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El Pleno de la Cámara Baja ha vuelto a tumbar el decreto del escudo social con la prórroga de los desahucios por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos. A pesar de que el Gobierno pactó con el PNV eximir de la nueva moratoria a los pequeños propietarios tras la caída de la iniciativa que incluía el ‘decreto ómnibus’ en enero, Junts, PP y Vox han tumbado el segundo decreto que entró en vigor el pasado 5 de febrero. Tanto la suspensión de los desahucios como la posibilidad de los propietarios de solicitar una compensación quedan sin efectos jurídicos.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves, 26 de febrero, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, entre los que se encuentran el escudo social con la nueva prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos, texto que contará previsiblemente con el voto en contra de PP, Junts y Vox y que, por tanto, podría dejar de tener efectos jurídicos. Ese mismo día también se debatirán las ayudas a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios, la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una promotora a ser indemnizada tras abonar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, en una operación en la que quedó acreditada la inexistencia de un incremento real del valor del suelo, al entender que concurrían los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El fallo no abre la puerta a devoluciones automáticas, pero sí aclara cuándo procede la responsabilidad patrimonial por la aplicación de una norma declarada inconstitucional. En el caso resuelto, la sentencia reconoce el derecho de la promotora a percibir 22.939,71 euros, más intereses legales.

Los propietarios que se hayan visto afectados por la prohibición de desahuciar a familias vulnerables por el impago del alquiler todavía están a tiempo de solicitar una compensación económica a la Administración Pública. Según la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el nuevo plazo se abrió el pasado 5 de febrero, cuando entró en vigor el nuevo decreto antidesahucios, aunque puede tener los días contados. Si el Congreso vuelve a tumbar la prórroga, también decaerán las indemnizaciones. Asval apremia a los arrendadores a que realicen la petición de forma inmediata, ya que todo se decidirá en apenas tres semanas.

¿Es obligatorio inscribir una casa en el Registro de la Propiedad? No. Aunque la creencia popular es que en una compraventa de vivienda hay que inscribir el cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad, no lo es. Solo es obligatorio en caso de que haya que pedir una hipoteca porque los bancos no conceden préstamos para adquirir viviendas que no figuren en el Registro. Tampoco es obligatorio realizar la operación de compraventa sin hipoteca ante notario, pero sí es muy recomendable.

El Gobierno ha dejado aparcada de momento la actualización de los coeficientes de plusvalía municipal en 2026. Con el despiece del famoso decreto ómnibus en dos decretos (por un lado, la subida de las pensiones y por otro, la moratoria antidesahucios) aprobados por el Consejo de Ministros, la subida de la plusvalía se queda en papel mojado. En algunos casos el incremento era de hasta el 40% de este impuesto en la mayoría de los periodos de tenencia de la vivienda de menos de 15 años.  Así, los coeficientes que están en vigor son los de 2024.

El Real Decreto-ley del llamado escudo social que incluye, entre otras materias, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional entra en vigor el 5 de febrero tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque debe pasar por el Pleno del Congreso para su convalidación. La suspensión de los desahucios no afectará a los propietarios de una y dos viviendas con inquilinos que se declaren vulnerables, lo que ha levantado las críticas de partidos tan dispares como Podemos o Junts por distintos motivos, por lo que la aprobación del decreto queda en el aire.

El Gobierno ha vuelto a aprobar la prórroga de la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables por impago de alquiler, pero con grandes novedades, ya que no afectará a propietarios particulares con menos de tres viviendas en propiedad. Según sus cálculos, hay actualmente 60.000 desahucios paralizados, pero con la aprobación de esta nueva medida, 50.000 terminarán en desahucio. El Ejecutivo ha tenido que trocear el anterior decreto 'ómnibus' que fue tumbado en el Congreso, y ahora presentará la revalorización de las pensiones por un lado y el llamado escudo social por separado, para intentar contar el apoyo de Junts y PNV, aunque Junts ya ha anunciado que votará en contra de la medida antidesahucios.

Los propietarios con una sola vivienda de alquiler quedarán exentos de "asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad".

Sumar se ha mostrado abierto a la posibilidad de desgajar en dos del decreto 'ómnibus' siempre que se aprueben a la vez en el Consejo de Ministros tanto los textos de revalorización de las pensiones como el del escudo social y haya un acuerdo, sobre todo con Junts, para que no decaiga la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables. "Tienen que ir todas y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de la suspensión de los desahucios", ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

El autoconsumo fotovoltaico ha alcanzado los 9,3 gigavatios (GW) de potencia instalada en España a cierre de 2025, tras la instalación de 1.139 megavatios (MW) el año pasado, según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). A pesar del incremento, el autoconsumo ha visto ralentizado su ritmo de crecimiento con respecto a otros ejercicios, ya que esos 1.139 MW añadidos representan un 3,7% menos que en 2024. Un total de 36.330 nuevos hogares instalaron autoconsumo en 2025, sumando 229 nuevos MW, aunque sufriendo una desaceleración del 17% con respecto a 2024

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acusado al PP de "enredar e intentar confundir" lo que son situaciones de pobreza o "tropiezos que te da la vida y que te dejan desarmados" con delincuencia. "Cuando hablan de ocupación con K, de lo que están hablando es de delincuencia y ahí están los datos, un 0,4% es la incidencia que este tipo de delitos tienen en nuestro ordenamiento jurídico", ha señalado la ministra en respuesta al voto en contra del PP al decreto 'ómnibus' que incluía la paralización de los desahucios.

La prórroga de la paralización de los desahucios de familias vulnerables por el impago del alquiler en 2026 que aprobó el Gobierno en diciembre ha dejado de tener efectos jurídicos, tras no conseguir el respaldo del Congreso de los Diputados. Tras decaer el 'decreto ómnibus', la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval) insta a los arrendadores a solicitar el levantamiento de la suspensión con carácter inmediato; y recuerda que pueden solicitar una compensación económica equivalente a los ingresos dejados de percibir, aunque las solicitudes deben hacerse rápidamente para que no expire el plazo. Además, repasa cómo y dónde se pueden realizar las peticiones, y qué documentación deben incluir.

El pasado mes de diciembre el Gobierno actualizó, a través del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, los coeficientes máximos que se aplican al cálculo con el método objetivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. En algunos casos la subida era de hasta el 40% de este impuesto en la mayoría de los periodos de tenencia de la vivienda de menos de 15 años. Sin embargo, como dicho Real Decreto-ley no se ha convalidado en el Congreso de los Diputados, esta temida subida se ha quedado en papel mojado de momento, con lo que los coeficientes que están en vigor son los de 2024.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado el 'decreto ómnibus' que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que incluía una bateria de medidas, desde la subida de las pensiones a la prórroga de la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables por impago del alquiler y las deducciones fiscales por rehabilitar viviendas, los nuevos coeficientes para calcular la plusvalía municipal o la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables. Los votos en contra de PP, Junts y Vox han dejado sin efectos jurídicos el decreto y han protagonizado la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo de 2026, aunque no se descarta que vuelvan a votarse de forma independiente para que muchas de ellas salgan adelante en las próximas semanas.

El Gobierno ha actualizado un año más a través de un Real Decreto-ley los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía municipal. En algunos casos la subida es de hasta el 40% de este impuesto en la mayoría de los periodos de tenencia de la vivienda de menos de 15 años, es decir, se penaliza la venta de vivienda especialmente 9, 10, 11 y 12 años después de comprar la casa. Pero también hay una bajada de los coeficientes, de hasta el 12,5%, en transmisiones producidas tras un periodo de tenencia del inmueble de 17 años o más. Este Real Decreto aún debe convalidarse en el Congreso para que entre en vigor.

Vender una vivienda puede tener consecuencias directas sobre el complemento a mínimos que perciben algunos pensionistas. La clave está en si la operación genera una ganancia patrimonial y en cómo esta afecta a los límites de ingresos que marca la Seguridad Social, un aspecto que a menudo genera dudas y errores de interpretación.

El Tribunal Supremo ha marcado un antes y un después para miles de propietarios al aclarar que cualquier ciudadano puede pedir al Catastro la corrección del valor o los datos de su inmueble, sin tener que pasar por el ayuntamiento. Una nueva sentencia aclara cómo debe aplicarse la Ley del Catastro Inmobiliario y refuerza el derecho de los contribuyentes a corregir errores que afectan a impuestos tan cotidianos como el IBI.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha zanjado una de las dudas más frecuentes entre quienes venden su vivienda: ¿pueden las reformas servir para reducir la plusvalía municipal? En una consulta vinculante, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda deja claro que no. Los gastos de reforma o mejora no incrementan el valor de adquisición del terreno a efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). El mensaje es inequívoco: las reformas pueden incrementar el valor de la edificación, pero no alteran el valor del terreno, que es el único elemento gravado por este impuesto.

El Tribunal Supremo ha marcado un cambio relevante en el debate sobre la plusvalía municipal. En una sentencia dictada el 13 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto siempre que, a fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, que anuló el tributo, aún estuvieran en plazo para recurrir en vía judicial. La decisión refuerza la posición de quienes quedaron atrapados en un vacío legal entre la vía administrativa y la contenciosa, ampliando las posibilidades de resarcirse por un tributo declarado inconstitucional.