Apoyos y críticas a la medida de Colau: destinar un 30% de los pisos nuevos a uso social

Desde distintos frentes, se pide que Barcelona atienda al mercado de la vivienda. Bien para aumentar el parque de vivienda, para responder a la subida de precios, o para hacerlo accesible a todas las capas de la sociedad. Todo un desafío para un Gobierno municipal caracterizado por un fuerte activismo en torno a la vivienda.

En lo que llevamos de 2018, hay 730 viviendas iniciadas en Barcelona. Si el ritmo de construcción continúa por esa senda, el pronóstico es acabar el ejercicio con una cifra que supere 2010, el año con más viviendas libres iniciadas desde que estalló la crisis (1.913 viviendas).

El sector de la construcción, por tanto, empieza a dar síntomas de estabilización. Ahora mismo, no se sabe si se alargará esa tendencia. Este lunes, el Ayuntamiento de Barcelona ha pasado el primer trámite para exigir a las promotoras que un 30% de lo que construyan se derive a uso social. Y estas no han encajado bien la propuesta: nadie les consultó antes de llevarla a votación, y son parte implicada.

La propuesta surge de una iniciativa presentada en febrero, capitaneada por entidades sociales, como la PAH y el Sindicato de Inquilinos. Hasta que la Generalitat la apruebe, que es el paso definitivo, quedan aún meses. Se calcula que para otoño la medida entre en vigor, pero de momento, ha supuesto un conflicto con el sector privado y los colegios profesionales, a los que no informó de la medida. El equipo de Ada Colau ha contado con los votos favorables de su partido, BComú, y ERC, PSC y la CUP. El Partit Demòcrata, Ciudadanos y el concejal no adscrito (Gerard Ardanuy) se abstuvieron. El PP votó en contra.

Apoyo a la medida, pero no a las formas

Menos el PP, todos los grupos municipales (los que votaron a favor y los que se abstuvieron) apoyan una medida así: el implicar a los actores privados a ampliar el mercado de vivienda social. Aunque cada uno con sus matices.

Después de que el jueves pasado, el equipo de Colau informará sin preaviso de recurrir a una moratoria de obra nueva,  fuentes de ERC explican que eso despertaba una "gran inseguridad jurídica" y podía llevar a un aluvión de "indemnizaciones" por parte de las promotoras. Una vez retirada de la Comisión de Urbanismo, el partido republicano ve con buenos ojos la medida. "No es la mejor medida, pero es un paso", puntúan. 

El regidor Jordi Martí (Pdecat) apoya la medida, pero está en desacuerdo con las formas de tirar adelante esta modificación del PGM. También tiene "dudas jurídicas" y noapoya que se haya afrontado "a espaldas de todo el sector inmobiliario". "Improvisación, falta de rigor y ningún informe que establezca el impacto económico de la medida", lamenta Martí. "Es una cortina de humo fruto de su incapacidad de gestión estos tres años".

El que fuera concejal de Urbanismo, Daniel Mòdol (PSC), explica que no aportan nada nuevo: "esta medida ya se estaba llevando a cabo en el barrio de la Marina, con un 40% de las promociones privadas destinadas a uso social". Además, opina que "el mercado de la vivienda en Barcelona debe ensancharse" para no perder oportunidades. "La medida es bienvenida pero su impacto será mínimo". Solo sumaría 300 viviendas sociales por año. 

La Asociación de Promotores de Cataluña (Apce) ha valorado emprender acciones legales, ya que "obstaculiza su actividad". Al igual que los argumentos de Mòdol, el director general de la Apce, Marc Torrent, dice que las promotoras ya estaban comprometidas a destinar un porcentaje a vivienda social, pero no en estas condiciones. "Esta modificación del PGM va contra la legalidad", lamenta Torrent, puesto que en suelo consolidado no pueden exigirle destinarlo a vivienda social. Sí en suelo urbanizable, que es como hacían hasta ahora.

Más allá de que no ha habido consenso entre sector privado y entidades sociales antes de presentar la medida, levanta ciertas dudas a nivel jurídico y de aplicación, ya que supone cambiar el Plan General Metropolitano. Salvador Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, cree que la medida que pretende aprobar el Ayuntamiento podría entrar en conflicto con el Real Decreto Legislativo 7/2015. Además, la medida aún tiene recorrido y puede cambiar mucho: "falta concretar a quién va afectar y si podrán dar licencias sin cumplir ese requisito".