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La moratoria de desahucios de viviendas se convierte en un problema para Joe Biden

Unos tres millones de ciudadanos de EEUU corren el riesgo de ser expulsados de sus casas

Gtres
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Autor: Redacción

El Gobierno de EEUU decidió poner fin a la moratoria que impedía los desalojos de viviendas, aludiendo que el Tribunal Supremo impedía alargar más esta medida de gracia, sin un aval claro del Congreso. Según los expertos, unos tres millones de ciudadanos corren el riesgo de ser expulsados de sus casas. Pero solo un día después, el Centro de Control y Prevensión de Enfermedades ha renovado dicha moratoria hasta octubre ante el riesgo sanitario por la variante Delta del coronavirus.

La moratoria antidesahucios fue aprobada en septiembre de 2020 por el entonces presidente Donald Trump, poco meses antes de las elecciones que llevaron a la Casa Blanca al demócrata Joe Biden, ya que los desalojos representaban un riesgo sanitario en plena pandemia. La Corte Suprema de EEUU permitió que esta prohibición de los lanzamiento de alquiler de viviendas continuaran hasta finales de julio, pero señaló en su dictamen que bloquearía cualquier ampliación a menos que tuviera "una autorización clara y específica del Congreso".

La decidión de Centro de Control y Prevensión de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles) corre el riesgo de caer en la inconstitucionalidad. Desde el Gobierno estadounidense afirman que están trabajando para encontrar un nuevo modelo legal que consigua paralizar los desahucios iniciados por los tribunales ante el impago de las rentas del alquiler. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó en una rueda de prensa que "el presidente ha pedido a su equipo que explore todas las opciones para que tantas personas como sea posible permanezcan en sus casas".

Según el CDC, la medida suspendería temporalmente los desalojos en condados con niveles altos y sustanciales de casos de coronavirus y abarcaría zonas donde reside el 90% de la población de EEUU hasta el 3 de octubre.

Entre tanto, sigue atascado el programa de ayudas federales alquiler que asciende a 47.000 millones de dólares, unos 39 millones de euros al cambio actual, pese a que lleva aprobado por el Congreso a finales del año pasado. La Administración Central y los Estados siguen sin ponerse de acuerdo en la forma y el modelo de las ayudas.