Vivienda pública

Las dos principales comunidades de España concentran más de la mita de la vivienda pública en España. Madrid y Cataluña concentraron el año pasado el 50% de la licitación pública de vivienda, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

El lema de la exposición es ’40 años creando hogares, transformando Madrid’. La muestra la inaugura este viernes el alcalde José Luis Martínez-Almeida, se podrá ver en la biblioteca municipal Eugenio Trías, situada en el parque de El Retiro, entre el 10 y el 26 de septiembre y la entrada es gratuita.

El Ayuntamiento de la capital quiere iniciar la construcción de hasta 1.186 viviendas públicas destinadas al alquiler antes de septiembre, repartidas en 12 promociones y ubicadas en Vallecas, Vicálvaro y Villaverde, para lo que invertirá cerca de 180 millones de euros. Por otro lado, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una oficina que coordine las acciones encaminadas a luchar contra la okupación de viviendas públicas y privadas.

OHL ya ha entregado las primeras viviendas del proyecto de edificación residencial que construye en régimen de colaboración público-privada en Irlanda, un contrato que se adjudicó en 2019 por 130 millones de euros y que supuso el primer proyecto de Senda Infraestructuras, su división de concesiones.

El Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (Imhab) ha adjudicado el concurso para la redacción del proyecto y posterior construcción de dos promociones que suman 135 viviendas públicas en el distrito de Sant Andreu, según un comunicado emitido por el consistorio.

Actualmente la EMVS de Madrid tiene un patrimonio de 6.291 viviendas en propiedad, con inquilinos en su interior y gestionados por la propia compañía pública. El objetivo es aumentar esta cifra durante los próximos años y acabar la legislatura con cerca de 10.000 unidades.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso de la venta de vivienda pública del Ayuntamiento de la capital a Blackstone por varios recursos presentados por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS; por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapi

Durante los años de la burbuja inmobiliaria la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos de España se volcaron, en su gestión de vivienda pública, en construir casas en propiedad.

Antes de verano, el gobierno de Ada Colau tiene previsto celebrar una multiconsulta ciudadana, con tres preguntas procedentes de iniciativas vecinales. Entre ellas, está la que pide que el Ayuntamiento compre un antiguo gimnasio de El Raval para levantar 50 viviendas públicas. Pero hasta el próximo plenario, 25 de mayo, siguen las dudas de si el equipo de Gobierno aceptará el proyecto vecinal.

El Ayuntamiento de Barcelona ha tenido la primera reunión con los vecinos de los aledaños de la que fuera la cárcel La Modelo. Con su cierre el pasado junio, el Consistorio ha recuperado un terreno de 33.000 m2, de los cuales pretende destinar 14.000 m2 a zonas verdes y otros 15.000 m2 a levantar 150 pisos, para continuar con su plan de construir vivienda pública. La teniente alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha advertido que es un primer esbozo, con la intención de presentar algo más detallado el próximo julio.

La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el plan urbanístico de Glòries en el que se prevé la construcción de 225 pisos públicos, unos para alquiler y otros destinados a derecho de superficie.

Las primeras casas prefabricadas que construirá el Gobierno de Ada Colau ya tienen ubicación.

El Ayuntamiento quiere construir las máximas viviendas públicas posibles durante su mandato. De los 8.854 pisos que prometió en su Plan de Vivienda 2016-2025, habrá unos 1.500 acabados antes de mayo de 2019, al acabar la legislatura. Mientras, pondrá en marcha un proyecto de casas prefabricadas para atender los casos de mayor urgencia de forma temporal. La prueba piloto tendrá 92 pisos en los distritos con mayor gentrificación.

El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado una denuncia ante la Comisión Europea contra la venta de 18 promociones de vivienda pública al fondo Blacsktone, pese a que tanto la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid como dos sentencias de diferentes juzgados consideren que esta o

El acceso a la vivienda y el fomento de la edificación cada vez ‘pintan’ menos en los Presupuestos Generales del Estado. En 2017 solo se destinarán a este fin 467 millones de euros, un 20% menos que durante 2016. La cifra equivale a un testimonial 0,1% del gasto total contemplado en las cuentas públicas, frente al 0,2% que representaba un año antes. El documento también reduce la partida destinada a la renta de emancipación y a las deducciones por compra y alquiler de vivienda, unas ayudas que actualmente no se conceden, pero de las que se siguen beneficiando muchos contribuyentes.

El Ayuntamiento de Barcelona sigue en su propósito de engordar la lista de vivienda públicas y dotar a la ciudad de más equipamientos públicos.

Tirón de orejas de los Defensores del Pueblo a los poderes públicos por no impulsar un sistema de vivienda pública justo. Piden que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas impulsen una regulación para garantizar el derecho a una vivienda digna contemplado en la Constitución española. Y proponen un decálogo para que la vivienda pública sea más justa y accesible.

Algunos economistas apuestan por dejar de construir vivienda pública y crear un sistema de ayudas al alquiler de vivienda.

El arquitecto Carlos jurado asegura que el ejemplo del pocero bueno, en fuenlabrada, «es una gran bofetada al sector de la construcción actual. No nos gusta sentirnos engañados. Nos han quitado la confianza. Esta sensación es muy evidente cuando necesitamos vivienda».