Eliminar las viviendas turísticas no abarata el alquiler: lo que dicen los datos frente al relato político

Eliminar las viviendas de uso turístico no hará que los alquileres bajen en Barcelona. Pese a haberse convertido en una de las grandes apuestas políticas en materia de vivienda, los datos y las intervenciones de un panel de economistas, juristas y expertos del sector reunidos en el Círculo Ecuestre apuntan a un escenario muy distinto al del relato dominante. Economía, empleo y mercado residencial se cruzaron en un debate que puso cifras y contexto a una de las decisiones más controvertidas del Ayuntamiento, que por cierto se saltó la cita, pese a ser expresamente invitado por la organización.

Antes de que comenzara el coloquio, los números marcaron el terreno de juego. Jordi Salvador, socio de PwC, presentó un estudio sobre el impacto económico de las viviendas de uso turístico en Barcelona que sirvió de base para todo el debate posterior. “Las viviendas de uso turístico juegan un papel clave dentro de la oferta de alojamiento turístico en Barcelona, permitiendo la estancia de visitantes que vienen por ocio, congresos, reuniones y negocios”, señaló al inicio de su intervención.

Según el estudio, en 2023 los visitantes alojados en viviendas de uso turístico generaron más de 2.060 millones de euros de gasto en la ciudad. De ese total, 990 millones correspondieron al alojamiento y 1.073 millones al consumo durante la estancia. “Hablamos de gasto en transporte, restauración, comercio, ocio y cultura”, detalló Salvador, subrayando el carácter transversal de este impacto.

Ese flujo económico se traduce en una contribución de 1.928 millones de euros al PIB de Barcelona, el 1,9% del total, y en el mantenimiento de 40.340 puestos de trabajo. “Por cada euro que genera el propio sector, en el conjunto de la economía se generan 3,5 euros”, explicó. En términos laborales, añadió, “por cada puesto directo se generan 4,4 puestos de trabajo en el conjunto de la economía”.

La fiscalidad también tuvo un papel destacado. “Solo en tasa turística estamos hablando de más de 50 millones de euros anuales”, recordó Salvador, antes de insistir en que “el impacto de las viviendas de uso turístico va mucho más allá del propio alojamiento”.

El momento clave llegó al abordar el mercado del alquiler. En Barcelona hay 9.818 viviendas de uso turístico, el 1,2% del parque residencial. “Entre 2014 y 2023 el número de licencias creció solo un 2,2%”, señaló Salvador. En ese mismo periodo, los precios del alquiler subieron más de un 70%. “Difícilmente se puede justificar la subida de los alquileres por la evolución de las viviendas de uso turístico”, afirmó.

El análisis por distritos reforzó esa idea. “En l’Eixample, donde el porcentaje de viviendas turísticas cayó, el precio del alquiler subió un 82%, por encima de la media”, explicó. “En Nou Barris, donde aumentaron, la subida fue diez puntos inferior”. La conclusión fue clara: “No existe una correlación positiva entre viviendas de uso turístico y precio del alquiler”.

Con los datos sobre la mesa, el periodista económico Umberto Salerno abrió el debate preguntando cómo sería la Barcelona del futuro “si se eliminan todas las licencias en 2028”. El primero en intervenir fue Enrique Alcántara, presidente de Apartur, que no dudó. “Barcelona será una ciudad menos accesible, menos competitiva y más pobre”, afirmó. “Renunciar a casi el 40% del alojamiento turístico saca a Barcelona del panorama internacional”.

Alcántara puso el foco en el turismo familiar. “Este modelo expulsa a las familias”, dijo. “Una familia no podrá permitirse venir a Barcelona si solo quedan hoteles”. A su juicio, la medida no resolverá el problema del alquiler. “El Ayuntamiento cree que 10.000 viviendas volverán al mercado residencial. Eso es absolutamente falso”, aseguró. “Lo primero que habrá serán procesos judiciales. Nadie va a alquilar esas viviendas mientras duren”.

También alertó del impacto económico. “Estamos hablando de 2.000 millones de euros de PIB y 40.000 puestos de trabajo”, recordó. “Eliminar esto no arregla la vivienda y sí empobrece la ciudad”.

El turno pasó después a Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels, que aportó una visión desde la experiencia empresarial. “Yo monté apartamentos turísticos porque el cliente me lo pedía”, explicó. “Venían al hotel y me decían: ‘la semana que viene vengo con mi suegra y con mi perro y quiero un apartamento’”.

Sarasola defendió la diversidad de oferta. “El cliente viene una vez por trabajo y otra con la familia. Hay que darle opciones”, afirmó. También criticó el discurso contra el sector. “Habéis regulado, habéis eliminado lo ilegal y aun así os metéis en este fregado. No lo entiendo”, dijo. “Prohibir no es gobernar. Gobernar es regular”.

El hotelero alertó además del riesgo de ilegalidad. “Si eliminas la oferta legal, el alojamiento ilegal será extremadamente rentable”, advirtió. “Eso sí que generará problemas de convivencia y reputación para la ciudad”.

Desde el punto de vista jurídico, Pablo Molina, especialista en Derecho Urbanístico de Garrigues, fue desgranando las consecuencias legales del decreto. “Estamos transformando licencias indefinidas en temporales por razones de política pública”, explicó. “Eso genera una inseguridad jurídica enorme”.

Molina fue especialmente crítico con la prohibición general. “Prohibir es pereza mental”, afirmó. “En lugar de identificar problemas concretos y regularlos, se extiende una manta que lo tapa todo”. Recordó que el problema de la vivienda “viene de lejos”. “La ley del suelo del 56 ya hablaba de un grave problema de vivienda en España”, dijo. “No nace con las viviendas de uso turístico”.

El economista Gonzalo Bernardos fue intercalando una lectura más política y económica. “El dato ya no mata al relato, el relato ha exterminado al dato”, afirmó. Bernardos recordó que las viviendas turísticas representan alrededor del 1% del parque residencial. “Su impacto sobre el alquiler es prácticamente inexistente frente a lo que aportan”, sostuvo.

También fue muy crítico con la demonización del turismo. “El turismo representa el 12,6% del PIB y no ha crecido respecto a 2019”, recordó. “Estamos a punto de matar la gallina de los huevos de oro”. A su juicio, el problema es la falta de oferta. “Sin más vivienda, no hay regulación que funcione”.

El debate avanzó con referencias a Nueva York, donde la prohibición redujo la oferta sin abaratar el alquiler, y a Europa, que apuesta por la proporcionalidad y no por la prohibición. Alcántara insistió en que “eliminar las viviendas turísticas nos llevará a la economía sumergida”. Sarasola volvió a señalar la masificación como el verdadero problema. Molina recordó que “expropiar sin pagar no es una opción jurídica viable”. Bernardos cerró con una advertencia. “Cuando se lanza el mensaje de que invertir en vivienda es un riesgo, la inversión desaparece y los precios suben”.

El coloquio concluyó sin consensos, pero con una idea compartida: eliminar las viviendas de uso turístico no abarata el alquiler. Frente a un problema complejo y estructural, los expertos reclamaron menos consignas y más política de oferta. Porque, como se repitió en la sala, sin más vivienda, no hay prohibición que funcione.