Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado inconstitucional el impuesto conocido como plusvalía municipal cuando el dinero que debe pagar el ciudadano supera la cantidad que ha obtenido con la venta de la vivienda. El tribunal ha respondido así a una cuestión planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid.

La plusvalía municipal vuelve a estar encima de la mesa del Tribunal Supremo. Esta vez le toca decidir si es posible que el contribuyente recupere este impuesto pagado mediante una liquidación que no se recurrió, cuando se vendió un inmueble en pérdidas.

La disolución de Las Cortes del pasado 5 de marzo para convocar las elecciones generales ganadas por el PSOE ha supuesto la desaparición de muchas iniciativas legislativas de calado.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda presentada por el Partido Popular contra el decreto ley del alquiler aprobado ‘in extremis’ por el PSOE antes de las elecciones generales del pasado mes de abril.

El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa un nuevo caso sobre el impuesto de plusvalía municipal: debe decidir si es confiscatorio cuando el importe que sale a pagar es prácticamente el mismo que la ganancia obtenida. Así, dará respuesta a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso nº 32 de Madrid.

La Generalitat catalana no ha tardado en anunciar un “acuerdo interpretativo” con el Gobierno de Pedro Sánchez para retirar parcialmente el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre las leyes de vivienda aprobadas por el anterior Parlament. Según el texto, el Ejecutivo catalán podrá expropiar temporalmente viviendas vacías de grandes tenedores y obligará a los bancos a realojar en alquileres sociales a las personas desahuciadas.

El Tribunal Constitucional ha respaldado la ley de vivienda vasca, respaldando la capacidad del Gobierno regional y los ayuntamientos para expropiar de forma forzosa las casas que lleven desocupadas más de dos años sin una causa justificada y estén situadas en zonas donde hay una demanda elevada de vivienda social. La Administración podrá ponerlas a disposición del mercado de alquiler social.

El Tribunal Constitucional ha anulado la subasta de una vivienda que había sido embargada a un matrimonio de Sevilla por un impago. El Alto Tribunal considera que se han vulnerado los derechos fundamentales de los deudores, a quienes no se les comunicó el proceso de ejecución hipotecaria. El problema fue que las notificaciones llegaban a la casa embargada, que no era su residencia habitual.

Un error en la notificación de un desahucio ha llevado al Tribunal Constitucional a anular el procedimiento de desalojo de una mujer que acumulaba casi 6.100 euros en deudas de la renta de un local comercial ya abandonado. En concreto, el agente judicial que le intentó notificar el procedimiento de desahucio se confundió de dirección y, por tanto, nunca le llegó a la afectada.

El TC ha declarado inconstitucional parte de las medidas que contempla la llamada ley antidesahucios en Andalucía. A pesar de que la Junta podrá multar a las entidades financieras que tengan pisos vacíos, tendrá prohibida su expropiación. La normativa fue aprobada hace justo cinco años y el Gobierno la impugnó ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso de inconstitucionalidad sobre el impuesto a las viviendas vacías de la Generalitat catalana. En 2016, el Gobierno central ya lo recurrió, pero se levantó la suspensión. El TC, que suele dar 15 días para formular alegaciones, dejará en suspenso el plazo que da al Ejecutivo catalán para evitar un conflicto de intereses tras la aplicación del Art. 155 de la Constitución.

El Tribunal Supremo considera que las chabolas, caravanas, pensiones, tiendas de campaña e incluso aseos públicos son domicilios, es decir, lugares donde se desarrollan actividades que afectan a la intimidad de las personas.

En Andalucía los cinco jueces designados para llevar los litigios sobre las cláusulas abusivas en un Juzgado creado ad hoc han decidido presentar ante el Tribunal Supremo sus quejas.

Pablo liquidó el impuesto de plusvalía municipal, tras la notificación del Ayuntamiento y meses antes de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional este impuesto cuando se vende una casa en pérdidas. Aunque se trata ya de una liquidación “firme”, en la Ley General Tributaria hay un resquicio por el que es posible solicitar la devolución de este tributo. José María Salcedo, abogado y socio de Ático Jurídico, explica cómo recuperar el dinero pagado indebidamente.

El número de demandas presentadas en junio contra las cláusulas abusivas ante los juzgados especializados en este tipo de causas fue de 15.801, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras la sentencia del TC sobre la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal cuando se vende una casa a pérdidas, empiezan a despejarse las dudas de cómo proceder para reclamar este impuesto y cómo argumentar las pretensiones. Carlos Rivero, abogado fundador de Afeplus, recomienda aportar un informe pericial en el caso de que se haya registrado pérdidas en la venta del inmueble y así tener las máximas garantías de éxito en las futuras reclamaciones.

Lo que comenzó como un conflicto de competencias entre el Estado y la Generalitat de Cataluña ha terminado con un agujero en la línea de flotación de la regulación del Gobierno al autoconsumo eléctrico en España.

El impuesto de plusvalía municipal ha sido declarado inconstitucional cuando la vivienda se vende en pérdidas. Sin embargo, aún hay otros dos casos que para muchos expertos son también flagrantes por resultar confiscatorios e injustos. ¿Qué pasa si un contribuyente vende su casa y obtiene una mínima ganancia pero que, en relación con la deuda tributaria, es insignificante? o ¿qué ocurre cuando se obtiene una plusvalía pero es inferior al incremento resultante tras aplicar la fórmula legal del impuesto?

El Tribunal Constitucional ha tumbado aquellos artículos de la regulación estatal del impuesto de la plusvalía municipal que permitían cobrar hasta la fecha este tributo cuando se transmitía un inmueble en pérdidas.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Podemos contra el Real Decreto Ley que establece el mecanismo extrajudicial para que los afectados por las cláusulas suelo abusivas reclamen la devolución a sus entidades bancarias. El p

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional contra algunos artículos de la plusvalía municipal de Guipúzcoa y de Álava ya empieza a tener sus efectos en los tribunales españoles.

El Ayuntamiento de Madrid seguirá aplicando el impuesto de la plusvalía municipal en aquellas transmisiones de inmuebles que hayan producido pérdidas al contribuyente, ya que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado aún sobre la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, bajo la que se rige est

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado esta vez contra algunos artículos de la norma foral que regula el impuesto sobre la plusvalía municipal en Álava. Considera que cuando se ha transmitido un inmueble en pérdidas no hay obligación del contribuyente de pagar este impuesto por no haber existido un aumento del precio en términos económicos y reales. Esta sentencia se suma al dictamen contra la norma foral de Guipúzcoa.

La sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado ilegales varios artículos de la plusvalía municipal en Guipúzcoa, cuando se ha pagado el impuesto aunque se vendiera la vivienda a pérdida, abre la puerta a que se resuelvan los litigios planteados sobre la legislación estatal.

El Tribunal Constitucional ha dado un duro revés al impuesto de la plusvalía municipal, al declarar que es inconstitucional cuando se vende una vivienda en pérdidas porque cobrar este tributo resulta contrario al principio constitucional de capacidad económica del contribuyente. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, explica en qué casos se puede reclamar lo pagado de más: que la transmisión del inmueble produjera pérdidas y que no hayan transcurrido 4 años desde que se pagó el impuesto.