Ada Colau

El distrito de Gràcia acaba de dictar una orden de cese de actividad del casal popular Tres Lliris, desde hace cinco años en la antigua comisaría de Policía Nacional de Gràcia, en la calle Nil Fabra. Esta okupación ha sido siempre una de las más emblemáticas a los ojos de Ada Colau, que permitió que se legalizara el local okupado desde el ayuntamiento, “que además costeó algunas de sus obras con las arcas municipales”, según explican los vecinos de la zona.

El Ayuntamiento de Barcelona abre una nueva vía para seguir ampliando el parque público de vivienda a través de un convenio con las entidades más representativas del sector de la vivienda social y cooperativa. El consistorio cederá el uso de solares y edificios a rehabilitar para que sean las entidades las que propongan los proyectos a desarrollar, con un seguimiento y control conjunto con el Ayuntamiento.

El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana tiene abierta una causa por la okupación en octubre del año pasado de cuatro inmuebles de una finca situada en la Ronda Sant Pere. Después de varios intentos de desalojos, los abogados de la propiedad consideraron que la actuación de los ocupantes y de otras personas de la entidad que los apoyaron podrían constituir también delitos de coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal.

A los propietarios de pisos turísticos no les salen las cuentas que les propone Ada Colau.

Habyco - Construcciones Rubau, Oaktree - Sdin Residencial - Sogeviso (del grupo Banco Sabadell), Cevasa-Neinor Homes y Visoren han pasado a la segunda fase de la selección de un socio privado para formar parte de la sociedad Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), dedicada a la vivienda de alquiler asequible de ámbito metropolitano.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la licitación de la construcción industrializada de cuatro promociones de vivienda pública para alquiler, que sumarán 212 pisos como máximo y que contará con un presupuesto de 20,4 millones de euros, en cuatro solares municipales del distrito de Sant Martí.

El Ayuntamiento de la capital catalana ha anunciado un acuerdo para recibir financiación con la que ampliar el insuficiente parque público de vivienda de alquiler. La alcaldesa, Ada Colau, y el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han firmado un protocolo por el cual el ministerio se compromete a aportar 71,7 millones de euros.

Desde este mes el consistorio ha creado una nueva unidad especial única para ofrecer atención especializada a la ciudadanía y agilizará los trámites y el otorgamiento de licencias con el objetivo de promover la rehabilitación de inmuebles y favorecer la generación de empleo.

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha impulsado la tramitación de la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que define el futuro del distrito tecnológico del 22@. Uno de los principales cambios es su apuesta por el desarrollo de vivienda asequible, pasando a contar con 10.100 VPO, el doble de lo que estaba previsto.

A mediados de esta semana el Parlament catalán dio luz verde a esta polémica ley para limitar el aumento de los alquileres en Cataluña y habilitar un control de precios. Los principales actores del negocio del real estate en España están en contra, tildando este movimiento de ilegal, una medida “disparatada” y que, de salir adelante esquivando la negativa del Tribunal Constitucional, tendrá efectos adversos para inquilinos y propietarios.

Los votos de la mayoría de JuntsxCat, ERC, Podem y la CUP dan el paso definitivo para la aprobación de la ley para limitar los precios del alquiler en Cataluña, una iniciativa encabezada por el Sindicat de Llogaters, lobby inmobiliario vinculado a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Ahora será el Tribunal Constitucional el que tendrá la última palabra, ya que es una ley que según el consejo de garantía estatutarias vulnera la Constitución española y atenta contra el derecho a la propiedad privada.

Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, ha permitido que se legalice un local okupado del barrio barcelonés de Gracia. Según explican los vecinos del edificio y tal y como ha adelantado ABC, el local ha pasado de ser “una casa okupa pendiente de un desalojo a equipamiento juvenil regularizado y costeado por las arcas municipales”.

El grupo promotor e inmobiliario Petrus, propiedad de la familia Rabassa, destinará 37,7 millones de euros en la construcción de cuatro nuevos edificios residenciales en Barcelona y Madrid. La compañía ha explicado que “no ve viable” adaptarse a las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona, por lo que no promoverá en la capital catalana, sino en sus alrededores.

La asociación Barcelona Global, integrada por empresas centros de investigación, universidades y profesionales, y el Ayuntamiento de Barcelona han acordado impulsar Barcelona & Partners, un programa de identificación, captación e implantación de actividad económica en el ámbito metropolitano. Entre las empresas que darán apoyo a esta iniciativa para captar inversión está Colonial, uno de los mayores grupos inmobiliarios de España.

La alcaldesa de Barcelona ha aprovechado el confinamiento para intensificar la actividad inspectora en los pisos turísticos de la ciudad. El resultado fue que detectó 597 que no se adecuaban a la normativa, que ya han sido dados de baja o están en proceso de ello, tal y como han explicado desde el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Barcelona amenaza a cerca de 200 propietarios de pisos con la expropiación si no los ponen en alquiler antes de un mes. El consistorio ha lanzado esta advertencia a los grandes tenedores de viviendas (Sareb es el propietario de la mitad de estos pisos) que las han mantenido vacías durante más de dos años.

El Gobierno municipal de Barcelona de BComú y PSC ha acordado con ERC la "culminación" del distrito tecnológico del 22@, que actualiza el plan aprobado el año 2000 con el objetivo de generar 60.000 empleos y duplicar la reserva de vivienda protegida hasta las 10.000.

Ada Colau retoma uno de sus proyectos más ambiciosos en cuanto a vivienda pública para Barcelona después de que la primera convocatoria quedara desierta.

La guerra entre el Ayuntamiento de Barcelona y Lazora sigue abierta. Tras abrir un expediente sancionador por “incumplir la obligación de alquilar”, la empresa desmiente rotundamente que las 20 viviendas protegidas estuvieran vacías: “los pisos han estado y están alquilados desde que comprara el edificio con protección oficial en el año 2010.

El consistorio de Ada Colau ha abierto un expediente sancionador contra el fondo inversor Azora por "incumplir la obligación de alquilar" un total de 20 pisos de un edificio que compró con protección oficial el año 2010.

El Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana (AMB) han decidido reactivar este mes los trámites para escoger al socio privado que tome una participación del 50% de Habitatge Metròpoli Barcelona (HMB), una sociedad público-privada que se encargará de construir 4.500 pisos en la capital catalana y el primer cinturón en régimen de alquiler.

El consistorio de Ada Colau ha comprado ocho casas en el casco antiguo del barrio de Sant Andreu ejerciendo el derecho de tanteo y retracto. El ayuntamiento, que ha llevado a cabo esta comprar para evitar “otro episodio de especulación por parte de un fondo buitre en la ciudad”, invertirá un millón de euros en esta operación.

La gestora Conren Tramway ha comprado un solar ubicado en el paseo de Sant Joan de Barcelona, junto a la estación de Arco del Triunfo, para construir allí un edificio de 9.226 m2, repartidos entre uso residencial, lo que supondrá unas 108 viviendas, y el resto zona comercial. Hasta ahora, el suelo era propiedad de Hotusa.

El consistorio de Ada Colau ha decidido ampliar la moratoria en el pago de las cuotas de las viviendas y locales comerciales que gestiona a través del Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació (Imhab) hasta finales de agosto.

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales, ha publicado la licitación del nuevo edificio de alojamientos de proximidad provisionales (APROP) con contenedores usados que se construirá en la ciudad. Se trata del proyecto previsto en el solar del número 33 de la calle Bolivia, situado en el Poblenou, en el distrito de Sant Martí, donde se levantarán 42 alojamientos.