Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir si las familias numerosas con el tercer hijo en gestación al comprar vivienda pueden aplicar el tipo reducido de ITP. Se trata de un asunto que ha recurrido la Comunidad de Madrid ya que se niega a aplicar el tipo reducido del 4% de ITP en aquellas familias con el tercer hijo en gestación y aún no nacido. Sin embargo, el Código Civil considera que el hijo concebido debe ser considerado como nacido para los efectos que le sean favorables, lo que permitiría la aplicación del tipo reducido. Si el alto tribunal resuelve a favor de los contribuyentes, se abre la puerta a devoluciones de ingresos indebidos y a aplicar tipos reducidos similares de otros impuestos y en otras CCAA.

Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha participado en una jornada organizada por la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) vivara by GCO Ventures para hablar sobre el problema de la okupación e inquiokupación de inmuebles en España y qué vías tienen los propietarios para recuperarlos. Magro ha asegurado que “uno de los problemas más importantes que existen ahora mismo en España son los retrasos en la devolución posesoria” y ha desgranado varios consejos para quienes se estén viendo afectados por este fenómeno. Por ejemplo, incluir en las denuncias o demandas los costes económicos y morales que sufren; o tener los inmuebles amueblados y con los suministros dados de alta para que sean considerados como morada y no como vivienda vacía.

El debate sobre la ocupación ilegal de viviendas en España se ha reactivado tras las declaraciones de Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, quien ha expuesto cifras, plazos y criterios jurídicos sobre esta problemática. Durante su intervención en el I Foro de Policía Local y Turismo, en Alicante, señaló que en España se producen alrededor de 16.000 okupaciones de viviendas al año, una cifra que, según explicó, pone de manifiesto el debate sobre la necesidad de una reacción legislativa. El magistrado subrayó que, a día de hoy, no existe una norma que garantice la devolución de la vivienda al propietario en un plazo máximo de 72 horas.

Vivir de alquiler no implica perder los derechos de adquisición preferente cuando se transmite la vivienda arrendada, siempre que se cumplan los requisitos legales y no concurra alguna de las excepciones previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El Tribunal Supremo acaba de recordarlo en una resolución que despeja algunas dudas bastante habituales en el mercado inmobiliario: el derecho de retracto del inquilino puede mantenerse incluso cuando la vivienda se transmite dentro de una venta en bloque o una cartera inmobiliaria.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de una empresa al Estado español de una indemnización de 631.000 euros por daños y perjuicios causados por la limitación a la actualización de las rentas al 2% en 2022, 2023 y al 3% durante 2024. El alto tribunal avala esta limitación al considerar que buscaba atajar el proceso inflacionista y proteger a los inquilinos vulnerables y que no supuso una privación del derecho de propiedad ni vulneró su contenido esencial.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que tanto los fondos como los bancos son responsables por cláusulas abusivas de préstamos e hipotecas que hayan sido titulizados (es decir, vendidos a un tercero), según la reciente sentencia que ha dado a conocer el despacho Navas & Cusí.En su fallo del 22 de

Comprar una vivienda a medias y acabar pagando impuestos distintos no es aceptable. Así lo ha aclarado el Tribunal Supremo, corrigiendo una práctica administrativa que venía generando controversia: asignar valores fiscales diferentes en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) a compradores conjuntos de un mismo inmueble. La sentencia, dictada el pasado 9 de diciembre, sienta jurisprudencia y lanza un mensaje a la administración: cuando se trata de un mismo bien adquirido en un único acto de compraventa, no es admisible que se determinen valores fiscales distintos para cada comprador.

¿Se puede dividir un edificio en oficinas o locales a efectos catastrales aunque tenga un solo dueño y esté íntegramente alquilado? El Tribunal Supremo ha cerrado el debate: la respuesta es negativa mientras no exista una comunidad de propietarios efectiva y plenamente constituida. El Supremo recuerda que la propiedad horizontal no es una mera operación técnica o descriptiva. No basta que el edificio esté físicamente dividido.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los grandes focos de conflicto tras la crisis inmobiliaria: los anticipos entregados para viviendas que nunca llegaron a construirse. El tribunal confirma la condena a CaixaBank y le obliga a devolver cerca de 95.000 euros, más los intereses correspondientes, a varias familias que habían aportado dinero a una cooperativa de viviendas fallida. Aunque las viviendas se proyectaban sobre un derecho de superficie de 75 años, el Supremo ha sido claro: cuando el destino es residencial, la protección legal se mantiene intacta.

El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de la cláusula de fianza solidaria incorporada en un préstamo otorgado a una sociedad, al apreciar que la entidad impuso una garantía personal adicional carente de justificación en relación con el riesgo real de la operación. Pese a que la hipoteca constituida ofrecía por sí sola una cobertura suficiente para garantizar el préstamo, la entidad no acreditó razones económicas u objetivas vinculadas al riesgo real de la operación que justificaran la exigencia adicional de un aval personal.

Cuando se vende una vivienda que estuvo en su día arrendada, debe declararse en el IRPF la ganancia patrimonial resultante de comparar el valor de adquisición del inmueble con su valor de transmisión. Sin embargo, muchos contribuyentes ignoran que el valor de adquisición debe reducirse en el importe de la amortización practicada durante el tiempo que el inmueble estuvo alquilado, lo que supone un considerable incremento de la ganancia patrimonial por la que hay que tributar. Una reciente sentencia del Supremo ha aclarado cuál es el porcentaje máximo y mínimo de amortización, permitiendo al contribuyente aplicar una amortización inferior a la del 3% anual, que es el porcentaje que automáticamente utiliza Hacienda para reducir el valor de adquisición e incrementar la ganancia patrimonial.

El año que dejamos ha sido prolífico en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que han afectado al mercado de la vivienda. Una de las más sonadas ha sido una sentencia que sienta un precedente importante para futuros casos relacionados con desahucios y ocupaciones ilegales: el Constitucional anula la suspensión del desahucio de un okupa. Otra que también resonó en los medios de comunicación fue la del Supremo avalando un desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras por parte del inquilino.

Instalar un punto de recarga para un coche eléctrico en un garaje ya no deja lugar a dudas. El Tribunal Supremo ha fijado una doctrina clara: cuando el cargador se coloca en una plaza de garaje privativa, no es necesario pedir permiso a la comunidad de propietarios, salvo que la instalación cause una afectación innecesaria o desproporcionada de elementos comunes o un perjuicio acreditado a terceros. La sentencia pone fin a un conflicto habitual en muchas comunidades y supone un respaldo a los propietarios que apuestan por la movilidad eléctrica en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.

El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015, así como el presupuesto de 2016, de una comunidad de propietarios de Madrid, por no ajustarse al Título Constitutivo ni a la Ley de Propiedad Horizontal, debido a un sistema de reparto de gastos que individualizaba por portales y no aplicaba el coeficiente de participación de forma uniforme. La sentencia estima en parte el recurso de casación presentado por uno de los propietarios, que impugnó la aprobación de las cuentas. Según expuso en su demanda, el edificio debía aplicar “el criterio de distribución por coeficientes, sin exclusiones ni excepciones respecto de ningún capítulo de gasto” y, sin embargo, algunas partidas se asignaban solo a determinados portales o se distribuían a partes iguales.

El Tribunal Supremo ha consolidado un criterio jurisprudencial de gran impacto en la fiscalidad de los préstamos entre particulares, especialmente en el ámbito familiar. En una sentencia refuerza la posición de la Agencia Tributaria en la práctica inspectora y aclara que un contrato privado de préstamo no basta, por sí solo, para justificar el origen de fondos ingresados en una cuenta bancaria si no se acredita de forma completa la trazabilidad del dinero. Este pronunciamiento resulta especialmente relevante para contribuyentes que han recurrido a préstamos familiares como mecanismo de financiación, algo muy habitual en padres que quieren ayudar a sus hijos en la compra de su primera vivienda.

El Tribunal Supremo ha dado un paso determinante en la protección frente a las sanciones económicas impuestas por Hacienda.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado abusiva una cláusula de fianza solidaria de unos padres jubilados incluida en un préstamo con garantía hipotecaria otorgado a su hijo, ya que la considera "desproporcionada" y "contraria a las exigencias de la buena fe". Así, obliga al banco a dirigirse prioritariamente contra la empresa deudora y libera a los progenitores como fiadores. El alto tribunal ha analizado el caso de un préstamo, por importe de 300.000 euros, que la antigua Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (ahora Unicaja) otorgó en 2009 a una mercantil y cuya devolución se garantizó mediante una fianza solidaria por parte del propio administrador de la empresa y de sus padres, estos últimos jubilados y sin vinculación funcional con la mercantil, y con la constitución de una hipoteca sobre un inmueble propiedad de los padres del administrador.

El Tribunal Supremo ha aclarado una cuestión que genera dudas constantes entre autónomos y pensionistas que desarrollan actividades económicas de escasa entidad: si ingresar menos del salario mínimo interprofesional supone, por sí solo, no tener que darse de alta en el RETA.

La Sentencia del Tribunal Supremo 1524/2025, de 30 de octubre, ha marcado un punto de inflexión en la regulación de la multipropiedad en semanas flotantes. En concreto, el alto tribunal introduce un cambio decisivo: los contratos basados en semanas flotantes son válidos cuando proceden de un régimen preexistente adaptado e inscrito en el Registro de la Propiedad conforme a la mencionada Ley, siempre que en dicha escritura se hubiera optado expresamente por mantener o transformar el régimen original.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que confirma que los permisos retribuidos deben disfrutarse siempre en días laborables y no naturales. El fallo avala una sentencia anterior dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que determinaba que los cinco días de permiso por diversos supuestos de enfermedad, accidente u hospitalización de familiares, aprobado en el Real Decreto-ley 5/2023, deben considerarse como días hábiles, no naturales.

El Tribunal Supremo ha despejado una de las dudas más habituales entre propietarios y profesionales: ¿cuánto tiempo tiene realmente el Catastro para investigar reformas no declaradas? La respuesta, tras su sentencia del 31 de octubre de 2025, cambia por completo el escenario. El alto tribunal confirma que la inspección catastral no se guía por el clásico límite administrativo de seis meses, sino por los 18 meses previstos en la Ley General Tributaria (LGT), y lo hace dejando claro que estamos ante actuaciones de naturaleza tributaria.

Una cláusula habitual en muchos contratos de alquiler puede terminar, a veces, en los juzgados. ¿Debe pagar el inquilino el IBI o la tasa de basuras si el contrato no dice cuánto cuestan al año? La duda no es menor: de su respuesta puede depender incluso la resolución del contrato y un eventual desahucio. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión aclarando hasta dónde llega el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y zanjando un debate que llevaba años generando criterios contradictorios en los juzgados. Avala el desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras.

Los defectos o vicios constructivos que puedan aparecer en un edificio se rigen, salvo excepciones, por lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), que distingue entre el plazo de garantía y el plazo de prescripción. Así, para que pueda exigirse responsabilidad a los agentes de la edificación, los defectos deben manifestarse dentro del correspondiente periodo de garantía: 10 años para los daños estructurales, tres años para los que afecten a la habitabilidad y un año para los vicios de acabado. Sin embargo, el Supremo se ha pronunciado nuevamente sobre la prescripción de la acción de responsabilidad en el ámbito de la construcción.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un hombre de 95 años a recuperar la posesión de su vivienda familiar tras estimar el recurso de casación que confirmaba el desahucio por precario de su hijo. La decisión sienta doctrina en materia de bienes gananciales y curatela representativa, reforzando el criterio de que un cónyuge puede actuar por sí solo en defensa de los bienes comunes incluso si el otro está bajo curatela.

El silencio administrativo es una ficción prevista en la ley que permite a un contribuyente entender desestimada su solicitud o recurso cuando la Administración no lo ha resuelto en plazo. Esto es algo muy habitual, ya que lo raro e inusual es que la Administración cumpla el plazo que tiene para resolver. El problema viene cuando este retraso en resolver es tan prolongado que supera los cuatro años, y llega a afectar a los plazos de prescripción. ¿Qué sucede entonces? Esta cuestión se ha planteado recientemente ante el Tribunal Supremo que ha acordado admitir a trámite el recurso planteado.