Los planes de Madrid para los pisos turísticos: acabar con el mercado negro, votaciones vecinales y diferenciaciones de uso

El Ayuntamiento de Madrid prepara una nueva normativa para regular los pisos turísticos, aunque esperará a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados contra el Plan Especial de Hospedaje de Manuela Carmena. El consistorio pretende acabar con el mercado negro, además de obligar a cumplir la ley de propiedad horizontal para que estos alojamientos no superen las 2/5 partes del activo y diferenciar entre uso turístico y el alquiler puntual, según ha podido saber idealista/news.

En los despachos de Cibeles se trabaja para arreglar el problema de los pisos turísticos justo en un momento en el que sector atraviesa una gran crisis por las restricciones de movilidad provocadas por el coronavirus. En concreto, el Área de Desarrollo Urbano ha comenzado a esbozar una nueva ordenanza municipal para atajar un problema que ha creado una economía sumergida y problemas vecinales, entre otros contratiempos.

De todos modos, el Ayuntamiento aclara que primero tienen que esperar al fallo del Tribunal Supremo sobre los muchos recursos que se presentaron contra el Plan Especial de Hospedaje de Carmena, que está todavía en vigor. Por este motivo, los planes del nuevo equipo de gobierno son sólo orientativos porque todavía no existe un documento cerrado.

“La realidad es que los pisos turísticos empezaron como economía colaborativa, pero se ha pervertido esta idea para convertirse en un negocio y se ha desvirtuado su espíritu inicial”, señalan desde el consistorio. La cuestión es que el Plan General de Ordenación Urbana no regula esta complejidad y el Plan Especial de Hospedaje aprobado por el anterior equipo de gobierno no se ha mostrado efectivo. ¿Por qué? Porque exigir un acceso independiente a la vivienda es reconocer que el 98% de estas viviendas son imposible de legalizar. “Al final, las condenas al mercado negro y lo que consigues es que sea imposible de controlar. Además de no disminuir el número de viviendas de uso turístico, que siguió aumentando durante todo el mandato anterior”, afirman fuentes del Ayuntamiento de Madrid.

Al no ser sólo una cuestión urbanística, sino que el problema es de seguridad y de convivencia vecinal, el gobierno local explica que trabajará en coordinación con todas las áreas de gobierno implicadas en esta problemática y también con la Comunidad de Madrid, que tiene también competencias.

La nueva ordenanza pretende diferenciar entre las viviendas de uso turístico y los actos de alquiler puntual. El consistorio entiende que las primeras ejercen bajo el principio de unidad de explotación, mediante precio, de forma profesional y sin carácter de residencia permanente, es decir, uso de hospedaje y puro negocio, mientras que las segundas son utilizadas como residencia permanente por parte del dueño y por lo tanto no entrarían dentro de la modalidad de alojamiento turístico.

Además, la nueva ordenanza pretende hacer cumplir la ley de propiedad horizontal y por ello será necesario el consenso de tres quintas partes de la comunidad de vecinos para permitir que haya en el edificio una vivienda de uso turístico. Con esta ley, parece lógico pensar que el número máximo de viviendas turísticas por edificio residencial fuera correspondiente a las 2/5 partes restantes del edificio, para mantener un equilibrio de copropiedad adecuado.

Con estas medidas, el gobierno local pretende aflorar estos pisos para poder tenerlos controlados y dar seguridad, basándose en la convivencia vecinal. En paralelo a la redacción de esta ordenanza, el consistorio ha aplicado la normativa vigente y, por primera vez, ha empezado a multar a aquellos propietarios de pisos turísticos que incumplen reiteradamente las órdenes de cese. “Son multas coercitivas de hasta 3.000 euros”, puntualizan fuentes del Área de Desarrollo y Urbanismo.

Pero esta no es la única medida del consistorio que afecta a los pisos turístico, porque recientemente la EMVS, encabezada por Diego Lozano, ha presentado el programa Reviva (enmarcado en el Plan Integral del Aquiler Municipal) para captar en usufructo viviendas turísticas vacías de la capital con el objetivo de arrendarlas en el mercado de alquiler tradicional. Una iniciativa que guarda seguridad para propietario y ventajas para el futuro de los inquilinos que podrían llegar conseguir hasta 900 euros de descuento en la renta.