La dificultad para acceder a la vivienda lleva meses como la preocupación número uno de los ciudadanos en España. Una situación que está generando desigualdad, que no tiene visos de resolverse a corto plazo y que se está utilizando como un arma política.
Esas son algunas de las conclusiones que ha dejado la jornada “Vivienda, salud mental y soledad no deseada”, impulsada por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y GAD3 y que se ha celebrado en el Senado.
El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha afirmado durante su intervención que la crisis habitacional que asola España que la vivienda "es el mayor eje de desigualdad" que existe actualmente. "De poco sirve crear empleo o garantizar servicios públicos si nuestros jóvenes no pueden ni siquiera formar un hogar. Sin vivienda no hay verdadero bienestar, ni empleo estable, ni salud que se sostenga", ha recalcado.
Una sociedad al borde del colapso
Michavila ha recordado que el mercado residencial arrastra un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda, con una producción anual de viviendas que ronda las 100.000 unidades mientras se crean más de 200.000 hogares, por lo que es indispensable impulsar la oferta de viviendas. "Hay que construir vivienda pública, vivienda privada, vivienda industrializada, vivienda no industrializada..., y en todos los sotios. O producimos más vivienda a corto plazo o va a haber más desigualdad. O hacemos vivienda para que los jóvenes puedan hacer su proyecto vital o esta sociedad va a colapsar", ha alertado.
Según el presidente de la consultora de investigación social, "la vivienda debe ser prioritaria" tanto en las decisiones públicas como empresariales”, y ha critiicado que la descentralización del Estado está siendo letal, ya que está impidiendo la búsqueda de soluciones de alcance y a largo plazo.
Michavila también ha expuesto las principales conclusiones de la segunda edición del Barómetro de la Vivienda en España, que sitúa a la vivienda como uno de los principales retos intergeneracionales del país y un lastre para el bienestar emocional y la salud mental de la ciudadanía.
Según el estudio, más del 40% de la población española identifica la vivienda como uno de los dos principales problemas actuales, porcentaje que se eleva por encima del 50% entre quienes viven de alquiler. Además, cada vez es más habitual sufrir picos de estrés y ansiedad por la subida del precio del alquiler o el encarecimiento de la hipoteca en los últimos años, o durante la búsqueda de vivienda, y cerca del 20% ha sentido miedo a perder su hogar o ha atravesado episodios de depresión relacionados con su situación habitacional.
La crisis habitacional actual también ha centrado la intervención de Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), que ha afirmado que el problema de la vivienda es "una pandemia social" que está invirtiendo la ecuación sociolaboral habitual en el pasado.
"Antes se buscaba un empleo antes que una vivienda, pero ahora, antes de aceptar un empleo o estudiar en otra provincia, los jóvenes tienen que buscar una vivienda, lo que es prácticamente imposible”, ha argumentado Sanz.
Actualmente, España es uno de los países de la UE donde los jóvenes se independizan más tarde (por encima de 30 años de media) y en muchos casos necesitan ayuda familiar para hacerlo (un 36% en el caso de personas entre 18 y 29 años, según el estudio de GAD3 y CGATE), lo que no solo supone un problema económico, sino que también afecta a su proyecto de vida personal. De hecho, los ponentes han achacado la baja natalidad en el país las dificultades del colectivo joven para emanciparse.
"Reclamamos políticas decididas que garanticen viviendas accesibles, de calidad y adaptadas a las necesidades reales de las personas. Apostar por la rehabilitación, por espacios saludables y por entornos que fomenten la vida comunitaria es invertir en bienestar y en el futuro de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes”, ha añadido Sanz.
El 'driver' del voto en las elecciones
El presidente de GAD3 también ha incidido en que el complicado acceso a la vivienda no solo es un drama nacional, sino que se extiende por el mundo occidental.
Para Michavila, "el problema de vivienda en España y la mayoría de sociedades occidentales va a ser la escasez de vivienda, que va a ir a más". Y, dada la gravedad de la situación y de que no existen fórmulas mágicas que puedan ponerle fin a corto plazo, cree que la vivienda tendrá un papel determinante en las elecciones.
"La vivienda va a ser el 'driver' del voto en la mayoría de los procesos electorales, aunque no en todos los países", ha incidido. Como excepciones, ha destacado a países como Austria o Francia, cuyos mercados residenciales no están tan presionados.
De la fiscalidad a la seguridad jurídica y la burocracia
Entre las soluciones más mencionadas durante la jornada destacan la necesidad de bajar los impuestos vinculados a la vivienda, reforzar la seguridad jurídica y reducir las trabas administrativas y los procesos urbanísticos.
El presidente del CGATE, por ejemplo, ha comentado que la elevada fiscalidad de la vivienda -que supune aproximadamente un 25% del coste- es uno de los factores que dificulta tanto la construcción como el acceso a la vivienda, y se ha mostrado partidario de "darle una vuelta".
Mientras, Pedro Rollán, presidente del Senado, ha puesto el foco en la necesidad de garantizar un marco jurídico estable para poder impulsar la producción de viviendas a gran escala. Además de en la parte fiscal, "hay que incidir en elementos como la seguridad jurídica o la okupación e inquiokupación. Sin seguridad jurídica no habrá oferta de vivienda. El capital es miedoso, por lo que hay que dar garantías a promotores, financiadores, compradores e inquilinos", ha alertado.
Además de ampliar la oferta residencial, Rollán también se ha mostrado a favor de aumentar la oferta de suelo disponible -reduciendo las tramitaciones necesarias para poner en marcha nuevos suelos en los que construir- y de reforzar la colaboración público-privada, así como de buscar fórmulas que faciliten el acceso a la financiación para la compra de vivienda (por ejemplo, con vías como la antigua 'cuenta ahorro vivienda') e impulsar la rehabilitación y regeneración urbana para adecuar las viviendas a las necesidades de la población y hacerlas más eficientes energéticamente.
El presidente del Senado ha pedido cohesión política para abordar la problemática actual y ha recalcado que "hay que poner mucha más carne en el asasor y hay que tomar medidas más valientes y alejadas de populismos", para añadir después que la ideología no puede situarse por encima de lo que muestran las estadísitcas o los informes técnicos en materia de vivienda.
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la promotora Vía Ágora y presidente del Clúster de la Edificación, ha sido el encargado de dar voz al sector de la promoción residencial, y ha dejado claro que "el precio de la vivienda lo fija el mercado" y que el sector inmobiliario ya tiene detectado de dónde viene el cuello de botella: una baja producción de viviendas en los últimos años y unos plazos demasiado largos para poner en carga un suelo.
"Si vas a comprar un suelo, pero pasan 20 años hasta que puedas desarrollarlo, ¿quién invierte en eso? El problema no está en el coste de construcción, sino en la inseguridad jurídica en esos 20 años, que provoca que ese capital se convierta en especulativo. Hay un exceso de regulación y de burocracia en el suelo, por lo que es necesario que todos los trámites se agilicen", ha solicitado Góméz-Pintado.
El promotor también ha reconocido que la situación actual "está expulsando a una gran parte de la población" del mercado residencial y que, en definitiva, "estamos conviertiendo a los jóvenes en clase baja".
Su opinión la comparte Gema Gallardo, codirectora de Provivienda, quien ha alertado de que parte de la clase media ya se está convirtiendo en humilde. Para Gallardo, la crisis actual no tiene nada que ver con la del estallido de la burbuja inmobiliaria, aunque confiesa que "una crisis de accesibilidad como la que estamos viviendo no la he visto en mis 30 años de carrera. La circunstancia y los efectos de esta elevada demanda y escasez de viviendas es inédito. Y esto va a traer más consecuencias de las que parece".
Gallardo, de hecho, cree que el sinhogarismo oculto (no las personas sin hogar, sino los que se ven obligados a compartir piso o vivir en infraviviendas) va a crecer con fuerza en España. La codirectora de Provivienda coincide con otros ponentes en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica (tanto para propietarios como inquilinos) y de promover todo tipo de viviendas, aunque el foco debe estar en el segmento asequible.
El meollo del debate político
Durante la jornada inmobiliaria también han intervenido dos representantes de los dos principales partidos políticos, que se han enfrascado al hablar sobre el mercado de la vivienda.
Javier Izquierdo, senador del Grupo Socialista y portavoz de la Comisión de Vivienda, ha defendido el papel del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar solucionar el problema de la vivienda, a pesar de que la competencia está en manos autonómicas, y ha puesto en valor la aprobación de la Ley de Vivienda, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 o la creación de la nueva Empresa Pública de Vivienda, fruto de la transformación de SEPES. También ha defendido los topes a los alquileres en zonas tensionadas (que ya es una realidad en más de 300 municipios en España) y en las medidas para controlar los alquileres turísticos, como la entrada en vigor este verano del registro único de alquileres de corta estancia.
El representante de la bancada contraria ha sido Sergio Sayas, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y responsable de vivienda, quien ha reprochado a su rival político que el Gobierno no está enfocando bien el problema al impulsar medidas como el control de las rentas de los arrendamientos, ya que la base es la falta de oferta, como asegura todo el sector y organismos como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para Sayas, es necesario reforzar la seguridad jurídica y que la Administración Pública sea la encargada de ayudar a los vulnerables, no las empresas privadas o los propietarios particulares, y ha alertado de que " el problema de la vivienda no se soluciona en un año, pero hay que sentar las bases".
Y tampoco se han puesto de acuerdo sobre la aprobación de la Ley del Suelo que pactó el PSOE con el PNV y que contaba con el beneplácito del sector inmobiliario, pero que quedó en papel mojado cuando llegó al Congreso de los Diputados: la Cámara rechazó su tramitación. Mientras, el PP ha lanzado su propia propuesta normativa, a pesar de que los promotores creen que el texto del Ejecutivo acabaría con muchas de las incertidumbres jurídicas a las que expone actualmente el sector.
Las diferencias entre ambas posturas han quedado patentes una vez más, a pesar de que coinciden en la necesidad de acabar con esta lacra social. Y es que, como ha concluido el presidente de Vía Ágora y del Clúster de la Edificación, "los caminos de la política son inescrutables".
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