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El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para movilizar hasta 200.000 millones de euros entre recursos públicos y privados para luchar contra el coronavirus también a nivel económico y social. El plan incluye medidas como una moratoria en el pago de la hipoteca si el ciudadano se ha quedado sin empleo o ha visto reducidos sus ingresos y garantiza el cobro del paro a los afectados por un ERTE. También se paraliza el pago de las cuotas de los autónomos y se amplían los avales a las empresas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decreta el estado de alarma en España para frenar la crisis generado por el coronavirus. A partir de ahora, el Ejecutivo central podrá centralizar la toma de decisiones y adoptar algunas medidas como la restricción de movimientos de los ciudadanos.

Francisco David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, ha explicado que el control de precios del alquiler en zonas tensionadas será temporal y que tanto para intervenir como para suprimirlo será una decisión que deberán tomar las comunidades autónomas y los ayuntamientos

Los ministerios implicados, el Banco de España, la Asociación Española de la Banca, la Asociación Hipotecaria Española, la Ceca, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Plataforma del Tercer sector han firmado la prórroga de este Fondo Social de Vivienda que en la actualidad cuenta con 9.8

El equipo regional liderado por Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto abiertamente a tomar medidas que limiten el precio del alquiler Madrid para evitar intervenir el mercado y se muestra decidido a levantar más vivienda asequible como alternativa. Además, recuerda que la competencia de vivienda está en manos de las autonomías y que, si el Gobierno de Pedro Sánchez plantea medidas coercitivas, recurrirá al Alto Tribunal.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha repasado en un informe cuáles deben ser las prioridades del nuevo Ejecutivo en materia económica. En su opinión, los esfuerzos deben estar en reducir la deuda pública y el déficit, aprovechando el momento de bajos tipos de interés, y ajustar el gasto público, ya que España es el tercer país de la UE en el que los ingresos públicos cubren menos gastos. También alerta del perjuicio de subir los impuestos para el crecimiento de la economía, el empleo, la inversión y la competitividad.

El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez traerá consecuencias económicas. Por ejemplo, este año batirá el récord de gasto electoral con 600 millones de euros, por primera vez se volverán a prorrogar unos Presupuestos (los de 2018), está en vilo la subida de las pensiones y el alza salarial de los funcionarios, así como los pagos millonarios que realiza el Estado a las autonomías. Todo ello coincide con una creciente incertidumbre geopolítica, financiera y económica mundial.

El crecimiento, el empleo, las exportaciones, el sector del automóvil, el número de autónomos, la compraventa de casas, los pedidos de la industria... Los últimos datos de mercado apuntan a un enfriamiento económico, que se suma a la ralentización mundial y a otros focos de tensión como la guerra comercial entre EEUU y China, el Brexit y la reciente crisis de Argentina. Mientras tanto, y casi medio año después de las elecciones generales, España sigue sin un nuevo Gobierno.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se somete este jueves 25 a la segunda votación para su investidura. En sus intervenciones en el Congreso ha desgranado algunas propuestas económicas, que van desde frenar la escalada del precio del alquiler, volver a subir el salario mínimo interprofesional o vincular la mejora de las pensiones al IPC a revisar la tributación de las empresas tecnológicas y la fiscalidad medioambiental.

El Gobierno remitió a Bruselas el pasado 30 de abril el Programa de Estabilidad de la economía española para los próximos cuatro años. El documento, además de contemplar subidas de impuestos, incluye la revisión de hasta 13 beneficios fiscales vinculados al IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades. Entre ellos está la reducción por alquiler de viviendas para arrendadores e inquilinos, los donativos, la maternidad, las familias numerosas o la inversión en I+D+i por parte de las empresas.

A falta de dos semanas para la disolución de Las Cortes de cara a las elecciones generales del 28 de abril, el Gobierno prepara varios decretos para aprobar medidas de carácter laboral. Desde ampliar la baja paternal a 16 semanas hasta controlar las horas extra, pasando por crear recuperar los subsidios a mayores de 52 años y bonificar a las empresas si contratan a parados de larga duración. Repasamos las novedades que podrían llegar en los próximos días.

El Ejecutivo ha destinado 679 millones de euros a la vivienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. La cifra arroja una mejora del 41% respecto a las partidas de años anteriores, aunque sigue muy lejos de los niveles de hace una década. En 2009, por ejemplo, se reservaron más de 1.600 millones. El mercado residencial apenas se lleva dos de cada 1.000 euros de las cuentas públicas, en un momento en el que los expertos piden más políticas y recursos para ampliar el parque de viviendas sociales.

Con el nuevo año entró en vigor la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2018. Y ya se están viendo sus efectos: el Ministerio de Trabajo contabilizó 274.000 despidos durante el primer día. Los expertos llevan meses alertando del peligro de incrementar el SMI para el empleo, así como del posible repunte de la economía sumergida.

El Gobierno ha aprobado una subida del salario mínimo interprofesional del 22,3%, hasta situarlo en 900 euros mensuales. Se trata del mayor repunte en 40 años y, aunque su vocación es mejorar las condiciones de millones de trabajadores, los expertos alertan de que su entrada en vigor tendrá más riesgos que beneficios: podría frenar la creación de empleo, no tiene por qué aumentar la recaudación y podría impulsar la economía sumergida.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para que sean los bancos los que paguen el impuesto de las hipotecas (AJD) a partir de ahora. Este 9 de noviembre se ha publicado el real decreto en el BOE y entra en vigor un día más tarde. A cambio, los expertos esperan que la banca termine repercutiendo este gasto al ciudadano, mediante un encarecimiento de los diferenciales de las hipotecas.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que el Ejecutivo está participando en un grupo de trabajo con las comunidades autónomas con el fin de dar una solución al alquiler vacacional y poner sobre la mesa distintas propuestas de actuación. La previsión es diseñar medidas concretas antes de que acabe el año.

El Congreso de los Diputados retoma la actividad tras el parón veraniego y el nuevo curso arranca con tres grandes retos: aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, la ley hipotecaria y la reforma de las pensiones. Con un Gobierno en minoría, la puesta en marcha de estas medidas exigirá negociaciones entre diferentes formaciones políticas. Repasamos las novedades que podrían incluir cada uno de estos 'deberes'.

El Gobierno ha confesado que estudia subir el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros. Una medida que afectaría a unas 91.000 personas, que pagarían unos 4.400 euros anuales de más si finalmente se aplica esta subida, según los Técnicos de Hacienda. Cataluña sería la región donde más contribuyentes tendrían que pagar un tipo medio de hasta el 52%.

La recién estrenada Secretaría General de Vivienda, dentro del Ministerio de Fomento, ya cuenta con un responsable. El ministro José Luis Ábalos ‘ficha’ a Helena Beunza, hasta ahora directora general de las políticas de viviendas social en la Comunidad Valenciana, para reformar la actual LAU y ampliar el parque de viviendas en alquiler.

Reyes Maroto, la nueva ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha dejado claro en unas jornadas celebradas en Santander que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez no va a romper con todas las reformas de la ‘era Rajoy’. Ha asegurado que el objetivo es dar tranquilidad y continuidad al país para recuperar la confianza y ha repasado algunas de las medidas en las que está trabajando el Ministerio, como un marco para regular los pisos turísticos o una nueva agenda digital.

El Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario llegará al Parlamento para iniciar los trámites de su aprobación. La nueva ley, que previsiblemente entrará en vigor en el primer semestre de 2018, busca dar transparencia a los consumidores y seguridad jurídica a la banca. Su llegada traerá cambios para los actuales hipotecados, como la posibilidad de convertir una hipoteca variable en fija o más defensas ante los desahucios. Para los nuevos préstamos, también traerá menos comisiones y mayor control por parte de los notarios. Resumimos el impacto en cada caso: