Okupas

La okupación en España subió un 2,7% en 2020 con respecto a 2019, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. En total, 14.675 personas denunciaron que su vivienda había sido ocupado de manera ilegal.

La Ingobernable ha okupado, de nuevo, un edificio en el centro de Madrid en el que pretende instalar una Oficina de Derechos Sociales. En el inmueble, que es propiedad de los hermanos Fernández Luengo que impulsaron la cadena de peluquerías Marco Aldany, se ubicaba el Hotel Cantábrico, que se encontraba en plena rehabilitación para ser ocupado por otro operador, tal y como ha explicado Alejandro Fernández a idealista/news.

la empresa catalana Desokupa ha lanzado un club de afiliación al que poder suscribirse y, por 300 euros, proteger un piso contra okupaciones. Desde la compañía explican que se podrá hacer uso de una desokupación al año, pero que el usuario también podrá beneficiarse de otras ventajas.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado una orden que incluye a las víctimas de una okupación de su vivienda habitual entre los beneficiarios de un piso social. Así, las personas y familias que tengan un inquilino ilegal en su hogar podrán optar a un inmueble de la Agencia de la Vivienda Social como solución temporal hasta que puedan recuperar el inmueble.

Lucena, un pequeño pueblo Cordobés de poco más de 40.000 habitantes, ha pasado de ser noticia por ser una localidad con pleno empleo a serlo por contar un gran foco de okupación. En concreto, la mesa de trabajo del Ayuntamiento encargada de atajar este problema ha contabilizado más de 100 viviendas okupadas, aunque se cree que hay más unidades. Muchos de los pisos provienes del ‘boom’ inmobiliario y pertenecen a distintas entidades financieras. El problema ha generado robos, suciedad, amenazas de muerte y facturas de más de 10.000 euros para el consistorio.

El Gobierno andaluz ha creado un sistema que tiene por objetivo luchar contra la okupación y asesorar a los propietarios que tengan inquilinos ilegales en una vivienda. Además, la Junta ha creado una guía informativa con las herramientas legales disponibles y un grupo de trabajo específico para ayudar a los afectados a que encuentren la respuesta jurídica más adecuada para su caso.

La compañía Ideal Guardian aterriza en España para implantar su modelo de negocio. Se trata de ofrecer a los propietarios un servicio de ‘guardianes’ que ayudan a evitar la okupación y problemas relacionados con el vandalismo. Estas personas no pagan arrendamiento por habitar estos activos, aunque no lo hacen de manera gratuita. En Holanda, ya hay más de 50.000 personas que viven bajo este régimen, según afirma a idelista/news John Van Haaren, CEO de la compañía en nuestro país.

El propietario de un inmueble se mete en su propia casa, la cual está okupada, para recuperarla y acaba siendo denunciado por el propio okupa. El inmueble se encuentra en el barrio de Su Eminencia, situado en la ciudad andaluza de Sevilla. Allí un okupa llevaba más de un año viviendo en dicho piso.

El Gobierno francés anunció la semana pasada la puesta en marcha de un nuevo procedimiento para luchar contra el fenómeno de la okupación. El objetivo es acelerar el desalojo de los 'inquilinos' ilegales de todo tipo de viviendas, incluyendo las segundas residencias, y proteger a los propietarios. La medida se ha conocido en la misma semana que el Gobierno de Pedro Sánchez ha modificado el decreto antidesahucios para beneficiar a los okupas vulnerables.

El líder del PP, Pablo Casado, anunció el pasado fin de semana que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la normativa antidesahucios aprobada por el Gobierno.

La reciente modificación del Real Decreto-ley aprobado en diciembre para paralizar los desalojos durante el estado de alarma solo ampara, según el Ejecutivo, a los hogares en situación de vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, dependientes o familias con menores o dependientes a su cargo, tengan o no contrato de alquiler. Además, insiste en que los procedimientos no son automáticos, sino que dependen en última instancia de los jueces. El sector, por su parte, lo califica de 'efecto llamada' a un fenómeno ilegal.

El recién aprobado Real Decreto-ley para crear la figura del consumidor vulnerable trae un cambio sustancial en la prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables hasta que finalice el estado de alarma. Si hasta ahora el desalojo seguía adelante cuando la entrada o permanencia en el inmueble era un delito, ahora queda reducido a cuando se haya producido con intimidación o violencia. El sector critica la inseguridad jurídica y lo califica como una maniobra para amparar la okupación ilegal, mientras que el Gobierno asegura que solo cubre a víctimas de violencia de género, dependientes y que tengan menores a su cargo.

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado una guía práctica y explicativa para evitar los desahucios durante el estado de alarma. Lo más curioso es que, en estos consejos, el equipo municipal liderado por Ada Colau también ha tenido a bien añadir un apartado para aleccionar a los okupas y enseñarles qué pasos deben seguir para poder continuar ocupando la casa y poder esquivar el desalojo.

Cerca de 100 personas han okupado 86 viviendas de un edificio situado en la localidad madrileña de Collado Villalba. Un total de 28 pisos son propiedad de Sareb, aunque solo tiene constancia de la ocupación de 15. La sociedad, que ya se ha puesto en contacto con las autoridades y los servicios sociales municipales, explica que el inmueble no está en comercialización porque no tiene todas las licencias necesarias.

La okupación ha llenado de titulares los medios de comunicación durante 2020 con casos de lo más inverosímiles. Entre ellos, el de una okupa en Alicante que se burló de la Policia con carteles en su puerta diciendo que la ley le amparaba y que nadie podía entrar en ese domicilio porque mientras ella estuviera dentro era, legalmente, su casa.

Tres personas han muerto y otras 17 han resultado heridas la madrugada de este jueves en el incendio de una nave industrial okupada en Badalona (Barcelona), en concreto en el barrio del Gorg. Las autoridades se encuentran ya investigando si el incendio ha sido fortuito o si por el contrario ha sido provocado.

Aunque parezca el colmo de los colmos, esta historia es 100% real, y si no, que se lo pregunten a la protagonista.

Irene Montero y Podemos si libran del peso de la ley. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado la resolución sancionadora contra Podemos por revelar en octubre de 2019 en Twitter la identidad de Esther Argerich, una particular propietaria de un piso cuyos inquilinos iban a ser desahuciados. Irene Montero recibirá un simple apercibimiento sin multa porque el partido “eliminó los mensajes”.

El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana tiene abierta una causa por la okupación en octubre del año pasado de cuatro inmuebles de una finca situada en la Ronda Sant Pere. Después de varios intentos de desalojos, los abogados de la propiedad consideraron que la actuación de los ocupantes y de otras personas de la entidad que los apoyaron podrían constituir también delitos de coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal.

Pedro se levanta temprano. Sabe que el día será duro. Se arregla y sale de casa, siempre con el miedo por saber qué se va a encontrar. “Hoy estoy de suerte”, piensa, “solo es una pareja de jóvenes que podrían abandonar la vivienda tras una conversación”. Nada que ver con lo que Pedro Fernández, jefe de operaciones Desokupa Express, vivió hace semanas: seis personas equipadas con hachas, intentos de atropello y una plantación de marihuana en la vivienda.

Los okupas son cada vez más ambiciosos y resolutivos con los pisos que habitan ilegalmente. Esta es la historia de Maite Mendivil, okupa de un ático con terraza en Las Ramblas de Barcelona que debía haber sido desalojada este jueves pero que el Sindicat d’Habitatge del Raval consiguió frenar. Lo curioso de la historia es que la okupa pagaba un alquiler de 300 euros y, pese a eso, realquilaba el piso en Airbnb.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirma que en el segundo trimestre de 2020 se registraron 757 demandas por okupación de viviendas particulares, mientras que en el mismo periodo del pasado ejercicio el número de denuncias fue de 953. Un descenso del 20% que se produce en los meses posteriores al confinamiento de la población provocado por la aparición del coronavirus.

La Fiscalía General del Estado ha publicado una orden de actuación que permitirá a los fiscales contar con más herramientas para combatir la ocupación ilegal de activos inmobiliarios.