Los vecinos del edificio de viviendas sociales ubicado en la calle Tía Javiera de Fuenlabrada (Madrid) vuelven a tener luz en sus hogares tras casi un mes de apagón. Una sobrecarga por el enganche ilegal de los okupas que residen en 15 de las 45 viviendas del inmueble, que es propiedad de la Agencia de Vivienda Social, provocó el incendio del cuarto de contadores y el corte del suministros. La reparación de los desperfectos durará un mes, aunque hasta entonces unos generadores proveerán de electricidad a los pisos.
idealista/news entrevista a María Andreu, nueva directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) para conocer su postura sobre el mercado del alquiler y sobre las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España de limitar la actualización de las rentas al 2%. Según el propio Ejecutivo, es para frenar la subida a los inquilinos, pero Andreu asegura que habría que apostar por medidas más efectivas, como aplicar ventajas fiscales.
La okupación se asocia en muchas ocasiones a las mafias, pero la realidad es que también hay un gran porcentaje de personas que recurren a esta actividad ilegal por necesidad y falta de recursos. Dentro de este grupo se enmarca una nueva tendencia detectada en municipios del sur de Madrid (Móstoles, Parla o Alcorcón). Se trata de gente que alquila una vivienda de manera legal, paga unos meses, luego dejar de hacerlo y se convierte por lo tanto en un okupa.
Esta semana ha entrado en vigor una ley en Cataluña que obliga a los grandes tenedores de viviendas, ya sean personas físicas o jurídicas, a ofrecer un alquiler social y a precio tasado, a las personas en situación de vulnerabilidad, ya sean inquilinos u okupas. El texto también amplía a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías a la Administración por parte de bancos y fondos de inversión y amplía la duración de los contratos de alquiler social. También se hará un registro de grandes tenedores de vivienda en la región.
La Comisión de Derechos Sociales del Parlament de Cataluña votó las enmiendas de la Ley Antidesahucios en la que trabaja la Generalitat. Una norma que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC. Tras la votación, continuará el trámite en el Parlament, pudiendo estar aprobada en el plazo aproximado de un mes. Lo más polémico de este texto es que la ley obligará a dar alquiler social a los okupas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emprendido acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal en el grupo de las 148 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia, o Polígono, de Toledo, que han tenido como resultado 20 sentencias condenatorias.
El Consejo de Gobierno de la región ha decidido modificar el decreto que regula el Plan de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, más conocido como Plan Vive, para excluir a okupas como beneficiarios de las adjudicaciones de una vivienda pública. Es decir, toda aquella persona condenada por un delito de okupación no podra optar a una VPO en Andalucía.
Cada vez son más los propietarios que temen sufrir la okupación de una casa y son muchas las dudas que surgen a la hora de enfrentarse a este problema. El despacho de abogados Círculo Legal recuerda la necesidad de denunciar ante la Policía dentro de las primeras 24 horas para que proceda al desalojo ya que, pasado ese plazo, se convierte en un proceso civil, por lo que es necesario recurrir al juzgado para interponer una demanda. Conviene actuar pronto para acelerar el procedimiento y evitar responsabilidades con vecinos, terceras personas e incluso con los inquilinos ilegales.
Entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron 13.389 (allanamientos o usurpaciones, puesto que en las denuncias policiales no se delimita y es el juzgado el que determina la calificación), según datos oficiales. Por este motivo, Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) y el SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) han elaborado el informe: 'El alquiler y su contexto normativo y de desarrollo'. Este documento afirma que el 80% de los propietarios con viviendas en alquiler temen que sus propiedades sean okupadas.
Para los pequeños propietarios que alquilan sus inmuebles, las principales preocupaciones son tener que iniciar un proceso de desahucio del inquilino, el impago de la renta y la posibilidad de sufrir una ocupación ilegal, según señalan cuatro de cada cinco encuestados por la asociación ASVAL y el Salón Inmobiliario de Madrid. Casi la mitad de los particulares afirma que necesita los ingresos del arrendamiento para asumir sus gastos personales y familiares.
La empresa de desokupación Exit Okupas ha desalojado un inmueble de 14 pisos ubicado en Torremolinos después de llevar más de 10 años okupado. Alex Caro, uno de los socios de la empresa ha explicado que en el interior de una de las viviendas se ha encontrado una pequeña plantación de marihuana y que también se han encontrado personas viviendo de manera ilegal en el cuarto del ascensor y en los trasteros del bloque.
Desde hace ocho años los habitantes de Horche viven un verdadero infierno.
Eduard Mendiluce, hombre de confianza del fondo de inversión Blackstone en España y CEO de Anticipa y Aliseda, afirma en una entrevista que está preocupado porque España es el único país donde se protege la ocupación ilegal. “La normativa aprobada en Cataluña a principios de 2020, en la que se obligaba a ofrecer alquiler social a los okupas bajo ciertas circunstancias, ponía al mismo nivel a un deudor hipotecario o de alquiler y a un okupa”, asevera. Alerta de que la inseguridad jurídica puede lastrar el crecimiento económico y ahuyentar a los inversores.
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente de la Comunidad Valenciana, es la encargada de gestionar los pisos públicos. Su subdirectora, Pura Peris, señala que en la actualidad tienen contabilizadas 1.290 viviendas del parque público okupadas. Mientras tanto, esta administración cuenta con una lista de espera de 16.000 demandantes de vivienda con algún tipo de protección.
Agencias Negociadora ha elaborado una lista para evitar okupaciones en las casas durante el verano. Entre ellas destaca la de instalar una alarma en la vivienda, ya que el simple hecho de tener un cartel de alarma puede disuadir a los 'okupas', pero además, en caso de que se produzca el delito, este no será considerado ocupación, si no allanamiento, y por lo tanto son dos figuras totalmente distintas, ya que esta última permite a la policía actuar de inmediato.
Gail Capital RE, socimi con una capitalización bursátil de 32 millones de euros y especializada en la gestión de apartamentos para estudiantes en España, ha repasado las consecuencias que ha dejado la pandemia en su negocio. Entre los principales efectos destaca la okupación de algunos de sus activos tras quedarse sin inquilinos, según cuenta la propia empresa.
Alejandro Fernández Luengo, uno de los fundadores de la cadena de peluquerías Marco Aldany y de los coliving y residencias de estudiantes ColivINN, habla con idealista/news sobre el momento en el que se encuentra la okupación llevada a cabo en un edificio de su propiedad en el centro de Madrid por el grupo La Ingobernable.
La okupación en España subió un 2,7% en 2020 con respecto a 2019, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. En total, 14.675 personas denunciaron que su vivienda había sido ocupado de manera ilegal.
La Ingobernable ha okupado, de nuevo, un edificio en el centro de Madrid en el que pretende instalar una Oficina de Derechos Sociales. En el inmueble, que es propiedad de los hermanos Fernández Luengo que impulsaron la cadena de peluquerías Marco Aldany, se ubicaba el Hotel Cantábrico, que se encontraba en plena rehabilitación para ser ocupado por otro operador, tal y como ha explicado Alejandro Fernández a idealista/news.
la empresa catalana Desokupa ha lanzado un club de afiliación al que poder suscribirse y, por 300 euros, proteger un piso contra okupaciones. Desde la compañía explican que se podrá hacer uso de una desokupación al año, pero que el usuario también podrá beneficiarse de otras ventajas.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado una orden que incluye a las víctimas de una okupación de su vivienda habitual entre los beneficiarios de un piso social. Así, las personas y familias que tengan un inquilino ilegal en su hogar podrán optar a un inmueble de la Agencia de la Vivienda Social como solución temporal hasta que puedan recuperar el inmueble.
Lucena, un pequeño pueblo Cordobés de poco más de 40.000 habitantes, ha pasado de ser noticia por ser una localidad con pleno empleo a serlo por contar un gran foco de okupación. En concreto, la mesa de trabajo del Ayuntamiento encargada de atajar este problema ha contabilizado más de 100 viviendas okupadas, aunque se cree que hay más unidades. Muchos de los pisos provienes del ‘boom’ inmobiliario y pertenecen a distintas entidades financieras. El problema ha generado robos, suciedad, amenazas de muerte y facturas de más de 10.000 euros para el consistorio.
El Gobierno andaluz ha creado un sistema que tiene por objetivo luchar contra la okupación y asesorar a los propietarios que tengan inquilinos ilegales en una vivienda. Además, la Junta ha creado una guía informativa con las herramientas legales disponibles y un grupo de trabajo específico para ayudar a los afectados a que encuentren la respuesta jurídica más adecuada para su caso.
La compañía Ideal Guardian aterriza en España para implantar su modelo de negocio. Se trata de ofrecer a los propietarios un servicio de ‘guardianes’ que ayudan a evitar la okupación y problemas relacionados con el vandalismo. Estas personas no pagan arrendamiento por habitar estos activos, aunque no lo hacen de manera gratuita. En Holanda, ya hay más de 50.000 personas que viven bajo este régimen, según afirma a idelista/news John Van Haaren, CEO de la compañía en nuestro país.
El propietario de un inmueble se mete en su propia casa, la cual está okupada, para recuperarla y acaba siendo denunciado por el propio okupa. El inmueble se encuentra en el barrio de Su Eminencia, situado en la ciudad andaluza de Sevilla. Allí un okupa llevaba más de un año viviendo en dicho piso.
Recibe nuestras últimas noticias en tu correo electrónico Suscribirse
