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Barcelona, Lisboa y Nueva York se alían para reclamar limitar el precio de la vivienda

Los responsables de vivienda de los ayuntamientos de Nueva York, Lisboa y Barcelona han firmado un artículo conjunto para reclamar a sus respectivos gobiernos mayor capacidad legislativa que les permita establecer índices de referencia para impedir lo que consideran unos precios “abusivos”. Con sus matices, son políticas que ya están en práctica en ciudades como París o Berlín, y que el actual Gobierno municipal de Barcelona persigue desde su llegada al Consistorio.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña llevan meses trabajando en elaborar una guía de precios orientativos. Para ello, los regidores del Consistorio (sin representatividad del Govern catalán) han viajado a lo largo del año, por ejemplo, a Berlín y París para estrechar lazos con sus gobiernos municipales y conocer qué fórmulas siguen para poder imitarlos y así encajarlos en la legislatura española.

Tanto París como Berlín pusieron en marcha una ley que controlaba los precios de los alquileres. Eso fue en verano de 2015. En el caso de París, es la ley Alur (las siglas en francés de ley de acceso a la vivienda y la renovación de la planificación urbanística) la que permite dar a conocer al usuario si el precio que ofrece el casero es el correcto o más alto de la cuenta. Si el alquiler es más alto, el inquilino tiene derecho a reclamar al propietario la diferencia.

En el caso de Berlín, no fue una iniciativa del Ayuntamiento, sino un reglamento firmado en el Parlamento Federal y promovido por el Ministerio de Justicia. Berlín, igual que Múnich o Hamburgo, ha sido una de las ciudades puso en marcha la medida que que exigía a cada nuevo contrato de alquiler no superara el 10% del contrato extinto, teniendo en cuenta que la duración de los contratos en Berlín es de diez años.

Nueva York, una de las ciudades que ha firmado el manifiesto junto a Barcelona y Lisboa, ya tiene medidas reguladoras aprobadas, donde los alquileres en apartamentos compartidos por menos de 30 días están prohibidos en la ciudad desde el 2010. Además, más de un millón de pisos neoyorquinos están sujetos a unas determinadas protecciones, como la estabilización de la renta o el control del precio. Pero con sus fronteras: solo afecta a edificios construidos antes de 1947 y lleven ocupados desde 1971.

El artículo, que lleva por título ‘Por el derecho a la vivienda: poder local, poder global’, lo firman Brad Lander, regidor de Nueva York responsable de vivienda, Paula Marques, su homóloga en el Ayuntamiento de Lisboa, y Laia Ortiz, del de Barcelona. Los tres asumen el éxito y el atractivo de sus ciudades, pero que ello puede poner “en riesgo a sus residentes estables y familias”.

Los tres representantes atribuyen al turismo ser responsable de alzar los precios del alquiler por los pisos turísticos y estancias de corta duración. La consecuencia es, según el manifiesto, la creciente “exclusión residencial, desde familias desplazadas hacia la periferia urbana hasta los casos más extremos de personas sin hogar”.

El artículo se ha escrito en línea con la celebración del congreso mundial Smart Cities Expo, que se hizo en Barcelona la semana pasada. En él, un grupo de trabajo de vivienda de la red Eurocities, representantes de Viena, Ámsterdam, París y Londres compartieron experiencias también sobre la vivienda y pusieron de ejemplo el regulador de precios de la capital francesa, que justo ahora hace un año se puso en marcha. Este foro de la red Eurocities es una entidad formada por 140 ciudades europeas y que Ada Colau, como alcaldesa de la ciudad, preside desde hace dos años.