IEE

España es uno de los protagonistas indiscutibles del último informe que han publicado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation, que pone sobre la mesa la excesiva tributación a la que están sometidas las empresas domésticas, la tendencia al alza de la presión fiscal y el impacto que tiene todo ello en la inversión o el empleo. El documento afirma que es el segundo país de la UE que más ha subido los impuestos al tejido productivo desde 2013 y que el peso de los tributos a las empresas es uno de los más altos en la recaudación total y sobre el PIB. Los 'think tanks' piden a los poderes públicos revisar el sistema actual y fomentar un modelo más competitivo y eficiente.

España sigue perdiendo puestos en el ranking de los países con mayor potencial de inversión extranjera a corto plazo. Según la nueva edición del Índice de Confianza para la Inversión Extranjera Directa (IED) de la consultora Kearney, el país ocupa la posición 11 de un total de 25 grandes economías y abandona el 'top 10' por primera vez en cinco años. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la pérdida de tracción doméstica responde a factores como la inseguridad jurídica, la sobreregulación, la falta de incentivos fiscales a la inversión o la incertidumbre política, derivada de la fragmentación parlamentaria, la falta de Presupuestos Generales del Estado y la corrupción.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) y varios catedráticos de Derecho Financiero y Tributario y profesionales del ámbito fiscal denuncian en un informe la excesiva litigiosidad ligada a los impuestos que existe en España ante la complejidad y la falta de claridad de la normativa tributaria española y la escasez de soluciones amistosas que permitan solucionar las discrepancias entre contribuyentes y Administración. Recuerdan que hay bloqueados actualmente en los tribunales más de 40.000 millones de euros y que es necesario cambiar el modelo para no ahuyentar la inversión ni perjudicar el crecimiento de la economía y el empleo.

Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha alertado durante la presentación de un estudio que la Ley de Vivienda está generando inseguridad jurídica entre los grandes inversores y que este escenario, unido a la elevada fiscalidad, está frenando la inversión, ya que restan atractivo al mercado. En su opinión, la Administración debe apostar por la colaboración público-privada para "usar todos los recursos disponibles" con el objetivo de construir más viviendas, sobre todo asequibles, y alerta de que la falta de oferta pone en riesgo el equilibrio económico de España.

El Instituto de Estudios Económicos y varios catedráticos de Hacienda y economía han publicado un estudio sobre las consecuencias de que el Gobierno haya prorrogado hasta en dos ocasiones las cuentas públicas de 2023, que son las que están vigentes este año. Afirman que esta "anomalía democrática" lastra el crecimiento económico de España, impide acometer reformas para reducir el gasto público y puede desembocar en una crisis institucional y reputacional a escala global. En el ámbito de la vivienda, vaticinan un freno en la inversión pública en viviendas asequibles y proyectos de renovación urbana, y creen que la incertidumbre podría encarecer las hipotecas. Por ello, animan a las fuerzas políticas a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) pone el foco en la elevada tributación a la que está sometida la vivienda en España. Una tributación que no solo supera a la que aplica la mayoría de los países desarrollados, sino que afecta a todo el ciclo de vida de la vivienda, desde el IVA o el ITP que gravan la compraventa hasta el IBI o el IRPF que se impone sobre su tenencia, la plusvalía cuando se traspasa o el Impuesto de Sucesiones cuando se hereda. El 'think tank' de la CEOE denuncia que los impuestos suponen el 25% del precio de una casa y aboga por introducir reformas en la fiscalidad para fomentar la asequibilidad y la inversión.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el 'think tank' de la CEOE, repasa en un estudio cómo está creciendo la okupación de viviendas en España, junto con los catedráticos Matilde Cuena Casas y Vicente Pérez Daudí. Según el documento, las denuncias por parte de propietarios particulares se han disparado un 35% desde 2018 y la situación se ha visto agravada por los recientes cambios regulatorios que están desprotegiendo a los propietarios, como la Ley de Vivienda y la prórroga de la moratoria a los desahucios de inquilinos vulnerables. Los expertos aseguran que la situación actual demuestra la "ineficiente" intervención pública en materia de vivienda y ven con preocupación que no se estén tomando medidas para atajar el problema.

Las previsiones del Instituto de Estudios Económicos apuntan a una ralentización del PIB de España el próximo año, ante lo que considera las mayores amenazas que sobrevuelan actualmente a la actividad económica: la incertidumbre política y los cambios regulatorios que está aplicando el Gobierno y que suponen un lastre para las empresas, ya sea en términos de subida de costes o de bajada de la productividad. Como consecuencia, en 2025 espera una merma de la creación de empleo y de la inversión empresarial, "que sigue siendo la varia­ble más rezagada en este ciclo económico de recuperación".

El Consejo General de Economistas se suma a las críticas sobre la forma en la que el Gobierno ha tramitado la última reforma fiscal, basada en introducir múltiples medidas tributarias a través de enmiendas a leyes, como se acaba de hacer con el nuevo impuesto a la banca dentro de la futura ley del impuesto complementario mínimo para las multinacionales. Según el presidente del CGE, Valentín Pich, esta vía resulta "absolutamente cuestionable en términos de técnica legislativa y calidad democrática" y es necesario que las modificaciones tributarias respeten el principio de seguridad jurídica y no perjudiquen las expectativas legítimas de los contribuyentes.

El Instituto de Estudios Económicos alza la voz para denunciar la pérdida de competitividad fiscal continuada de España. Una tendencia que tiene detrás a unas "subidas de impuestos en exceso" y a la falta de una reforma estructural que priorice la eficiencia del gasto público, tal y como pide la Comisión Europea. Según el 'think tank' de la CEOE, España ocupa una de las peores posiciones en la nueva edición del Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation. En concreto, se sitúa en el puesto 33 sobre 38 países analizados, tras perder dos posiciones en un año y 10 desde la pandemia.

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la Comisión de Economía de la patronal, Íñigo Fernández de Mesa, ha asegurado durante unas jornadas económicas que Europa y España no pueden plantearse más subidas de impuestos porque no hay margen. El economista también ha criticado que los salarios en España están sometidos a una fiscalidad demasiado elevada y ha advertido de que Europa corre el riesgo de convertirse en un continente irrelevante a escala mundial. Para evitarlo, pide más inversión en I+D y un régimen fiscal más ventajoso para trabajadores y empresas.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha elevado en ocho décimas su previsión de crecimiento del PIB de España para este año, hasta el 2,3%, aunque alerta de una moderación de la actividad de cara al segundo semestre y a todo 2025. Según el 'think tank' de la patronal, el crecimiento potencial de la economía se está viendo limitado por la pérdida de competitividad y, para revertir la situación, ve necesario reducir la carga impositiva, asegurar un marco regulatorio estable para las empresas, invertir los fondos europeos de forma eficiente. impulsar la digitalización de las pymes y reducir la deuda pública y el déficit, los dos principales desequilibrios macro.

La libertad económica se sigue deteriorando en España, que vuelve a caer en el ranking mundial. Según el índice elaborado por la Fundación Heritage y editado para por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), nuestro país ocupa el puesto 36 en el ranking de la OCDE, por factores como el elevado tamaño del Estado, la elevada carga impositiva, la ineficiencia del gasto público o la salud fiscal, que hace referencia al ámbito presupuestario. El 'think tank' también afirma que España cuenta con un nivel moderado de libertad de empresa en cuanto a fomento de la iniciativa privada y apoyo a los negocios.

El Instituto de Estudios Económicos, junto con varios catedráticos, ha resumido en un informe las consecuencias de que se hayan prorrogado los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en este ejercicio. Critican que el Gobierno no haya presentado ni el proyecto y aseguran que, por ello, tiene un privilegio respecto a las Cámaras, que son los organismos encargados de validar o tumbar unas cuentas públicas. Aunque no atisban un impacto a corto plazo, sí avisan del riesgo de no tomar medidas para reducir los desequilibrios económicos en un momento en el que han vuelto las reglas fiscales a la UE.

El último estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) denuncia la pérdida de competitividad de la economía doméstica en materia fiscal y la elevada presión impositiva que sufren empresas y ciudadanos. Un ejemplo de ello es que España es el cuarto país desarrolladoscon la cuña fiscal más alta, ya que el IRPF y las cotizaciones sociales suponen casi un 60% del salario nominal de los asalariados sujetos al tipo máximo, frente al 47% de media en la UE y la OCDE. Solo Portugal, Reino Unido y Finlandia tienen una cifra superior.

El Instituto de Estudios Económico defiende en un informe la necesidad de impulsar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de viviendas de alquiler en España a corto y largo plazo, y solucionar así el problema de la accesibilidad a la vivienda. Según el ‘think tank’ de la CEOE, medidas como el tope a las rentas o las moratorias de los desahucios “son ineficientes y contraproducentes”, porque están provocando una retirada de pisos del mercado. En su lugar, propone impulsar la construcción de inmuebles asequibles bajo modelos de colaboración con el sector privado y dar incentivos para que pequeños y grandes propietarios movilicen sus viviendas. “La solución tiene que ser contar con los fondos, no castigarlos”, afirma Iñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,2% en 2023, aunque con una "notable desaceleración" de la actividad en la segunda mitad del año, y proyecta un impulso de la economía del 1,5% en 2024. El informe del IEE recoge una primera valoración de la situación del país tras la celebración de las elecciones generales el pasado 23 de julio, y advierte de que el nuevo escenario político aumenta la incertidumbre y el riesgo de desaceleración de la economía española.

El Instituto de Estudios Económicos pone al mercado del alquiler como ejemplo de los efectos negativos que tienen las medidas intervencionistas. Según el 'think tank' de la CEOE, el tope a las rentas que incluye la Ley de Vivienda provocará consecuencias devastadoras a largo plazo, como la retirada de viviendas del mercado o la aparición de economía sumergida. En su opinión, este tipo de medidas, lejos de solucionar el problema de la vivienda, lo que generan son "incentivos perversos y desequilibrios económicos" y cree que la clave está en construir más vivienda y reforzar la seguridad jurídica.

España cada vez pierde más puestos en el ranking de la libertad económica y empresarial. Según el último Índice de Libertad Económica elaborado por la Fundación Heritage, nuestro país está por debajo del promedio de la UE y cae de los 30 primeros puestos de la OCDE. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) sitúa a factores como la excesiva dimensión del público, las elevadas cargas tributarias y el desequilibrio fiscal como los detonantes y afirma que restan competitividad a las empresas y limita la capacidad de generar empleo y crecimiento económico.

El gasto del sistema público de pensiones en España alcanza actualmente el 13,6% del PIB, lo que supone un incremento de 1,3 puntos en apenas cinco años y de hasta nueve enteros desde 1977, como consecuencia del mayor número de pensiones que paga el sistema y a su mayor cuantía. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera "previsible" que el gasto en pensiones aumente su peso sobre la actividad en los próximos años ante la creciente esperanza de vida y la llegada de los 'baby boomers' a la edad de jubilación.

El gravamen medio del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en España se situó en el 0,62% durante 2022, teniendo en cuenta las capitales de provincia y las localidades de más de 50.000 habitantes.

El sistema fiscal más competitivo corresponde a la Comunidad de Madrid (76,2 puntos), a los territorios forales del País Vasco (Vizcaya: 81,5 puntos; Álava: 82,2 puntos; Guipúzcoa: 84,8 puntos) y a Canarias (95,2 puntos), según el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Madrid lidera un año más el ranking de la competitividad fiscal en España. Según un estudio del IEE, Boadilla del Monte, Majadahonda y Las Rozas, junto con Arrecife (Las Palmas), son los municipios con los marcos fiscales más atractivos del país, mientras que Reus (Tarragona), Girona y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ocupan los peores puestos. A nivel autonómico, la región también encabeza el ranking, seguida de País Vasco y Navarra. El 'think tank' de la CEOE defiende que la competitividad fiscal atrae empresas e inversión y fomenta la productividad y el bienestar social.

Iñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la CEOE, repasa en idealista/news cómo están la economía y el mercado de la vivienda y a qué retos se enfrentan en los próximos meses. Cree que España va a sufrir un estancamiento de la actividad y el empleo y que la prioridad debe ser reducir la tasa de paro y el déficit público, para lo que considera necesario reformar el sistema fiscal para ganar competitividad, evitar distorsiones y aumentar la recaudación. En materia de vivienda, alerta de la inseguridad jurídica que están creando las propuestas para topar los alquileres o limitar las compras por parte de no residentes y defiende el papel de los grandes fondos de inversión en el mercado del alquiler. “Lejos de tratar de perjudicarles, hay que apoyarlos”, afirma.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado un informe junto a varios catedráticos de Derecho Tributario y Hacienda Pública en el que se desgranan los motivos para considerar que el nuevo impuesto a las grandes fortunas que entró en vigor en 2022 tiene visos de ser inconstitucional. Por ejemplo, que se ha empezado a aplicar con efectos retroactivos, que da un tratamiento diferente a patrimonios nacionales y extranjeros, y porque limita las competencias autonómicas en materia fiscal. Además, temen que este tributo se prorrogue en el tiempo, lastrando la recaudación y las nuevas inversiones de los grandes patrimonios. “La deslocalización está asegurada”, sentencian desde el ‘think tank’ de la CEOE.