Generalitat Catalunya

La carrera por aumentar el parque de vivienda asequible en Cataluña busca ahora respaldo en Europa. El Institut Català de Finances (ICF), el brazo financiero de la Generalitat, negocia con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) la concesión de un préstamo de unos 330 millones de euros destinado a financiar la construcción y rehabilitación de cerca de 4.500 viviendas de alquiler asequible en el territorio catalán. La operación se enmarca en la estrategia del Govern de Salvador Illa para incrementar la oferta residencial y avanzar hacia el objetivo de construir 50.000 viviendas asequibles antes de 2030, uno de los compromisos estrella de la legislatura en materia de vivienda.

El Govern de la Generalitat ha ampliado el límite de edad de los Préstamos Emancipación, su programa estrella para facilitar el acceso a la primera vivienda en propiedad. Desde esta semana, podrán solicitarlos los mayores de 18 y hasta los 40 años, cinco más que hasta ahora, cuando el tope se situaba en los 35. El objetivo es llegar a más personas que, pese a tener un proyecto de vida consolidado, no han tenido tiempo de generar el ahorro necesario para afrontar la entrada de un piso.El programa, gestionado por el Institut Català de Finances (ICF) junto con la Agència de l'Habitatge de Catalunya, ofrece hasta 50.000 euros sin intereses para cubrir el 20% del valor del inmueble, la parte que habitualmente no financia el banco.

La Generalitat de Cataluña sigue acelerando la compra de vivienda para ampliar el parque público de alquiler asequible. El consejo de administración del Institut Català del Sòl (Incasòl) ha confirmado ahora la adquisición de 1.094 viviendas propiedad de InmoCaixa por un importe cercano a los 90 millones de euros, en una de las mayores operaciones residenciales cerradas por la administración catalana en los últimos años. La operación amplía el acuerdo anunciado a finales de 2025, cuando el Govern avanzó la compra de 1.064 pisos por 87,2 millones de euros. Finalmente, el paquete se ha incrementado en 30 viviendas más y también incorpora 1.014 plazas de aparcamiento y 239 trasteros repartidos en 14 municipios catalanes.

El mapa de la vivienda asequible en Cataluña se abre a nuevos actores. La Generalitat ha puesto en marcha un concurso piloto para movilizar 59 solares públicos repartidos en unos 40 municipios con capacidad para 783 viviendas protegidas. La clave no está tanto en el volumen como en el enfoque: se trata de parcelas de menor tamaño o con menor atractivo para los grandes operadores, donde el Govern busca implicar a promotores locales, cooperativas e incluso fórmulas de autopromoción para activar suelo que hoy no encuentra salida en el mercado.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este 25 de febrero el proyecto de ley por el cual se adoptan medidas urgentes en materia del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, que se aplicará a partir del 1 de abril.El proyecto de ley, que tiene origen en el decreto del Govern que el ple

Barcelona vuelve a proclamarse “zona cero” de la crisis de vivienda… pero cuando toca poner suelo sobre la mesa, desaparece. El primer gran concurso de solares impulsado por la Generalitat para construir 1.940 viviendas públicas de alquiler asequible arranca con un dato incómodo: ni un solo solar dentro de la ciudad de Barcelona. Cero presencia en el listado, cero parcelas y, en la práctica, cero impacto directo en el epicentro del mercado más tensionado de Catalunya. Según expertos consultados por idealista/news, “la falta de suelo en Barcelona en este concurso indica que no hay política de vivienda capaz de atacar el núcleo del problema”.

La Generalitat de Cataluña ha dado un paso relevante en política de vivienda con la convocatoria de un concurso de 37 solares en desuso de municipios catalanes para levantar aproximadamente 1.940 viviendas de alquiler público asequible y ponerlas en el mercado con una cesión de uso de hasta 75 años. Los terrenos, cedidos por 23 ayuntamientos, forman parte de una primera “oleada” de suelo municipal movilizado para generar vivienda asequible a gran escala, según ha explicado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque.

Tras el anuncio del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de la construcción de 50.000 pisos de alquiler social en 2030, el ente ha ido comunicando varias medidas para frenar el problema del acceso a la vivienda en la comunidad. Ahora, compra 1.000 pisos propiedad de InmoCaixa, por un importe de 87,2 millones de euros. La finalidad: aumentar el parque público catalán de vivienda de alquiler para convertirse en vivienda protegida permanente. Estas viviendas están ubicadas en más de 15 municipios de la comunidad. Analizamos con varios expertos la operación, que concluyen que esta compra es un paso positivo para reforzar el parque público, pero no resuelve el fondo del problema.

El Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves regular el alquiler de temporada y de habitaciones tras salir adelante el proyecto de ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado el proyecto de ley, que ha llegado al debate final con enmiendas de Junts, PP, Vox, mientras que PSC-Units, ERC y Comuns habían presentado enmiendas conjuntas al dictamen emitido por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que pidieron Junts y PP.

Cataluña vuelve a situarse como laboratorio de políticas de vivienda y esta semana pondrá en marcha uno de los debates más controvertidos de los últimos años: la posible prohibición de comprar pisos para invertir, lo que el Govern y los Comunes denominan “compra especulativa”. La iniciativa se formalizará con la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Ejecutivo catalán y el grupo parlamentario de los Comunes, apenas un mes después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ordenara a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, estudiar esta vía. “Todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos”, afirmó Illa entonces.

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha afirmado que el Govern "estudiará a fondo" la posibilidad de prohibir las compras de vivienda con fines especulativos en Cataluña, pero ha avisado de que no es sencillo desde el punto de vista jurídico. Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Govern en respuesta a la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, que ha hecho referencia al informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que avalaría jurídicamente esta medida, y a la proposición de ley que su grupo ha presentado en este sentido. Albiach ya afirmado que será un tema central en una eventual negociación de Presupuestos.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha augurado que el proyecto de ley de medidas urgentes en vivienda y urbanismo que contempla la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones estará en vigor antes de 2026, a pesar de que el PP y Junts hayan llevado la medida ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE). El Consell Executiu ha afirmado que, aunque el CGE agotara al máximo el periodo para emitir el informe, se podría aprobar en alguno de los plenos del Parlament de este 2025, por lo que contempla empezar 2026 "con esta regulación aprobada".

El despacho de abogados AF Legis arremete contra la medida en vivienda que analiza la Generalitat de Cataluña: prohibir o limitar la compra de viviendas que no sean la residencia habitual del adquiriente. Según Arantxa Goenaga, una de las socias del bufete, adquirir un inmueble con intención de obtener un beneficio económico "es una práctica legítima y totalmente amparada por la ley" y su potencial restricción vulnera principios constitucionales como el derecho a la propiedad. En su opinión, la puesta en marcha de tal iniciativa "sería una fuente de inseguridad jurídica" y "podría bloquear por completo el mercado inmobiliario" de Cataluña.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la compra de 170 viviendas a InmoCaixa por aproximadamente 15 millones de euros, en una operación que se formalizará el próximo 13 de noviembre. Esta adquisición representa un nuevo paso en la estrategia del Govern para ampliar el parque público de vivienda y garantizar que estos inmuebles mantengan su condición de protección oficial.

En una maniobra que pretende responder a la emergencia habitacional y frenar la presión sobre el mercado de alquiler y vivienda en Cataluña, la Generalitat de Catalunya ha aprobado la creación del Servicios de Protección y Estabilidad Residencial (SPER), una unidad destinada a la detección temprana del riesgo de pérdida de vivienda, tanto en alquiler como hipotecario, y al acompañamiento integral de las familias afectadas, antes de que lleguen los lanzamientos.

La Generalitat analizará la posibilidad de prohibir la adquisición de viviendas a quienes no las destinen a residencia principal, una medida que diversas administraciones locales catalanas consideran constitucional. El presidente Salvador Illa se mostró dispuesto a estudiar esta vía después de que el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), consorcio en el que participan Ayuntamiento, Diputación y Área Metropolitana de Barcelona, difundiera un informe que avala jurídicamente la restricción si se aplica con límites espaciales y temporales.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) para gestionar los próximos cuatro años unas 13.000 viviendas y 300 solares en régimen de cesión de superficie por 75 años cedidos por Sareb a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). El protocolo permitirá ceder en usufructo a la Generalitat la gestión de las viviendas destinadas al alquiler asequible e incorporar suelos de Sepes a la Reserva Pública de Solares catalana, con la intención de acelerar la promoción de nueva vivienda protegida que se incorpore al parque residencial de Estado.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha informado de que el programa Préstec Emancipació, diseñado para ayudar a jóvenes a pagar la entrada de su primera vivienda, ha recibido un total de 3.000 solicitudes, de las cuales unas 2.100 están siendo tramitadas. Según la consellera, el precio medio de las viviendas adquiridas dentro del programa es de 200.000 euros, y el importe medio de la ayuda asciende a 38.000 euros

Cataluña ultima la puesta en marcha de su registro de grandes tenedores de vivienda. El decreto que regula su funcionamiento se encuentra en fase de exposición pública y el Govern prevé aprobarlo antes de que termine octubre, según confirmó en el Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque (PSC). El texto establece que deberán inscribirse en este registro todas las personas físicas o jurídicas que acumulen un mínimo de cinco viviendas en los municipios declarados como zonas tensionadas por la Generalitat. En el resto del territorio, el umbral se eleva a diez inmuebles en toda España o a 1.500 metros cuadrados de superficie residencial, quedando excluidos trasteros y plazas de aparcamiento.

Un análisis elaborado por Ivàlua, el instituto de evaluación de políticas públicas en el que participa la propia Generalitat, pone en duda la efectividad de la medida estrella del Govern para facilitar el acceso a la vivienda: los préstamos a jóvenes para cubrir la entrada. Según sus conclusiones, lejos de abaratar la compra, esta ayuda puede contribuir a encarecer los precios en un mercado con poca oferta disponible.

El Govern catalán ha aprobado un decreto ley para modificar el régimen jurídico de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para adaptarlo a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la hacienda catalana, dotándola de plena autonomía en materia de personal para poder empezar a recaudar "

Este 27 de junio entra en vigor la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en Cataluña al 20% para las operaciones inmobiliarias que protagonicen los grandes propietarios y para las adquisiciones de edificios residenciales completos, frente al 10% que se aplicaba hasta ahora. Los expertos llevan meses alertando del impacto de este incremento fiscal para la inversión y para el desarrollo de más oferta residencial. Mientras el Parlamento regional estudia una modificación en la normativa para aclarar algunos puntos confusos del texto inicial, el sector pide aprovechar la ocasión para incluir cambios que permitan impulsar la vivienda asequible.

Vuelve el bono joven del alquiler en Cataluña. La Generalitat ha abierto la convocatoria de 2025 para que los jóvenes de entre 18 y 35 años puedan solicitar una ayuda mensual de 250 euros durante un máximo de dos años para pagar su vivienda habitual. La ayuda, cofinanciada por el Gobierno de España y gestionada por las comunidades autónomas, busca facilitar la emancipación juvenil en un contexto de encarecimiento del alquiler, especialmente en las grandes ciudades.

El pleno del Parlament ha validado este miércoles el decreto ley del Govern para aplazar la aplicación de la nueva tasa turística, que tiene por objetivo retrasar hasta octubre la entrada en vigor de este gravamen, con los votos favorables de PSC-Units, ERC y Comuns; el voto en contra de Junts, PP,

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern aprobará este martes destinar 500 millones de euros en 5 años a préstamos dirigidos a que jóvenes puedan pagar la entrada de su primera vivienda.Lo ha dicho este lunes en el V Foro Catalunya, organizado por 'El Economista' en