Parque público de viviendas

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria camina lentamente en la gestión de las 50.000 viviendas que el Gobierno movilizó para destinarlas al alquiler asequible. De las 14.000 ya habitadas, muchas de ellas con inquilinos que no pagan, la Sareb reconoce 2.349 okupaciones ilegales de personas no vulnerables. Mientras tanto, de las casi 21.000 unidades que se pretenden vender a las administraciones públicas, solo 9.000 estarían disponibles para alquilar en estos momentos, y apenas han recibido interés por cerrar 1.000 operaciones.

Para intentar aclarar el volumen de viviendas anunciadas recientemente por el presidente, Pedro Sánchez, y el grado de realidad en el que se encuentran, el Mitma ha publicado un mapa con los programas que tiene en marcha en materia de alquiler social o a precios asequibles, que suman en torno a 123.000 unidades. A ellas hay que añadir las 50.000 viviendas a movilizar por Sareb o las 11.000 del Fondo Social, que aportan bancos y otras entidades. De las 184.000 viviendas prometidas, menos de cuatro de cada 10 ofrecen están ya un alquiler social o se encuentran en distintas fases de desarrollo. Por lo tanto, más de 115.000 unidades aún tienen que levantarse o rehabilitarse en los próximos años.

Nuevo paso delante de la Ley de Vivienda del Gobierno del PSOE y Podemos, que tras un año encallada en el Congreso de los Diputados resurge a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. A falta de la votación en el Senado, la normativa trae el control de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas, un nuevo índice de referencia para actualizar las rentas y la reducción de la declaración de gran tenedor a cinco pisos en esas áreas de precio limitado. La oposición y el sector destacan que se olvida de los okupas y alejará a la oferta en arrendamiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el 60% de las 100.000 viviendas públicas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda que el Ejecutivo aprobó al inicio de la Legislatura están construidas o en fase de construcción. Por otro lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que pronto llevarán al Consejo de Ministros el acuerdo entre su ministerio y el Mitma para el traspaso de suelos para levantar 20.000 viviendas en los próximos años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Sánchez ha asegurado que, junto con las ya anunciadas de Sareb, las financiadas con créditos ICO y las proyectadas por el Ministerio de Transportes, en los próximos años el Gobierno movilizará unas 183.000 unidades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) para dedicarlas a alquiler asequible y se ha comprometido a elevar del 3 al 20% la vivienda pública en España, sin concretar el plazo.

La política de vivienda social de la capital austriaca sirve de inspiración a otras ciudades, en un momento en el que sufren un aumento de los precios de los arrendamientos ante una demanda que supera con creces a la oferta. El parque público de alquiler en Viena, el mayor de Europa, cumple 100 años registrando altos datos de asequibilidad y calidad, y con el objetivo futuro de mantener los precios y el acceso a las nuevas familias.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentado el convenio firmado entre el Mitma y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para promover la construcción de más de 14.900 viviendas en alquiler social o asequible en suelo público. Las primeras estarán finalizadas entre 2025 y 2027 y se quiere llegar a 34.000 unidades en 10 años. La mayoría se ubican en la Operación Campamento (Madrid), pero también hay en Málaga, Sevilla y Valencia. Todas ellas están dentro del objetivo de aumentar el parque público en 100.000 viviendas, junto a los acuerdos con CCAA y ayuntamientos, y las cesiones de pisos de Sareb y entidades financieras.

El Congreso ha debatido una proposición no de ley impulsada por Podemos, que pedía replantear el papel de Sareb y utilizar sus inmuebles para aumentar el parque público de vivienda asequible. Sin embargo, el PSOE ha registrado una enmienda y ha defendido que la sociedad que aglutina los activos de las entidades financieras rescatadas debe cumplir su misión y liquidar todos los activos de su balance. ERC y Bildu también piden la cesión de inmuebles a CCAA y ayuntamientos.

El Pleno del Congreso debatirá el 20 de septiembre la propuesta de Unidas Podemos de sacar a alquiler social el parque de viviendas de Sareb, una de las propuestas de esta formación para la nueva Ley de Vivienda, que está atascada por falta de acuerdo en el propio Gobierno de coalición, pero también

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante el debate sobre el estado de la nación la puesta en marcha inmediata de la conocida como 'Operación Campamento' en el distrito de La Latina de Madrid capital. Se esperan levantar unas 12.000 viviendas, de las que el 60% serán de carácter público, según el presidente, en un proyecto urbanístico que lleva apalancado desde 2005. Sánchez también ha adelantado un impuesto temporal a la banca y a las eléctricas que facturen más de 1.000 millones al año.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado que los planes para Sareb, después de que el Estado haya tomado su control, tienen el objetivo de maximizar la recuperación de ayudas públicas y su contribución social, tras aumentar el parque público residencial en 15.000 viviendas e impulsar la colaboración con otras administraciones. Calviño ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que el Ejecutivo extienda la vida de la sociedad más allá de 2027.

Ante la escasez de vivienda social en España, los fondos europeos aportarán una importante ayuda con los 1.000 millones de euros del Plan para la construcción de vivienda social en edificios energéticamente eficientes. Este año ya se repartirán los primeros 500 millones para que, en colaboración público-privada, comience a crecer el actual parque de vivienda social y asequible, que representa un 1,5% del total, con apenas 290.000 unidades.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha estrenado en el Pleno del Congreso con una crítica a la opacidad de la factura eléctrica regulada en los hogares, conocida como PVPC, y a la falta de vivienda pública, durante la presentación del informe anual de 2021.

El nuevo Plan estatal de Vivienda 2022-2025 cuenta con objetivos a medio y largo plazo para aumentar el parque público residencial, sobre todo para alquiler social y asequible.

Varios expertos han analizado el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, promovido por el Gobierno en un debate organizado por la Fundación Alternativas. El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha advertido de que se deben regular y diseñar mejor que hasta ahora las ayudas alquiler y los incentivos a propietarios para que no se traduzca en una subida de los precios. Ignacio de la Torre, economista jefe en Arcano Partners, aboga por fomentar la oferta de viviendas, tanto en venta como en arrendamiento, para conseguir abaratar los precios.

Ciudadanos defiende este miércoles ante el Pleno del Congreso sus propuestas para el alquiler de vivienda, con cambios en la normativa de arrendamiento, más desgravaciones fiscales y medidas concretas con las que aumentar el parque público de vivienda. El objetivo, según la moción que Ciudadanos someterá a votación en la Cámara Baja, es alcanzar el 15% de viviendas de titularidad pública.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, la primera normativa estatal específica de vivienda, que pretende llevar al Congreso de los Diputados antes de final de año. Tras meses de retraso, el Gobierno de coalición deberá ahora llegar a acuerdos con sus socios parlamentarios para sacarla adelante. La normativa incluye medidas para que las CCAA y ayuntamientos puedan controlar el mercado del alquiler, movilizar la vivienda vacía con más impuestos, aumentar el parque público de viviendas o regular los desahucios para personas vulnerables.

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno a impulsar medidas para favorecer la disponibilidad de suelo para ejecutar 20.000 viviendas sostenibles destinadas a alquiler social. Entre las medidas que solicitan est

El Ayuntamiento de la capital quiere iniciar la construcción de hasta 1.186 viviendas públicas destinadas al alquiler antes de septiembre, repartidas en 12 promociones y ubicadas en Vallecas, Vicálvaro y Villaverde, para lo que invertirá cerca de 180 millones de euros. Por otro lado, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una oficina que coordine las acciones encaminadas a luchar contra la okupación de viviendas públicas y privadas.

El acceso a la vivienda de alquiler asequible mediante la construcción de vivienda social se ha convertido en tema de Estado para muchos países en Europa. Eso es lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han recomendado a España, y otros, en sendos informes. Ambos organismos internacionales piden potenciar esta medida por encima de otras como el control de los alquileres o distintas ayudas sociales.

El Mitma ha transferido más de 354 millones de euros a las comunidades autónomas dentro de las subvenciones del Estado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. En estos cuatro últimos años, las ayudas estatales destinadas a ampliar el parque de vivienda público, a las ayudas al alquiler o a la rehabilitación han ascendido a más de 1,4 millones de euros.

El Ayuntamiento de Madrid contará con unos presupuestos para 2021 que superan los 5.000 millones de euros, que incluye una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que permitirá ahorrar hasta 20 euros por recibo a los ciudadanos. El área de Vivienda, con unas cuentas de 194,2 millones, se centrará en la construcción de nuevas promociones para alquiler asequible en Carabanchel, Villaverde, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO van a presentar al Gobierno una propuesta para que el futuro control de los precios del alquiler se limite en aquellas zonas más tensionadas donde el pago de la renta supere el 25%-30% de los ingresos medios de los hogares. Además, proponen gravar las viviendas vacías de esos barrios controlados y suprimir los beneficios fiscales por la compra de vivienda como inversión.

El renombrado Ministerio de Fomento está cerca de completar la licitación de terrenos públicos, propiedad del Estado y otras administraciones, donde se podrán levantar las primeras 5.000 viviendas del esperado Plan 20.000. Estos pisos se destinarán al alquiler social o asequible en las zonas tensionadas de las grandes ciudades para aumentar la oferta del mercado. Además, hay que sumar las 3.260 casas que se encuentran en distintos estados de urbanización procedentes de los acuerdos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.