VPO

Debido a la crisis del coronavirus y su impacto en el sector de la vivienda, la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Comunidad Valenciana, que dirige Rubén Martínez Dalmau, ultima un decreto para dar respuesta a la emergencia habitacional con la ampliación del parque público de vivienda a través del derecho de adquisición preferente de la Administración.

Lucía Martín, concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, ha hecho balance de los planes a medio plazo del consistorio en cuanto a vivienda y ha explicado que se invertirán 310 millones de euros para contar con 2.400 pisos más hasta finales de año.

El Govern catalán ha acordado ampliar al mes de mayo la moratoria en el pago del alquiler de viviendas y locales comerciales gestionados por la Generalitat, una medida que aspira a "proteger a las familias con menos recursos" ante el covid-19.

Meritxell Budó ha anunciado que el Ejecutivo catalán ha aprobado un nuevo decreto para complementar las medidas que se habían adoptado hasta ahora para hacer frente al impacto de la pandemia, entre las que destaca que los inquilinos de pisos propiedad de la Generalitat que se acojan a la moratoria del pago de este alquiler deberán devolver este importe en 36 meses.

El consistorio toma esta medida tras la crisis de covid-19. De esta manera, un total de 8.748 familias que viven de alquiler en viviendas gestionadas por el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) no volverán a pagar el alquiler hasta el mes de julio. Para llevar a cabo esta medida, el Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado una partida extraordinaria de hasta 5,5 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid que buscaba evitar la nulidad de la venta de 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) a Encasa Cibeles (sociedad participada por Goldman Sachs y Azora) por 201 millones de euros.

Las nuevas cuentas del Consistorio son las primeras que aprueba la alcaldesa Ada Colau de forma ordinaria y negociada y también la primera vez que superan los 3.000 millones. De estos, 171 millones de euros irán destinados a vivienda, 100 millones de euros más que en 2019.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han unido fuerzas para lanzar nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda. Si bien el objetivo es social, los profesionales que se encargan de dinamizar este sector han interpretado este Decreto Ley (en concreto el 17/2019) como un ataque directo al sector privado, tildándolo de “drama” y de “desprotector” para los actores del negocio inmobiliario en toda la comunidad.

El Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (Imhab) ha adjudicado la construcción de un edificio de vivienda pública en el barrio de Vallcarca a la constructora Beta Conkret. El edificio residencial contará con 14 pisos de alquiler asequible.

La Generalidad de Cataluña ha aprobado un nuevo decreto ley de vivienda que establece, entre otras medidas, que todas las viviendas protegidas nuevas serán siempre protegidas en Cataluña, como ocurre en País Vasco y Baleares.

El Ayuntamiento de Barcelona a través del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación ha seleccionado un proyecto presentado por Mediaurban (propiedad de Grupo Mediapro), y la Fundación Habitat3, para la construcción de 47 viviendas sociales de alquiler en el número 11 de calle Badajoz, en el barrio del Poblenou, bajo la fórmula de promoción delegada.

Lucia Martin, concejal de Vivienda del consistorio, admitió ayer que los pisos sociales fruto de la imposición a los promotores privados de que hagan un 30% de vivienda asequible tardarán todavía un par de años en llegar. En concreto, 2021.

Ada Colau busca posibles soluciones al problema de la vivienda en Barcelona.

El Govern ha impulsado un protocolo para responder de forma más rápida y eficiente a las situaciones de emergencia de demanda de vivienda social en Catalunya que mejora la coordinación entre las Consellerias de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y de Territorio y Sostenibilidad.

El consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado proyectos urbanísticos de envergadura que supondrán un desbloqueo en la construcción de viviendas en la capital andaluza. Así, se han admitido a trámite los proyectos constructivos de hasta cuatro grandes núcleos.

En la capital catalana hay 16.000 viviendas de protección oficial que todavía mantienen esta calificación. Según ha podido saber el Ayuntamiento de Barcelona, en el último año y medio se han detectado 358 pisos de promociones públicas de venta que no estarían ocupados por las personas beneficiarias.

La Generalitat de Cataluña, a través de la Agencia de Vivienda de Cataluña, ha alcanzado un parque de vivienda pública de 20.240 pisos, lo que supone la cifra más alta de la historia. En 2018, esta cifra se situó en 18.736, lo que supone un incremento del 8%.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, solo se han recibido 64 solicitudes de licencias de obras para bloques residenciales con más de 600 m2, los que están obligados a reservar el 30% de vivienda social. Esta cifra es un 72% inferior a la del mismo periodo del año anterior, cuando se solicitaron 234 licencias.

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha abierto una convocatoria de subvenciones para los promotores que construyan vivienda de alquiler con protección oficial, con una dotación de 8,3 millones de euros.

El Ayuntamiento de Barcelona pagará 27 millones de euros a la empresa pública Barcelona Sagrera Alta Velocidad (BSAV) para conservar la propiedad de seis solares y poder así levantar vivienda pública. En estos suelo podrán levantarse alrededor de 600 viviendas de protección oficial.

En los programas electorales de los principales partidos políticos de las últimas elecciones municipales uno de los temas que más han salido a relucir en materia de vivienda es la necesaria colaboración público-privada para levantar vivienda asequible.

El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado los pliegos para licitar, a través de tres tipologías diferentes, un total de siete solares en los que se construirán viviendas asequibles. Tres de los solares se licitarán entre proyectos de covivienda, otros tres solares se destinarán a derecho de superficie y alquiler asequible y otra parte a entidades privadas sin ánimo de lucro.

El fondo estadounidense acaba de sacar al mercado, en el marco de la venta de una cartera con más activos, un edificio residencial de VPO en plena Diagonal de Barcelona por más de 30 millones de euros, tal y como han explicado fuentes cercanas a la operación a idealista/news.