Contrato de arrendamiento

La fianza del alquiler es una de las fuentes más habituales de dudas y conflictos al firmar un contrato de arrendamiento. Entender cómo funciona desde el inicio te ayudará a proteger tu dinero, evitar sorpresas y conocer tanto tus derechos como tus obligaciones como inquilino o propietario.

Sí, un casero te puede subir de golpe varios años de alquiler que no había actualizado. Los propietarios que durante varios años no hayan actualizado la renta de sus inquilinos pueden tener la posibilidad de aplicar ahora las revisiones pendientes, pero bajo ciertas condiciones. La cláusula de actualización en el contrato es clave. Si el contrato sí permite revisar la renta, el propietario puede aplicar de forma acumulada las actualizaciones que no realizó en años anteriores, con un máximo de cinco años. Tanto IRAV como IPC se pueden acumular.

Presentar un contrato falso en un juicio puede terminar con una condena penal. Así lo recuerda una sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que ha impuesto un año de prisión y seis meses de multa a un arrendatario por utilizar dos documentos con firmas falsificadas en un procedimiento judicial para mantener la posesión de varias fincas rústicas. Además, el condenado tendrá que indemnizar a los herederos con más de 17.000 euros.

La Audiencia Provincial de Girona ha abordado un problema cada vez más frecuente: la instalación de casas prefabricadas en fincas arrendadas sin autorización del propietario. El caso arranca con un arrendamiento que incluía una pequeña vivienda de 35 m2 y una parcela de unos 700 m2, en la que el inquilino instaló una casa prefabricada sin permiso del arrendador, que decidió acudir a los tribunales. La sentencia determina que no toda obra sin consentimiento legitima al arrendador para resolver el contrato. Todo dependerá de si la actuación constituye una alteración sustancial de la configuración del inmueble o de los elementos arrendados y de si, además, presenta una verdadera vocación de permanencia.

El anuncio del Gobierno de aprobar un nuevo decreto en vivienda incluyendo otra vez la prórroga de alquileres que ya fue tumbada por mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril no ha pasado desapercibido para los expertos juristas. Aunque aún se desconocen los detalles de este nuevo decreto, en caso de incluir de nuevo la prórroga de los alquileres pondría en evidencia la tan cacareada vigencia que defendieron sus partidarios, desde Gabriel Rufián a los lobbies inmobiliarios de extrema izquierda o la ministra de vivienda Isabel Rodríguez, que afirmaron taxativamente que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga de los alquileres solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica. De incluirse otra vez esta prórroga en el futuro decreto se confirmaría que tales afirmaciones no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía.

El uso del término “indefinido” sigue generando controversia. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona aborda esta cuestión y aclara que dicha expresión no implica que un alquiler tenga carácter perpetuo. El caso parte de un contrato firmado en 1998 cuya duración se pactó como indefinida. Transcurridos más de veinte años, el propietario comunicó su voluntad de no continuar con el arrendamiento y, ante la falta de entrega del inmueble, acudió a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Barcelona estimó la demanda de desahucio y la Audiencia Provincial confirmó esta decisión.

Firmar como avalista puede parecer un compromiso limitado a garantizar que el propietario cobrará la renta si el arrendatario deja de pagar. Sin embargo, cuando el alquiler se prolonga más allá de la duración inicial, surge una pregunta cuya respuesta no siempre es evidente: ¿seguirá respondiendo de las deudas que puedan generarse? La Audiencia Provincial de Murcia abordó esta cuestión en una sentencia del 20 de marzo. La obligación se limita al plazo para el que fue constituida (en el caso resuelto fue de seis meses de duración inicial) y no existía ninguna prueba de que el fiador hubiera aceptado responder también durante las prórrogas.

No basta con recurrir a fórmulas genéricas cuando un propietario trata de evitar que se prorrogue el contrato de alquiler. Es lo que ha recordado la Audiencia Provincial de Madrid al revocar el desahucio de un inquilino. La sentencia analiza un conflicto relativamente frecuente: la recuperación anticipada de la vivienda al amparo del artículo 9.3 de la LAU, una excepción que permite al arrendador (siempre que sea persona física) evitar la prórroga obligatoria del contrato si necesita la vivienda para destinarla a residencia habitual propia o de determinados familiares. No basta con alegar ‘motivos personales’ en el burofax.

La empresa que gestionó un bar durante una década en Córdoba tendrá que ser indemnizada tras la finalización de su contrato de alquiler. El Tribunal Supremo consolida su doctrina y confirma que el arrendatario puede reclamar la indemnización por clientela prevista en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) cuando el propietario del local decide no renovar el contrato. La sentencia obliga al arrendador a pagar más de 15.000 euros, fijando un criterio según el cual los negocios de hostelería también generan un flujo de clientes cuyo valor económico es protegido por la ley.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los debates más sensibles en materia de vivienda: qué ocurre cuando finaliza un contrato de alquiler y el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad. En una sentencia dictada el pasado 6 de marzo, el tribunal deja claro que la extinción del contrato permite acordar el desahucio incluso en situaciones de vulnerabilidad. La sentencia recuerda así que la vulnerabilidad puede justificar medidas temporales de protección, pero no impedir por sí sola que el juez declare extinguido el contrato y acuerde el desahucio cuando el arrendamiento ha expirado válidamente.

El pasado 22 de marzo entró en vigor en forma de Real Decreto-ley tanto la prórroga extraordinaria del alquiler para aquellos contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027 como el tope del 2% en la actualización de los alquileres. Sin embargo, el riesgo de que esta norma sea tumbada en el Congreso de los Diputados es elevado, ya que el Gobierno no tiene atada la mayoría absoluta para sacarla adelante. Mientras tanto, el caos está sembrado entre propietarios e inquilinos que no saben cómo deben actuar correctamente y conforme a la ley. Entrevistamos al abogado Alejandro Fuentes-Lojo para esclarecer la situación.

En los últimos días los medios de comunicación están publicando información contradictoria en relación con el Real Decreto ley (RDL) que establece una prórroga extraordinaria de dos años para contratos que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027. Y desde el Ministerio de Consumo han enviado una nota de prensa asegurando que los propietarios están obligados a aceptar esta prórroga de los alquileres. Sin embargo, tanto jueces, catedráticos, como abogados consultados por idealista/news aseguran que no en todos los casos los arrendadores están obligados a ello, sólo aquellos cuyos contratos venzan durante la vigencia del RDL, ya que el Congreso de los Diputados debe convalidarlo y el Gobierno actualmente no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Si decae esta medida, todos los contratos que venzan después del “no” del Congreso no podrán ser prorrogados.

Cada vez es más habitual que propietarios e inquilinos pacten fórmulas en las que, además de una renta mensual, el arrendatario asume ciertas obras en el inmueble, pero este tipo de acuerdos pueden tener un impacto fiscal importante que conviene entender. La Dirección General de Tributos (DGT) aclara una de las dudas más frecuentes: cómo integrar en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA el valor de esas obras cuando funcionan como parte del precio del alquiler. Su criterio es que el arrendador no tiene que tributar de golpe por el valor de la reforma, sino que ese ingreso se integra a lo largo de la duración del contrato.

Responder a la pregunta aparentemente sencilla de cuánto puede durar un contrato de arrendamiento de vivienda se ha convertido en un auténtico ejercicio de ingeniería jurídica. La respuesta ya no es simple, ni lineal, ni intuitiva. La normativa actual, especialmente tras la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introducido tal cantidad de variables que determinar la duración real de un alquiler exige analizar previamente múltiples factores, como si el arrendador es persona física o jurídica, o si la vivienda está en zona tensionada. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, explica toda la casuística legal.

Muchos inquilinos creen que abandonar el piso y dejar las llaves dentro es suficiente para dar por terminado un contrato de alquiler. Sin embargo, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca recuerda que esta práctica puede salir cara. El tribunal ha confirmado la condena a una inquilina a pagar 2.758 euros en rentas impagadas, al considerar que nunca devolvió formalmente la vivienda a su propietaria. La clave no está en si la inquilina seguía residiendo o no en la vivienda, sino en un elemento jurídico esencial: la falta de acreditación de una restitución efectiva de la posesión del inmueble a la propietaria.

Es una escena habitual: el propietario incluye en el contrato que el inquilino pagará los gastos de comunidad. Pasa el tiempo, surge un impago y llega la reclamación. Lo que parecía claro sobre el papel termina discutiéndose en los tribunales. La Audiencia Provincial de Alicante vuelve a poner el foco en un detalle que muchos pasan por alto: si el contrato no determina el importe anual de los gastos de comunidad en el momento de su firma, el pacto de repercusión no resultará exigible al arrendatario.

¿Qué ocurre cuando un propietario reclama muebles tras finalizar un alquiler, pero el contrato no incluía elementos probatorios suficientes? La Audiencia Provincial de Barcelona lo ha aclarado: sin pruebas objetivas que acrediten la inclusión de los bienes en el arrendamiento, la reclamación carece de viabilidad. Así lo establece una resolución que vuelve a poner el foco en uno de los grandes olvidados de los contratos de alquiler: el inventario. La sentencia, dictada el pasado octubre, delimita con precisión cuándo puede exigirse responsabilidad por la desaparición de bienes en la vivienda.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto orden en una cuestión que suele generar conflictos al terminar un contrato de alquiler: qué parte de la fianza puede retener el propietario y qué gastos, por el contrario, debe asumir él mismo.La sentencia analiza con detalle qué actuaciones eran impresci

Los próximos contratos de arrendamiento de larga duración firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023, y que ahora les toque actualizar su renta anual, van a tener que asumir la mayor subida de los alquileres desde que se aplica el Índice IRAV que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que en noviembre ha cerrado en el 2,29%, máximo de la serie que arrancó hace un año. Para los contratos anteriores a esta Ley de Vivienda, la renta subirá más, al 3%, tras conocerse el dato definitivo de la inflación en el penúltimo mes de 2025.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renovación de un contrato de alquiler en 2026 para un hogar con una renta mediana tendría un impacto anual de 1.735 euros a precio de mercado en el conjunto de España. Según el Ministerio, unos 632.400 contratos finalizarán a lo largo de 2026, lo que afectarían a más de 1,6 millones de personas. Las cifras bailan entre autonomías, con Baleares a la cabeza, con un encarecimiento de 4.615 euros/año, mientras que en Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid superarían los 2.000 euros anuales.

Los contratos de arrendamiento de larga duración a los que les toque renovar lo que pagan mensualmente van a tener que asumir la mayor subida de la renta en lo que va de 2025. Aquellos que se firmaron tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (mayo de 2023) tendrán que aplicar un incremento del 2,25%, según el Índice IRAV que publica el INE. Mientras, los contratos anteriores a mayo de 2023 lo harán según conste en el contrato, siendo la inflación (3,1%) el índice de referencia más común en los contratos. Este dato supone el mayor aumento de las rentas desde marzo de 2022, cuando el Gobierno topó la subida de los alquileres al 2% por la Guerra en Ucrania, y que continuó en 2023 (al 2%) y 2024 (al 3%).

Varios ayuntamientos de España han comenzado a cobrar la tasa de basuras, un pago obligatorio aplicado en municipios con más de 5.000 habitantes y cuyo objetivo es la recogida, transporte, tratamiento de residuos urbanos y mantenimiento de vertederos y está basado en el principio de que “quien contamina, paga”. La duda de muchos inquilinos es saber si tienen que pagar ellos este tributo. La clave está en el contrato de arrendamiento: si contempla una cláusula que especifique que es el arrendatario el que debe pagar y también el importe anual de la tasa, entonces está obligado a abonarla.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre una cuestión clave en el mercado del alquiler: ¿es válida una cláusula de prórroga indefinida a voluntad del inquilino tras la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994? En una novedosa sentencia avala este tipo de cláusulas, aunque con límites temporales, reforzando así la importancia del principio de autonomía de la voluntad frente a la rigidez de la duración contractual.

Los arrendamientos de vivienda de larga estancia a los que les toque actualizar su contrato en breve tendrán que aplicar una subida del 2,22% anual, según el último Índice de Referencia del Alquiler (IRAV), que publica el INE, correspondiente a septiembre. Esto supondrá un incremento medio de 240 euros anuales, mientras que la renovación de rentas para los alquileres previos a la Ley de Vivienda llegará a los 324 euros al año, tras aplicar el 3% de la inflación.

En un nuevo episodio del creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, una mujer ha sido detenida en Gandía (Valencia) tras fingir una estafa para no ser desalojada del piso que okupaba. La detenida presentó una denuncia falsa en la que alegaba haber sido víctima de un timo inmobiliario: afirmó ante los agentes de la Policía Nacional que había pagado 7.000 euros por el alquiler del inmueble y que contaba con un contrato en regla.