Okupación ilegal

En el primer trimestre del año ingresaron en los juzgados de toda España 460 nuevos procedimientos por okupación ilegal de viviendas, un 22,3% menos que entre enero y marzo del año pasado y el dato más bajo de un primer trimestre de la serie estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los expertos descartan que este fuerte descenso signifique que el fenómeno de la okupación esté desapareciendo y recuerdan que estas estadísticas solo contabilizan los casos por la vía civil, dejando fuera el ámbito penal. Además, explican que la necesidad de negociar con los okupas está retrasando la llegada a los juzgados de muchos casos y que están creciendo aquellos en los que los afectados deciden pagar al okupa para recuperar la posesión de los inmuebles.

En España, la ocupación ilegal es una preocupación latente entre los propietarios. Echarlos es complejo y, además, suelen destrozar las casas en las que entran.

La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) alza la voz contra el bloqueo en la Mesa del Congreso de dos proposiciones de ley impulsan medidas medidas el desalojo en un plazo máximo de 48 horas o el endurecimiento de las penas por la ocupación ilegal de viviendas. Uno de los textos fue promovido por el PP en el Senado y lleva dos años y medio paralizado en la Cámara Baja, mientras que el otro es una iniciativa de Junts que el Congreso admitió a trámite en marzo del año pasado. La PAO denuncia que entre ambos textos acumulan 139 prórrogas sistemáticas de los plazos para presentar enmiendas, lo que califica como un "secuestro parlamentario" que está vulnerando el derecho a la representación política efectiva recogido en la Constitución.

La catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense Matilde Cuena sostiene que el incremento de este tipo de delitos es una realidad “difícil de sostener”. Para mitigar el impacto del problema, la jurista reclama medidas para favorecer el desalojo inmediato por la vía administrativa. Las okupaciones de vivienda ya afectan al 3% del parque que se encuentra a la venta en España, según un estudio de idealista -un dato que sube hasta el 7% en Cataluña-, y ha crecido de 2.700 casos en 2010 a 14.875 en 2025.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana y el diputado Carlos Hernández Quero se enzarzaron este miércoles en el Congreso después de que los de Santiago Abascal reivindicaran el concepto de 'prioridad nacional', es decir, que prime el arraigo para la concesión de ayudas, también a la hora acceder a la vivienda. Un planteamiento que la dirigente socialista tachó de "racista" y "moralmente indecente".

El PP defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso su proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, con la que el partido pretende, entre otras medidas, agilizar los trámites de desarrollo urbanístico y permitir a empresas, bancos y fondos de inversión que puedan acudir a juicios verbales para recuperar viviendas 'okupadas'. Esta misma ley ya ha sido aprobada en el Senado, donde el partido tiene mayoría absoluta. El texto legal también incluye la derogación de las zonas tensionadas y el índice de los precios de referencia de los alquileres.

Desde el 3 de abril de 2025 cualquier afectado por una okupación debe obligatoriamente pasar previamente por un intento de solucionar el conflicto a través de vías extrajudiciales previstas en la ley de eficiencia del servicio público de Justicia. Sin embargo, la abogada Carmen Giménez señala que hay dos procedimientos que, por su carácter “breve”, no exigen pasar por este trámite extrajudicial. Se trata del juicio para la tutela de la posesión y del procedimiento especial regulado en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, para la protección de derechos reales inscritos.

Dentro de la enorme cartera de activos procedentes de la liquidación de la promotora Aifos, una de las mayores quiebras en el sector producto del estallido de la burbuja inmobiliaria, se encuentra la subasta pública de un chalet actualmente okupado muy cerca de Puerto Banús, en Marbella. Se trata de una propiedad de 282 m2 construido en la urbanización El Rodeo (La Mariposa), en una parcela de 1.000 m2 valorada en 1,3 millones de euros, pero que su precio de salida en Escrapalia se encuentra en 815.000 euros.

Quienes hayan sido condenados por delitos vinculados con la okupación, como el allanamiento de morada o la usurpación, no podrán acceder a una vivienda protegida en los cinco años siguientes a la sentencia de condena en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de esta región, durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum.

El volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado creció un 4,6% en solo un trimestre, según un estudio de idealista [empresa editora de este boletín] sobre los inmuebles publicados en su plataforma durante el cuatro trimestre de 2025. Entre octubre y diciembre pasado se anunciaron 24.058 viviendas okupadas, con Madrid (857) superando a Barcelona (787) como la ciudad con el mayor número de viviendas okupadas en el mercado de compraventa, aunque el 40% de estas viviendas con okupas se encuentra en Cataluña. Descubre el impacto de estos inmuebles en tu ciudad.

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat valenciana ha adjudicado el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles. La directora general de EVHA, Estefanía Martínez, ha reconocido que unos de los mayores problemas que afectan al parque público de la Generalitat es el asalto y ocupación de sus viviendas. El coste de la adjudicación asciende a 4,7 millones de euros para 150 viviendas en Alicante, y otras 150 unidades entre Valencia y Castellón.

El término “fondo buitre” se ha instalado en el discurso público cargado de emoción, miedo y prejuicios, muy lejos de su realidad técnica y económica. En este artículo de opinión, Patricia Aragón desmonta uno a uno los mitos que rodean a estos actores financieros y explica, desde la experiencia y sin concesiones, qué ocurre realmente cuando un fondo compra deuda y por qué, lejos de destruir, suele ser quien desbloquea situaciones enquistadas durante años.

En los nueve primeros meses del año los ciudadanos han interpuesto en los juzgados 1.401 demandas por okupación de viviendas. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el volumen de nuevos procedimientos ingresados ha bajado un 21% respecto al año pasado, coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa que obliga a negociar e intentar llegar a un acuerdo con los usurpadores antes de acudir a la justicia. Andalucía es la región con más casos hasta septiembre, seguida de cerca por Cataluña, mientras que Barcelona es la provincia más destacada.

La Policía Nacional ha desalojado a 80 okupas un hotel NH ubicado en el municipio madrileño de Parla. Los usurpadores habían entrado en la edificación durante la mañana, ya que actualmente se encuentra en pleno proceso de reforma para su inminente reapertura. Sin embargo, los agentes han logrado expulsar a los okupas en menos de 24 horas.

Un caso extremo de okupación en Cataluña ha puesto de nuevo bajo el foco el debate sobre la eficacia de la ley y la justicia. Se trata de un joven de 22 años, vecino de Sant Boi de Llobregat, que acumula 225 denuncias y 31 detenciones por ocupar viviendas, aunque nunca ha llegado a pasar más de un día en prisión. Su “negocio” es ya conocido: exige pagos de hasta 17.000 euros para abandonar los inmuebles, y si los propietarios se oponen a abonar dicha cantidad, el okupa vende las viviendas a familias vulnerables por unos 3.000 euros.

El Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

El Senado abordará este miércoles una Proposición de Ley impulsada por el Partido Popular para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha alertado durante el Congreso Nacional de Vivienda sobre la incomprensión internacional del fenómeno de la okupación en España y ha propuesto 10 medidas clave para erradicarla. Destaca la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Vivienda, agilizar la expulsión judicial de okupas, tipificar la inquiokupación y la permanencia tras el alquiler vacacional como delitos, evitar que la vulnerabilidad detenga desahucios, reformar leyes actuales y crear registros de morosos, entre otras acciones.

La okupación de viviendas se ha convertido en un fenómeno alarmante en España, y las cifras oficiales lo corroboran. El abogado Santiago Thomás de Carranza desglosa los diferentes tipos de okupación en España: el allanamiento de morada, que afecta a la vivienda habitual y es considerado un delito más grave; la usurpación, que se refiere a la ocupación de propiedades vacías y no habitadas; y la inquiokupación, donde inquilinos que inicialmente tenían un contrato de arrendamiento dejan de pagar. Santiago explica las implicaciones legales de cada tipo de okupación, así como las herramientas que tienen los propietarios afectados para recuperar sus viviendas.

La alcaldesa del municipio madrileño de Torrelodones, Almudena Negro, ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas económicas destinada a los vecinos afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas, las cuales otorgarán 300 euros anuales durante un plazo máximo de tres años, lo que supone un total de 900 euros por propietario afectado. Los destinatarios serán personas físicas que sean propietarias de una vivienda localizada en Torrelodones y que sufran situaciones de impago. Además, los solicitantes deberán acreditar que han iniciado los trámites judiciales.

La Justicia de Palma ha condenado a una mujer por dos delitos: ocupar ilegalmente una vivienda e instalar una piscina de 6.000 litros en la terraza del apartamento, lo que ha provocado daños estructurales en el edificio que han puesto en riesgo al resto de vecinos. Por ello, el juez de la isla ha condenado a la okupa a pagar 8.000 euros, aunque el propietario estima que los daños “ascienden a decenas de miles de euros”.

Las demandas por okupación de viviendas en España han roto la tendencia por partida doble en el segundo trimestre del año. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el volumen de asuntos ingresados en los juzgados de toda España se desplomó casi un 24% interanual y un 18% respecto al arranque de 2025, con 487 casos. Se trata del segundo dato más bajo de los últimos años, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley que obliga a los propietarios a negociar con los okupas antes de interponer la demanda. Por otro lado, Cataluña ha cedido el puesto a Andalucía como la región con más casos, aunque Barcelona se mantiene como la provincia más afectada.

Los propietarios de una vivienda, cuya casa haya sido okupada, tendrán la obligación de negociar e intentar llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda contra los usurpadores. Así lo han confirmado los magistrados de Primera Instancia y de los Juzgados hipotecarios de Madrid, que han reatificado el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 3 de abril.

El municipio toledano de Seseña ha sido escenario de un grave episodio de violencia que ha conmocionado a los vecinos y propietarios afectados. Una familia de okupas ha usurpado varias viviendas en un bloque de pisos, desatando el pánico entre los dueños y los trabajadores de una empresa de desokupación, que intentan mediar en la delicada situación.