límite alquiler

El Consejo de Ministros celebrará el próximo 25 de junio una reunión extraordinaria para aprobar el nuevo decreto contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El plan anticrisis contempla medidas como el límite del 2% a la subida de las rentas en la renovación anual de los contratos de alquiler, la rebaja de los carburantes, el aumento de los beneficiarios del bono eléctrico o el incremento del Ingreso Mínimo Vital. Se esperan cambios respecto al decreto aprobado en marzo, aunque no está confirmado si habrá medidas nuevas.

La Fundación FAES ha pedido este lunes que se estimule la oferta de vivienda para reducir los precios y aumentar la accesibilidad de los ciudadanos, frente a medidas de "intervención pública" que "generan inseguridad jurídica y desincentivan la inversión", en alusión al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno.

El reciente anuncio del presidente del Gobierno, acerca de la prórroga durante tres meses más de las medidas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania en la economía española, supondría que el límite de subida de un 2% en la renovación anual del contrato de alquiler alcanzaría a otros 875.000 propietarios de viviendas. Estos arrendadores, sean grandes o pequeños tenedores, dejarían de ingresar unos 479 millones de euros, según un estudio de idealista, una cifra que se une a los 560 millones que ya no están recibiendo los afectados por esta medida. Además, desde finales de marzo, la oferta de pisos en alquiler se ha reducido un 10% entre el conjunto de las capitales, ante la inseguridad jurídica en el mercado de alquiler.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que el Gobierno prorrogará tres meses el plan de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, ante la inminente caducidad del decreto en vigor. El decreto ley que convalidó el Congreso contiene medidas como el descuento de 20 céntimos a los carburantes, una ampliación de la cobertura y el descuento del bono social eléctrico o el ingreso mínimo vital.

La limitación de las rentas de arrendamiento en zonas tensionadas que contempla la Ley de Vivienda, que avanza en su trámite parlamentario y debe estar aprobada antes del 30 de septiembre, vuelve a acaparar las críticas del sector inmobiliario. Durante unas jornadas celebradas en SIMA, entidades como la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y la asociación de promotores de Madrid (ASPRIMA) han insistido en que topar los alquileres no es la medida más idónea para contener los precios. Una vez más, su reivindicación se centra en impulsar la oferta, principalmente pública, e incentivar al sector privado la producción de nuevas viviendas.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado que el Gobierno no descarta la prórroga de la limitación del 2% de subida de las rentas en las actualización de los contratos de alquiler, actualmente en vigor hasta el 30 de junio. Dada la actual situación en la que todavía se encuentra la inflación, ha defendido que "tiene lógica" que el Gobierno mantenga las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

El Consejo General de Registradores de la Propiedad de España ha planteado en una Comisión del Congreso la utilización de su infraestructura como registro de contratos de alquiler, lo que posibilitaría un mapa de la situación del alquiler de vivienda en España en tiempo real, incluyendo el índice de precios que aún no se ha puesto en marcha. Los registradores recuerdan que el centro estadístico ya existe, y que únicamente falta una regulación que se apoye en él.

El sector inmobiliario acoge con dudas e incertidumbre el nuevo movimiento del Gobierno en cuanto al precio de los alquileres. Durante los próximos tres meses, a los contratos de alquiler de vivienda sujetos a la LAU que les toque la revisión anual tendrá que limitar la subida del alquiler al 2%, de forma general. Esta norma ha sentado como un jarro de agua fría a los profesionales del sector consultados por idealista/news, que la ven como “intervencionista” e “intrusiva”.

La situación actual ha vuelto a poner encima de la mesa el eterno debate sobre la necesidad de intervenir los precios del alquiler de las viviendas. Sin embargo, Natalia Tova, miembro del equipo especializado en Real Estate de EY Abogados, critica la medida que ha aprobado el Gobierno de limitar el precio de la renovación de los arrendamientos. Afirma que este tipo de decisiones ahuyenta a los inversores e impide que el parque de viviendas crezca y evolucione. Cree que la clave es generar y destinar políticas y fondos a la vivienda social.

El Índice Precios al Consumo (IPC) definitivo de marzo cierra en el 9,8%, el mismo dato que el adelantado por el INE y que se traduce en el más alto desde 1985. El límite del 2% establecido por el Gobierno en la renovación anual de los contratos de alquiler supone que un arrendamiento medio en España de una vivienda tipo de dos habitaciones pase ahora a casi 700 euros/mes, frente a los más de 750 euros mensuales que hubiera supuesto con una subida vinculada a la inflación, según idealista. En los grandes mercados se nota aún más la diferencia: Barcelona se queda en 867 euros/mes (930 euros con el IPC) y Madrid, en torno a 815 euros/mes (casi 880 euros con la inflación).

Nuevo dictamen del Tribunal Constitucional en el que declara inconstitucional la Ley catalana de alquiler por invasión de competencias del Estado. Tras tumbar en un fallo anterior todo lo relacionado con la limitación de los precios de los arrendamientos, ahora anula la obligación a los grandes propietarios de ofrecer realojo o alquiler social a las familias vulnerables antes de iniciar el proceso de desahucio en el juzgado.

Podemos propone obligar a la Sareb a ofrecer un mínimo del 75% de sus viviendas a alquiler social y fijar un máximo de plazas de alojamiento turístico en un distrito o barrio. Estas son algunas de las demandas de la formación morada incluidas en las enmiendas registradas en el Congreso por la Ley de Vivienda, donde también pide reducir el umbral de subida de las rentas sobre el IPC autonómico (2 puntos frente a los 5 puntos contemplado en el proyecto de Ley) para declarar una zona tensionada de alquiler y que limitaría sus precios.

La Guerra de Ucrania ha alterado el funcionamiento de todos los sectores, incluido el del alquiler. El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley que limitará las subidas de los precios al 2%, una medida que afectará tanto a los pequeños propietarios como a los grandes tenedores de vivienda.

El tope establecido a la subida de los alquileres de viviendas durante los próximos tres meses suma una nueva crítica del sector inmobiliario, que lleva destacando desde hace tiempo la inseguridad jurídica en el mercado libre del alquiler con la Ley de Vivienda o el control de alquileres en Cataluña. El límite del 2% en el incremento de la renovación de rentas costará 560 millones a los propietarios, fomentará la retirada de stock del mercado y, por lo tanto, una subida de los precios del alquiler.

El límite del 2% establecido por el Gobierno en la renovación anual de los contratos de alquiler supondrá una pérdida para los propietarios de unos 560 millones de euros, según un estudio de idealista. Esto es lo que van a dejar de ingresar los arrendadores, sean grandes o pequeños, que renueven sus contratos en los próximos tres meses, aplicando la diferencia entre la subida de la renta que se va a dar con la tasa de inflación de marzo del 9,8% y el tope máximo a las rentas que se va a aplicar con las medidas del Plan Nacional de Respuesta a la guerra de Ucrania hasta el 30 de junio.

Muchos propietarios están pendientes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, que tiene entre sus líneas maestras el tope de las rentas del alquiler en zonas tensionadas. Y están surgiendo dudas sobre si es posible aplicar una cláusula que se ha utilizado en muchos contratos de Cataluña, conocida como 'cláusula Berlín', que establece dos precios diferentes con el objetivo de aplicar una renta de mercado en el caso de que se anule la normativa que fija los topes. Sin embargo, hay un debate sobre si es legal, por posible vulneración del artículo 6 de la LAU.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados del PP contra 11 artículos de la Ley catalana de alquiler. El TC aclara que varios de estos preceptos son inconstitucionales por la invasión de competencias del Estado, referida a la fijación en un mercado único de las bases para regular los contratos. Desde la publicación de la sentencia no se podrán firmar alquileres con límites de rentas, aunque sí los mantendrán los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad.

El Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad que habían planteado PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y Junts al proyecto de Ley de Vivienda, y que exigían la devolución del texto al Gobierno. Así, la normativa supera la primera votación y continúa con su trámite parlamentario, aunque podría incorporar enmiendas durante el proceso. Por ejemplo, ERC exige ampliar la normativa antidesahucios y reducir la regulación básica para evitar una invasión de las competencias autonómicas.

El Gobierno de coalición afronta esta semana otra votación ajustada en el Congreso de los Diputados, esta vez con una de sus iniciativas 'estrella': el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Una normativa muy criticada por el sector inmobiliario y que incluye medidas como la regulación del precio del alquiler. La primera votación se realizará el jueves, con el rechazo de PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT o Junts. Los votos en contra se encuentran muy cerca de la mayoría absoluta, por lo que es posible que el Pleno tumbe la normativa.

El PP, Ciudadanos, el PNV, Junts y el PDeCAT han registrado en el Congreso enmiendas de devolución al proyecto de ley de Vivienda con la intención de tumbar la iniciativa en su primera votación, prevista para marzo, mientras que Esquerra Republicana ha optado por plantear un texto alternativo a la propuesta del Gobierno de coalición. Vox podría sumarse a este bloque, que sumaría 163 votos. Las formaciones rechazan el texto por la invasión de competencias autonómicas y el ataque que supone para la propiedad privada, y afirman que el Gobierno está a tiempo de plantear y aprobar una nueva ley antes del 30 de septiembre, como prometió a Bruselas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 1 de febrero el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda tras sufrir varios retrasos durante su proceso de elaboración. Por ello, ha pedido que se tramite por el procedimiento de urgencia en las Cortes para poder cumplir con los plazos que se había propuesto el Gobierno de coalición y poner en marcha la normativa antes del cuarto trimestre del año. A pesar de que afirma que es un texto garantista, el Ejecutivo no descarta la judicialización de su contenido.

A finales de esta semana, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe debatir sobre la nueva propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, después de que fuera rechazado el primer texto a mediados de mes. El nuevo documento insiste en que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica", y recalca que la Constitución "no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar la efectividad" del derecho a una vivienda digna.

El Anteproyecto de Ley de Vivienda está a la espera de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros para iniciar un trámite parlamentario que se antoja largo hasta el segundo semestre de 2022. Con medidas como los incentivos fiscales a pequeños propietarios en el IRPF, límites a las rentas de grandes tenedores (que llegaría en 2024), un recargo en el IBI a las viviendas vacías por un tiempo prolongado o que el 30% de las promociones de obra nueva se destine a VPO, la ciudadanía se mantiene a la expectativa mientras el sector lo ha criticado por su carácter intervencionista que puede distorsionar la recuperación del mercado.

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que han visitado recientemente España para elaborar su informe económico anual, cuestionan que los límites a las rentas del alquiler puedan resolver el problema del acceso a la vivienda y alertan de los posibles efectos adversos, como introducir ineficiencias en el mercado o restringir la disponibilidad de inmuebles para futuros inquilinos. Por eso, se inclina por tomar medidas por el lado de la oferta, eliminar trabas burocráticas y agilizar los permisos.