Información sobre vivienda y economía

La justicia catalana anula la tasa del Ayuntamiento de Barcelona sobre los pisos vacíos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado la tasa sobre los pisos vacíos que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona. El gravamen consistía en que los inmuebles de grandes tenedores que llevaran más de dos años desocupados pagaran 633 euros, lo que dice el Ayuntamiento que cuesta comprobar si está vacío. La Asociación Española de Banca (AEB) presentó un recurso contra la tasa y el TSJC ha sentenciado que el Ayuntamiento no tiene competencias para regularla.

La tasa nació el pasado septiembre, con los votos del equipo de Gobierno municipal, ERC y la abstención de CiU (actual PdeCat) y la CUP. El primer teniente alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, presentó el gravamen como una medida enmarcada en la Ley catalana 18/2007 del Derecho a la Vivienda donde se especifica que "un inmueble desocupado por un periodo superior a los dos años es una anomalía".

En noviembre de 2016 el Ejecutivo de Ada Colau creó un equipo de 15 personas para rastrear pisos vacíos. La intención del Ayuntamiento era que los propietarios de esos pisos pusieran sus casas en el mercado del alquiler a través de su programa "Tu tens la clau" (tú tienes la clave/llave). Para lograr seducir a los dueños y que cediesen sus viviendas, el Ayuntamiento ofrecía una ayuda de hasta 15.000 euros para rehabilitar el inmueble, y una garantía de cobro del alquiler a cambio de que lo pusieran en el mercado.

Pero esas ayudas solo se ofrecían a los pequeños propietarios. En el caso de los grandes tenedores, recibirían una carga fiscal por cada piso vacío, por un tiempo superior a dos años, de 633 euros. Si la propiedad justificaba la situación, se le sumaba a la tasa 286 euros por cada nuevo requerimiento. El propio Ayuntamiento expresó que esta tasa se creó con el objetivo de costear la inspección y la tramitación de expedientes y sanciones, que hasta entonces iba a cargo del Consistorio.

A finales de noviembre dos entidades bancarias, BBVA y Santander, y Sareb recibieron una multa por tener pisos vacíos. Las entidades alegaron que los pisos por los cuales se les expedientaba fueron aportados a la Generalitat. Sareb, por su parte, recurrió la multa puesto que su intención y su razón de ser "es el de vender todas las viviendas vacías que recibieron" y no disponen de ellas "con una voluntad patrimonialista".

Ahora el Tribunal de Justicia de Cataluña ha respondido al recurso presentado por la AEB considerando que el Gobierno de la capital catalana ha excedido sus competencias implantando esta tasa. Según la sentencia, la posibilidad de crear este gravamen no está incluida en ninguno de los 28 grupos de prestación de servicios de competencia local de la Ley de Haciendas Locales, la otra ley que rige las viviendas aparte de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) estatal.

El Gobierno municipal, por su parte, ha declarado que recurrirá la sentencia del TSJC que anula la tasa. "Me parece auténticamente indecente que estén batallando por una tasa de 633 euros por piso vacío, cuando la banca ha recibido a lo largo de estos años más de 60.000 millones que han salido del bolsillo de la ciudadanía", ha expresado el teniente alcalde.

Gerardo Pisarello ha asegurado que la tasa es "absolutamente legal" pero que el Ayuntamiento no tiene competencias para cobrarla. Consideran desde el Gobierno municipal que la Carta Municipal de Barcelona le otorga "competencias cuando no las ejerce la administración que las tiene en primer lugar", en este caso la Generalitat, según declaraciones de Pisarello: "si el Ayuntamiento impulsó la tasa es porque la Generalitat no lo había hecho". Ha manifestado también que "seguirán haciendo todo lo posible para garantizar el derecho a la vivienda, pidiendo competencias y exigiendo responsabilidades".

¿Qué dice la ley?

Según los jueces, un impuesto de estas características lo podría imponer, en todo caso, la Generalitat que sí tiene competencias según sus normativas autonómicas. Entre las competencias municipales en materia de vivienda no está la de legislar tasas, aunque sí gestionar los tributos. La Ley catalana de 2007 (18/2007), de hecho, reserva las competencias a la Generalitat de adoptar medidas fiscales con los pisos vacíos.

Lo que sí recoge la ley, en el artículo 42, es que la Generalitat debe "coordinarse con las administraciones locales para impulsar políticas que fomenten la incorporación al mercado, preferentemente de alquiler, las viviendas vacías o permanentemente desocupadas" y, a la vez, según el artículo 42.2 deben "dar garantías a los propietarios de viviendas desocupadas sobre el cobro de las rentas o la reparación de desperfectos". Es decir, la Ley 18/2007 permite que se haga el rastreo que viene desarrollando el Consistorio, que colabore en incorporar esos pisos al mercado de alquiler, pero no recoge en ningún punto que pueda crear tasas.

Más casos recurridos

La tasa a los pisos vacíos no ha sido exclusiva del Ayuntamiento de Barcelona. Otras ciudades, más pequeñas, también lo han implantado y han visto tumbado un gravamen que crearon excediendo sus competencias, según los tribunales.

Es el caso de Torrejón de Ardoz (Madrid), cuando el pasado febrero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró ilegal la tasa que impuso su Ayuntamiento (PP) que cobraba 700 euros a las viviendas vacías de grandes tenedores que aludieron a los gastos de vigilancia generados por evitar la okupación a esos inmuebles. En la sentencia del TSJM se determinó que no se podía cobrar por un trabajo que ya recae en la policía y el cual ya es remunerado.