límite alquiler

La patronal de la construcción ha presentado sus aportaciones al Anteproyecto de Ley de Vivienda del Gobierno.

El anuncio oficial del Anteproyecto de Ley de Vivienda de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, abre el proceso de tramitación parlamentaria que se espera concluya tras el verano de 2022.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, la primera normativa estatal específica de vivienda, que pretende llevar al Congreso de los Diputados antes de final de año. Tras meses de retraso, el Gobierno de coalición deberá ahora llegar a acuerdos con sus socios parlamentarios para sacarla adelante. La normativa incluye medidas para que las CCAA y ayuntamientos puedan controlar el mercado del alquiler, movilizar la vivienda vacía con más impuestos, aumentar el parque público de viviendas o regular los desahucios para personas vulnerables.

La primera Ley de Vivienda estatal será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, en la que se introducirán medidas para que los ayuntamientos pueden declarar zonas tensionadas en el mercado del alquiler para limitar los precios de las rentas a grandes tenedores, además de ofrecer rebajas fiscales a pequeños propietarios si congelan los alquileres o un recargo mínimo del 50% en el IBI por casas vacías sin causa justificada. También ofrecerá incentivos para favorecer alquileres asequibles y la imposibilidad de vender en un futuro la vivienda pública.

El avance de la nueva Ley de Vivienda del Gobierno ha provocado una considerable alarma en el sector inmobiliario. Mikel Echavarren, presidente de Colliers, recalca la importancia del papel de los fondos de inversión en la construcción de vivienda nueva en alquiler. La rentabilidad que obtienen, antes de impuestos, no supera el 4%, y asumen riesgos como la posible ocupación, la variación de los costes de los materiales de construcción o los cambios en las reglas del juego del gobierno de turno. Echavarren critica que esta nueva ley no hará más que ahuyentar al inversor que es quien puede levantar viviendas en alquiler más rápida y eficientemente.

El anuncio del Gobierno de poner en marcha la Ley de Vivienda con un control de precios al alquiler, gravar más la vivienda vacía o imponer tasas de VPO en la obra nueva ha levantado polémica en el sector y en las autonomías gobernadas por el PP. idealista/news entrevista a Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, en la que critica las medidas que se pretenden poner en marcha, sin contar con las autonomías. Además, adelanta que con lo que sabe, el gobierno de la Región no aplicará la Ley de Vivienda por ser un modelo que interviene el mercado y atenta contra la propiedad privada.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha adelantado que el Gobierno tiene intención de llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre, en una entrevista concedida a TVE.

Durante la crisis europea por el covid, se perdieron millones de puestos de trabajo, se destruyeron ingresos y medios de vida y muchos temieron por su futuro financiero. La vivienda tomó un camino diferente. El auge de los precios de las viviendas ha ampliado el abismo entre los que tienen un inmueble en propiedad y los que no tienen, ha alimentado la ira por la desigualdad en la vivienda y las acusaciones de que los mercados inmobiliarios están rotos, son disfuncionales e injustos. Mientras que algunos se han beneficiado de la subida de los precios, muchos se enfrentan a alquileres elevados, casas de baja calidad o precios disparados que mantienen la propiedad de la vivienda fuera de su alcance.

El acuerdo entre PSOE y Podemos para desatascar la Ley de Vivienda, que incluye medidas como regular las rentas a los grandes propietarios o subir el IBI a los pisos vacíos, ha desatado una oleada de críticas por parte de agentes inmobiliarios, consultoras, economistas, promotoras, inversores, empresarios y políticos de todos los signos. Pero el Gobierno está intentado aplacar los ánimos en los últimos días con varios mensajes, como que la regulación de las rentas no entraría en vigor hasta 2023 y que afectaría como mucho a 150.000 viviendas en toda España, y pide cautela hasta conocer el texto íntegro, al que califica de "equilibrado".

Una de las medidas contenidas en la previsible Ley de Vivienda será la de limitar los precios de las rentas de grandes propietarios de pisos en zonas que se declaren tensionadas en el mercado de alquiler. Según los cálculos del Gobierno, unos 150.000 pisos podrían entrar en esta regulación. El anuncio del PP de que sus autonomías no van a poner en marcha las medidas reduciría aún mas esa cifra. Resumimos los datos oficiales de Catastro sobre grandes titulares de inmuebles, que incluyen las viviendas que podrían ser reguladas por ley, y otros activos como garajes u oficinas.

El líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado (PP), ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Vivienda y ha confirmado que su partido no la aplicará en las comunidades autónomas donde gobierna. esta intervención en el mercado del alquiler lanza un "mensaje de inseguridad jurídica" y ha señalado que un Gobierno no puede "interferir" en la libertad y en la propiedad privada.

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno para llevar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. El acuerdo ha llegado tras impulsar un pacto sobre la Ley de vivienda, tras meses de retraso, donde se pretende incluir incentivos fiscales a pequeños propietarios de hasta el 90% en el IRPF para que mantengan los precios de los alquileres, límites a las rentas de grandes tenedores, un recargo en el IBI a las viviendas vacías durante un tiempo prolongado o que el 30% de las promociones de obra nueva se destine a VPO.

Unos 60 municipios catalanes serán considerados mercados de área tensa para la aplicación de la contención de los alquileres. Hasta el momento, 45 municipios ya han aprobado su declaración y se espera que en las próximas semanas se sumen otros 15 un año después de la aprobación de la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medias urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento.

Los partidos de la coalición de Gobierno ya se encuentran en negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022, con medidas a acordar como la reforma fiscal. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha considerado que "no tiene sentido vincular la futura ley del Vivienda con un tema tan fundamental como los Presupuestos”, en alusión al acuerdo firmado hace un año donde se vinculó la aprobación de los PGE de 2021 con la tramitación de la Ley de Vivienda, donde se pretende incluir un límite a los precios del alquiler y que, pese a lo pactado, aún no ha entrado en vigor.

Doce meses han bastado para poner a prueba la ley catalana del alquiler que limita sus precios y constatar, con datos, que las consecuencias de esta norma no han sido las esperadas. Los expertos del negocio inmobiliario hablan con idealista/news sobre esta ley, y señalan su “nula efectividad”. Los profesionales del ‘real estate’ catalán aseguran que “ha aniquilado la oferta de pisos de alquiler en ciudades como Barcelona”, critican su algoritmo “mal construido” y la “significativa confusión a la que ha llevado la distorsión de precios”.

El Ejecutivo quiere aprobar antes de que acabe este año el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, aunque la normativa no entrará definitivamente en vigor hasta verano de 2022; es decir, dentro de un año. Además, prevé lanzar en octubre el nuevo Plan Estatal de Vivienda (2022-2025) y prevé movilizar en las próximas semanas 5.520 millones de euros procedentes de los fondos europeos para destinarlos a la rehabilitación y la promoción de alquileres sociales.

Un año después de la entrada en vigor de la ley catalana del alquiler que limita los precios del alquiler, los datos muestran que la medida ha tenido dos consecuencias principales: 1.- un impacto casi nulo en las bajadas de precio, que se ha reducido de forma similar en los grandes mercados, pero 2.- ha provocado una relevante reducción de la oferta, de un 42% frente a hace un año, según datos de idealista.

Eduard Mendiluce, hombre de confianza del fondo de inversión Blackstone en España y CEO de Anticipa y Aliseda, afirma en una entrevista que está preocupado porque España es el único país donde se protege la ocupación ilegal. “La normativa aprobada en Cataluña a principios de 2020, en la que se obligaba a ofrecer alquiler social a los okupas bajo ciertas circunstancias, ponía al mismo nivel a un deudor hipotecario o de alquiler y a un okupa”, asevera. Alerta de que la inseguridad jurídica puede lastrar el crecimiento económico y ahuyentar a los inversores.

PSOE y Unidas Podemos intentan desatascar la Ley de Vivienda, que lleva varios meses paralizada entre peticiones de unos y otros.

El Gobierno Central ha confirmado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de alquiler de viviendas promulgado por la Generalitat, que habilita a los Ayuntamientos a poner límites a los precios de los arrendamientos, por sobrepasar sus competencias, aunque no ha solicitado la suspensión cautelar de la medida. También solicita amparo al Tribunal Constitucional por varios artículos de otro decreto catalán sobre la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia del covid-19.

El Gobierno irlandés ultima un nuevo decreto ley sobre el control de precios de los alquileres en zonas tensionadas. En diciembre de 2016, introdujo la norma de que los propietarios de pisos en alquiler en Dublín y en gran parte del país no podían aumentar las rentas en más de un 4% anual.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado que Unidas Podemos piensa que hay que bajar los precios de los alquileres de viviendas, mientras él está por congelarlos y mejorar la calidad de las viviendas en el mercado, de la que "muchas veces no se habla".

El último borrador del Mitma para la Ley de Vivienda recoge varios nuevos supuestos que se suman a los ya planteados por la parte del PSOE en el Gobierno de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado de alquiler. Ahora mandan al Ministerio de Ione Belarra (Podemos) la propuesta de que los nuevos contratos en zonas tensionadas no puedan subir más de un10% frente al alquiler anterior, y la prórroga forzosa de tres años, como máximos, para los contratos vigentes.

En febrero de 2020, un mes antes del estallido de la pandemia del coronavirus, Berlín promulgó una rigurosa política de control de alquileres, el llamado ‘Mietendeckel’ (tapón de los alquileres), con el objetivo de congelar las rentas que se pagaban en la capital alemana ante su rápido aumento de lo