El 'think tank' Acción Liberal acaba de lanzar un nuevo informe llamado ‘Erradiquemos la okupación en España’ para poner fin a esta lacra social. Con la ayuda de primeros espadas como Mikel Echavarren, CEO de Colliers, o el catedrático de Derecho Tributario, César García, han elaborado una serie de medidas efectivas para erradicar este mal que afecta a 100.000 inmuebles en España. Entre las medidas se encuentran recuperar la posesión de la casa en 10 días, aumentar las penas de prisión o dar potestad a ayuntamientos para un desalojo exprés.
El Consejo de Gobierno de la región ha decidido modificar el decreto que regula el Plan de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, más conocido como Plan Vive, para excluir a okupas como beneficiarios de las adjudicaciones de una vivienda pública. Es decir, toda aquella persona condenada por un delito de okupación no podra optar a una VPO en Andalucía.
Entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron 13.389 (allanamientos o usurpaciones, puesto que en las denuncias policiales no se delimita y es el juzgado el que determina la calificación), según datos oficiales. Por este motivo, Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) y el SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) han elaborado el informe: 'El alquiler y su contexto normativo y de desarrollo'. Este documento afirma que el 80% de los propietarios con viviendas en alquiler temen que sus propiedades sean okupadas.
Agencias Negociadora ha elaborado una lista para evitar okupaciones en las casas durante el verano. Entre ellas destaca la de instalar una alarma en la vivienda, ya que el simple hecho de tener un cartel de alarma puede disuadir a los 'okupas', pero además, en caso de que se produzca el delito, este no será considerado ocupación, si no allanamiento, y por lo tanto son dos figuras totalmente distintas, ya que esta última permite a la policía actuar de inmediato.
Las okupaciones en España están a la orden del día. De hecho, en 2020 este fenómeno subió un 2,7% interanual, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. En total, 14.675 personas denunciaron que su vivienda había sido ocupada de manera ilegal. Con estos datos, hay propietarios que prefieren vender sus inmuebles por un precio inferior al de mercado. Para el comprador puede ser una buena operación al adquirir con descuento, pero luego debe tener cuidado a la hora de pagar el ITP. Hacienda reconoce que el valor de los inmuebles se reduce si están okupados, pero le tocará al contribuyente acreditar tal okupación ilegal.
Lucena, un pequeño pueblo Cordobés de poco más de 40.000 habitantes, ha pasado de ser noticia por ser una localidad con pleno empleo a serlo por contar un gran foco de okupación. En concreto, la mesa de trabajo del Ayuntamiento encargada de atajar este problema ha contabilizado más de 100 viviendas okupadas, aunque se cree que hay más unidades. Muchos de los pisos provienes del ‘boom’ inmobiliario y pertenecen a distintas entidades financieras. El problema ha generado robos, suciedad, amenazas de muerte y facturas de más de 10.000 euros para el consistorio.
La Policía Nacional ha editado una guía útil que contiene una serie de recomendaciones para prevenir la okupación de viviendas, así como las distintas actuaciones que tiene que seguir el propietario si se ha producido finalmente el delito, como no cortar los suministros de agua, luz y gas, ni impedir la entrada a quienes han okupado la vivienda.
Las dificultades para acceder a una vivienda provocan muchos casos de okupación. El ‘think thank’ Europa Ciudadana (EC) se basa en la legislación aplicada en Países Bajos en materia de alquiler para recomendar su aplicación en España y reducir este problema creciente en nuestro país. Normas como la Ley de Vacantes, que permite usar inmuebles vacíos, o Ley de Alquiler temporal para arrendamientos en periodos cortos en colaboración público-privada son solo algunos de los ejemplos.
El Gobierno francés anunció la semana pasada la puesta en marcha de un nuevo procedimiento para luchar contra el fenómeno de la okupación. El objetivo es acelerar el desalojo de los 'inquilinos' ilegales de todo tipo de viviendas, incluyendo las segundas residencias, y proteger a los propietarios. La medida se ha conocido en la misma semana que el Gobierno de Pedro Sánchez ha modificado el decreto antidesahucios para beneficiar a los okupas vulnerables.
Los cambios legales y regulatorios en los derechos de propiedad, incluyendo la vivienda, han traído una desprotección creciente, según el análisis de Fedea, que alerta además de una progresiva erosión de la seguridad jurídica en los últimos años. El estudio de la Fundación pone como ejemplos las sentencias y normas sobre los desahucios o los problemas de ocupación ilegal.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado que en los próximos días dictará una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los fiscales del tema de las "ocupaciones de morada", al que se ha referido como "fenómeno delictivo". No obstante, la fiscal general ha añadido que pese a estar ya reguladas, algunas situaciones "sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía".
La pandemia provocada por el covid-19 ha aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas, debido a la imposibilidad de los propietarios de acercarse a su segunda residencia por el estado de alarma. Los expertos recomiendan colocar una alarma conectada a una central. Esto es fundamental para conocer la fecha de la ocupación ilegal, ya que la Policía tiene competencia para desalojar, sin orden judicial, una casa okupada en las primeras 48 horas.
Cataluña es la región de España donde más ocupaciones ilegales hay y Barcelona es su epicentro. Según el Ministerio del Interior, en los primeros seis meses de este año se okuparon 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo 2019. Esta cifra sextuplica a las ocupaciones ilegales en la Comunidad de Madrid (657) y triplican las andaluzas (1.183).
La okupación copa los titulares de la prensa nacional y de la especializada en el sector inmobiliario desde hace semanas. El confinamiento de la población provocado por el covid-19 ha supuesto un aumento de esta actividad ilegal en segundas residencias, la gran mayoría situadas en la costa española. Una práctica que se detectó el año pasado durante los dos meses previos al comienzo de verano y que la situación generada por el coronavirus ha agravado en 2020, según señalan fuentes policiales.
La cifra de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles, en su mayoría viviendas, ha crecido un 5% interanual en lo que de año. Entre enero y junio, se han notificado 7.450 denuncias, con una mayor incidencia en Cataluña, con más de 3.600 casos abiertos de usurpación de casas, lo que supone casi el 50% de todos los casos en España.
Las dos formaciones políticas se encuentran en conversaciones para redactar una nueva norma que permita recuperar un inmueble okupado en menos de 48 horas y no en 30 días, como contempla la ley actual. Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia, se ha mostrado abierto a negociar la propuesta del PP y Ciudadanos, según publica El Economista.
En los últimos meses y, sobre todo, a raíz de la pandemia provocada por el covid-19, han aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas. Y en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca vulnerabilidad social, tal y como alertan los expertos consultados por idealista/news. Desgranamos qué falla y qué medidas debería tomar el Gobierno para atajar este problema social.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha condenado a una familia a pagar 540 euros por ‘okupar’ una vivienda de lujo en Alicante durante dos años. La vivienda se encuentra en la zona de lujo de la Playa de San Juan y la propietaria no recibirá esta cantidad porque los okupas se han declarado insolventes.
El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, ha dictado una instrucción por la cual si la ocupación de un inmueble revista características de delito, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán actuar directamente sin necesidad de solicitar medidas judiciales previas para desalojar a los ocupantes ilegales.
Desde finales de 2016, la convivencia de los vecinos de El Raval de Barcelona se ha visto perjudicada por la presencia de pisos okupados por narcotraficantes. Los cuerpos policiales han realizado desde entonces 52 entradas y detenido a 79 personas. ¿Cómo es convivir con un narcopiso en tu escalera? Así lo cuentan varios vecinos: han llegado a contabilizar hasta 200 personas entrando y saliendo en hora y media para comprar droga y consumirla en sus bloques.
El grupo parlamentario de Ciudadanos registra una proposición de ley en el Congreso con la que quiere agilizar el desalojo de viviendas ocupadas y endurecer las penas en caso de que se realicen de manera violenta.
El propietario de una vivienda en la isla de Tenerife se convierte en okupa de la misma después de intentar lograr un acuerdo de desahucio por la vía legal con su inquilino moroso.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha confirmado que la capital cuenta con 2.443 viviendas okupadas a lo largo del último año.
El problema de la ocupación ilegal de viviendas y el dilema que viven las familias más vulnerables ha vuelto al Congreso de los Diputados.
Las autoridades británicas quieren poner coto al allanamiento y ocupación de viviendas y desde este mes pasa a ser delito penal en Inglaterra y Gales.
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