Okupación ilegal

Los madrileños avanzan contra la okupacion. La Comunidad de Madrid ha superado el millar de llamadas atendidas (1.098) en el teléfono antiokupación activado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de julio ante la proliferación de usurpaciones de viviendas.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han acordado por unanimidad que con carácter general se estime pertinente que se acuerde la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en que se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación y se verifique la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor, según ha informado el TSJ de Madrid. Una medida que se aplicaría tanto si el sujeto pasivo es una persona física como si se trata de una persona jurídica de naturaleza pública o privada.

En los últimos años, ha proliferado entre las mafias que se dedican a okupar viviendas de forma ilegal la conocida como ‘técnica pedir pizza’, que permite a los okupas disponer de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato. Tanto grandes propietarios como agencias inmobiliarias están detectando un aumento de esta técnica en diferentes puntos de España: desde Cataluña a Madrid o Andalucía. Además, se muestran preocupados con la normalización de los importes que piden los okupas para salir del inmueble, que en algunos casos alcanza los 5.000 euros.

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en tramitación parlamentaria, para que el Congreso apoye el desalojo de los okupas en el plazo máximo de un día. Una moción que se enfrenta a la petición del PSOE de desalojar en 48 horas, y que ha vuelto a suponer un encontronazo en el Gobierno de coalición. El texto se votará el próximo jueves 3 de noviembre.

Elche ha sido el escenario de una operación policial ligada a la okupación y el alquiler ilegal de viviendas. Según confirma la Policía Nacional, varios agentes han detenido en la localidad alicantina a un hombre de 39 años que presuntamente localizaba viviendas vacías que previamente habían sido deshabitadas con orden de desahucio para alquilarlas ilegalmente a terceras personas. Está acusado de usurpación de bienes inmuebles y delito de daños.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una serie de medidas para seguir luchando contra la ocupación. Entre ellas, destaca la de no cargar a los propietarios de la vivienda el gasto del agua consumida por los okupas. En julio, también anunció un acuerdo con Naturgy para suprimir los enganches de luz ilegales en las viviendas sociales.

Las desokupaciones continúan siendo un tema polémico y de actualidad. La última ha hecho historia por marcar un nuevo récord: desalojar a 200 personas de 100 pisos okupados en Guadalajara. Según han explicado a idealista/news los responsables de Desokupa Exprés, encargados de llevar a cabo el operativo, ha sido una acción en coordinación con la Policía Nacional y se han necesitado dos meses para organizar la desokupación.

El PSOE ha defendido sus enmiendas para agilizar los desalojos de okupas en 48 horas recalcando que la propuesta registrada en el Congreso no tiene que ver con los desahucios de personas vulnerables. Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, vuelven a chocar en la forma de afrontar las políticas relacionadas con la vivienda. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles",

El Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ha incluido una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Otros partidos como PP y PdeCat ya había solicitado previamente cambios para agilizar y acelerar unos procesos que están colapsando los tribunales.

La administración catalana prepara una nueva ley para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios de una vivienda ocupada y permitirá a los consistorios y comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes. Esta es una problemática que se encuentran, sobre todo, con grandes tenedores, según explican desde la Generalitat, ya que no suelen emprender ninguna acción en los tribunales.

La okupación continúa siendo un debate sobre la mesa en España. Un informe realizado por la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València concluye que el 86 % de los casos de okupación de viviendas corresponde a propiedades de entidades bancarias, jurídicas y fondos de inversión; mientras que el 1 % de estos casos se produce en viviendas de particulares.

Muchos propietarios, sin saberlo, fomentan y legitiman la okupación de sus inmuebles. Tener dados de alta los suministros y darlos de baja después, negociar con los inquilinos ilegales el pago de las facturas, tener el piso completamente vacío, no disponer de alarma, no denunciar correctamente o no acreditar que está en venta o en alquiler son algunos de los errores más frecuentes que conviene evitar. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) repasa algunos consejos para aminorar el perjuicio económico que supone la usurpación, así como las medidas para acabar con esta lacra.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) critica en un informe "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación' y pide alcanzar un pacto de Estado entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar una solución efectiva y a largo plazo para esta lacra, que vive actualmente su punto más álgido. Dicho acuerdo frenaría las consecuencias perjudiciales para el mercado inmobiliario, la economía, los inversores y consumidores.

El Partido Popular promueve una ley para facilitar el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas y poder imponerles penas de prisión de hasta cinco años. Para conseguir este último objetivo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo plantea recuperar el delito de usurpación de inmuebles.

El próximo 2 de agosto finaliza el plazo para pujar en la subasta del edifico residencial de cinco plantas, conocido como ‘La Dignidad’, por llevar ocupado durante años por unas 20 familias. La web especializada Escrapalia lo ofrece por un precio de salida de 2,5 millones de euros. El inmueble, que necesita una profunda reforma, procede de una empresa promotora en concurso de acreedores.

El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida recuerda que hay cerca de 120.000 viviendas okupadas, de las cuales el 42% están en Cataluña. Además, lamenta que los instrumentos legales actuales no son eficaces para cortar este fenómeno ilegal. Por ello, propone modificar la legislación española para facultar a las comunidades de propietarios a desalojar a los okupas y dotar de más capacitación a los ayuntamientos.

La Comunidad de Madrid está dispuesta a plantar cara a la okupación, después de que este tipo de delitos aumentara un 25% en la región en 2022.

El fenómeno de la okupación es cada vez más frecuente en nuestro país. De hecho, un estudio realizado recientemente por el Ministerio de Interior revelaba 13.389 denuncias en los nueve primeros meses del 2021, lo que supone un 20% más que durante el año anterior. Actualmente se calcula que existen en nuestro país más de 120.000 vivienda okupadas. La red Alfa Inmobiliaria cifra en un 30% el descuento que los propietarios están dispuestos a hacer a la hora de vender una casa okupada y así deshacerse del problema.

Dazia Capital vuelve a apostar por la ciudad de Madrid. En esta ocasión, la compañía inmobiliaria ha decidido invertir 5,25 millones de euros en la compra de cuatro edificios y naves industriales que habían estado okupados durante los últimos 13 años. Ahora, la empresa prevé invertir cerca de 15 millones de euros para convertir estos activos, que suman 3.600 m2 de superficie, en viviendas de uso residencial.

La problemática de okupación ilegal que están sufriendo los bajos comerciales en Cataluña ha empeorado, llegando a convertirse en la comunidad autónoma con los peores datos a nivel estatal, concentrando el 42% del total de las okupaciones.

El 'think tank' Acción Liberal acaba de lanzar un nuevo informe llamado ‘Erradiquemos la okupación en España’ para poner fin a esta lacra social. Con la ayuda de primeros espadas como Mikel Echavarren, CEO de Colliers, o el catedrático de Derecho Tributario, César García, han elaborado una serie de medidas efectivas para erradicar este mal que afecta a 100.000 inmuebles en España. Entre las medidas se encuentran recuperar la posesión de la casa en 10 días, aumentar las penas de prisión o dar potestad a ayuntamientos para un desalojo exprés.

idealista/news entrevista a María Andreu, nueva directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) para conocer su postura sobre el mercado del alquiler y sobre las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España de limitar la actualización de las rentas al 2%. Según el propio Ejecutivo, es para frenar la subida a los inquilinos, pero Andreu asegura que habría que apostar por medidas más efectivas, como aplicar ventajas fiscales.

La okupación se asocia en muchas ocasiones a las mafias, pero la realidad es que también hay un gran porcentaje de personas que recurren a esta actividad ilegal por necesidad y falta de recursos. Dentro de este grupo se enmarca una nueva tendencia detectada en municipios del sur de Madrid (Móstoles, Parla o Alcorcón). Se trata de gente que alquila una vivienda de manera legal, paga unos meses, luego dejar de hacerlo y se convierte por lo tanto en un okupa.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emprendido acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal en el grupo de las 148 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia, o Polígono, de Toledo, que han tenido como resultado 20 sentencias condenatorias.

El Consejo de Gobierno de la región ha decidido modificar el decreto que regula el Plan de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, más conocido como Plan Vive, para excluir a okupas como beneficiarios de las adjudicaciones de una vivienda pública. Es decir, toda aquella persona condenada por un delito de okupación no podra optar a una VPO en Andalucía.