Okupas

Eduard Mendiluce, hombre de confianza del fondo de inversión Blackstone en España y CEO de Anticipa y Aliseda, afirma en una entrevista que está preocupado porque España es el único país donde se protege la ocupación ilegal. “La normativa aprobada en Cataluña a principios de 2020, en la que se obligaba a ofrecer alquiler social a los okupas bajo ciertas circunstancias, ponía al mismo nivel a un deudor hipotecario o de alquiler y a un okupa”, asevera. Alerta de que la inseguridad jurídica puede lastrar el crecimiento económico y ahuyentar a los inversores.

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente de la Comunidad Valenciana, es la encargada de gestionar los pisos públicos. Su subdirectora, Pura Peris, señala que en la actualidad tienen contabilizadas 1.290 viviendas del parque público okupadas. Mientras tanto, esta administración cuenta con una lista de espera de 16.000 demandantes de vivienda con algún tipo de protección.

Agencias Negociadora ha elaborado una lista para evitar okupaciones en las casas durante el verano. Entre ellas destaca la de instalar una alarma en la vivienda, ya que el simple hecho de tener un cartel de alarma puede disuadir a los 'okupas', pero además, en caso de que se produzca el delito, este no será considerado ocupación, si no allanamiento, y por lo tanto son dos figuras totalmente distintas, ya que esta última permite a la policía actuar de inmediato.

Gail Capital RE, socimi con una capitalización bursátil de 32 millones de euros y especializada en la gestión de apartamentos para estudiantes en España, ha repasado las consecuencias que ha dejado la pandemia en su negocio. Entre los principales efectos destaca la okupación de algunos de sus activos tras quedarse sin inquilinos, según cuenta la propia empresa.

Alejandro Fernández Luengo, uno de los fundadores de la cadena de peluquerías Marco Aldany y de los coliving y residencias de estudiantes ColivINN, habla con idealista/news sobre el momento en el que se encuentra la okupación llevada a cabo en un edificio de su propiedad en el centro de Madrid por el grupo La Ingobernable.

La okupación en España subió un 2,7% en 2020 con respecto a 2019, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. En total, 14.675 personas denunciaron que su vivienda había sido ocupado de manera ilegal.

La Ingobernable ha okupado, de nuevo, un edificio en el centro de Madrid en el que pretende instalar una Oficina de Derechos Sociales. En el inmueble, que es propiedad de los hermanos Fernández Luengo que impulsaron la cadena de peluquerías Marco Aldany, se ubicaba el Hotel Cantábrico, que se encontraba en plena rehabilitación para ser ocupado por otro operador, tal y como ha explicado Alejandro Fernández a idealista/news.

la empresa catalana Desokupa ha lanzado un club de afiliación al que poder suscribirse y, por 300 euros, proteger un piso contra okupaciones. Desde la compañía explican que se podrá hacer uso de una desokupación al año, pero que el usuario también podrá beneficiarse de otras ventajas.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado una orden que incluye a las víctimas de una okupación de su vivienda habitual entre los beneficiarios de un piso social. Así, las personas y familias que tengan un inquilino ilegal en su hogar podrán optar a un inmueble de la Agencia de la Vivienda Social como solución temporal hasta que puedan recuperar el inmueble.

Lucena, un pequeño pueblo Cordobés de poco más de 40.000 habitantes, ha pasado de ser noticia por ser una localidad con pleno empleo a serlo por contar un gran foco de okupación. En concreto, la mesa de trabajo del Ayuntamiento encargada de atajar este problema ha contabilizado más de 100 viviendas okupadas, aunque se cree que hay más unidades. Muchos de los pisos provienes del ‘boom’ inmobiliario y pertenecen a distintas entidades financieras. El problema ha generado robos, suciedad, amenazas de muerte y facturas de más de 10.000 euros para el consistorio.

El Gobierno andaluz ha creado un sistema que tiene por objetivo luchar contra la okupación y asesorar a los propietarios que tengan inquilinos ilegales en una vivienda. Además, la Junta ha creado una guía informativa con las herramientas legales disponibles y un grupo de trabajo específico para ayudar a los afectados a que encuentren la respuesta jurídica más adecuada para su caso.

La compañía Ideal Guardian aterriza en España para implantar su modelo de negocio. Se trata de ofrecer a los propietarios un servicio de ‘guardianes’ que ayudan a evitar la okupación y problemas relacionados con el vandalismo. Estas personas no pagan arrendamiento por habitar estos activos, aunque no lo hacen de manera gratuita. En Holanda, ya hay más de 50.000 personas que viven bajo este régimen, según afirma a idelista/news John Van Haaren, CEO de la compañía en nuestro país.

El propietario de un inmueble se mete en su propia casa, la cual está okupada, para recuperarla y acaba siendo denunciado por el propio okupa. El inmueble se encuentra en el barrio de Su Eminencia, situado en la ciudad andaluza de Sevilla. Allí un okupa llevaba más de un año viviendo en dicho piso.

El Gobierno francés anunció la semana pasada la puesta en marcha de un nuevo procedimiento para luchar contra el fenómeno de la okupación. El objetivo es acelerar el desalojo de los 'inquilinos' ilegales de todo tipo de viviendas, incluyendo las segundas residencias, y proteger a los propietarios. La medida se ha conocido en la misma semana que el Gobierno de Pedro Sánchez ha modificado el decreto antidesahucios para beneficiar a los okupas vulnerables.

El líder del PP, Pablo Casado, anunció el pasado fin de semana que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la normativa antidesahucios aprobada por el Gobierno.

La reciente modificación del Real Decreto-ley aprobado en diciembre para paralizar los desalojos durante el estado de alarma solo ampara, según el Ejecutivo, a los hogares en situación de vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, dependientes o familias con menores o dependientes a su cargo, tengan o no contrato de alquiler. Además, insiste en que los procedimientos no son automáticos, sino que dependen en última instancia de los jueces. El sector, por su parte, lo califica de 'efecto llamada' a un fenómeno ilegal.

El recién aprobado Real Decreto-ley para crear la figura del consumidor vulnerable trae un cambio sustancial en la prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables hasta que finalice el estado de alarma. Si hasta ahora el desalojo seguía adelante cuando la entrada o permanencia en el inmueble era un delito, ahora queda reducido a cuando se haya producido con intimidación o violencia. El sector critica la inseguridad jurídica y lo califica como una maniobra para amparar la okupación ilegal, mientras que el Gobierno asegura que solo cubre a víctimas de violencia de género, dependientes y que tengan menores a su cargo.

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado una guía práctica y explicativa para evitar los desahucios durante el estado de alarma. Lo más curioso es que, en estos consejos, el equipo municipal liderado por Ada Colau también ha tenido a bien añadir un apartado para aleccionar a los okupas y enseñarles qué pasos deben seguir para poder continuar ocupando la casa y poder esquivar el desalojo.

Cerca de 100 personas han okupado 86 viviendas de un edificio situado en la localidad madrileña de Collado Villalba. Un total de 28 pisos son propiedad de Sareb, aunque solo tiene constancia de la ocupación de 15. La sociedad, que ya se ha puesto en contacto con las autoridades y los servicios sociales municipales, explica que el inmueble no está en comercialización porque no tiene todas las licencias necesarias.

La okupación ha llenado de titulares los medios de comunicación durante 2020 con casos de lo más inverosímiles. Entre ellos, el de una okupa en Alicante que se burló de la Policia con carteles en su puerta diciendo que la ley le amparaba y que nadie podía entrar en ese domicilio porque mientras ella estuviera dentro era, legalmente, su casa.

Tres personas han muerto y otras 17 han resultado heridas la madrugada de este jueves en el incendio de una nave industrial okupada en Badalona (Barcelona), en concreto en el barrio del Gorg. Las autoridades se encuentran ya investigando si el incendio ha sido fortuito o si por el contrario ha sido provocado.

Aunque parezca el colmo de los colmos, esta historia es 100% real, y si no, que se lo pregunten a la protagonista.

Irene Montero y Podemos si libran del peso de la ley. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado la resolución sancionadora contra Podemos por revelar en octubre de 2019 en Twitter la identidad de Esther Argerich, una particular propietaria de un piso cuyos inquilinos iban a ser desahuciados. Irene Montero recibirá un simple apercibimiento sin multa porque el partido “eliminó los mensajes”.