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Ada Colau echa balones fuera ante la petición de anular las sanciones a inmobiliarias

Pleno del Ayuntamiento de Barcelona
Pleno del Ayuntamiento de Barcelona

Las sanciones a inmobiliarias y el índice de alquiler de precios continúan debatiéndose en los círculos políticos de Barcelona. Esta mañana Barcelona pel Canvi ha llevado al pleno del consistorio barcelonés la suspensión de las sanciones a inmobiliarias hasta conocer el veredicto del Constitucional. Si bien la mayoría de los votos han sido en contra, Ciudadanos y Partido Popular han apoyado la exposición de Eva Parera, de Barcelona pel Canvi, que ha apelado al “sentido común” y al “criterio de prudencia”.

“Debemos tener sentido común, debemos mirar hacia fuera y ver que son leyes que están siendo anuladas y que nos estamos adelantando con las multas”, explica Parera, que ha sido en distintas ocasiones cuestionada por “insinuar querer saltarse la ley”, según grupos políticos como ERC.

“Nadie habla de no aplicar la ley, sólo pedimos que haya prudencia, que esperemos al veredicto del Tribunal Constitucional y que no se multen a portales de Internet que son meros escaparates, ya que no pueden ser declarados responsables directos de las faltas de las personas que lo utilizan -explica Parera- además de que hay jurisprudencia al respecto y no son los responsables”.

“Ahora mismo, estas multas son una batalla que no nos lleva a ningún sitio y lo único que hacen es crear inseguridad jurídica, además de que, si el Tribunal Constitucional tumba esta regulación, se deberán devolver las multas con recargo. Solo pedimos prudencia”, concluyó Parera.

Los otros partidos a favor de “ser cautos” han sido Ciudadanos y Partido Popular, que han asegurado que este tipo de sanciones “crean inseguridad jurídica y dan mala imagen para algunas empresas tecnológicas que ven a Barcelona como una ciudad donde expandirse o instalarse para liderar su negocio en Europa”.

Por su parte, JxCatERC y Barcelona en Comú han votado en contra, apelando que “es una ley social y que nadie debería estar en contra de ella”.

Esta norma, aprobada en septiembre de 2020, fue recurrida por el PP de inmediato al TC, que admitió el escrito a trámite y está en estudio. De hecho, antes de que el Parlament de Cataluña le diera luz verde, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) advirtió de que la Generalitat no tenía competencias en esta materia. 

El sector prevé que este pronunciamiento sea clave en la decisión final que tomen los magistrados y la normativa decaiga de forma definitiva. Con todo, en Barcelona ya se habrán tramitado sanciones. 

Son numerosos los expertos que ya han adelantado que el Tribunal Constitucional tumbará la regulación catalana. En ese caso, los expedientes sancionadores abiertos por Colau se deberían cerrar. “El impacto reputacional sobre un Ayuntamiento que ya está con bajos índices de credibilidad sería brutal. Estar sancionando a sabiendas que el Alto Tribunal puede muy probablemente dictar sentencia en contra es éticamente reprobable y deja en muy mal lugar al Consistorio frente a inversores internacionales”, afirmó una fuente del sector inmobiliario consultada por idealista/news.