La okupación se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios. Más allá del perjuicio económico que supone el hecho de no poder disponer de la propiedad, uno de los grandes problemas es el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia que permita el desalojo de los inquilinos ilegales. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el plazo medio se situó en 2021 en 18,1 meses, cuando en 2018 no llegaba al año. Castilla y León, Canarias y Murcia son las CCAA con los periodos más largos.
Muchos propietarios, sin saberlo, fomentan y legitiman la okupación de sus inmuebles. Tener dados de alta los suministros y darlos de baja después, negociar con los inquilinos ilegales el pago de las facturas, tener el piso completamente vacío, no disponer de alarma, no denunciar correctamente o no acreditar que está en venta o en alquiler son algunos de los errores más frecuentes que conviene evitar. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) repasa algunos consejos para aminorar el perjuicio económico que supone la usurpación, así como las medidas para acabar con esta lacra.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) critica en un informe "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación' y pide alcanzar un pacto de Estado entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar una solución efectiva y a largo plazo para esta lacra, que vive actualmente su punto más álgido. Dicho acuerdo frenaría las consecuencias perjudiciales para el mercado inmobiliario, la economía, los inversores y consumidores.
El Partido Popular promueve una ley para facilitar el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas y poder imponerles penas de prisión de hasta cinco años. Para conseguir este último objetivo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo plantea recuperar el delito de usurpación de inmuebles.
La okupación ilegal de viviendas sigue en aumento y su impacto va más allá de la propiedad privada, afectando también a aquellas viviendas gestionadas por las administraciones públicas y entidades responsables de garantizar el acceso a una vivienda digna, tal y como recoge la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya.
El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida recuerda que hay cerca de 120.000 viviendas okupadas, de las cuales el 42% están en Cataluña. Además, lamenta que los instrumentos legales actuales no son eficaces para cortar este fenómeno ilegal. Por ello, propone modificar la legislación española para facultar a las comunidades de propietarios a desalojar a los okupas y dotar de más capacitación a los ayuntamientos.
Foment del Treball ha pedido endurecer la legislación ante okupaciones que ha definido como delincuenciales de manera que permita desalojar "inmediatamente" las viviendas ocupadas. Sánchez Llibre, de Foment, ha alertado del aumento del 18% de las okupaciones de viviendas en 2021, hasta 13.389 casos en España, el 42% de los cuales, 5.589, en Catalunya, y advertido de la existencia de una "situación de alarma social" por este incremento.
La Comunidad de Madrid está dispuesta a plantar cara a la okupación, después de que este tipo de delitos aumentara un 25% en la región en 2022.
El fenómeno de la okupación es cada vez más frecuente en nuestro país. De hecho, un estudio realizado recientemente por el Ministerio de Interior revelaba 13.389 denuncias en los nueve primeros meses del 2021, lo que supone un 20% más que durante el año anterior. Actualmente se calcula que existen en nuestro país más de 120.000 vivienda okupadas. La red Alfa Inmobiliaria cifra en un 30% el descuento que los propietarios están dispuestos a hacer a la hora de vender una casa okupada y así deshacerse del problema.
Dazia Capital vuelve a apostar por la ciudad de Madrid. En esta ocasión, la compañía inmobiliaria ha decidido invertir 5,25 millones de euros en la compra de cuatro edificios y naves industriales que habían estado okupados durante los últimos 13 años. Ahora, la empresa prevé invertir cerca de 15 millones de euros para convertir estos activos, que suman 3.600 m2 de superficie, en viviendas de uso residencial.
El PDeCAT ha registrado una proposición de ley en el Congreso con nuevos instrumentos para poder atajar el fenómeno de las ocupaciones ilegales con el objetivo de que los 'okupas' puedan ser desalojados en 48 horas, que la comunidad de propietarios pueda denunciarlos por la vía civil y que se dote de competencias a los ayuntamientos para tomar medidas.
Más frenos al legislador catalán y a sus “normas”. El Tribunal Constitucional (TC) se ha vuelto a pronunciar ante lo que considera un “exceso de competencias por parte del legislador autonómico”. Esto significa que queda anulada la obligatoriedad de que los grandes tenedores ofrecieran un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.
El 'think tank' Acción Liberal acaba de lanzar un nuevo informe llamado ‘Erradiquemos la okupación en España’ para poner fin a esta lacra social. Con la ayuda de primeros espadas como Mikel Echavarren, CEO de Colliers, o el catedrático de Derecho Tributario, César García, han elaborado una serie de medidas efectivas para erradicar este mal que afecta a 100.000 inmuebles en España. Entre las medidas se encuentran recuperar la posesión de la casa en 10 días, aumentar las penas de prisión o dar potestad a ayuntamientos para un desalojo exprés.
Los vecinos del edificio de viviendas sociales ubicado en la calle Tía Javiera de Fuenlabrada (Madrid) vuelven a tener luz en sus hogares tras casi un mes de apagón. Una sobrecarga por el enganche ilegal de los okupas que residen en 15 de las 45 viviendas del inmueble, que es propiedad de la Agencia de Vivienda Social, provocó el incendio del cuarto de contadores y el corte del suministros. La reparación de los desperfectos durará un mes, aunque hasta entonces unos generadores proveerán de electricidad a los pisos.
idealista/news entrevista a María Andreu, nueva directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) para conocer su postura sobre el mercado del alquiler y sobre las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España de limitar la actualización de las rentas al 2%. Según el propio Ejecutivo, es para frenar la subida a los inquilinos, pero Andreu asegura que habría que apostar por medidas más efectivas, como aplicar ventajas fiscales.
La okupación se asocia en muchas ocasiones a las mafias, pero la realidad es que también hay un gran porcentaje de personas que recurren a esta actividad ilegal por necesidad y falta de recursos. Dentro de este grupo se enmarca una nueva tendencia detectada en municipios del sur de Madrid (Móstoles, Parla o Alcorcón). Se trata de gente que alquila una vivienda de manera legal, paga unos meses, luego dejar de hacerlo y se convierte por lo tanto en un okupa.
Esta semana ha entrado en vigor una ley en Cataluña que obliga a los grandes tenedores de viviendas, ya sean personas físicas o jurídicas, a ofrecer un alquiler social y a precio tasado, a las personas en situación de vulnerabilidad, ya sean inquilinos u okupas. El texto también amplía a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías a la Administración por parte de bancos y fondos de inversión y amplía la duración de los contratos de alquiler social. También se hará un registro de grandes tenedores de vivienda en la región.
La Comisión de Derechos Sociales del Parlament de Cataluña votó las enmiendas de la Ley Antidesahucios en la que trabaja la Generalitat. Una norma que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC. Tras la votación, continuará el trámite en el Parlament, pudiendo estar aprobada en el plazo aproximado de un mes. Lo más polémico de este texto es que la ley obligará a dar alquiler social a los okupas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emprendido acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal en el grupo de las 148 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia, o Polígono, de Toledo, que han tenido como resultado 20 sentencias condenatorias.
El Consejo de Gobierno de la región ha decidido modificar el decreto que regula el Plan de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, más conocido como Plan Vive, para excluir a okupas como beneficiarios de las adjudicaciones de una vivienda pública. Es decir, toda aquella persona condenada por un delito de okupación no podra optar a una VPO en Andalucía.
Cada vez son más los propietarios que temen sufrir la okupación de una casa y son muchas las dudas que surgen a la hora de enfrentarse a este problema. El despacho de abogados Círculo Legal recuerda la necesidad de denunciar ante la Policía dentro de las primeras 24 horas para que proceda al desalojo ya que, pasado ese plazo, se convierte en un proceso civil, por lo que es necesario recurrir al juzgado para interponer una demanda. Conviene actuar pronto para acelerar el procedimiento y evitar responsabilidades con vecinos, terceras personas e incluso con los inquilinos ilegales.
Entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron 13.389 (allanamientos o usurpaciones, puesto que en las denuncias policiales no se delimita y es el juzgado el que determina la calificación), según datos oficiales. Por este motivo, Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) y el SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) han elaborado el informe: 'El alquiler y su contexto normativo y de desarrollo'. Este documento afirma que el 80% de los propietarios con viviendas en alquiler temen que sus propiedades sean okupadas.
Para los pequeños propietarios que alquilan sus inmuebles, las principales preocupaciones son tener que iniciar un proceso de desahucio del inquilino, el impago de la renta y la posibilidad de sufrir una ocupación ilegal, según señalan cuatro de cada cinco encuestados por la asociación ASVAL y el Salón Inmobiliario de Madrid. Casi la mitad de los particulares afirma que necesita los ingresos del arrendamiento para asumir sus gastos personales y familiares.
La empresa de desokupación Exit Okupas ha desalojado un inmueble de 14 pisos ubicado en Torremolinos después de llevar más de 10 años okupado. Alex Caro, uno de los socios de la empresa ha explicado que en el interior de una de las viviendas se ha encontrado una pequeña plantación de marihuana y que también se han encontrado personas viviendo de manera ilegal en el cuarto del ascensor y en los trasteros del bloque.
Desde hace ocho años los habitantes de Horche viven un verdadero infierno.
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