El Tribunal Constitucional ha tumbado varios apartados del decreto que aprobó la Generalitat catalana en noviembre de 2020 para prohibir el desalojo de inquilinos vulnerables que residían en viviendas de grandes propietarios y que les obligaba a ofrecerles un alquiler social, tras estimar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno. Los expertos alertaron que la normativa generaba inseguridad jurídica y que podría generar un conflicto de competencias con el Estado.
Cataluña tiende una mano a los jóvenes.
Nuevos desarrollos urbanísticos asoman por Barcelona, y en este caso en una de las zonas más icónicas de la provincia. Se trata de las Tres Chimeneas, en el área del Besòs. El Ayuntamiento de la ciudad y la Generalitat de Catalunya han acordado la entrada de la segunda en el Consorci del Besòs para impulsar este Plan de desarrollo urbano, aún en fase muy inicial. Ambas instituciones quieren convertir esta ubicación en un foco digital y dotarlo de vivienda pública asequible
La Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat ha ampliado en 900.000 euros el presupuesto de ayudas ordinarias para pagar alquileres, según ha publicado el DOGC, con lo que se cubre la necesidad de 53.000 familias y se alcanzan los 100 millones de esta ayuda. También se han otorgado unas 9.000 ayudas para pagar el alquiler, específicas para gente mayor, que han contado con un presupuesto aparte de 19,2 millones de euros.
Los 749 millones que se contempla el proyecto de las cuentas públicas regionales para la vivienda suponen un incremento de 410 millones respecto a las cuentas de 2020, e incluyen un aumento de las ayudas y subvenciones para rehabilitar viviendas, así como la dotación para ampliar el parque público de pisos de alquiler social y para dar ayudas destinadas al pago del alquiler.
Doce meses han bastado para poner a prueba la ley catalana del alquiler que limita sus precios y constatar, con datos, que las consecuencias de esta norma no han sido las esperadas. Los expertos del negocio inmobiliario hablan con idealista/news sobre esta ley, y señalan su “nula efectividad”. Los profesionales del ‘real estate’ catalán aseguran que “ha aniquilado la oferta de pisos de alquiler en ciudades como Barcelona”, critican su algoritmo “mal construido” y la “significativa confusión a la que ha llevado la distorsión de precios”.
El fondo de inversión ha llevado a cabo su segunda operación en solo dos días en la capital catalana. Se trata de la compra de la última parte del porfolio Pentagon a la aseguradora Axa por 260 millones de euros. La cartera de oficinas se compone de cinco activos en la ciudad de Barcelona alquilados al gobierno regional hasta el año 2033.
Si eres una agencia inmobiliaria que opera en Barcelona ciudad y municipios de la provincia, esto te interesa. El Ayuntamiento de la capital catalana está imponiendo sanciones a las APIS que están publicando sus anuncios en portales como idealista sin el índice de referencia de precios de alquiler de viviendas, al que se puede acceder a través del portal de internet de la Generalitat. Te recordamos cómo debes hacerlo.
Salón, cocina, lavabo y una habitación, y todo en 24 m2. Cuando la Generalitat de Cataluña anunció a finales del pasado año que aprobaba un decreto ley que regularía una nueva tipología de vivienda (alojamientos con espacios públicos compartidos) no se especificaron de dónde saldrían los 12 m2 restantes para que estos ‘minipisos’ pudieran considerarse vivienda. Terrazas comunes o comedores grupales serán algunas de las estancias que añadirá el govern catalán a estos habitáculos para ‘esquivar’ que sean tildadas de ‘infravivienda’.
El Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad nulos varios artículos del decreto-Ley de la Generalitat catalana en materia de vivienda de finales de 2019, entre los que se obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos morosos o a los okupas vulnerables. La sentencia considera que se vulnera el derecho a la propiedad y avala el pacto entre las partes para fijar el precio del alquiler, aunque aprueba el índice de precios como instrumento informativo.
Cataluña se convierte otra vez en el centro del debate inmobiliario. Si hace dos semanas la Generalitat anunció un decreto que obliga a los propietarios de locales comerciales a la reducción del alquiler hasta el 50% si la actividad está suspendida, ahora ha prohibido los desalojos de inquilinos vulnerables que residdan en inmuebles de grandes tenedores de vivienda. Los expertos consultados por idealista/news avalan paralizar los desahucios, pero piden responsabilidad a la Generalitat y alertan de un caos normativo y grandes niveles de inseguridad jurídica.
Cambios en los impuestos catalanes.
El Diario oficial de la Generalitat de Cataluña publicó la semana pasada el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados. Una norma que, según consultores y abogados expertos en derecho inmobiliario, perjudica de lleno al sector. En su opinión, este decreto de ley es “intrusivo”, “populista” y un “grave atentado” contra la inversión.
Bankia ha entregado a la Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependiente del Departament de Territori i Sostenibilitat, un total de 43 viviendas que se destinarán a alquiler social en las cuatro provincias catalanas. Del total de 43 viviendas, 37 viviendas están situadas en Lleida, una en Barcelona capital, otra en Terrassa (Barcelona), dos en Tarragona capital, una en Girona capital y otra en Anglés (Girona).
La Agencia de Vivienda de Cataluña ha creado una plataforma, denominada Mediem (Mediamos en catalán), para favorecer la colaboración entre profesionales de las administraciones y entidades sociales que se dedican a asesorar a familias en riesgo de exclusión social y a mediar con sus acreedores.
La aseguradora francesa ha puesto en el mercado una cartera de ocho de los trece edificios que compró a la Generalitat de Cataluña en 2013 por 172 millones de euros. El precio de salida de los inmuebles, según fuentes cercanas a la operación, es de 90 millones de euros.
La Generalitat de Cataluña ha destinado dos millones de euros, recaudador en herencias intestadas (personas que han fallecido sin testamento) a la compra de 35 viviendas para destinarlas a vivienda de protección oficial. La mitad de estas viviendas, que serán de alquiler asequible, se encuentran en la ciudad de Barcelona y el resto en diferentes municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Si en la mesa del Tribunal Supremo ya se encuentran temas tan decisivos para el sector financiero como quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ahora se suma una nueva obligación para los bancos y grandes propietarios de viviendas en Cataluña: podrán ver expropiados temporalmente pisos que tengan vacíos
El consistorio catalán he decidido retirar una de las propiedades de la subasta, el Mesón del Café de 1909, ya que está valorando su interés comercial y cultural. De esta forma, de los 47 activos puestos en el mercado, sólo 27 fueron vendidos por casi cuatro millones de euros.
El Gobierno catalán, que volvió a tomar las riendas hace tres semanas, ha vuelto a poner en marcha sus objetivos estratégicos para incrementar el parque de vivienda social. El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y la Agencia de la Vivienda de Cataluña han anunciado que destinarán 250 millones de euros a financiar la construcción y compra de viviendas de alquiler social. Para hacerlo posible, ponen a disposición dos líneas de préstamo con condiciones ventajosas.
Fira 2000, la empresa instrumental de fira de Barcelona 50% participada por el Govern catalán, ha abierto un proceso de subasta pública para vender varios activos residenciales en Barcelona. La noticia ha sido publicada por el diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), donde informa que subastará 16 viviendas y tres casas unifamiliares.
La Generalitat de Cataluña ha firmado un acuerdo con Bankia para que la entidad le ceda 300 viviendas que irán destinadas a alquiler social. La firma da continuidad a un acuerdo que inició en 2014, con el que el banco ya había cedido hasta la fecha 230 viviendas. Los pisos, destinados a alquiler de emergencia social, tendrán una vigencia máxima de cinco años y con un coste de entre un 10% y un 18% de la renta familiar.
La Generalitat puso en marcha un índice de precios del alquiler, pero hasta ahora solo era orientativo y pendiente de afinar. El Ayuntamiento de Barcelona, por eso, ha sido el primero en aplicarlo al condicionar las ayudas a la rehabilitación de viviendas a este índice. Así, la nueva convocatoria, que pretende beneficiar a 40.000 vecinos, exigirá que los propietarios que se acojan no hagan subidas y que si tiene inquilinos en el momento de solicitarla los mantenga cinco años más.
Carme Trilla es la presidenta del Observatorio de la Vivienda de Barcelona, una herramienta creada para poder diseñar políticas de vivienda ajustadas a necesidades reales. En esta entrevista, Trilla apuesta por un mercado residencial público que se equipare a la educación o la sanidad, donde las ayudas aseguren la vivienda a todas capas medias y señala que el límite del mercado del alquiler lo marcarán los salarios, ya que "ambos deberían incrementarse a la misma velocidad".
La Agencia de la Vivienda de Cataluña y el Instituto Catalán de Finanzas han puesto en marcha una línea de préstamos para construir vivienda social. Esto es, dotar de 90 millones de euros a promotoras con sede operativa en Cataluña que construyan en alguno de los 152 municipios que la Generalitat ha detectado una necesidad social, según el Plan Territorial de Vivienda. El crédito permitiría 1.000 viviendas nuevas de unos 70 m2 y con renta de máximo 450 euros
Recibe nuestras últimas noticias en tu correo electrónico Suscribirse
