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Empieza el juicio de la propietaria increpada por Podemos y el Sindicato de Inquilinos. Esther Argerich, la propietaria a la que Irene Montero señaló públicamente por no querer mantener el precio del alquiler a dos inquilinos, ha sentado en el banquillo de los acusados a Juan y Livia, la pareja que vivió en su piso durante diez años. La propietaria pide un año de cárcel para ellos dos por un delito de coacciones.

El Partido Popular, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, ha sido el vencedor de las elecciones anticipadas de la Comunidad de Madrid celebradas el 4 de mayo.

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, propone que la futura Ley de Vivienda contemple un porcentaje mínimo del 50% del suelo sujeto a algún régimen de protección pública para la vivienda protegida en alquiler, con el objetivo de impulsar este mercado. Además, Ábalos ha planteado mejoras en los procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad y una modulación del recargo del IBI a viviendas vacías durante más de dos años.

El Instituto de Estudios Económicos afirma que en España existe un problema estructural de insuficiente garantía y protección de del derecho a la propiedad, al situarse por debajo de la media de los países desarrollados y de los vecinos europeos. Y cree que las medidas que han activado Gobierno y CCAA en materia de vivienda, como paralización de los desahucios, la permisividad con los okupas, la expropiación de viviendas vacías o el posible control de los precios solo agravan el problema, además de lastrar la inversión y reducir la oferta de pisos de alquiler.

La negociación de la nueva Ley de Vivienda en España cada vez aumenta más las discrepancias entre los partidos que conforman el Gobierno. La medida para imponer un límite a los precios de los alquileres en zonas tensionadas sigue siendo el principal escollo para consensuar el texto, que además necesitará el apoyo de formaciones tan dispares como PNV, ERC o Bildu para salir adelante. El PSOE defiende los incentivos fiscales frente al tope que quiere Podemos y está dejando un cruce de declaraciones que se produce en pleno descenso de las rentas por la crisis del covid.

El reciente anuncio del PP de que va a abandonar su histórica sede de Génova 13 en Madrid despierta el interés por el precio por el que podrían salir al mercado los cuarteles generales de los principales partidos en el Congreso de los Diputados. Las sedes de PP (36 millones), PSOE (29,5 millones) o PNV (19,5 millones) serían las más caras al encontrarse en zonas ‘prime’ de Madrid y Bilbao. La suma de los siete inmuebles de los partidos más votados rozaría los 100 millones de euros.

La formación morada tiene una nueva propuesta para el borrador de la próxima Ley de vivienda. En este caso, Podemos pretende calificar como gran propietario de vivienda a toda persona física o jurídica que tenga cinco o más pisos. Hasta ahora, para ser denominado gran tener hacían falta diez inmuebles, según los últimos decretos leyes aprobados desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.

El Parlamento Europeo publicó la semana pasada una resolución que resume las recomendaciones no vinculantes de la Eurocámara a la Comisión Europea y los países miembros en materia de vivienda. A pesar de que partidos políticos y medios de comunicación han asegurado que pedía a los países tomar medidas para controlar el precio de los alquileres, lo cierto es que esa medida fue eliminada de la propuesta de resolución de diciembre, tras el rechazo de los eurodiputados. Entre las 56 peticiones finalmente aprobadas destacan la necesidad de desarrollar más pisos sociales, establecer una normativa clara y ayudar a los colectivos vulnerables.

El Palacio de la Moncloa prepara un cambio en sus instalaciones. Pedro Sánchez prevé construir dentro del complejo residencial una casa prefabricada y sostenible en el espacio que ocupa actualmente la pista de pádel de José María Aznar. La casa tendrá un uso de ‘coliving’ y el objetivo es que sirva de alojamiento a los ministros cuando se alarguen las negociaciones de las normativas y ahorrarles el desplazamiento a sus viviendas habituales, así como reducir el gasto de los vehículos oficiales. Varios miembros del Ejecutivo pertenecientes a Podemos estarían en contra del plan, al considerar que “es algo que solo podría aceptar la casta”.

La propuesta de decreto ley sobre la paralización de los desahucios que ha llevado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión de Secretarios de Estado contempla una compensación a todos los propietarios que se vean obligados a suspender el lanzamiento por el impago del alquiler. La compensación sería el precio medio del arrendamiento en la zona donde se encuentre el inmueble. Está previsto que el texto sea aprobado por el Gobierno la semana que viene.

Aunque parezca el colmo de los colmos, esta historia es 100% real, y si no, que se lo pregunten a la protagonista.

Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu han llegado a un acuerdo de última hora para retirar sus enmiendas a los Presupuestos de 2021 referidas a ampliar las medidas contra los desahucios de viviendas antes su votación en el Pleno de Congreso. La Comisión parlamentaria ya había rechazado esta medida, mientras la formación morada alega que ya ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar los plazos antidesahucios vía real decreto.

El Gobierno de coalición negocia tramitar un real decreto ley que amplíe la suspensión de los desahucios de viviendas hasta el final del estado de alarma después de que el Congreso haya descartado la enmienda de Podemos, ERC y Bildu a los Presupuestos de 2021. Los letrados de la Cámara Baja rechazaron la propuesta de la formación de Pablo Iglesias por "no ser de materia de Presupuestos”.

La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) alerta en un estudio de los graves prejuicios que podría traer para los pequeños arrendatarios una potencial moratoria de los desalojos de familias sin alternativa habitacional hasta 2023, medida que han presentado vía enmienda a los Presupuestos de 2021 los partidos políticos Podemos, ERC y Bildu. Según el organismo, la medida supondría un grave perjuicio para los arrendadores particulares y las medidas para defender a los más vulnerables deben estar acompañadas de otras que defiendan a los propietarios.

Irene Montero y Podemos si libran del peso de la ley. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado la resolución sancionadora contra Podemos por revelar en octubre de 2019 en Twitter la identidad de Esther Argerich, una particular propietaria de un piso cuyos inquilinos iban a ser desahuciados. Irene Montero recibirá un simple apercibimiento sin multa porque el partido “eliminó los mensajes”.

Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 junto a Esquerra Republicana y Bildu para incluir en las cuentas públicas un mecanismo que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos hasta el 31 de diciembre de 2022.

El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana tiene abierta una causa por la okupación en octubre del año pasado de cuatro inmuebles de una finca situada en la Ronda Sant Pere. Después de varios intentos de desalojos, los abogados de la propiedad consideraron que la actuación de los ocupantes y de otras personas de la entidad que los apoyaron podrían constituir también delitos de coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal.

El número de multimillonarios en España bajó en 2018. Aquellos que atesoran patrimonios superiores a los 30 millones de euros apenas superaron las 600 personas, según la Agencia Tributaria. De ellos, solo 202 declarantes tuvieron que pegar el impuesto de Patrimonio, su cifra más baja desde 2013, para acumular 135 millones de euros en este tramo de la renta.

Las plataformas antidesahucios y la facción del Gobierno que encabeza Podemos pretenden sacar adelante una moratoria del pago del alquiler, una medida a la que se oponen el Ministerio de Economía y el sector inmobiliario si se aplica de forma generalizada. Los expertos creen que provocaría caos e incertidumbre y pondría en un aprieto a muchos caseros particulares, aunque confían en que los grandes propietarios, con capacidad para aguantar una suspensión temporal de las rentas, lancen iniciativas privadas. Repasamos qué propuestas y condiciones se barajan.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, apuesta por aumentar la oferta de vivienda pública de alquiler descartando la limitación de los precios de los arrendamientos, y destacando que “las ciudades que están regulando los alquileres no está

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha repasado en un informe cuáles deben ser las prioridades del nuevo Ejecutivo en materia económica. En su opinión, los esfuerzos deben estar en reducir la deuda pública y el déficit, aprovechando el momento de bajos tipos de interés, y ajustar el gasto público, ya que España es el tercer país de la UE en el que los ingresos públicos cubren menos gastos. También alerta del perjuicio de subir los impuestos para el crecimiento de la economía, el empleo, la inversión y la competitividad.

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados se encuentra envuelta en la polémica a menos de una semana para la celebración de las elecciones del 10-N. En la cabeza de Irene Montero retumba un nombre –el de Esther Argerich- y una preocupación: la posibilidad de haber incurrido en un delito. La ‘número dos’ de la formación ‘morada’ desveló sin el consentimiento el nombre de una propietaria particular que supuestamente pretendía subir el alquiler a sus inquilinos. Una torpeza que puede traerle más de un problema, ya que podría haber vulnerado no sólo la Ley de Protección de Datos, sino también el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la propietaria.

Esther Argerich, propietaria del piso más polémico de la última semana, concede una entrevista a idealista/news. Tras las declaraciones de una de las líderes de Unidas Podemos, Irene Montero, y la intervención del Sindicat de Llogaters de Barcelona, Argerich asegura sentirse "acosada, amenazada y derrotada" por ejercer sus derechos como propietaria.