Cláusulas abusivas hipoteca

Un informe de la consultora Oliver Wyman alerta de un nuevo varapalo para el sector financiero: cree que llegarán miles de nuevas reclamaciones por las condiciones abusivas de las hipotecas relacionadas con los tipos de interés usureros, la amortización anticipada de los préstamos y las comisiones de apertura, con un impacto multimillonario. “Los despachos son cada vez más potentes y el cliente está cada vez más enfadado”, sostiene la compañía.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a unos hipotecados que habían solicitado una hipoteca para comprar un local en el que iban a establecer un negocio de peluquería, por lo que su actuación para dicho préstamo lo era en calidad de no consumidores. Considera que el banco no les informó de la existencia de la cláusula suelo en el momento de firmar la escritura del préstamo. 

Las demandas de los clientes por las cláusulas abusivas de los préstamos que firmaron para comprarse una casa estuvieron a la orden del día. Según los datos del portal reclamador.es, los afectados exigieron a 10 bancos la devolución de 11,5 millones de euros pagados de más por las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y siendo BBVA, Caixabank y Bankia los que acaparan el mayor volumen de reclamaciones.

El medio centenar de juzgados provinciales especializados en atender las demandas sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas que empezaron a operar en verano de 2017 estarán activos al menos un año más, según ha comunicado el CGPJ. El organismo cree es la mejor manera de dar salida a los miles de casos que han inundado los juzgados, y de los que solo se ha resuelto una quinta parte.

El Tribunal Supremo ha abordado por primera vez la abusividad de los intereses de demora en hipotecas, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del alto tribunal. Desde 2015 el Supremo venía considerando que, ante la falta de previsión legal sobre el control de su abusividad, el interés de demora no puede exceder el 2% sobre el interés remuneratorio. En caso de superar ese porcentaje, la cláusula sería abusiva.  

La Audiencia Provincial de Madrid ha inclinado la balanza a favor de los consumidores en una macrodemanda de cláusulas suelo de las hipotecas. El tribunal condena a 40 bancos a devolver a 9.000 clientes todo el dinero que pagaron de más a través de estas cláusulas abusivas, más los correspondientes intereses, al considerar la retroactividad total. La asociación ADICAE la ha catalogado como una "victoria histórica".

Los juzgados especializados en las cláusulas abusivas que se crearon el año pasado para atender el aluvión de demandas de los consumidores contra los bancos siguen recibiendo más casos de los que son capaces de resolver. En sus primeros 15 meses de vida, han dado salida al 24% de los asuntos. Cataluña ha sido la CCAA que ha dado salida a menos demandas, mientras que Asturias y La Rioja lideran la tasa de resolución.

El 1 de junio de 2017 el Gobierno, a través del CGPJ, creó 54 juzgados específicos por toda España para resolver todas las demandas relacionadas con las cláusulas abusivas hipotecarias. Ahora una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone sobre la mesa las cifras reales del famoso Juzgado de Primera Instancia nº 101 bis de Madrid: hay un total de 34.264 demandas, pero sólo 12.000 se están tramitando ahora, lo que supone el 37% del total. El TSJ de Madrid denuncia la falta de medios tanto materiales como personales para resolver todas estas demandas.

En 2017 se registraron 40.176 quejas de los consumidores a los bancos, la cifra más alta de la historia, según los datos del Banco de España. Las discrepancias entre entidades y clientes por las cláusulas suelo y los gastos de formalización de las hipotecas copan cuatro de cada cinco reclamaciones, aunque también se han registrado quejas por las cuentas, las tarjetas o los depósitos.

Mientras se espera a la reunión del Tribunal Supremo del 5 de noviembre para aclarar quién debe asumir el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas, el Congreso de los Diputados ultima el texto de la nueva ley hipotecaria. La nueva normativa pretende que se compartan los gastos de gestión del préstamo y limitar la imposición de nuevas comisiones para compensar la supuesta caída de ingresos por el AJD.

Nuevo revés judicial a la banca. El Tribunal Supremo ha reculado y después de señalar a principios de este año que es el hipotecado quien debe pagar el AJD por formalizar la hipoteca, en una nueva sentencia afirma que es el banco.

Nuevo mazazo judicial a la banca. El Tribunal Supremo ha sentenciado que son los bancos los que deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no el hipotecado. Y basa su argumento en que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es la entidad financiera. Tras esta sentencia, todos los hipotecados podrán reclamar la devolución de lo cobrado indebidamente al banco o a Hacienda. Te explicamos cómo hacerlo.

El Tribunal Supremo recula y establece que es el banco el que debe abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de la hipoteca y no el hipotecado. En una sentencia del pasado 16 de octubre, la Sala Tercera del Alto Tribunal ha modificado su jurisprudencia anterior y concluye que el único interesado en la inscripción de la hipoteca es la entidad financiera.

Los juzgados especializados en cláusulas abusivas hipotecarias que se pusieron en marcha en verano de 2017 para atender el aluvión de demandas de los consumidores han recibido en un año 260.000 casos, de los que apenas han resuelto una quinta parte. Andalucía y Cataluña son las regiones con más casos y con el menor porcentaje de sentencias: apenas han resuelto un 10%. En cambio, Asturias ya ha dado salida a dos terceras partes. Estos son los datos de cada CCAA.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifica la doctrina del Tribunal Supremo por la que rechaza los intereses de demora abusivos que no hayan sido negociados individualmente, es decir, aquellos que establecen un incremento de más de dos puntos sobre el interés remuneratorio en los contratos hipotecarios.

Los juzgados especializados que se crearon en junio del año pasado para atender el aluvión de demandas de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas están demorando la resolución de los procesos. Desde el portal reclamador.es aseguran que el proceso judicial se alarga de media 16 meses. Ahora bien, la espera tiene su recompensa: el 98% de las sentencias dan la razón a los afectados.

Un juzgado de Asturias ha admitido a trámite una macrodemanda de varios consumidores contra Sabadell y Popular por tener que contratar un seguro de vida para poder conseguir el préstamo hipotecario. Este nuevo frente, que podría afectar a medio millón de personas, se suma a otros tan famosos como los de las cláusulas suelo o los gastos de la hipoteca.

Los juzgados que se crearon el pasado verano para atender la avalancha de reclamaciones por las cláusulas abusivas de las hipotecas han recibido más de 208.000 casos en sus primeros nueve meses de actividad, de los que solo una séptima parte han sido resueltos. Según el CGPJ, Andalucía, Castilla y León y Madrid son las regiones con más resoluciones, mientras que Asturias y La Rioja son los que se han quitado de encima más casos. Casi el 98% de las resoluciones se inclinan a favor de los afectados.

Hasta marzo, los bancos habían recibido 1,13 millones de solicitudes de devolución del dinero pagado de más, aunque no todas ellas han llegado a buen puerto. Según los datos oficiales, solo han terminado en acuerdo poco más de 463.000, lo que se traduce en el 40,7%. Hasta ahora el sector financiero se ha comprometido a devolver 2.088 millones de euros. Resumimos qué dicen las últimas cifras al respecto.

Un juzgado de Navarra ha declarado abusivas y, por ende, nulas, varias cláusulas de una hipoteca, entre las que está la cláusula suelo, los gastos hipotecarios y la de afianzamiento. En esta sentencia, la primera en la región que tumba un aval hipotecario y libera a los padres de esta atadura, obliga al banco a quitar del registro mercantil la carga hipotecaria que pesaba sobre el inmueble. Este caso podría abrir un nuevo frente al sector financiero y motivar nuevos procesos judiciales.

Los juzgados provinciales especializados en cláusulas abusivas recibieron casi 154.000 reclamaciones de los consumidores contra los bancos en sus primeros siete meses de actividad, de las que solo han dictado 9.326 sentencias o, lo que es lo mismo, un 6%. En 98,3% de los casos resueltos han dado la razón a los usuarios. En 22 provincias los bancos han perdido todos los juicios, mientras que los juzgados de Asturias y Madrid son los que acumulan más resoluciones.

Un tribunal ha dictaminado que la entidad financiera no tiene que pagar las costas judiciales del proceso, pese a que el juez dé la razón al demandante, en caso de que el particular haya rechazado la vía extrajudicial para negociar las cláusulas abusivas.

Un juzgado de Barcelona ha elevado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar la validez de las hipotecas ligadas al IRPH. La consulta se produce dos meses después de que el Tribunal Supremo declarara que el uso de este índice en los contratos hipotecarios no es de por sí opaco ni abusivo, cerrando así la puerta a las reclamaciones masivas por parte de los usuarios.

Los 54 juzgados que se crearon en verano para atender la avalancha de reclamaciones de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas cerraron el año con unas 5.000 resoluciones finales, lo que apenas representa un 3% de todas las demandas que recibieron. Tanto en Andalucía como en Madrid se han presentado cerca de 33.000 demandas, lo que se traduce en el 40% del total.

Un total de 18 Audiencias Provinciales han publicado ya sentencias a favor de los clientes tras reclamar el coste de la totalidad de los gastos de formalización de sus hipotecas. Hasta 10 de ellas han obligado a la banca a asumir el coste del Registro de la Propiedad, la notaría y el AJD, mientras que las demás han ordenado la devolución de una parte de los gastos.