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La Agencia Negociadora del Alquiler ha analizado casi una treintena de viviendas repartidas por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid para medir cuál sería el impacto que tendría el índice de precios que quiere utilizar el Gobierno como base para controlar las rentas. Y el resultado es que la mayoría registrarían una subida de entre 40 y 300 euros o, lo que es lo mismo, que el alquiler sería de media un 33% más caro.

La formación morada tiene una nueva propuesta para el borrador de la próxima Ley de vivienda. En este caso, Podemos pretende calificar como gran propietario de vivienda a toda persona física o jurídica que tenga cinco o más pisos. Hasta ahora, para ser denominado gran tener hacían falta diez inmuebles, según los últimos decretos leyes aprobados desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler y abogado especializado en arrendamiento, critica que las últimas medidas del Gobierno en materia de alquiler ya que, en su opinión, aumentan la inseguridad jurídica y provocarán una huida de inversores nacionales y extranjeros, a quienes no les saldrá a cuenta dedicarse al negocio del alquiler, y pide cambiar el rumbo de las políticas de vivienda para impedir que se reduzca la oferta.

El Parlamento Europeo publicó la semana pasada una resolución que resume las recomendaciones no vinculantes de la Eurocámara a la Comisión Europea y los países miembros en materia de vivienda. A pesar de que partidos políticos y medios de comunicación han asegurado que pedía a los países tomar medidas para controlar el precio de los alquileres, lo cierto es que esa medida fue eliminada de la propuesta de resolución de diciembre, tras el rechazo de los eurodiputados. Entre las 56 peticiones finalmente aprobadas destacan la necesidad de desarrollar más pisos sociales, establecer una normativa clara y ayudar a los colectivos vulnerables.

La reciente modificación del Real Decreto-ley aprobado en diciembre para paralizar los desalojos durante el estado de alarma solo ampara, según el Ejecutivo, a los hogares en situación de vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, dependientes o familias con menores o dependientes a su cargo, tengan o no contrato de alquiler. Además, insiste en que los procedimientos no son automáticos, sino que dependen en última instancia de los jueces. El sector, por su parte, lo califica de 'efecto llamada' a un fenómeno ilegal.

El recién aprobado Real Decreto-ley para crear la figura del consumidor vulnerable trae un cambio sustancial en la prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables hasta que finalice el estado de alarma. Si hasta ahora el desalojo seguía adelante cuando la entrada o permanencia en el inmueble era un delito, ahora queda reducido a cuando se haya producido con intimidación o violencia. El sector critica la inseguridad jurídica y lo califica como una maniobra para amparar la okupación ilegal, mientras que el Gobierno asegura que solo cubre a víctimas de violencia de género, dependientes y que tengan menores a su cargo.

La pandemia ha provocado varios cambios importantes en el mercado del alquiler en menos de un año. La oferta de pisos en arrendamiento y la demanda se dispararon el año pasado cerca de un 80%, mientras que los precios registraron una caída histórica en las principales ciudades del país. De cara a este año, la clave estará en las medidas que ha tomado el Gobierno, y cuyos efectos generan inquietud entre los propietarios. Según el despacho de abogados Ático Jurídico, entre las cuestiones que más preocupan a los arrendadores está si pueden desahuciar a los inquilinos en caso de impago, cómo evitar la okupación, si deben tributar por los inmuebles vacíos y si el Ejecutivo puede limitar las rentas máximas.

Las primeras semanas del año llegan cargadas de nuevas previsiones sobre cómo evolucionará la economía, y los últimos pronósticos de los expertos apuntan a un crecimiento mucho más moderado del que espera el Gobierno. De momento, el Ejecutivo cifra en casi un 10% la remontada del PIB este año, mientras que el servicio de estudios de BBVA, las agencias de calificación Moody’s y S&P o el gigante de la inversión Bank of America cifran la mejora entre un 4% y un 6%, en línea con lo que estima también el Banco de España.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que paraliza los desalojos de inquilinos vulnerables por el impago de la renta. Como estaba previsto, la paralización de los desahucios y el corte de los suministros básicos se prolongará hasta el 9 de mayo y compensará a grandes y pequeños propietarios, siempre que la Administración no pueda realojar a las familias en un plazo de tres meses. Repasamos las claves de la normativa publicada en el BOE y las críticas que está levantando en el sector inmobiliario.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que paraliza los desalojos de inquilinos vulnerables por el impago de la renta, una medida que llevaba un mes sobre la mesa. Como estaba previsto, la paralización de los desahucios se prolongará hasta el 9 de mayo y compensará a grandes y pequeños propietarios, siempre que la Administración no pueda realojar a las familias en un plazo de tres meses. Repasamos las claves de la normativa.

La propuesta de decreto ley sobre la paralización de los desahucios que ha llevado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión de Secretarios de Estado contempla una compensación a todos los propietarios que se vean obligados a suspender el lanzamiento por el impago del alquiler. La compensación sería el precio medio del arrendamiento en la zona donde se encuentre el inmueble. Está previsto que el texto sea aprobado por el Gobierno la semana que viene.

El pasado 27 de Octubre, con motivo de la aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, Pablo Iglesias declaró de forma literal “establecemos una tributación mínima del 15% para las socimi”. Curiosamente, esta medida no figura recogida en el Proyecto de Ley de los PGE para 2021. Mónica Sentieri, directora de la proptech elworking.com, habla sobre el "mareo" del Gobierno a las socimis y el negocio del alquiler.

La Agencia Negociadora del Alquiler cree que las medidas que ha tomado el Gobierno en los dos últimos años han roto el equilibrio en el mercado del arrendamiento, ya que han servido para proteger a los inquilinos y desproteger a los propietarios. Según la compañía, las intervenciones en el alquiler diluyen cualquier posibilidad de impulsar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de viviendas asequibles, y han colocado a los grandes tenedores en el ojo del huracán.

El Gobierno y el ICO han cerrado un acuerdo para ampliar hasta el plazo para solicitar los préstamos del ICO para pagar el alquiler hasta el 31 de mayo de 2021. Según consta en el BOE, tras esta segunda ampliación, abren la puerta a prorrogar las ayudas hasta finales de agosto. Repasamos en qué consisten estas ayudas que se activaron en primavera para ayudar a los inquilinos vulnerables en plena crisis sanitaria.

Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explica que el objetivo de las ayudas públicas "tienen que contemplar e incentivar la igualdad de género". Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima, apuesta por potenciar la presencia de la mujer en la cadena de producción a través de la industrialización del sector.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de las cuentas públicas de 2021 para que pueda iniciar su trámite parlamentario. Entre los principales cambios de los Presupuestos hay subidas de impuestos, nuevas figuras tributarias, un gasto social récord y el acuerdo entre los partidos del Gobierno de activar el control de los alquileres en toda España los próximos meses. Unas medidas que han provocado una oleada de críticas por parte de los expertos, a pesar de que el Ejecutivo insiste en que son necesarias para la reconstrucción económica.

El Consejo de Ministros ha aprobado una subida del techo de gasto, que marca el límite de gasto que pueden realizar las Administraciones y que se convierte en el paso previo a la tramitación de los Presupuestos de 2021. Además, ha actualizado sus previsiones económicas, marcadas por un empeoramiento para este año y una mejora de cara al próximo ejercicio. En 2020 el PIB podría caer hasta un 11,2% y la tasa de paro, superar el 17%.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) considera que el objetivo del Gobierno de ayudar a las familias vulnerables en pleno rebrote del covid-19 no se cumple al paralizar los desahucios. Cree que genera inseguridad jurídica y provocará una contracción de la oferta y de nuevas inversiones en materia de alquiler, lo que acabará lastrando el acceso a la vivienda de los inquilinos con menos recursos, y recomienda dar ayudas directas para pagar la renta. La Agencia Negociadora del Alquiler cree que prolonga los impagos que sufren muchos propietarios.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprueba dos Órdenes que permiten ampliar el plazo para pedir ayudas al alquiler por el covid-19. Los microcréditos del ICO podrán solicitarse hasta el 30 de noviembre, mientras que todo el programa de ayudas a la vivienda que gestionan las autonomías queda ampliado hasta que termine el Plan de Vivienda en 2021. Estas novedades se suman a la prórroga de los contratos de alquiler, la prohibición de desahucios y la obligación de los grandes tenedores de viviendas o entidades públicas de renegociar las rentas con los inquilinos vulnerables anunciado ayer por el Consejo de Ministros.

Entre el 29 y el 30 de septiembre finaliza el plazo para que los trabajadores y autónomos afectados por el covid-19 pidan la moratoria de la hipoteca, ya sea la aprobada por el Gobierno o la alternativa de la banca, así como las ayudas al alquiler que se canalizan a través del ICO y las CCAA. Hay rumores de que el Gobierno estudia prorrogar algunas en plena segunda oleada del virus, aunque de momento se desconoce cómo y cuándo lo hará. A la espera de novedades, repasamos cada medida.

El Consejo de Ministros ha aprobado la regulación del trabajo a distancia a través de un real decreto-ley, que entrará en vigor 20 días después de su publicación el BOE. El texto solo afecta a los teletrabajadores habituales y en los casos de reorganización de las empresas, y siempre que al menos el 30% de la jornada se realice en remoto. El Ministerio de Trabajo ha adelantado que habrá muchos cambios en materia laboral próximamente.

El Colegio Superior de los Colegios de Arquitectos de España reclama medidas fiscales de urgencia para aumentar el número de rehabilitaciones de viviendas en España.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, pide a la clase política que evite pensar en las próximas elecciones y mire a largo plazo para crear el marco idóneo que permita a España sentar las bases de la recuperación económica tras el batacazo provocado por el coronavirus. La banquera considera necesaria una unidad y que las acciones económicas, sanitarias, políticas y sociales miren en la misma dirección.