Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Comunidad de Madrid y por la Xunta de Galicia contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la suspensión cautelar de esta norma impugnada a petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ambas CCAA estiman que este tributo vulnera varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el de capacidad económica y no confiscatoriedad.

La Xunta de Galicia ha aprobado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Gobierno central y que entró en vigor en diciembre de 2022. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha indicado que detectan varias vulneraciones, entre ellas una a la autonomía financiera de la comunidad, por los tributos que tiene transferidos. Así, se suma a la Junta de Andalucía que también recurrió este tributo y que acaba de ser admitido a trámite por el Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la petición de suspender cautelarmente esta norma impugnada. La Junta estima que se vulneran varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el principio de lealtad constitucional e institucional.  

El voto particular de dos magistrados del TC, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, en la sentencia que desestimó la inconstitucionalidad de varios puntos del decreto antidesahucios de comienzos de 2021, critica que esta regulación impide a los propietarios del uso y disfrute de su vivienda, y que además deben soportar el uso sin título de su propiedad por aquellos que están inculpados en un proceso penal. La okupación ilegal de su bien les hace además seguir sufragando los gastos y consumos que sí disfrutan terceros. Una situación que lleva al beneficio de los condenados en detrimento del derecho a la propiedad.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de 50 diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que vino a adaptar el nuevo impuesto de plusvalía municipal a la declaración de inconstitucionalidad de octubre de 2021.

La famosa sentencia del Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021 en la que declaraba ilegal el sistema de cálculo de la plusvalía municipal sigue dando que hablar. ¿Por qué? Por la limitación de efectos que impuso para recurrir este impuesto, un hecho que va contra los derechos de los contribuyentes. Ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa aclarar qué quiso decir el Constitucional con la imposibilidad de revisar las liquidaciones de la plusvalía municipal “no recurridas” antes del 26 de octubre de 2021. En concreto, se han admitido a trámite tres Autos que decidirán cómo cuadrar la limitación de efectos de la sentencia del Constitucional, con el cumplimiento de la legalidad ordinaria, cuyo guardián y garante es el Tribunal Supremo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, en el que solicita su suspensión cautelar. Considera que "invade las competencias fiscales y financieras" de las comunidades autónomas recogidas en la Constitución y que va contra el ahorro y la inversión. Además, denuncia que su tramitación se ha llevado a cabo a través de una enmienda en un proyecto de Ley que "no tenía que ver con este tributo".

Hace un año se aprobó el Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó el impuesto de plusvalía municipal para cumplir con la Constitución española, ya que dicho tributo fue declarado inconstitucional por su sistema de cálculo. Esta norma contemplaba un plazo de seis meses para que los ayuntamientos adaptaran su ordenanza de plusvalía a la nueva regulación. Ese plazo finalizó el pasado 11 de mayo de 2022 y son muchos los consistorios que todavía no han adaptado su ordenanza. Por ello, interesa aclarar que el cobro de este impuesto puede ser nulo de pleno derecho por no existir una normativa que permita cuantificar la cuota tributaria a pagar.

El Tribunal Constitucional podría dar una segunda oportunidad a aquellos contribuyentes que vieron truncadas las posibilidades de revisar las liquidaciones firmes de la plusvalía municipal tras vender o transmitir inmuebles en pérdidas. En una reciente sentencia este tribunal cuestiona las trabas que han puesto los juzgados para recuperar este impuesto en caso de liquidaciones firmes por el Ayuntamiento y ampara a los contribuyentes que quieran reabrir esta vía, mediante la nulidad o revocación de dichas liquidaciones.

Hace un año se declaró inconstitucional el sistema de cálculo de la plusvalía municipal y posteriormente se aprobó la nueva normativa (Real Decreto-Ley 26/2021) que, tratando de salvar dicha inconstitucionalidad, regula actualmente el impuesto. Sin embargo, esta nueva normativa, que ya se aplica a los contribuyentes que transmitieron un terreno a partir del 10 de noviembre de 2021, podría ser también inconstitucional. El problema es que la nueva fórmula de cálculo obvia los gastos de compra y venta del inmueble, y no contempla la posibilidad de actualizar el valor de adquisición conforme al coste de vida, con lo que podría ser también inconstitucional. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, explica las claves.

Un año después de la ilegalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municial, es posible que muchos contribuyentes comprueben con sorpresa, que el Ayuntamiento no les ha notificado ninguna liquidación en relación con transmisiones a las que se aplica la normativa declarada inconstitucional. Es decir, las realizadas antes del 10-11-2021, fecha en que entró en vigor la nueva normativa del impuesto. ¿Puede el Ayuntamiento, a estas alturas, exigirme el pago de la deuda, notificándome la oportuna liquidación? Sí puede, pero puede anularse presentando un recurso.

Un año después de la declaración de inconstitucionalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municipal, son muchos los contribuyentes a los que se les ha cerrado la vía para reclamar la devolución del impuesto, por la propia limitación de efectos de la sentencia 182/2021, del Tribunal Constitucional. En esta tesitura, José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, señala que podrían solicitar una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial, como única vía para recuperar lo pagado. Pero el proceso no es fácil.

Un año después de la declaración de inconstitucionalidad del sistema objetivo de cálculo de la plusvalía municipal, de la que se han podido beneficiar muchos contribuyentes obteniendo la devolución, cabe plantearse si dicha devolución es también posible, en el caso de liquidaciones que son firmes, porque el contribuyente no presentó recurso contra la misma. José María Salcedo, socio de Ático Jurídico, señala que no es posible, pero que sí se puede reclamar una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado.

Hoy 26 de octubre se cumple un año de la sentencia que declaró inconstitucional el sistema objetivo de cálculo de la plusvalía municipal y que acabó con este impuesto, al menos en la forma en que lo veníamos conociendo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que declaró el Tribunal Constitucional en su sentencia 182/2021, de 26 de octubre, y qué consecuencias tiene para los contribuyentes, un año después de haberse dictado? El Constitucional limitó los efectos al no permitir obtener la devolución de lo pagado a quienes antes del 26 de octubre de 2021 no habían reclamado la devolución del tributo.

La famosa reforma fiscal del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprobada en 2014 y que entró en vigor el 1 de enero de 2015 está sobre la mesa del Tribunal Constitucional. En dicha reforma se eliminaron los coeficientes de abatimiento para quienes compraron casa antes de 1994. Pero también se suprimieron los coeficientes de actualización, que permitían que quien vendiera una casa pudiera ajustar la ganancia obtenida a la realidad y pagar menos en el IRPF. Ahora el Constitucional debe valorar si la eliminación de dichos coeficientes de actualización es contraria a la Constitución. En caso afirmativo, sería una gran alegría para muchos contribuyentes que hayan vendido una casa en 2015 y años posteriores.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentaron los diputados de Vox contra el Real Decreto de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación de trabajo.Según ha informado este jueves el órgano de garantías, el Ple

Más frenos al legislador catalán y a sus “normas”. El Tribunal Constitucional (TC) se ha vuelto a pronunciar ante lo que considera un “exceso de competencias por parte del legislador autonómico”. Esto significa que queda anulada la obligatoriedad de que los grandes tenedores ofrecieran un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra la reducción de los beneficios fiscales de los pactos sucesorios que Hacienda incluyó en la famosa ley antifraude. En concreto, el Ministerio de Hacienda mantuvo dichos beneficios para la venta de una vivienda obtenida mediante una herencia en vida, pero siempre que el inmueble se transmita cinco años después de celebrar el pacto sucesorio o del fallecimiento del causante.

Las devoluciones masivas de la plusvalía, seis meses después de la sentencia del Constitucional que tumbaba este impuesto por el método de cálculo, están colapsando a muchos ayuntamientos, según la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL). Pese a que el Gobierno puso en marcha una reforma exprés del tributo, estos funcionarios denuncian la externalización por parte de los consistorios de los servicios de inspección de los tributos locales.

El Tribunal Supremo mantiene su dictamen sobre el derribo del complejo urbanístico Isla de Valdecañas tras rechazar el recurso presentado por la Junta de Extremadura y los propietarios de las viviendas argumentando la incompatibilidad de dos jueces que intervinieron en el fallo. Los afectados por el derribo van a presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para evitar la demolición de las 180 villas de lujo, hotel, campo de golf y varias instalaciones.

Muchos propietarios están pendientes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, que tiene entre sus líneas maestras el tope de las rentas del alquiler en zonas tensionadas. Y están surgiendo dudas sobre si es posible aplicar una cláusula que se ha utilizado en muchos contratos de Cataluña, conocida como 'cláusula Berlín', que establece dos precios diferentes con el objetivo de aplicar una renta de mercado en el caso de que se anule la normativa que fija los topes. Sin embargo, hay un debate sobre si es legal, por posible vulneración del artículo 6 de la LAU.

El Tribunal Constitucional dictó el pasado jueves 10 de marzo una sentencia en la que declara nulos e inconstitucionales varios artículos de la Ley 11/2020, de contención de rentas en Cataluña, entre ellos, el límite al precio del alquiler. El despacho de abogados Ashurst resume las claves para entender los efectos en la práctica de esta sentencia. Por ejemplo, la propia sentencia dice que los contratos ya firmados deben mantener las limitaciones de renta hasta su finalización.

La formación morada ha presentado un recurso ante el Constitucional contra la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, aprobada por el Gobierno regional a finales de noviembre. Podemos pide al tribunal que declare nula toda la normativa, e insiste en que la Junta quiere “convertir todo el litoral andaluz en un pelotazo urbanístico y vendérselo a las grandes multinacionales de la construcción”. El texto establece una nueva calificación de terrenos entre urbanos y rústicos, y simplifica los trámites para aprobar los planes urbanísticos.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el PP y Vox contra la reforma del impuesto de la plusvalía municipal, en los que ambas formaciones cuestionan el decreto ley aprobado por el Gobierno de coalición y que fue convalidado por el Congreso el pas

El Tribunal Constitucional ha tumbado varios apartados del decreto que aprobó la Generalitat catalana en noviembre de 2020 para prohibir el desalojo de inquilinos vulnerables que residían en viviendas de grandes propietarios y que les obligaba a ofrecerles un alquiler social, tras estimar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno. Los expertos alertaron que la normativa generaba inseguridad jurídica y que podría generar un conflicto de competencias con el Estado.