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El actual gobierno de la ciudad de Madrid estudia la posibilidad de llevar ante los tribunales la venta de 1.860 viviendas, que el consistorio gestionaba en régimen de alquiler a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros durante el mandato de Ana Botella. El Ayuntamiento actuará en caso de que se demuestre que se vendieron por debajo del valor contable de los inmuebles.

“El Ayuntamiento de Madrid no entra en valoraciones sobre las conclusiones del informe provisional del Tribunal de Cuentas de Madrid hasta que sea definitivo una vez estudiadas las alegaciones”, afirmó la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras. “De confirmarse las irregularidades, la EMVS tomará las medidas que considere oportunas en defensa de los intereses de la ciudad”, concretó.

Una de las principales irregularidades que parece que ha detectado la Cámara de Cuentas es que el precio de la transacción fue de 128,5 millones de euros, una cifra inferior al posible valor contable de los inmuebles (159,3 millones).

Higueras volvió a mostrar su preocupación por el futuro de los inquilinos ante un posible desalojo masivo de las familias una vez finalicen los contratos de arrendamiento que tienen firmados. “Hay muchas dificultades técnicas pare revertir esta situación. Se trata de un procedimiento judicial complejo que podría prolongarse entre ocho y 10 años”.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de crear una comisión para la Investigación de la Deuda Municipal que comenzará a trabajar en las próximas semanas para analizar los sobrecostes en las operaciones durante los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella entre 2003 y 2015 que pudieron ser lesivas para los intereses municipales.

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