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Vender un piso heredado es una de las opciones a las que más frecuentemente acuden los herederos al recibir un inmueble (o parte de él) en herencia. En este proceso pueden surgir muchas dudas, especialmente si se trata de vender una casa heredada entre hermanos. Por eso, en este artículo r

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de 50 diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que vino a adaptar el nuevo impuesto de plusvalía municipal a la declaración de inconstitucionalidad de octubre de 2021.

En los últimos tiempos, muchos ayuntamientos desestiman todos los recursos planteados por los contribuyentes contra la plusvalía municipal, obligándolos a recurrir en vía administrativa y, posteriormente, en vía judicial, es decir, les obligan a asumir gastos para, en muchos casos, darles finalmente la razón o allanándose antes de que se dicte sentencia para evitar una condena en costas. Es el caso de un reciente Auto del Juzgado de lo Contencioso número 34 de Madrid que impone las costas del juicio al consistorio de Torres de la Alameda.

Son muchos los casos en que dos o más personas pueden ser propietarias de un mismo bien, algo muy frecuente en el mundo de la vivienda. Los casos más habituales son herencias (propiedad de un bien entre varios hermanos) o divorcios (vivienda adquirida por ambos durante el matrimonio). En estos supuestos, la extinción de condominio permite disolver el régimen de copropiedad existente. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta práctica para dividir una comunidad de bienes.

La famosa sentencia del Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021 en la que declaraba ilegal el sistema de cálculo de la plusvalía municipal sigue dando que hablar. ¿Por qué? Por la limitación de efectos que impuso para recurrir este impuesto, un hecho que va contra los derechos de los contribuyentes. Ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa aclarar qué quiso decir el Constitucional con la imposibilidad de revisar las liquidaciones de la plusvalía municipal “no recurridas” antes del 26 de octubre de 2021. En concreto, se han admitido a trámite tres Autos que decidirán cómo cuadrar la limitación de efectos de la sentencia del Constitucional, con el cumplimiento de la legalidad ordinaria, cuyo guardián y garante es el Tribunal Supremo.

La pensión compensatoria es una compensación económica que puede concederse en caso de divorcio o separación a favor de la parte más desfavorecida con la ruptura.

El Tribunal Supremo despejará en breve la incógnita sobre la fecha a partir de cuándo limitar los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el sistema de cálculo de la plusvalía municipal. La clave es saber si se limita a la fecha del dictado de la sentencia (26 de octubre de 2021) o la fecha de publicación de dicha sentencia (25 de noviembre de 2021). Muchos han sido los contribuyentes que han solicitado la devolución de la plusvalía tras conocerse su inconstitucionalidad y que se encuentran en un limbo.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado un informe junto a varios catedráticos de Derecho Tributario y Hacienda Pública en el que se desgranan los motivos para considerar que el nuevo impuesto a las grandes fortunas que entró en vigor en 2022 tiene visos de ser inconstitucional. Por ejemplo, que se ha empezado a aplicar con efectos retroactivos, que da un tratamiento diferente a patrimonios nacionales y extranjeros, y porque limita las competencias autonómicas en materia fiscal. Además, temen que este tributo se prorrogue en el tiempo, lastrando la recaudación y las nuevas inversiones de los grandes patrimonios. “La deslocalización está asegurada”, sentencian desde el ‘think tank’ de la CEOE.

El pasado 29 de diciembre entró en vigor el impuesto a las grandes fortunas, lo que permite a Hacienda gravar ya el patrimonio en el ejercicio 2022 y empezar a recaudar en 2023. Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que van a presentar un recurso contra este tributo ante el Tribunal Constitucional por vulnerar seis principios de la Carta Magna. El consejo fiscal es autoliquidar el impuesto de solidaridad dentro de los plazos reglamentarios y, acto seguido, solicitar la rectificación de dicha autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos.

2022 cierra con un sabor agridulce para los contribuyentes. Aunque los tribunales han ido dando la razón a los ciudadanos en su lucha por una mayor justicia fiscal, el Congreso de los Diputados ha aprobado impuestos o valoraciones catastrales que gravan aún más la tenencia de un inmueble. Es el caso del nuevo valor de referencia de Catastro, que es la nueva base imponible de impuestos como el ITP, el AJD o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas (ISGF), que grava los patrimonios superiores a 3 millones de euros.

¿Estás pensando en comprar o vender una vivienda?

Hace un año se aprobó el Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó el impuesto de plusvalía municipal para cumplir con la Constitución española, ya que dicho tributo fue declarado inconstitucional por su sistema de cálculo. Esta norma contemplaba un plazo de seis meses para que los ayuntamientos adaptaran su ordenanza de plusvalía a la nueva regulación. Ese plazo finalizó el pasado 11 de mayo de 2022 y son muchos los consistorios que todavía no han adaptado su ordenanza. Por ello, interesa aclarar que el cobro de este impuesto puede ser nulo de pleno derecho por no existir una normativa que permita cuantificar la cuota tributaria a pagar.

El Tribunal Constitucional podría dar una segunda oportunidad a aquellos contribuyentes que vieron truncadas las posibilidades de revisar las liquidaciones firmes de la plusvalía municipal tras vender o transmitir inmuebles en pérdidas. En una reciente sentencia este tribunal cuestiona las trabas que han puesto los juzgados para recuperar este impuesto en caso de liquidaciones firmes por el Ayuntamiento y ampara a los contribuyentes que quieran reabrir esta vía, mediante la nulidad o revocación de dichas liquidaciones.

Hace un año se declaró inconstitucional el sistema de cálculo de la plusvalía municipal y posteriormente se aprobó la nueva normativa (Real Decreto-Ley 26/2021) que, tratando de salvar dicha inconstitucionalidad, regula actualmente el impuesto. Sin embargo, esta nueva normativa, que ya se aplica a los contribuyentes que transmitieron un terreno a partir del 10 de noviembre de 2021, podría ser también inconstitucional. El problema es que la nueva fórmula de cálculo obvia los gastos de compra y venta del inmueble, y no contempla la posibilidad de actualizar el valor de adquisición conforme al coste de vida, con lo que podría ser también inconstitucional. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, explica las claves.

Desde el pasado 10 de noviembre de 2021, fecha en que entró en vigor la nueva plusvalía municipal, esta normativa contempla una nueva fórmula de cálculo del impuesto: el método real de cálculo, que es la diferencia entre el precio de venta o traspaso y el precio de compra o adquisición de la vivienda, y el método objetivo, que multiplicará el valor catastral del inmueble con unos nuevos coeficientes que podrán ser modificados anualmente. La regla general de cálculo de este tributo es por defecto el sistema objetivo, por lo que quien quiera tributar por el método real deberá hacerlo constar al presentar la declaración.

Un año después de la ilegalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municial, es posible que muchos contribuyentes comprueben con sorpresa, que el Ayuntamiento no les ha notificado ninguna liquidación en relación con transmisiones a las que se aplica la normativa declarada inconstitucional. Es decir, las realizadas antes del 10-11-2021, fecha en que entró en vigor la nueva normativa del impuesto. ¿Puede el Ayuntamiento, a estas alturas, exigirme el pago de la deuda, notificándome la oportuna liquidación? Sí puede, pero puede anularse presentando un recurso.

Un año después de la declaración de inconstitucionalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municipal, son muchos los contribuyentes a los que se les ha cerrado la vía para reclamar la devolución del impuesto, por la propia limitación de efectos de la sentencia 182/2021, del Tribunal Constitucional. En esta tesitura, José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, señala que podrían solicitar una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial, como única vía para recuperar lo pagado. Pero el proceso no es fácil.

Hoy 26 de octubre se cumple un año de la sentencia que declaró inconstitucional el sistema objetivo de cálculo de la plusvalía municipal y que acabó con este impuesto, al menos en la forma en que lo veníamos conociendo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que declaró el Tribunal Constitucional en su sentencia 182/2021, de 26 de octubre, y qué consecuencias tiene para los contribuyentes, un año después de haberse dictado? El Constitucional limitó los efectos al no permitir obtener la devolución de lo pagado a quienes antes del 26 de octubre de 2021 no habían reclamado la devolución del tributo.

En un artículo anterior nos referimos a la declaración de inconstitucionalidad del sistema objetivo de cálculo de la plusvalía municipal, y al acierto que supuso reclamar la devolución del impuesto, una vez conocida la sentencia, pero antes de su publicación en el BOE. Sin embargo, cabe plantearse si es posiblereclamar la devolución del impuesto, a pesar de que la sentencia se publicó en el BOE hace ya muchos meses. ¿Hay esperanza para los contribuyentes que solicitan ahora, la devolución de una plusvalía municipal que pagaron haca ya dos o tres años? El abogado José María Salcedo, socio de Ático Jurídico señala que aún queda esperanza.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluye la actualización de los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, con subidas de hasta el 50% en algunos de ellos. Es la primera actualización desde la entrada en vigor el pasado mes de noviembre de 2021 del nuevo método de cálculo de este tributo, tras la famosa sentencia del Constitucional contra la forma de calcular dicho impuesto.