La subida de los precios de la vivienda que han registrado las grandes ciudades españolas en los últimos años y el boom del turismo han reabierto el debate sobre la posibilidad de prohibir a los extranjeros la compra de inmuebles, además de promover el fin de la concesión de los permisos de residencia a extranjeros no comunitarios que invirtieran más de 500.000 euros en vivienda, conocidos como 'golden visa'.
En los últimos meses están surgiendo propuestas para limitar o prohibir la compra de propiedades por parte de foráneos en algunas autonomías, como Cataluña o Canarias, aunque los expertos creen que es difícil que salgan adelante.
Según recuerda Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices, la unidad de negocio de Fincas Blanco especializada en administración de fincas; y miembro de la comisión de vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona, el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece la prohibición a cualquier tipo de restricción a los movimientos de capitales entre Estados miembros y terceros países, incluyendo la compra de propiedades inmobiliarias, lo que significa que cualquier ciudadano de la UE tiene derecho a adquirir viviendas en cualquier país miembro sin restricciones significativas.
El Gobierno de Canarias es uno de los artífices de esta iniciativa, ya que dado su estatus de Región Ultraperiférica (RUP) podría contar con una base para argumentar ciertas restricciones basadas en su lejanía e insularidad.
Sin embargo, Blanco recuerda que cualquier propuesta en este sentido debe contar con el respaldo del Gobierno Central y, además, necesitaría una "sólida justificación ante la Comisión Europea". Y explica que esta posibilidad solo se podría explorar para los ciudadanos extracomunitarios, y "siempre y cuando las limitaciones sean necesarias, proporcionadas y no discriminatorias”.
Precedentes e impacto en el mercado
En algunas provincias de Canadá ya se han implantado medidas que atañen este asunto. En concreto, el país norteamericano ha introducido un impuesto adicional que los compradores extranjeros deberán abonar si quieren obtener una vivienda en el país. Con ello, busca frenar la especulación inmobiliaria y mantener unas viviendas asequibles para los residentes locales.
Por su parte, Malta ha limitado la compra de propiedades a una para todos los ciudadanos de la UE, y exige residir en el archipiélago más de cinco años para poder adquirir una segunda vivienda.
A la vista de las experiencias internacionales, Blanco cree que implementar estas restricciones “podría mantener los precios de la vivienda más asequibles para los residentes locales”, y también “reducir la especulación y lograr una estabilidad en el mercado inmobiliario”.
Sin embargo, esta decisión “podría disminuir la inversión extranjera y afectar a la economía local”, además de “reducir la demanda de nuevas construcciones”. Es decir, aunque inicialmente los residentes locales podrían acceder a una vivienda más asequible, la menor inversión y la caída de la demanda no fomentarían nuevos desarrollos de obra nueva.
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