Generalitat Catalunya

La Generalitat catalana quiere sumar más vivienda a su parque siguiendo las fórmulas del Ayuntamiento de Barcelona.

La Generalitat, a través de la Agencia Catalana del Consum, (ACC) ha impuesto 57 sanciones a grandes propietarios por no ofrecer un alquiler social a personas vulnerables que iban a ser desahuciadas, tal y como contempla la ley de vivienda de Cataluña. El importe de las sanciones es de 30.000 euros, aunque la ley catalana prevé un máximo de 100.000 euros. En total, el conjunto de sanciones asciende a 1,7 millones de euros.

El covid-19, el límite del alquiler y las medidas vinculadas a la crisis sanitaria no han ayudado al mercado del alquiler en Cataluña. Según un informe de la Generalitat de Cataluña, estas herramientas han hecho que se reduzca la oferta de pisos en alquiler, se dispare el precio y que haya un escenario de “inseguridad jurídica” que complica la evolución de este sector.

Más espacio para la logística en Cataluña con un movimiento histórico. En Vilarodona (Tarragona), en la comarca del Alt Camp, su parque logístico ganará 3.400 hectáreas brutas, mientras que también se pondrá en marcha un polígono de este tipo en Lleida, en la zona de Torreblanca.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados del PP contra 11 artículos de la Ley catalana de alquiler. El TC aclara que varios de estos preceptos son inconstitucionales por la invasión de competencias del Estado, referida a la fijación en un mercado único de las bases para regular los contratos. Desde la publicación de la sentencia no se podrán firmar alquileres con límites de rentas, aunque sí los mantendrán los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad.

Airbnb ha celebrado este miércoles que el Tribunal Supremo (TS) haya anulado una orden de la Generalitat, de enero de 2015, que les obligaba a dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscripción en el Registro de Cataluña, lo que acredita su legalidad como vivienda turística. El Tribunal Supremo ha dictaminado que Airbnb es un prestador de servicios de la sociedad de la información y no de servicios turísticos o inmobiliarios.

La conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha anunciado una subvención dedicada a la construcción de 688 viviendas asequibles en la comunidad. De las cerca de 700 viviendas, según ha comunicado el departamento, 101 serán viviendas dotacionales . La construcción se repartirá en 20 promociones, que suponen una inversión total de 17,9 millones de euros.

La gestora de inversiones de Deutsche Bank (DWS) ha puesto a la venta un edificio de oficinas localizado en el número 2 de la avenida de Josep Tarradellas, en Barcelona. El inmueble está ocupado actualmente por un departamento de la Generalitat y el precio de salida es de 110 millones de euros. El grupo quiere aprovechar con esta operación el interés inversor por Barcelona.

El Gobierno Central ha confirmado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de alquiler de viviendas promulgado por la Generalitat, que habilita a los Ayuntamientos a poner límites a los precios de los arrendamientos, por sobrepasar sus competencias, aunque no ha solicitado la suspensión cautelar de la medida. También solicita amparo al Tribunal Constitucional por varios artículos de otro decreto catalán sobre la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia del covid-19.

La aseguradora francesa ha puesto en venta cinco edificios de oficinas en la capital catalana arrendados a largo plazo por la Generalitat catalana por un importe de 250 millones de euros. Se prevé que la operación se cierre durante el verano. La cartera de Axa se conoce bajo el nombre de Pentagon. La aseguradora inició el proceso de venta hace unas semanas y varios candidatos han superado el importe exigido.

El fondo de inversión Franklin Templeton ha adquirido un complejo de oficinas de 9.900 m2 ubicado en el distrito 22 @ de Barcelona. Este activo está alquilado actualmente a la Agencia de Empleo de Cataluña, que asumirá la ocupación total del inmueble a partir de octubre de 2021 a largo plazo.

El Constitucional ha declarado por unanimidad inconstitucionales y nulos varios artículos del decreto-Ley de la Generalitat catalana en materia de vivienda de finales de 2019, entre los que se obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos morosos o a los okupas vulnerables. El tribunal ha considerado que esta regulación debe hacerse por una Ley, y no por decreto. El TC también ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la norma catalana aprobada el pasado septiembre para limitar el precio del alquiler en Cataluña.

Que la Cataluña rural sea una opción a tener en cuenta para instalar tu primera residencia es uno de los nuevos objetivos de la Generalitat. Por este motivo, el gobierno catalán ha puesto en marcha una prueba piloto con 20 municipios para el Programa de promoción de la vivienda en el mundo rural. Se invertirán 2 millones de euros y el objetivo es repoblar algunas de las zonas más rurales de la comunidad.

El gobierno catalán ha aprovechado los doce meses más convulsos que se recuerdan en años para sacudir el mercado de la vivienda. Con todo el sector inmobiliario en contra de la mayoría de sus movimientos, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona han aprobado leyes como el control de precio del alquiler, la “legalización” de la okupación ilegal tras seis meses o la intervención del mercado residencial en Barcelona.

Los continuos cambios en las reglas del juego del inmobiliario en Cataluña obligan a que las plataformas inmobiliarias deban adaptarse a la variada y constantemente cambiada legislación inmobiliaria catalana.

Nuevo paso adelante hacia BCN World. La Generalitat catalana ha acordado comprar a CaixaBank los terrenos de Vila-seca y Salou (Tarragona) en los que se ubicará el macrocomplejo del BCN World por 120 millones de euros. La operación se completará con la venta de la superficie a Hard Rock, adjudicataria de la gestión del proyecto.

La Generalitat ha aprobado un decreto ley que regula los 'colivings'. Tal y como está planteado, y a falta de que se informe sobre los detalles de los espacios al hacer público el texto del decreto, se asemeja a la figura del 'cohousing' y consiste en minipisos de uso privativo con espacios compartidos aparte. Los pisos tendrán un mínimo de 24 m2, además de otros 12 m2 anexos, que podrían ser espacios de trabajo, lavandería, etc.

idealista [empresa editora de este boletín] ya está adaptada a las exigencias impuestas por el gobierno catalán y los propietarios que quieran anunciar sus inmuebles ubicados en Cataluña deberán añadir el índice de referencia en sus anuncios en la funcionalidad incorporada por la compañía. Este índice entró en vigor el pasado septiembre, cuando el Parlament catalán dio luz verde a esta polémica ley para limitar el aumento de los alquileres en Cataluña y habilitar un control de precios.

La Generalitat de Cataluña da una tregua al mercado del alquiler en toda la comunidad. Si bien el día 9 de septiembre el Parlament aprobó la ley para regular los alquileres en Catalunya, en estos dos meses el gobierno catalán no ha puesto ninguna multa por infringir esta norma.

La Conselleria de Justicia y los grupos JxCat, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), En Comú Podem y CUP han registrado una proposición para regular el mercado del alquiler en la comunidad. La medida, impulsada por el Sindicat de Llogaters, cuenta con el apoyo parlamentario necesario para ser aprobada.

El pasado viernes se reunieron todos los partidos en el Pleno de Reconstrucción del Parlamento para debatir sobre cómo salir lo antes posible de la crisis que ha dejado el covid-19. En Comú-Podem presentó un plan de 15 propuestas en materia de vivienda, como acabar con los desahucios o regular el precio de los alquileres en Cataluña. Este plan recibió la negativa de PP, PSOE, ERC, Ciudadanos y JXCat.

La Generalitat de Cataluña, a través de la Agencia de la Vivienda, ha abierto una convocatoria de subvenciones dirigida a los promotores privados que quieran construir vivienda de alquiler con protección oficial. Se pueden acoger promotores, tanto personas físicas como jurídicas, que promuevan este tipo de vivienda por un periodo mínimo de 25 años destinado a personas con ingresos por debajo de los 33.838 euros anuales.

La Generalitat ha reclamado al Estado que doble el presupuesto de las ayudas para pagar el alquiler a familias afectadas por la epidemia del covid-19, siendo de 14,5 millones de euros para Cataluña y 100 millones para toda España. Según el gobierno catalán “se trata de una partida insuficiente".

La Generalitat, a través de la Secretaría d’Hàbitat Urbà i Territori, ha convocado una línea de ayudas al alquiler de la vivienda habitual por importe de 14,5 millones de euros. La subvención se dirige a familias arrendatarias que se encuentren en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o que hayan visto reducida su jornada de trabajo.

La Generalitat de Catalunya ha anunciado que suspende durante el estado de alarma el derecho de tanteo y retracto que tiene sobre las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias que las entidades financieras se adjudican tras un impago y que, en muchos casos, acaban vendiéndose a fondos de inversión internacionales.