Comunidad de vecinos

No recoger una carta certificada no sirve para evitar el pago de las cuotas cuando la comunidad acredita un intento válido de notificación. Así lo aclara la Audiencia Provincial de Pontevedra en una sentencia que vuelve a poner el foco en una de las cuestiones más habituales en el ámbito vecinal: la morosidad. El fallo confirma la condena a un propietario al pago de más de 3.700 euros y refuerza una idea clave: cuando se cumplen los requisitos y el acuerdo no ha sido impugnado en plazo, la deuda es exigible aunque el vecino alegue que no recibió las notificaciones.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que en toda comunidad de vecinos tiene que haber un presidente, que se elegirá por votación por parte de los propietarios, mediante sorteo o turno rotatorio. Pero ¿qué pasa si el presidente de la comunidad de propietarios es corrupto o negligente, ¿se le puede echar? ¿Y al administrador de fincas? A ambos se les puede denunciar y destituir cuando existe incumplimiento de sus funciones, negigencia o daños causados a la comunidad o a propietarios individuales.

La convivencia con animales domésticos en las comunidades de propietarios es fuente de conflicto recurrente. Un juzgado de Vigo ha avalado la prohibición de tener mascotas en un edificio residencial, pese a la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, y ha rechazado la demanda de un propietario que pretendía convivir con su perro en su vivienda habitual. La resolución concluye que la comunidad actuó conforme a derecho y que dicha limitación no vulnera la normativa vigente, fallo que refuerza el peso de los estatutos en el régimen de propiedad horizontal. Según los hechos probados, el propietario adquirió el perro en agosto de 2023 cuando ya residía en el inmueble y era plenamente consciente de la prohibición.

El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco obliga al Ayuntamiento de Irún a pagar más de 214.000 euros a una comunidad de propietarios por el mantenimiento de un vial privado usado por el público durante años, en una sentencia que corrige el criterio previo y reconoce que la administración no puede beneficiarse de un uso general sin asumir sus costes. El plan urbanístico de la ciudad, lejos de exonerar al consistorio, se convierte en la base para condenarlo: si hay uso público, hay obligación de contribuir al mantenimiento y conservación del espacio.

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a una comunidad de propietarios de Pamplona a pagar casi 8.000 euros a un propietario por los daños causados por filtraciones de agua en su local comercial, pese a que el origen de las humedades se encontraba en una terraza que era de uso privado de uno de los vecinos del edificio. Los problemas comenzaron en 2019 tras un periodo prolongado de lluvias y fueron agravándose con el tiempo.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que afecta directamente a numerosas urbanizaciones y edificios situados en primera línea de costa: las comunidades de propietarios, al carecer de personalidad jurídica propia, no pueden ser formalmente titulares de una concesión administrativa para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Así lo establece la Sala Tercera en su sentencia 1420/2025, de 5 de noviembre (recurso 1972/2024), en la que analiza el intento de una comunidad de propietarios de Andratx (Mallorca) de obtener la concesión de un solárium y piscina parcialmente ubicados en terreno demanial, esto es, de titularidad pública.

Los equipos de climatización pueden parecer una solución sencilla para muchas viviendas. Sin embargo, cuando se instalan en un espacio que forma parte de los elementos comunes de una comunidad, esa decisión no puede adoptarla un propietario de forma unilateral. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha recordado en una sentencia en la que ordena retirar seis compresores de la cubierta de un edificio residencial, así como eliminar el resto de alteraciones. La resolución ofrece una importante aclaración sobre los límites que impone la Ley de Propiedad Horizontal.

Cerrar una terraza para ganar metros al salón es una de las reformas más habituales, pero también una de las que más conflictos generan. La última palabra, en este caso, la ha tenido el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente reafirma la doctrina consolidada en materia de propiedad horizontal: un acuerdo de la junta solo ampara aquello que autoriza expresamente, y no puede extenderse a actuaciones que supongan una ampliación de superficie o una alteración con incidencia en el título constitutivo y en los coeficientes de participación.

El Tribunal Supremo ha resuelto un nuevo conflicto vecinal que, en esta ocasión, gira en torno a la instalación de una chimenea en un edificio residencial. Resuelve sobre la validez de un acuerdo comunitario que exige al actual propietario del local el cese del uso de la salida de humos y el desmontaje de la chimenea instalada al poder existir autorización tácita. el Supremo considera nulo el acuerdo de la comunidad de propietarios, que se fundamenta en que permitió tácitamente el uso continuado y la reforma de la salida de humos, con conocimiento y sin oposición durante un largo periodo.

La Audiencia Provincial de Navarra ha recordado que un propietario que quiera recurrir una condena al pago de deudas con su comunidad de vecinos debe pagar o consignar antes de apelar. No después ni durante el recurso, sino antes. El caso se inicia con la reclamación de una comunidad de propietarios de Pamplona frente al titular de un local en la planta baja del edificio, al que se le atribuía una cuota de participación del 11% tras diversas segregaciones del local original. En las juntas celebradas en 2020 y 2021 se aprobaron las obras de instalación de ascensor y el reparto de su coste, y en febrero de 2022 se liquidó la deuda acumulada a este propietario por el impago de las derramas, que ascendía a 14.682,44 euros.

Ser presidente de la comunidad de propietarios no es plato de buen gusto para muchas personas. Hay que lidiar con vecinos conflictivos y ocuparse de las tareas de la comunidad sin cobrar, aunque esto no tiene por qué ser así. Hay excepciones en las que un propietario puede evitar ocupar el cargo. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) no recoge una lista de causas para renunciar, pero la práctica judicial ha ido consolidando cuáles pueden considerarse eximentes válidos para no ser presidente de la comunidad, como tener una edad avanzada, una enfermedad o incapacidad, o un trabajo incompatible.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto coto a la subida de cuotas a los pisos turísticos acordada por una comunidad de propietarios cuando la actividad ya se venía desarrollando antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de marzo de 2019 (Real Decreto-ley 7/2019), en relación con la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que introdujo cambios significativos para la regulación de este tipo de alojamientos turísticos. Recordemos que la modificación normativa permitía que la comunidad aprobara un incremento de hasta un 20% de la cuota de gastos comunes para aquellos propietarios que dedicasen su vivienda a la actividad turística por el uso intensivo de elementos comunes. Pero sin efectos retroactivos.

¿Puede una comunidad de propietarios apropiarse de un espacio que durante décadas ha formado parte de un local comercial? La Audiencia Provincial de Cantabria acaba de pronunciarse sobre una cuestión tan habitual como controvertida en muchos edificios: la titularidad del hueco bajo la escalera cuando este se encuentra integrado en un local de la planta baja. Concluye que estos espacios no son automáticamente elementos comunes y que, cuando el título y la documentación contractual, junto con la configuración original del edificio, lo acreditan, pueden tener carácter privativo desde su origen, al no haberse integrado en el patrimonio comunitario.

Las caídas en los accesos a los edificios, aunque no suelen ser habituales, sí pueden suponer un quebradero de cabeza para una comunidad de propietarios. Así lo ha entendido la Audiencia Provincial de Barcelona, que en sentencia 9627/2025, ha condenado a una comunidad de Pineda de Mar a indemnizar con casi 6.171 euros a una vecina que sufrió una caída en el acceso al inmueble, al considerar que el pavimento presentaba un desnivel poco visible y carente de señalización, lo que convertía la zona en un punto peligroso para el tránsito. De esta manera, la sentencia revoca el criterio del juzgado de primera instancia, que había atribuido el accidente a un “riesgo general de la vida”.

La Audiencia Provincial de Girona ha vuelto a poner el foco en uno de los conflictos más habituales en las comunidades de vecinos: las obras en patios de luces de uso privativo y los límites reales de las autorizaciones vecinales. La clave no está tanto en el cerramiento en sí, sino en un detalle que muchos pasan por alto: no cumplir las condiciones impuestas por la comunidad puede dejar sin efecto cualquier permiso y obligar a desmontar la obra, incluso años después.

Cuando hablamos de comunidades de vecinos, tanto en un mismo edificio como en una urbanización o cualquier otra fórmula de gestión compartida, la Ley de Propiedad Horizontal es, sin duda, el texto legal imprescindible para conocer los límites y condiciones del funcionamiento de este régimen. Es

Si vives en un régimen de propiedad horizontal y eres propietario de un inmueble, es muy probable que, al analizar el desglose de gastos de la comunidad, encuentres una partida destinada al seguro de la comunidad de propietarios.Para que salgas de dudas, te contamos todo lo que debes saber sobre el

La Audiencia Provincial de Málaga acaba de confirmar que una vecina tendrá que demoler un muro levantado sin autorización entre su plaza de garaje y su trastero, al considerar que la obra vulnera la Ley de Propiedad Horizontal y altera la configuración del edificio. En la sentencia, el tribunal no aprecia trato discriminatorio, ni abuso de derecho por parte de la comunidad, pero sí una obra ejecutada sin la debida autorización, lo que basta para ordenar su derribo.

Instalar un ascensor en un edificio antiguo suele ser una fuente de conflictos vecinales, sobre todo cuando la obra afecta a espacios de uso o titularidad privativa. En una reciente sentencia, la Audiencia de Madrid lo deja claro: la instalación de un ascensor con ocupación parcial de un patio privativo es jurídicamente admisible de forma excepcional cuando se acredita de manera concluyente que no existe ninguna alternativa viable en elementos comunes y que la afectación es mínima, proporcionada y no supone una pérdida relevante de funcionalidad, habitabilidad o valor del elemento privativo afectado.

Cubrir un patio de luces es una de las dudas más habituales en las comunidades de vecinos. Aunque a menudo solo un propietario tenga acceso a este espacio, la ley lo considera un elemento común, por lo que cualquier cerramiento o cubierta está sujeta a autorización de la comunidad y al cumplimiento de la normativa técnica y urbanística vigente.

Hoy en día se pueden encontrar cámaras de seguridad de videovigilancia con capacidad de grabar o de ver en directo por poco dinero. Pero en una comunidad de propietarios, la instalación de sistemas de videovigilancia en espacios compartidos, como pueden ser pasillos, patios o plazas de garaje, requiere obligatoriamente del consentimiento de la junta de propietarios. Por tanto, todo aquel que desee instalar cámaras en su fachada que puedan captar imágenes de zonas comunes debe obtener previamente el acuerdo de sus vecinos. 

Si un vecino de la comunidad de propietarios tira colillas a tu patio o zonas comunes, es posible hacer una reclamación, tal y como recoge la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en su artículo 9.1, que obliga a los propietarios a respetar las instalaciones generales de la comunidad, evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos. Asimismo, arrojar colillas al patio comunitario está prohibido por ley, y se pueden emprender acciones legales contra esta conducta.

El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015, así como el presupuesto de 2016, de una comunidad de propietarios de Madrid, por no ajustarse al Título Constitutivo ni a la Ley de Propiedad Horizontal, debido a un sistema de reparto de gastos que individualizaba por portales y no aplicaba el coeficiente de participación de forma uniforme. La sentencia estima en parte el recurso de casación presentado por uno de los propietarios, que impugnó la aprobación de las cuentas. Según expuso en su demanda, el edificio debía aplicar “el criterio de distribución por coeficientes, sin exclusiones ni excepciones respecto de ningún capítulo de gasto” y, sin embargo, algunas partidas se asignaban solo a determinados portales o se distribuían a partes iguales.

Las comunidades de propietarios son una fuente de conflictos. Lo que uno quiere para su vivienda puede que afecte al propietario de la casa de al lado. Imagina que quieres poner un muro o ampliar uno ya existente para ganar privacidad entre el jardín de tu casa y la del vecino, algo muy frecuente en urbanizaciones de casas adosadas o chalets. El Código Civil establece que ninguno de los vecinos puede hacer su parte del muro más alta que el punto más alto acordado sin el permiso del otro.

El estacionamiento de varios vehículos en una misma plaza de garaje, sin respetar las líneas divisorias y ocupando las zonas de paso, dificultando con ello las maniobras de entrada y salida de la plaza vecina, se ha convertido en fuente de conflicto de no pocas comunidades. Ahora, la Audiencia Provincial de Málaga obliga a una propietaria a “cesar de inmediato la invasión de la zona común fuera del perímetro que delimita su zona de aparcamiento, debiendo aparcar sus vehículos dentro del referido perímetro delimitado por líneas horizontales pintadas en el suelo de color blanco”.