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Más dudas sobre el plazo para reclamar los gastos hipotecarios: el Supremo ahora consulta al TJUE

La decisión definitiva podría demorarse incluso dos años, lo que provoca incertidumbre a los consumidores, según los expertos

Gtres
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Autor: Redacción

El Tribunal Supremo ya ha hecho oficial su decisión de plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el plazo que tienen los consumidores para reclamar los gastos hipotecarios antes de que prescriban.

Un movimiento que quedó patente el pasado 23 de junio, cuando el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo tenía que deliberar un recurso de la Audiencia Provincial Sección 15ª de Barcelona sobre el plazo de prescripción que se debe aplicar a la hora de recuperar las cantidades abonadas por los consumidores por las cláusulas que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos de los préstamos hipotecarios. Sin embargo, el Alto Tribunal aquel día no tomó ninguna decisión al respecto y dejó la puerta abierta a elevar el caso al Tribunal de Luxemburgo en busca de respuestas.

Y justo un mes después de dicho fallo, el Supremo ha comunicado que “el pleno de la Sala Primera ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por el consumidor como consecuencia de una cláusula nula sobre gastos hipotecarios”.

En el auto, que ya se ha notificado a las partes, “se tiene en cuenta que es jurisprudencia constante del TJUE que cuando los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión, deberán respetar los principios generales de ese ordenamiento, entre los que figuran el principio de seguridad jurídica y el de protección de la confianza legítima”, explica el tribunal.

Según el texto, el Supremo descarta que el día inicial del plazo de prescripción de este tipo de acciones sea el día de celebración del contrato o la fecha en la que se hicieron los pagos indebidos, tal y como apuntan diversos pronunciamientos del TJUE, por lo que quedarían dos opciones:

  1. Que el día inicial del plazo de prescripción sea el de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula.
  2. Que el día inicial sea la fecha de las sentencias del Supremo que fijaron doctrina jurisprudencial sobre los efectos restitutorios (sentencias de 23 de enero de 2019) o la fecha de las sentencias del TJUE que declararon que la acción de restitución podía estar sujeta a un plazo de prescripción (sentencias de 9 de julio de 2020 o de 16 de julio de 2020).

Y el problema es que ambas alternativas generan dudas al Alto Tribunal. La primera, explica el documento, “puede ser contraria al principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los principios del ordenamiento jurídico de la UE: en la práctica, convierte la acción de restitución en imprescriptible, puesto que no puede comenzar el plazo de prescripción hasta que se haya estimado una acción (la de nulidad) que es imprescriptible en el Derecho interno, por tratarse de una nulidad absoluta. Además, el principio de seguridad jurídica se podría ver gravemente comprometido si se diera lugar a reclamaciones relativas a contratos consumados y extinguidos desde hace décadas”.

En el caso de la segunda opción (que el plazo empiece a contar desde alguna sentencia), “plantea el problema de que puede ser contrario al principio de efectividad, por ser dudoso que un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz pueda ser conocedor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del TJUE en la materia”.

El tribunal admite que "resulta controvertido y relevante determinar cuándo comienza el plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por el consumidor a un tercero como consecuencia de una cláusula abusiva que impone al prestatario el pago de todos los gastos generados por la concertación de un préstamo hipotecario". Y añade: “las dudas de compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea que suscitan ambas opciones justifican el planteamiento de la cuestión prejudicial”.

Inseguridad jurídica para los consumidores

Los expertos en la materia recuerdan que la decisión definitiva se está alargando más de lo previsto, lo que provoca inseguridad jurídica y perjudica a los usuarios.

La letrada Carmen Giménez, de G&G Abogados, se lamentaba tras la sentencia del 23 de junio que el Supremo abriera la puerta a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, ya que éste ya dictó sentencia unos días antes sobre un procedimiento que, en su opinión, es aplicable a todas las cláusulas abusivas, incluida la prescripción de los gastos de formalización de las hipotecas entre cliente y banco. Y alerta que la decisión definitiva sobre el plazo de prescripción podría demorarse entre un año y medio o dos años.

Según Carmen Giménez, con el planteamiento que hace el Supremo en las cuestiones prejudiciales, "parece deducirse que el plazo más restrictivo podría empezar a computarse a partir del 23 de enero de 2019, descartando así la anterior fecha que manejábamos de 23 de Diciembre de 2015. Esto significa que el cómputo de los cinco años de prescripción, se haría desde el 23 de Enero de 2019, por lo que podrían quedar prescritas las acciones a partir del 15 de Abril de 2024, ya que no podemos olvidar sumar los 82 días del estado de alarma en el que se paralizaron todos los plazos. No obstante, con la declaración de nulidad, por parte del Tribunal Constitucional, del decreto del estado de alarma, y para no generar más conflictos jurídicos, lo más prudente es que el consumidor interrumpa la prescripción o interponga la demanda con anterioridad al 24 de Enero de 2024".

En esa misma línea, Almudena Velázquez, directoral legal del portal reclamador.es, explicó el mes pasado que "el Tribunal Supremo alarga la incertidumbre de los afectados por los gastos hipotecarios" y calificó la decisión de sorprendente, "más aún cuando en junio dictó Sentencia en la que ya planteaba que solo cuando se declarara la nulidad de la cláusula podía reclamarse el importe pagado de más. Si bien en ese caso se trataba de una cláusula suelo, no existe ninguna especialidad en la de gastos que pudiera generarle dudas al respecto del sentido de su decisión".

En su opinión, esta situación "no hace otra cosa que aumentar la inseguridad jurídica de los  de afectados y dilatar en el tiempo la decisión final, pues puede pasar más de un año hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre este asunto".

Sin embargo, reconoce que el Supremo ha dejado claro que en ningún caso puede tomarse en cuenta para ello el día en que estos se pagaron o se firmó el contrato. "Aunque habrá que esperar la decisión de Europa, al menos del texto de la cuestión se descarta el criterio más restrictivo y que venía siendo aplicado por algunos Juzgados y Tribunales (A Coruña, Barcelona, Baleares...) que aplicaban la prescripción desde la firma del préstamo", puntualiza Velázquez.

El lío de fechas para reclamar al banco

Muchas han sido las voces jurídicas que se han alzado en referencia a cuál debe ser ese plazo de prescripción, y lo que es más importante, desde qué momento habrían de computarse o calcularse dichos plazos.

Según Giménez, es necesario diferenciar entre el plazo para reclamar o solicitar la nulidad de la cláusula, y el plazo para solicitar la devolución de las cantidades abonadas indebidamente; siendo que para la solicitud de la nulidad no hay plazo alguno, o es imprescriptible, y para la reclamación de las cantidades, si no va ligada a la propia reclamación de nulidad, sí deberíamos de contar con que hay un plazo establecido legalmente.

En el caso de España, la fecha más restrictiva de todas situaba como el límite para reclamar el pasado 28 de diciembre, considerando los cinco años que establece el Código Civil tras la reforma de octubre 2015, en la que el plazo se redujo de 15 a 5 años en el caso de las acciones personales, más la ampliación que se determinó por el parón judicial derivado de la crisis del covid. En este caso, el contador temporal arrancaría en el momento de firmar el préstamo y afectaría a todos los gastos abonados a partir de 2005 (excepto en Cataluña, donde el plazo es de 10 años).

Sin embargo, los abogados especializados en materia hipotecaria y las asociaciones de consumidores defienden que el plazo debería ser imprescriptible y que, en todo caso, los cinco años deberían empezar a computar desde que el consumidor conoce la nulidad de la cláusula de su contrato y se materializa la sentencia. Una postura que, de hecho, ya ha defendido el Supremo en el pasado.

“El 16 de diciembre de 2019, en el marco de una sentencia sobre la cláusula suelo de una hipoteca cancelada, el Alto Tribunal dijo que el plazo de prescripción de las consecuencias derivadas de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva no podía computar hasta que no se hubiera declarado nula en un juzgado. Espero que ahora aplique el mismo criterio”, sostiene la letrada de G&G Abogados.

Cómo reclamar los gastos hipotecarios

A pesar de la previsión de que el plazo definitivo no se conozca hasta dentro de año y medio o dos años, los expertos recomiendan a los consumidores que presenten ya la demanda.

"Ante el gravísimo retraso que están sufriendo los juzgados uniprovinciales, encargados de enjuiciar estos casos, (en Madrid, por ejemplo, hay demandas presentadas a principios de 2018 sin admitir a trámite), mi sugerencia es que los consumidores presenten las demandas para ir ganando tiempo, porque si finalmente el plazo de prescripción fuera contrario a sus intereses, pueden retirarla sin sufrir una condena en costas si el banco o entidad no ha contestado a dicha demanda", recalca Giménez.

Para reclamar los gastos hipotecarios pagados hay que tener claro qué se puede reclamar. Recordemos que en los últimos meses el Supremo ha modificado el reparto de los gastos hipotecarios entre banco y cliente. A finales del pasado mes de enero volvió a inclinar la balanza a favor del consumidor y determinó que la entidad financiera debe asumir el 100% del gasto de la tasación del inmueble hipotecado, así como el 100% del gasto de la gestoría, el 100% del registro y el 50% de la notaría. Dicho de otro modo, la doctrina solo carga en el consumidor el 50% de la notaría y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), por lo que el resto de los gastos pueden ser reclamados, así como los correspondientes intereses legales.

Y el primer paso del proceso que debe dar el consumidor es presentar una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad con la que se firmó el préstamo hipotecario (o, en su caso, de la nueva entidad que se haya fusionado o haya absorbido a aquella a la que se le pidió el dinero para la constitución de la hipoteca). 

Transcurridos dos meses desde que se presente dicha reclamación, y siempre que no haya contestado el Servicio de Atención al Cliente o que la contestación haya sido negativa, el consumidor podrá proceder a interponer la correspondiente demanda judicial ante el partido judicial del domicilio del prestatario o deudor o del domicilio social del banco, indistintamente.

Lo que se ha de solicitar en la demanda que se plantee ante el juzgado será la nulidad de la cláusula por abusiva, y la restitución de los gastos abonados como consecuencia de dicho pacto, los que deberán de ir perfectamente documentados con sus correspondientes facturas. Por el tipo de procedimiento que se ha de interponer será necesaria la intervención de Abogado y Procurador. 

Los abogados recomiendan reclamar todos los gastos más sus intereses legales desde la fecha del pago de cada uno de ellos. "Y es necesario aportar las facturas para acreditar lo que pagó por cada concepto", concluye la letrada.