El fenómeno de la okupación es cada vez más frecuente en nuestro país. De hecho, un estudio realizado recientemente por el Ministerio de Interior revelaba 13.389 denuncias en los nueve primeros meses del 2021, lo que supone un 20% más que durante el año anterior. Actualmente se calcula que existen en nuestro país más de 120.000 vivienda okupadas. La red Alfa Inmobiliaria cifra en un 30% el descuento que los propietarios están dispuestos a hacer a la hora de vender una casa okupada y así deshacerse del problema.
Dazia Capital vuelve a apostar por la ciudad de Madrid. En esta ocasión, la compañía inmobiliaria ha decidido invertir 5,25 millones de euros en la compra de cuatro edificios y naves industriales que habían estado okupados durante los últimos 13 años. Ahora, la empresa prevé invertir cerca de 15 millones de euros para convertir estos activos, que suman 3.600 m2 de superficie, en viviendas de uso residencial.
La problemática de okupación ilegal que están sufriendo los bajos comerciales en Cataluña ha empeorado, llegando a convertirse en la comunidad autónoma con los peores datos a nivel estatal, concentrando el 42% del total de las okupaciones.
El 'think tank' Acción Liberal acaba de lanzar un nuevo informe llamado ‘Erradiquemos la okupación en España’ para poner fin a esta lacra social. Con la ayuda de primeros espadas como Mikel Echavarren, CEO de Colliers, o el catedrático de Derecho Tributario, César García, han elaborado una serie de medidas efectivas para erradicar este mal que afecta a 100.000 inmuebles en España. Entre las medidas se encuentran recuperar la posesión de la casa en 10 días, aumentar las penas de prisión o dar potestad a ayuntamientos para un desalojo exprés.
idealista/news entrevista a María Andreu, nueva directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) para conocer su postura sobre el mercado del alquiler y sobre las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España de limitar la actualización de las rentas al 2%. Según el propio Ejecutivo, es para frenar la subida a los inquilinos, pero Andreu asegura que habría que apostar por medidas más efectivas, como aplicar ventajas fiscales.
La okupación se asocia en muchas ocasiones a las mafias, pero la realidad es que también hay un gran porcentaje de personas que recurren a esta actividad ilegal por necesidad y falta de recursos. Dentro de este grupo se enmarca una nueva tendencia detectada en municipios del sur de Madrid (Móstoles, Parla o Alcorcón). Se trata de gente que alquila una vivienda de manera legal, paga unos meses, luego dejar de hacerlo y se convierte por lo tanto en un okupa.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emprendido acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal en el grupo de las 148 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia, o Polígono, de Toledo, que han tenido como resultado 20 sentencias condenatorias.
El Consejo de Gobierno de la región ha decidido modificar el decreto que regula el Plan de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, más conocido como Plan Vive, para excluir a okupas como beneficiarios de las adjudicaciones de una vivienda pública. Es decir, toda aquella persona condenada por un delito de okupación no podra optar a una VPO en Andalucía.
Cada vez son más los propietarios que temen sufrir la okupación de una casa y son muchas las dudas que surgen a la hora de enfrentarse a este problema. El despacho de abogados Círculo Legal recuerda la necesidad de denunciar ante la Policía dentro de las primeras 24 horas para que proceda al desalojo ya que, pasado ese plazo, se convierte en un proceso civil, por lo que es necesario recurrir al juzgado para interponer una demanda. Conviene actuar pronto para acelerar el procedimiento y evitar responsabilidades con vecinos, terceras personas e incluso con los inquilinos ilegales.
Entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron 13.389 (allanamientos o usurpaciones, puesto que en las denuncias policiales no se delimita y es el juzgado el que determina la calificación), según datos oficiales. Por este motivo, Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) y el SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) han elaborado el informe: 'El alquiler y su contexto normativo y de desarrollo'. Este documento afirma que el 80% de los propietarios con viviendas en alquiler temen que sus propiedades sean okupadas.
La empresa de desokupación Exit Okupas ha desalojado un inmueble de 14 pisos ubicado en Torremolinos después de llevar más de 10 años okupado. Alex Caro, uno de los socios de la empresa ha explicado que en el interior de una de las viviendas se ha encontrado una pequeña plantación de marihuana y que también se han encontrado personas viviendo de manera ilegal en el cuarto del ascensor y en los trasteros del bloque.
Desde hace ocho años los habitantes de Horche viven un verdadero infierno.
Eduard Mendiluce, hombre de confianza del fondo de inversión Blackstone en España y CEO de Anticipa y Aliseda, afirma en una entrevista que está preocupado porque España es el único país donde se protege la ocupación ilegal. “La normativa aprobada en Cataluña a principios de 2020, en la que se obligaba a ofrecer alquiler social a los okupas bajo ciertas circunstancias, ponía al mismo nivel a un deudor hipotecario o de alquiler y a un okupa”, asevera. Alerta de que la inseguridad jurídica puede lastrar el crecimiento económico y ahuyentar a los inversores.
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente de la Comunidad Valenciana, es la encargada de gestionar los pisos públicos. Su subdirectora, Pura Peris, señala que en la actualidad tienen contabilizadas 1.290 viviendas del parque público okupadas. Mientras tanto, esta administración cuenta con una lista de espera de 16.000 demandantes de vivienda con algún tipo de protección.
Agencias Negociadora ha elaborado una lista para evitar okupaciones en las casas durante el verano. Entre ellas destaca la de instalar una alarma en la vivienda, ya que el simple hecho de tener un cartel de alarma puede disuadir a los 'okupas', pero además, en caso de que se produzca el delito, este no será considerado ocupación, si no allanamiento, y por lo tanto son dos figuras totalmente distintas, ya que esta última permite a la policía actuar de inmediato.
La okupación en España subió un 2,7% en 2020 con respecto a 2019, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. En total, 14.675 personas denunciaron que su vivienda había sido ocupado de manera ilegal.
la empresa catalana Desokupa ha lanzado un club de afiliación al que poder suscribirse y, por 300 euros, proteger un piso contra okupaciones. Desde la compañía explican que se podrá hacer uso de una desokupación al año, pero que el usuario también podrá beneficiarse de otras ventajas.
Las empresas de desokupación siguen engordando su negocio con nuevas iniciativas. La empresa catalana Desokupa, liderada por el empresario Daniel Esteve, lanzará en los próximos días una plataforma de video, imitando a los grandes grupos estadounidenses como Netflix o HBO. En esta web, la compañía subirá contenidos relacionados con sus desokupaciones, así como entrevistas con su fundador.
Lucena, un pequeño pueblo Cordobés de poco más de 40.000 habitantes, ha pasado de ser noticia por ser una localidad con pleno empleo a serlo por contar un gran foco de okupación. En concreto, la mesa de trabajo del Ayuntamiento encargada de atajar este problema ha contabilizado más de 100 viviendas okupadas, aunque se cree que hay más unidades. Muchos de los pisos provienes del ‘boom’ inmobiliario y pertenecen a distintas entidades financieras. El problema ha generado robos, suciedad, amenazas de muerte y facturas de más de 10.000 euros para el consistorio.
El Gobierno andaluz ha creado un sistema que tiene por objetivo luchar contra la okupación y asesorar a los propietarios que tengan inquilinos ilegales en una vivienda. Además, la Junta ha creado una guía informativa con las herramientas legales disponibles y un grupo de trabajo específico para ayudar a los afectados a que encuentren la respuesta jurídica más adecuada para su caso.
Vicenç Hernández es el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y CEO de Tecnotramit. Hernández tomó las riendas de la asociación a finales del pasado año con el objetivo de ayudar a profesionalizar, aun más, la figura del agente inmobiliario. El ejecutivo habla con idealista/news sobre el impacto de problemáticas como la okupación o el control del precio del alquiler, que según explica “manchan la reputación del ‘real estate’ español y frena a la inversión internacional”.
Las historias que rodean al fenómeno de la ‘okupación’ son muchas y variadas, pero cada vez rozan un poco más lo absurdo. La última viene de la mano de un ‘hombre sagrado’, al que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado una condena de un año y seis meses de prisión por un delito de estafa al dejar de pagar 2.095,24 euros en concepto de rentas a la arrendadora de su vivienda, situada en Palencia capital.
La Policía Nacional ha editado una guía útil que contiene una serie de recomendaciones para prevenir la okupación de viviendas, así como las distintas actuaciones que tiene que seguir el propietario si se ha producido finalmente el delito, como no cortar los suministros de agua, luz y gas, ni impedir la entrada a quienes han okupado la vivienda.
La compañía Ideal Guardian aterriza en España para implantar su modelo de negocio. Se trata de ofrecer a los propietarios un servicio de ‘guardianes’ que ayudan a evitar la okupación y problemas relacionados con el vandalismo. Estas personas no pagan arrendamiento por habitar estos activos, aunque no lo hacen de manera gratuita. En Holanda, ya hay más de 50.000 personas que viven bajo este régimen, según afirma a idelista/news John Van Haaren, CEO de la compañía en nuestro país.
La compañía dará hogar temporal en 2021 a 5.000 personas en edificios vacíos en toda España, comenzando por Madrid y continuando en los próximos meses por Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla. El modelo de negocio de la empresa consiste en buscar residentes que habiten edificios vacíos de forma temporal, de modo que quienes se alojen en ellos puedan disfrutar de un hogar a un precio reducido a la vez que los propietarios de los inmuebles evitan riesgos de okupación.
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