Cataluña

La probabilidad de robo en España está liderada por Cataluña, siendo un 58% más probable sufrir un robo en la vivienda que en el conjunto de España, según un informe publicado por Unespa, Asociación Empresarial del Seguro. A esta comunidad autónoma le siguen Murcia y la Comunidad Valenciana.

El coronavirus impacta en la actividad de construcción en Cataluña. Este sector cayó un 15,5% en 2020, lo que le llevó a facturar unos 7.000 millones de euros menos debido a la crisis generada por la pandemia, según datos de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC).

El Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad nulos varios artículos del decreto-Ley de la Generalitat catalana en materia de vivienda de finales de 2019, entre los que se obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos morosos o a los okupas vulnerables. La sentencia considera que se vulnera el derecho a la propiedad y avala el pacto entre las partes para fijar el precio del alquiler, aunque aprueba el índice de precios como instrumento informativo.

El Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha decidido prorrogar dos semanas más gran parte de las restricciones vigentes en Cataluña, que incluyen el cierre del comercio no esencial durante el fin de semana y de los establecimientos de más de 400 m2 y centros comerciales toda la semana.

Cada vez son más los proyectos de rehabilitación de estudios de arquitectos que convierten un activo casi destruidos en una casa de ensueño. El último viene de la mano del despacho de interiorismo Tronc3, que ha transformado la masía del siglo XVIII Mas Sagrera en un conjunto residencial de más de 1.800 m2 con siete casas de lujo.

Que la Cataluña rural sea una opción a tener en cuenta para instalar tu primera residencia es uno de los nuevos objetivos de la Generalitat. Por este motivo, el gobierno catalán ha puesto en marcha una prueba piloto con 20 municipios para el Programa de promoción de la vivienda en el mundo rural. Se invertirán 2 millones de euros y el objetivo es repoblar algunas de las zonas más rurales de la comunidad.

A pesar de haber sido un año marcado por una pandemia, el 2020 también se caracteriza por ser el año en el que las empresas se vieron obligadas a reinventarse. En este sentido, Barcelona y Cataluña han demostrado resiliencia, innovación y fortaleza para seguir siendo líderes en la captación de talento internacional y posicionarse como uno de los ‘hubs’ tecnológicos europeos, según AvaLanding.

El sector turístico y de ocio en España atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia por la crisis sanitaria y económica del coronavirus. Uno de los segmentos más castigados son los locales de ocio nocturno y discotecas que han visto reducido sus aforos y limitado sus horarios, entre otras medidas. En mitad de esta vorágine, en idealista [empresa editora de este boletín] se pueden encontrar a la venta más de 200 activos de este tipo, cuyo precio va desde los 50.000 euros hasta los 6 millones de euros.

Las okupaciones ilegales han aumentado a 11.793 casos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el mes de septiembre de 2020 en el conjunto de España. Cataluña continúa a la cabeza de la estadística, ya que concentra el 48% del total, con 5.670 denuncias sobre allanamientos o usurpaciones.

La Generalitat ha aprobado un decreto ley que regula los 'colivings'. Tal y como está planteado, y a falta de que se informe sobre los detalles de los espacios al hacer público el texto del decreto, se asemeja a la figura del 'cohousing' y consiste en minipisos de uso privativo con espacios compartidos aparte. Los pisos tendrán un mínimo de 24 m2, además de otros 12 m2 anexos, que podrían ser espacios de trabajo, lavandería, etc.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó el pasado agosto el Decreto 75/2020 de turismo de Cataluña, una normativa que viene a intentar poner orden al sector de los alquileres turísticos. Xavier de Bernat Jiménez, abogado de AGM Abogados explica cuáles son estos cambios, entre los que se incluyen un máximo de 15 personas por apartamento y que esté completamente amueblado y equipado como algunas de la novedades más significativas de este decreto.

La Generalitat Catalán da una buena noticia al comercio y adelanta quince días el levantamiento de las restricciones respecto a lo previsto en el primer borrador, filtrado esta semana. Los centros comerciales podrán abrir en la segunda fase de la desescalada, el 7 de diciembre.

La pandemia vuelve a golpear con fuerza al sector del ‘retail’ en Cataluña. La Generalitat de Cataluña dictó ayer un nuevo confinamiento que, entre otras medidas, incluye el cierre de centros comerciales. Al cierre del comercio en centro comercial se suman las tiendas de gran formato de más de 800 m2 de superficie.

Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro Energético y, como homenaje, repasamos una de las promociones de reciente construcción más eficientes de Cataluña. Se trata de Torre Estronci 99, un edificio situado en Hospitalet de Llobregat que incluye 55 viviendas y cuyo consumo energético es casi nulo. Así, este inmueble sobrepasa los requerimientos de sostenibilidad que contempla la normativa.

ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler, se opone de forma contundente al proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler, que se espera se vote próximamente en el Parlament catalán, porque vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña.

La construcción del Centro Recreativo y Turístico (antiguo proyecto BCN World) ubicado en la Costa Dorada a escasos metros de Port Aventura ha vuelto a recibir otro revés. Una demanda contra el Plan Director Urbanístico y la aparición del coronavirus han vuelto a paralizar un proyecto para levantar hoteles, auditorios, un centro acuático, una gran zona comercial y un casino de 10.000 m2.

La recaudación tributaria en Cataluña ha caído un 29,2% hasta junio de este año, en comparación con los seis primeros meses del año anterior, debido a la crisis del coronavirus. Esto supone una pérdida de 526 millones de ingresos fiscales, al recaudar en total 1.146 millones de euros con sus propios tributos. El PIB catalán ha descendido un 20% en el mismo periodo.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), equivalente al Tribunal Constitucional en asuntos autonómicos, ha advertido de que el grueso de la norma es contraria al Estatut y a la Constitución al invadir competencias estatales, por lo que no sería válida y su aprobación estaría cada vez más lejos.

Parada la proposición de ley para limitar el precio del alquiler en Cataluña. Esta normativa no ha tenido luz verde debido a las enmiendas introducidas a última hora por Junts Per Catalunya y debido al recurso ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) presentado por Ciudadanos y el PP. Esta nueva norma iba a controlar el precio del alquiler de 60 poblaciones con más de 20.000 habitantes.

Cataluña ha dado luz verde a unos nuevos Presupuestos que contemplan una fuerte alza fiscal. En concreto, incluyen dos nuevos impuestos ambientales, una subida del tramo autonómico del IRPF para las rentas de entre 90.000 y 175.000 euros y otra en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de eliminar bonificaciones.

Cataluña sumó 1.357 millones de euros de inversión en obra pública durante el pasado, mientras que la Comunidad de Madrid se quedó en 1.214 millones de euros -un 5,3% menos que en 2018-. Entre estas dos comunidades autónomas se sitúa Andalucía con una inversión en este apartado de 1.281 millones de euros. En el total del territorio español, la cifra alcanza los 10.132 millones -un 34,7% más que en el ejercicio anterior-.

El nuevo decreto ley de vivienda de Cataluña establece un índice de referencia de precios de alquiler de viviendas y obliga al arrendador a comunicarlo al inquilino antes de firmar el contrato de arrendamiento y que conste en dicho contrato.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han unido fuerzas para lanzar nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda. Si bien el objetivo es social, los profesionales que se encargan de dinamizar este sector han interpretado este Decreto Ley (en concreto el 17/2019) como un ataque directo al sector privado, tildándolo de “drama” y de “desprotector” para los actores del negocio inmobiliario en toda la comunidad.