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La nueva reforma de las pensiones trae cambios en las jubilaciones anticipadas a partir del próximo 1 de enero, ya sean voluntarias o involuntarias. Con el objetivo de ampliar todo lo posible la carrera profesional de los trabajadores, la normativa trae incentivos para quienes sigan cotizando, así como cambios en los coeficientes reductores de la pensión para quienes se retiren antes de tiempo. A partir de 2022, se aplicarán de forma mensual y sobre la pensión, en vez de ser trimestrales y calcularse sobre la base reguladora.

El Gobierno ya está trabajando en un nuevo paquete de medidas que presentará en los primeros meses de 2022 con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad en los precios de la luz y mitigar el impacto que la subida de la electricidad está causando en el conjunto de la economía. A pesar de que de momento se desconocen las actuaciones, algunas serán de ámbito fiscal.

A las puertas de Navidad, España está en la sexta ola del covid-19 y ya son varios los casos confirmados de la variante ómicron. Algunas comunidades autónomas exigen ya contar con el pasaporte covid para acceder a locales de ocio nocturno o a establecimientos cerrados en los que se sirva comida y bebida, por lo que conviene tener contar con este certificado digital y oficial que acredita la vacunación o que se ha pasado la enfermedad. Se puede solicitar en el Ministerio de Sanidad o directamente a través de la autonomía. Explicamos las condiciones para obtenerlo y cómo hacerlo.

El Gobierno ha aprobado un plan bautizado como 'Kit Digital', al que destinará 3.000 millones de euros para impulsar la digitalización de autónomos y pequeñas empresas de cualquier sector. El proyecto contempla varias convocatorias hasta 2023, que permiten obtener subvenciones hasta 3.000 euros que puede usarse para crear una tienda online, digitalizar las facturas o promocionarse en redes sociales. Los interesados deben cumplir algunos requisitos, como estar de alta y al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social

El Gobierno ha recabado apoyos en el Congreso el apoyo de sus socios para convalidar el decreto ley con la nueva formulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, pero no el de PP y Vox, que creen que debería haberse supri

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el nuevo Plan Estatal para el acceso a la vivienda y la primera lectura de la ley de movilidad sostenible se aprobarán en Consejo de Ministros a lo largo del último mes del año. El nuevo Plan de Vivienda 2022-2025 contemplará medidas especiales para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, entre las que podría estar el bono de 250 euros. Además, ha adelantado que en la segunda quincena de diciembre se tramitará el anteproyecto de la Ley de Vivienda, aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros.

Justo un mes después de su aprobación por el Consejo de Ministros, el anteproyeto de la Ley de Vivienda está teniendo un impacto cero en la vida bursátil de las grandes socimis y promotoras de viviendas. De momento, los inversores no están 'cotizando' en absoluto las nuevas reglas del juego, que están pasando totalmente de puntillas por las cotizaciones de los gigantes del sector. Merlin, Colonial, Aedas y Metrovacesa han subido en el último mes, mientras que las acciones de Neinor apenas se han movido. Tan solo cae Lar y ligeramente.

El Congreso de los Diputados ha aprobado las cuentas públicas de 2022, que incluyen el mayor gasto público de la historia gracias en buena medida a los fondos europeos para la reconstrucción, con el apoyo de 11 partidos. Los Presupuestos ahora inician su tramitación en el Senado con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero. Entre las claves de los PGE están una partida récord en vivienda y la mayor recaudación de impuestos de la historia.

Las voces inmobiliarias que alertan de las consecuencias que podría provocar el anteproyecto de la Ley de Vivienda aprobado por el Gobierno no cesan. Alberto Murcia, director general de la red de agencias Realtyplus, apoya el objetivo de que la vivienda esté al alcance de todos los ciudadanos, pero no comparte la forma de conseguirlo. Recuerda que el derecho no puede ser sostenido por el de la propiedad privada y que la intervención del mercado por parte del Estado es necesaria siempre que sea con sus recursos, no con los ajenos.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Gobierno movilizará en el ámbito de la vivienda hasta 10.000 millones de euros en los próximos cuatro años, gracias al Plan Estatal de Vivienda, a la inyección de los fondos europeos, al bono joven y al plan de alquiler asequible, entre otros.

Las personas con negocios en la zona del Delta del Ebro observan con preocupación la subida del nivel del mar cada vez que un temporal azota esta localización. Ahora, el Gobierno planea comprar hasta 832 hectáreas de terrenos privados en el Delta del Ebro. El plan ha suscitado una fuerte oposición por parte de autoridades y agricultores del Delta del Ebro donde viven 62.000 personas y los lucrativos campos de arroz representan el 65% de la superficie.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para contener los efectos que está provocando la escalada de los precios energéticos a familias y empresas. Y una de las medidas es la puesta en marcha de un cheque de 90 euros que recibirán los consumidores vulnerables en un pago único. Estará disponible a partir de diciembre y se canalizará a través de las comunidades autónomas. También aumenta el descuento sobre la factura de la luz dentro del bono eléctrico, que pasa del 25% al 60%, para los vulnerables, y hasta un 70% para los severos.

El director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín, afirma que para en España debe aumentar en 10 veces el ritmo actual de rehabilitaciones de viviendas para poder cumplir con los objetivos de descarbonización. Los expertos piden colaboración público-privada y más financiación bancaria para acelerar las actuaciones.

Las pensiones, las prestaciones por desempleo, los gastos de personal y el pago de los intereses de la deuda suponen más de la mitad del gasto total contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, según consta en el proyecto remitido este miércoles por el Ministerio de Hacienda

Los socios de Gobierno anunciaron la semana pasada un acuerdo para desatascar la Ley de Vivienda y poco a poco se van conociendo más detalles sobre las medidas estrella que incluye la normativa. Una de las más criticadas ha sido la de destinar el 30% de las promociones de obra nueva a vivienda protegida, incluyendo vivienda de alquiler social. Pero el Ejecutivo afirma que no es una medida obligatoria, sino que los ayuntamientos decidirán si la ponen en marcha o no. En el caso de hacerlo, deberán compensar a los promotores.

El acuerdo entre PSOE y Podemos para desatascar la Ley de Vivienda, que incluye medidas como regular las rentas a los grandes propietarios o subir el IBI a los pisos vacíos, ha desatado una oleada de críticas por parte de agentes inmobiliarios, consultoras, economistas, promotoras, inversores, empresarios y políticos de todos los signos. Pero el Gobierno está intentado aplacar los ánimos en los últimos días con varios mensajes, como que la regulación de las rentas no entraría en vigor hasta 2023 y que afectaría como mucho a 150.000 viviendas en toda España, y pide cautela hasta conocer el texto íntegro, al que califica de "equilibrado".

El Consejo de Ministros ha aprobado las cuentas públicas de 2022, que contarán con el presupuesto más expansivo de la historia. La vivienda y el fomento de la edificación recibirán 3.295 millones de euros, un 46% más interanual, lo que le convierte en una partida sin precedentes gracias a los casi 2.500 millones que procederán de los fondos europeos.. Sobre el 'bono joven' de 250 euros para el pago del alquiler, el Gobierno afirma que su puesta en marcha exige primero un desarrollo normativo y que no tendrá limitación vinculada a la renta mensual.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, cifra en unos 150.000 los pisos que podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva Ley de Vivienda, al ser los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas. El número representa cerca del 6% del parque total de viviendas de alquiler, al que habría que restar las que se encuentran en autonomías como Madrid, Andalucía o Galicia, ya que el PP no la aplicará.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para regular los planes de ayuda en materia de rehabilitación de viviendas y construcción de viviendas sociales con los fondos europeos. Los planes incluyen bonificaciones fiscales para quienes rehabiliten sus inmuebles, subvenciones de hasta el 80% del coste y una línea de avales para las comunidades de propietarios con menos recursos. Además, el Ejecutivo modifica la Ley de Propiedad Horizontal y destinará 1.000 millones de euros para desarrollar 20.000 pisos de alquiler social.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la subida de 15 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 965 euros mensuales por catorce pagas, que tendrá efectos desde el 1 de septiembre.La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda

Los Ministerios de Seguridad Social y Derechos Sociales están negociando el contenido de la reforma que quiere acometer el Ejecutivo para incrementar el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital, una de las medidas socioeconómicas estrella en lo que va de legislatura y que no ha tenido los efectos esperados. El objetivo es que en 2020 esta prestación dé cobertura a 200.000 familias más, aunque el número de beneficiarios seguirá lejos de las estimaciones iniciales.

El ingreso mínimo vital (IMV) ya lleva más de un año en marcha, aunque de momento no está cumpliendo los objetivos que se había marcado el Gobierno. Actualmente hay concedidas unas 330.000 ayudas de este tipo, lo que apenas representa un 23,5% de las solicitudes totales. Es decir, solo sale adelante una de cada cuatro peticiones, mientras que el resto son rechazadas. El Ejecutivo cifró el número de potenciales beneficiarios en 850.000 hogares.