendas la capital catalana con una inversión de 51,6 millones de euros. El plan incluye actuaciones en inmuebles públicos y privados ubicados en diferentes ámbitos de la ciudad, desde Canyelles a Can Peguera, pasando por Trinitat Vela y Besòs i Maresme.

La Generalitat de Cataluña da la mano al negocio inmobiliario. El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ha abierto una línea de financiación de 115 millones de euros en préstamos bonificados destinados a promotores públicos y privados que construyan viviendas de alquiler social y asequible. Además, la Agencia Catalana de Vivienda, por su parte, aportará 21,2 millones de euros más para bonificar una parte de los intereses, en un 27% aproximadamente. Estas medidas están destinadas a beneficiarios que ya tienen proyectos en marcha y que ya han recibido otras ayudas propias de la Generalitat o de los fondos Next Generation EU.

En Comú Podem ha registrado una proposición de ley que pone el foco en los pisos turísticos. Plantea que los ayuntamientos puedan revocar las licencias en vigor, prohíbe estos alojamientos en mercados tensionados y da un plazo de tres años para que los propietarios consigan una licencia urbanística y puedan seguir operando. Las principales asociaciones recuerdan que las casi 100.000 viviendas de alquiler vacacional en la región generan empleo y actividad económica, descartan que el Parlament pueda aprobar un cambio de tal calado y avisan de que, en cualquier caso, tomarán medidas para defenderse.

La Generalitat ha publicado una convocatoria de ayudas con financiación europea para la construcción de más de 3.100 viviendas de protección oficial en diferentes municipios catalanes. En esta convocatoria tienen prioridad las actuaciones previamente seleccionadas del Programa de ayudas a la construcción de viviendas en arrendamiento social de edificios energéticamente eficientes que prevé el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con los Fondos Next Generation . A través de estos fondos, el Govern destina 161 millones a la construcción de viviendas de protección social.

De pueblo turístico con una escasa oferta de alquiler a un posible polo para desarrollar VPO. La Generalitat de Cataluña ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) para la construcción de 68 viviendas sociales en este municipio, de las que un 25% se destinará a jóvenes menores de 35 años, que estarán disponibles en 2026.

La Generalitat sigue sumando nuevas viviendas públicas a su cartera. La Agencia de la Vivienda de Cataluña y el Ayuntamiento de Sabadell han entregado ya las llaves de las 16 viviendas de alquiler social situados en el edificio del antiguo bloque de los maestros de Sabadell, ubicado en la calle Campoamor, 98. El gobierno catalán ha invertido 2,1 millones de euros en este proyecto.

La Generalitat lanza de nuevo un salvavidas a los jóvenes catalanes. El Departamento de Derechos Sociales, mediante la Agencia de la Vivienda de Cataluña, ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para pagar el alquiler destinadas a jóvenes de hasta 36 años. Pueden presentarse todos los jóvenes que no hayan pedido o se les haya denegado el bono de alquiler joven estatal.

La administración catalana prepara una nueva ley para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios de una vivienda ocupada y permitirá a los consistorios y comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes. Esta es una problemática que se encuentran, sobre todo, con grandes tenedores, según explican desde la Generalitat, ya que no suelen emprender ninguna acción en los tribunales.

Limitar los precios del alquiler continúa sin dar resultado. La Secretaría de Vivienda e Inclusión Social, a través de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, del Departamento de Derechos Sociales, ha hecho públicos los datos del mercado de alquiler del segundo trimestre de 2022. Estos revelan que el precio del alquiler ha subido y que los nuevos contratos han bajado, según datos del Incasol.

La Generalitat de Cataluña ha completado la revisión del planeamiento urbanístico del litoral catalán y ha frenado, afirma, 46.800 nuevas viviendas en un total de 30 municipios, casi la mitad de las 106.000 que estaban previstas construir hasta ahora. Del mismo modo, con esta revisión se ha reducido a la mitad la superficie de nueva ocupación de suelo en prácticamente todo el litoral catalán.

La consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha asistido a la inauguración de dos edificios de nueva creación de viviendas protegidas en la ciudad de Badalona, desde donde ha destacado la importancia que “cada vez más municipios se sumen a la colaboración público-privada y a la promoción de las emergentes fórmulas promovidas por cooperativas”. "La vivienda es una necesidad social fundamental y ante la falta de parque destinado a vivienda asequible, corregir este déficit es un deber y una obligación", ha subrayado.