VPO

El Ayuntamiento de la capital catalana ha anunciado un acuerdo para recibir financiación con la que ampliar el insuficiente parque público de vivienda de alquiler. La alcaldesa, Ada Colau, y el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han firmado un protocolo por el cual el ministerio se compromete a aportar 71,7 millones de euros.

El Ayuntamiento de la capital planea la construcción de 600 viviendas (el 30 % con alguna protección oficial), dotaciones para el barrio, espacios verdes y la reserva de 88.000 m2 para un "posible gran hospital del sur" en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha impulsado la tramitación de la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que define el futuro del distrito tecnológico del 22@. Uno de los principales cambios es su apuesta por el desarrollo de vivienda asequible, pasando a contar con 10.100 VPO, el doble de lo que estaba previsto.

La lucha por ampliar el parque de vivienda asequible a través de un vehículo público-privado sigue adelante en Barcelona. El último movimiento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es contar con cuatro candidatos finalistas pata licitar un contrato de 4.554 viviendas de protección oficial que requerirán una inversión de entre 58 millones de euros y 104 millones de euros.

Valencia mejora la gestión de su parque de vivienda pública.

El grupo promotor e inmobiliario Petrus, propiedad de la familia Rabassa, destinará 37,7 millones de euros en la construcción de cuatro nuevos edificios residenciales en Barcelona y Madrid. La compañía ha explicado que “no ve viable” adaptarse a las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona, por lo que no promoverá en la capital catalana, sino en sus alrededores.

El Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona ha ampliado el aplazamiento del cobro de las cuotas del recibo a las familias que viven en viviendas gestionadas a través del IMHAB. La ampliación afecta a todos los locales gestionados por el organismo y el cobro se aplaza hasta el 1 de octubre.

Ada Colau retoma uno de sus proyectos más ambiciosos en cuanto a vivienda pública para Barcelona después de que la primera convocatoria quedara desierta.

El consistorio de Ada Colau ha abierto un expediente sancionador contra el fondo inversor Azora por "incumplir la obligación de alquilar" un total de 20 pisos de un edificio que compró con protección oficial el año 2010.

El Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana (AMB) han decidido reactivar este mes los trámites para escoger al socio privado que tome una participación del 50% de Habitatge Metròpoli Barcelona (HMB), una sociedad público-privada que se encargará de construir 4.500 pisos en la capital catalana y el primer cinturón en régimen de alquiler.

El consistorio de Ada Colau ha comprado ocho casas en el casco antiguo del barrio de Sant Andreu ejerciendo el derecho de tanteo y retracto. El ayuntamiento, que ha llevado a cabo esta comprar para evitar “otro episodio de especulación por parte de un fondo buitre en la ciudad”, invertirá un millón de euros en esta operación.

Debido a la crisis del coronavirus y su impacto en el sector de la vivienda, la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Comunidad Valenciana, que dirige Rubén Martínez Dalmau, ultima un decreto para dar respuesta a la emergencia habitacional con la ampliación del parque público de vivienda a través del derecho de adquisición preferente de la Administración.

Lucía Martín, concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, ha hecho balance de los planes a medio plazo del consistorio en cuanto a vivienda y ha explicado que se invertirán 310 millones de euros para contar con 2.400 pisos más hasta finales de año.

El Govern catalán ha acordado ampliar al mes de mayo la moratoria en el pago del alquiler de viviendas y locales comerciales gestionados por la Generalitat, una medida que aspira a "proteger a las familias con menos recursos" ante el covid-19.

Meritxell Budó ha anunciado que el Ejecutivo catalán ha aprobado un nuevo decreto para complementar las medidas que se habían adoptado hasta ahora para hacer frente al impacto de la pandemia, entre las que destaca que los inquilinos de pisos propiedad de la Generalitat que se acojan a la moratoria del pago de este alquiler deberán devolver este importe en 36 meses.

El consistorio toma esta medida tras la crisis de covid-19. De esta manera, un total de 8.748 familias que viven de alquiler en viviendas gestionadas por el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) no volverán a pagar el alquiler hasta el mes de julio. Para llevar a cabo esta medida, el Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado una partida extraordinaria de hasta 5,5 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid que buscaba evitar la nulidad de la venta de 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) a Encasa Cibeles (sociedad participada por Goldman Sachs y Azora) por 201 millones de euros.

Las nuevas cuentas del Consistorio son las primeras que aprueba la alcaldesa Ada Colau de forma ordinaria y negociada y también la primera vez que superan los 3.000 millones. De estos, 171 millones de euros irán destinados a vivienda, 100 millones de euros más que en 2019.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han unido fuerzas para lanzar nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda. Si bien el objetivo es social, los profesionales que se encargan de dinamizar este sector han interpretado este Decreto Ley (en concreto el 17/2019) como un ataque directo al sector privado, tildándolo de “drama” y de “desprotector” para los actores del negocio inmobiliario en toda la comunidad.

El Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (Imhab) ha adjudicado la construcción de un edificio de vivienda pública en el barrio de Vallcarca a la constructora Beta Conkret. El edificio residencial contará con 14 pisos de alquiler asequible.

La Generalidad de Cataluña ha aprobado un nuevo decreto ley de vivienda que establece, entre otras medidas, que todas las viviendas protegidas nuevas serán siempre protegidas en Cataluña, como ocurre en País Vasco y Baleares.

El Ayuntamiento de Barcelona a través del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación ha seleccionado un proyecto presentado por Mediaurban (propiedad de Grupo Mediapro), y la Fundación Habitat3, para la construcción de 47 viviendas sociales de alquiler en el número 11 de calle Badajoz, en el barrio del Poblenou, bajo la fórmula de promoción delegada.

Lucia Martin, concejal de Vivienda del consistorio, admitió ayer que los pisos sociales fruto de la imposición a los promotores privados de que hagan un 30% de vivienda asequible tardarán todavía un par de años en llegar. En concreto, 2021.