Asprima

La organización empresarial Asprima y la promotora Uponor han presentado el tercer encuentro Inmosostenible, en el que han tratado temas de sostenibilidad en el sector inmobiliario y la adaptación del mismo a las distintas normativas europeas. En este sentido, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación Vía Ágora, ha señalado que el 40% de las emisiones de CO2 las emiten los edificios, por lo que es necesario comenzar a ser más eficientes.

Con la vuelta al cole, las empresas arman sus filas para nuevos retos con nuevos fichajes. Juan Antonio Gómez – Pintado, presidente ejecutivo de Vía Ágora, refuerza su equipo directivo con el fichaje de Daniel Cuervo, hasta ahora secretario general de Asprima, como nuevo director general corporativo y de negocio de la compañía. Además, el grupo también ha promocionado como CEO a Patricia Hernández, hasta el momento directora general corporativa y de negocio de Vía Ágora.

Los promotores reclaman la puesta en marcha de más medidas para ayudar a los jóvenes solventes a comprar una vivienda. Desde la patronal madrileña Asprima, por ejemplo, defienden los avales públicos de las hipotecas que ha anunciado el Gobierno, aunque critican que no se haya cerrado primero un convenio con los bancos sobre qué condiciones tendrán estas garantías de los préstamos. Otra de las propuestas que piden es la vuelta de las cuentas ahorro vivienda y una reducción de la fiscalidad para algunos colectivos.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) prevé que entre en carga suelo finalista para más de 35.000 viviendas de protección pública hasta 2027 en diferentes puntos de la región. Solo los desarrollos del sureste de la capital sumarían más de 22.000 inmuebles, a los que habría que sumar la oferta que podría desarrollarse en estos años en otros municipios como San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Pinto, Valdemoro o El Escorial.

La presidenta de la patronal de los promotores en Madrid, Carolina Roca, ha valorado de forma positiva las medidas que ha planteado el Gobierno para desarrollar miles de viviendas asequibles en los próximos años, pero ha recordado que, más allá de los anuncios en campaña electoral, es necesario que el sector público y el privado acuerden una estrategia a largo plazo para aumentar la oferta residencial. Ve necesario agilizar el desarrollo de suelos y la concesión de licencias y reducir la carga fiscal de la construcción de viviendas, y calcula que España necesita levantar cada año 75.000 unidades.

Consultoras, promotoras y servicios de estudios ven 2023 como un año de ajustes y parón inmobiliario, aunque confían en que, durante el próximo ejercicio, con más certidumbre económica y una inflación más moderada, vuelvan a crecer las ventas de viviendas, se reduzca el esfuerzo de los hogares para adquirir inmuebles y regresen las operaciones de los grandes inversores que han sido paralizadas. También insisten en que los fundamentales del sector inmobiliario son buenos, aunque se enfrenta a retos como el desarrollo de más viviendas o la necesidad de reforzar la seguridad jurídica.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) defiende que la región madrileña lleva años capitaneando la producción de viviendas protegidas en España y que solo durante los últimos cuatro años más de 17.000 inmuebles asequibles han obtenido la calificación definitiva. Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), desde 2014 la Comunidad de Madrid acapara el 51,4% del total, con más de 31.500 unidades. Durante la próxima legislatura, podrían llegar al mercado otras 35.000 viviendas, según la asociación.

Recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado los indicadores de pobreza energética correspondientes a 2021, que aunque, en general, reflejan una evolución positiva, inciden en una problemática cada vez más común: el aumento de las viviendas con temperatura inadecuada en invierno. La capacidad de los hogares de mantener una temperatura adecuada se incrementa en 3,4 puntos con respecto al año 2020 y si analizamos su evolución para el periodo 2018-2021, el aumento es de un 5,2%.

En los últimos años, el sector de la vivienda ha pasado por muchas situaciones. Desde la crisis hipotecaria hasta la recesión económica y al actual entorno inflacionario y de crecientes tipos de interés, el mercado inmobiliario se ha vuelto más competitivo que nunca. Uno de los actuales debates en el negocio residencial es la necesidad de promover más vivienda asequible, si bien es un reto “complicado”. “Ahora el contexto no es favorable para la vivienda asequible, hemos perdido una oportunidad de oro para hacerla”, ha explicado Juan Manuel Acosta, director para el sur de Europa de Greystar.

Los datos oficiales de la actividad residencial de obra nueva empiezan a confirmar lo que los expertos llevaban anticipando meses atrás. La presión que han sufrido promotoras y constructoras desde la salida de la pandemia con el fuerte incremento de los costes de las materias primas o los cuellos de botella en la distribución, unido ahora al impacto de la guerra en Ucrania en la ralentización económica y la escalada de la inflación, les está llevando a retrasar o aplazar la construcción de viviendas. Con datos del Mitma, en abril se visaron 6.600 unidades, lo que supone un 28% interanual menos y un 40% menos frente a marzo.

La Ley de Vivienda podría entrar en vigor a la vuelta del verano y su cercanía está impulsando las críticas del mundo inmobiliario y empresarial. Los promotores alertan de que la normativa provocará un parón casi total de la obra nueva, la pérdida patrimonial por parte de los propietarios que tienen viviendas alquiladas y una reducción de la oferta de inmuebles que traerá subida de precios. Desde el IEE afirman que el texto atenta contra la propiedad privada, da alas a la okupación y perjudica a los grandes propietarios, quienes son necesarios para aumentar el stock del mercado. Por ello, pide más seguridad jurídica e incentivos fiscales.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha nombrado nueva presidenta a Carolina Roca, directora general del Grupo Inmobiliario Roca, que sustituirá a Juan Antonio Gómez-Pintado tras el final de su mandato. Hasta ahora, ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Asociación madrileña, mientras que Gómez-Pintado seguirá como presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña).

La limitación de las rentas de arrendamiento en zonas tensionadas que contempla la Ley de Vivienda, que avanza en su trámite parlamentario y debe estar aprobada antes del 30 de septiembre, vuelve a acaparar las críticas del sector inmobiliario. Durante unas jornadas celebradas en SIMA, entidades como la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y la asociación de promotores de Madrid (ASPRIMA) han insistido en que topar los alquileres no es la medida más idónea para contener los precios. Una vez más, su reivindicación se centra en impulsar la oferta, principalmente pública, e incentivar al sector privado la producción de nuevas viviendas.

El sector constructor en España lleva años lamentado el largo y tedioso proceso administrativo en la gestión de los terrenos urbanizables de las ciudades, alargando en años su desarrollo, lo que se traduce, según los promotores, en un encarecimiento de la materia prima de la vivienda, el suelo. Carolina Roca, vicepresidenta de Asprima, desvela las 6 medidas que aplicarían para hacer más sostenible el urbanismo: desde flexibilizar los cambios de uso a aumentar la seguridad jurídica y la colaboración público-privada.

Javier Munarriz, vocal administrador de la Comisión Gestora de la Nueva Centralidad del Este, afirma que la capital tiene un déficit de 3.000 viviendas nuevas al año. "Un estudio de la consultora PwC indica que la capital necesita 11.000 viviendas por ejercicio para satisfacer la demanda, sin embargo no se construyen más de 8.000", declara. Unas afirmaciones que se producen en una mesa redonda donde se debatía sobre el presente y el futuro de los grandes desarrollos urbanísticos de Madrid.

APCE (Asociación de Promotores Constructores de España) y Asprima (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) han realizado una encuesta interna entre varios de sus asociados para dilucidar el impacto que está teniendo el aumento de los costes de construcción y el alza de las facturas energéticas (luz y gas). Los resultados son demoledores para el sector: hasta un total de 50 obras han tenido que parar por estas cuestiones, según ha podido saber idealista/news. 

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora y Asprima, repasa en idealista/news la actualidad del sector promotor y constructor, además de enseñarnos su lado más personal. En el residencial vaticina un aumento del precio de la vivienda en España “moderado” y considera que una supuesta subida de tipos de interés podría provocar que los bancos apuesten más por el inmobiliario. Además lanza un mensaje al sector y a la falta de mano de obra: “No podemos reclamar acceso a la vivienda y pagar a la gente menos de 1.000 euros”.

En el año de la pandemia, los Colegios de Aparejadores firmaron 85.945 certificados de fin de obra, un 9% más que en 2019 y la cifra más elevada desde 2012, gracias al repunte de los proyectos de empresas y cooperativas y pese a la caída del 35% de las viviendas impulsadas por las Administraciones Públicas, que han marcado mínimos históricos con solo 328 unidades. Además, por primera vez desde 2014, en España se terminan en España más viviendas que las nuevas que se inician. Sin embargo, los expertos creen que la tendencia volverá a revertirse y que el inicio de nuevas promociones irá a más en los próximos años.

El suelo urbano ha registrado en el primer trimestre del año su precio medio más bajo de la serie histórica que recopila el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma), tras quedarse en 136,4 euros/m2. Los expertos achacan el descenso a las pocas transacciones que se han producido en los últimos meses y al freno de la demanda por la pandemia sanitaria. Sin embargo, descartan que estos números se lleguen a trasladar al precio final de las viviendas y avisan de que ya se están encareciendo. De hecho, prevén que las casas nuevas sigan revalorizándose este año.

A cierre de marzo había 7.341 trabajadores relacionados con la construcción de edificios y las actividades inmobiliarias en situación de ERTE, frente a los más de 56.000 de mayo de 2020, el mes más crítico desde que estalló la pandemia. Los expertos aseguran que el covid-19 ha tenido un impacto testimonial en el empleo en comparación con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica y financiera de 2008 y que no suponen ni un 1% de los afectados en el conjunto de la economía. Repasamos cómo han evolucionado los ERTE y por qué están teniendo más incidencia en el inmobiliario que en la construcción.

La promotora liderada por Juan Antonio Gómez-Pintado ha elegido la madera para industrializar las fachadas y terrazas de sus propias viviendas, aunque también ofrecerá sus servicios a terceros. La fábrica se ubicará en Cuenca y estará en funcionamiento en verano, con el objetivo de instalar la primera fachada en una promoción de Valdebebas (Madrid).

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima y APCEspaña, realizó una valoración del sector promotor durante la presentación de SIMAPro. El también cabeza visible de Vía Ágora afirmó que los visados de obra nueva caerán de media un 30%, pero vaticinó una estabilidad en los precios fruto de esa contracción de la oferta. Además, alertó de un “recrudecimiento” de la financiación que podría conllevar al sector a reducir el número de lanzamientos de nuevos proyectos.